Voces de Paz: los veedores del Acuerdo en el Congreso

Cuatro preguntas para entender el papel de los seis integrantes de Voces de Paz y Reconciliación en la entrada de las Farc a la política.

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Congreso Visible y Cerosetenta

26.01.2017

El 19 de diciembre de 2016 quedó en manos del Congreso una propuesta de modificación al Reglamento del Congreso (Ley 5 de 1992) para que seis representantes del movimiento Voces de Paz y Reconciliación  puedan participar, con voz pero sin voto, en las sesiones de implementación del acuerdo de paz. El propósito de largo plazo para este grupo de ciudadanos es allanar el terreno para que las Farc se conviertan en un movimiento político, tras la dejación de armas.

Hasta el momento estos voceros han hecho veeduría de proyectos ya aprobados mediante fast track la ley de amnistía; han estado activos en redes sociales y medios informativos y han participado en eventos como la reunión de las comisiones de paz del Congreso con la delegación de parlamentarios franceses que acompaña por estos días al presidente Francois Hollande en su visita a Colombia. A continuación les contamos quiénes son, qué van a hacer en el Congreso y qué planes tienen a futuro.

 

¿Son el partido de las Farc?

No. El partido de las Farc no existirá hasta que sus miembros se desarmen, condición establecida en el acuerdo final para que adquieran sus derechos políticos (numeral 3.2.1.1 del acuerdo de noviembre). Lo que sí es Voces de Paz es la antesala para que ese partido nazca a partir de mayo, según anunció el Estado Mayor Central del grupo guerrillero recientemente en un comunicado. Desde su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral el pasado 15 de diciembre de 2016, son varias las funciones que los seis voceros han estado cumpliendo con el propósito de sentar las bases para la transición de las Farc a la vida política.

Según explicó Judith Maldonado, una de las voceras, en entrevista para la Silla Vacía, las tareas son tres. La primera, es hacer veeduría de todos los proyectos que se discutan en el Congreso mediante fast track, velando por que los proyectos de ley y de reforma constitucional se ajusten a lo pactado en La Habana (numeral 3.2.1.2).

La segunda es conformar un centro de pensamiento que pueda estructurar el partido en el que se van a convertir las Farc. Para esto podrán celebrar convenios con entidades públicas y privadas y a través de cooperación internacional.(numeral 3.2.2.2). ​Jairo Estrada, otro de los voceros, explicó en entrevista con la periodista Claudia Palacios que se conformará un grupo de pensadores y asesores para elaborar ideas que orienten la creación del partido, para aterrizar aspectos como el programa, los estatutos y la estrategia.

La tercera tarea es crear alianzas y puntos de encuentro con los partidos más afines al futuro proyecto político de las Farc y la implementación de los acuerdos. Ellos trabajarán, en resumen, para que el nuevo partido tenga acogida y campo de acción en el Congreso.

Una de las aclaraciones que más han hecho en medios es que no son militantes de las Farc sino ciudadanos que tienen comunicación directa con los integrantes. Como explicaron en la entrevista con La Silla Vacía, han sostenido reuniones con ellos, por ejemplo, antes de la presentación de las propuestas de reforma constitucional o legal en el Congreso, y continuarán haciéndolo hasta que las Farc se constituya en un partido o movimiento político.

Su presencia en el Legislativo se incluyó en el primer acuerdo firmado el 26 de septiembre de 2016 y se mantