Aunque se resuelva la polémica que desató la no inclusión de Canal Uno en la ley Tic, esto no corrige los peligros del proyecto. Cerosetenta le explica por qué.
Esta semana, Yamid Amad, director del servicio informativo de Canal Uno, lanzó un grito de alerta por las implicaciones que tiene para el Canal Uno el proyecto de ley de convergencia digital que propone la “modernización” y “convergencia” de medios y tecnologías TIC en Colombia.
La de Amad no es la primera crítica a este proyecto de ley que tiene mensaje de urgencia de Presidencia y que es una de las prioridades del Gobierno de Iván Duque en la agenda legislativa de este año.
Para los opositores, de ser aprobado como está, el proyecto hará que el regulador de contenidos pierda su autonomía, que el Gobierno quede con el poder de distribuir todos los fondos y determinar los contenidos de los medios públicos y darle beneficios a las grandes industrias de la comunicación como Netflix, Amazon, Google y Facebook.
Sin embargo, sólo hasta que se desató la polémica alrededor de Canal Uno creció el debate en torno al proyecto de ley y éste llegó a los grandes medios. El problema es que resolver este entuerto no necesariamente corrige los peligros del proyecto. Cerosetenta le explica por qué.
Canal Uno tiene una concesión del espacio de televisión para poner contenido privado en la red pública, a cargo de RTVC. Tiene un sistema mixto: público y privado. Pero Canal Uno, a diferencia de RCN y Caracol, no es es un operador y por tanto no paga contraprestación: es decir el 1.5 % de sus ingresos brutos en publicidad, como sí lo hacen los canales privados.
Lo que sí paga el Canal Uno, al igual que RCN y Caracol, es el valor de la concesión que la ANTV le renovó por 10 años a finales de 2016. Este año, el Canal Uno terminaría de pagar esa concesión —aproximadamente 100 mil millones de pesos— pues está establecido que la deben terminar de pagar durante los dos primeros años. Por su parte, Caracol y RCN, tendrían que renovar su concesión el próximo año y de acuerdo con la ley actual tendrían hasta el 2021 para pagar los 128 mil millones que cuesta. El problema es que la nueva ley de convergencia que propone el MinTic le da la posibilidad a RCN y a Caracol de no seguir en el régimen de concesiones sino de pasarse a un régimen de título habilitante, por el que ya no tendrían que pagar lo que cuesta la concesión y además les renovaría su licencia no por 10 (como en este momento la tiene el Canal Uno), sino por 20 años.
Así, con la nueva ley, Caracol y RCN pagarían solo lo correspondiente a la contraprestación, que pasaría del 1.5 al 2.2 % de la pauta que reciben. Eso es mucho menos que lo que ya tuvo que pagar el Canal Uno.
Yamid Amad mandó el lunes en la noche un grito de urgencia para salvar al Canal Uno. El martes en la noche el problema ya estaba resuelto. Amad dijo en su programa Pregunta Yamid que las directivas del Canal habían llegado a un acuerdo con Sylvia Constain, ministra TIC: “Ella fue muy receptiva y se logró un entendimiento”, dijo Amad y agregó que agradecía la gestión de mediación del presidente de la Cámara Alejandro Chacón.
Pero durante más de dos meses, quienes hacen parte del gremio de la comunicación, productores, periodistas, artistas y expertos han hecho llamados de urgencia alertando las graves consecuencias que traería la ley. No han sido escuchados. Ahora que el Canal Uno hace un llamado, sí hay una respuesta. Pero una respuesta que salva sólo al Canal Uno: la televisión pública y sus contenidos siguen en riesgo.
“Esta Ley le arregla el problema a quienes tienen poder y capacidad de hacer presión pública y social en Colombia”, dice Omar Rincón. Pero con los acuerdos entre el Canal y el gobierno, los tres problemas fundamentales de esta ley continuarán. Primero, sigue siendo una ley disfrazada de convergencia. Hay convergencia de los viejos medios, pero no incluye las nuevas tecnologías, las OTT, es decir a Netflix, Facebook, Google y demás plataformas. Segundo, el ente regulatorio no será autónomo. Será nombrado por el gobierno. Y tercero, el gobierno será el dueño del fondo de promoción de la televisión pública. Y esto, dice Rincón, quiere decir que el MinTic tendrá la capacidad de definir los contenidos por premio y castigo.
“Bien por Canal Uno que logró lo que quería, pero esto demuestra quién tiene poder en Colombia y quien no”, dice Rincón.
El Gobierno cierra el año empujando dos proyectos polémicos: la reforma tributaria y la Ley MinTic. El martes, la Comisión Primera del Senado se quedó sin quórum “sin avanzar en nada”, aseguró la senadora Angélica Lozano en un trino: “Quedan paralizados más de 40 proyectos, algunos importantes… Pero eso sí, la #ReformaTributaria y #TIC van a ser pupitreadas casi por unanimidad. Pónganle cuidado”.
Para nadie es claro por qué el Gobierno tiene tanto afán de sacar esta ley, que desde octubre ha tenido mensaje de urgencia. Sylvia Contain, ministra TIC, siempre ha dado la misma respuesta: el proyecto pretende “cerrar la brecha digital” del país y eso, dice Constaín, es urgente. El asunto es que la Ley MinTic no es ni únicamente ni sobre todo un proyecto que pretenda conectar país. En el corazón de la ley está la posibilidad de manipular lo que vemos a conveniencia de los intereses del Gobierno de turno.
El senador Mockus publicó una carta, que promueven en redes con el hashtag #CualEsElAfán, en la que pide calma y debate a la ministra Constaín: “Dado que las consecuencias son complejas y difíciles de anticipar, unos meses pueden ser óptimos para comprender lo que se está aprobando”. Asegura que “En torno a las TICs se mueven intereses muy poderosos en términos económicos y políticos, y es por eso precisamente por esa razón que debemos dar un mensaje de transparencia, que no deje ninguna duda al respecto y que permita generar un proceso de aprobación del proyecto admirable”.
Esto mismo piensa Santiago Rivas, periodista y presentador de Los Puros Criollos – programa que, como denunció, dejó de emitirse luego de su aparición en el espacio de opinión “La Pulla” de El Espectador–. Ayer en la W Radio expresó que la petición general tiene que ver con que se discuta públicamente la Ley, un proyecto que, según entiende, “se está haciendo con una aplanadora de pupitrazos, con las bancadas alineadas, con medida de urgencia. Un proyecto que no ha sido puesto a debatirse porque, francamente, no aguanta un debate”.
En efecto, son muchos los poderes a los que podría beneficiar esta ley.
Las Over The Top, que siguen estando por fuera de la ley. En este momento Netflix, Amazon, HBO go, Google, Facebook y Apple, entre otros, se entienden como empresas prestadoras de servicios tecnológicos y no como creadoras de contenido, que es lo que realmente son. En la Unión Europea, por ejemplo, se le ha exigido a Netflix hacer series y películas de contenido local que genere retribuciones no solo económicas sino además de contenido cultural. Acá, en cambio, quedan sin ningún compromiso y actuarán bajo su propia ley y criterio mientras se lucran de la audiencia colombiana. No incluir las OTT niega, de plano, la idea de convergencia de la ley.
RCN y Caracol, que les aumentan las licencias a 20 años y que les ahorra un pago de 128 mil millones de pesos que debería pagar en el 2019 y 2020. No sabemos aún cómo, pero ahora Canal Uno entra en la lista de los beneficiados. Esta movida promueve los monopolios, congela el mercado y nos asegura, al final, otro par de décadas de un país con solo dos canales nacionales.
El Gobierno, que queda con el poder de premiar y castigar. El nuevo ente regulador estará compuesto por cinco miembros: uno designado por el presidente, dos de operadores públicos regionales, dos elegidos por convocatoria pública y el ministro TIC. Esto, asegura una carta abierta firmada por 20 entidades que se oponen al proyecto, “quita independencia al organismo regulador de las telecomunicaciones y favorece la concentración de poder [y funciones] en el Ejecutivo”. La nueva comisión reguladora no tendrá funciones de control y vigilancia de manera autónoma, “estas funciones entran al MinTic, que además adquiere funciones de designación de licencias para televisión, mantiene las de radio y asume gran cantidad de funciones que en la actualidad tiene la ANTV”. Este no es un asunto menor y es lo que hace que los defensores de la libertad de expresión de opongan a la ley.
Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, tuiteó a propósito del clamor del Gobierno con su Ley #MásTICMásEquidad que “de ahí que sea super importante un regulador, convergente, único, balanceado, plural, con funciones generosas e independencia. Para no sólo enchufar a la gente, sino para promover alfabetización digital que mejore las discusiones públicas en Internet” y sobre el clamor de la gente con #ChaoLeyTic cree que “es más heterogéneo, mucha gente de buenas intenciones pero también se cuelan agendas que siembran demonios – en ocasiones exagerados – sobre el sector privado. Al sector privado hay que transparentarlo, hay que exigirle pero no tiene ningún sentido excluirlo”.
Cable operadores, como Claro, DirecTv y Movistar que tendrán beneficios y que no quedan cobijados, igual que las OTT, dentro de lo que el MinTic llama convergencia. Ayer el periodista investigativo Daniel Coronell aseguró en la W Radio que este es un proyecto que fortalece a los cableoperadores y, específicamente al señor (Carlos) Slim, que es el dueño del mayor trozo de la operación de cable en Colombia: “¿Qué favor le debemos al señor Slim para que le estemos sirviendo en bandeja de plata unas condiciones tan favorables para su negocio y en cambio tan lesivas para actores más pequeños de la industria y, lo que es peor para la televisión pública?” Y agregó: “Esas son cosas que merecen discutirse públicamente, en escenarios abiertos, y no a las volandas en comisiones conjuntas y buscando que esta Ley esté aprobada antes del cierre de esta legislatura”.
Al final el gran perdedor es la audiencia. Además de lo anterior, la nueva CRC estaría ahora conformada por abogados, economistas e ingenieros electrónicos. Es un equipo de esta naturaleza la que estaría a cargo de juzgar si, por ejemplo, un programa como Los puros criollos debe o no ser parte de la parrilla. Rivas manifestó para La W que si la Comisión se compone así, no habría nadie que sepa de comunicaciones, lo que deja sobre la mesa una comisión que regula el gasto y que busca ampliar la infraestructura. Pero, ¿qué descuida este espectro técnico, entonces? El contenido. Rincón lo aseguró así para Amad, piensa que esta es una ley extractivista de contenidos nacionales, como la minería ilegal. A largo plazo, cree, el negocio lo tendrían las plataformas.
Esta nueva Ley privilegia lo técnico por encima de los contenidos y los saber audiovisuales. Como explica Omar Rincón, el problema de la comunicación nunca ha sido técnico, sino de contenido y de identidad cultural.
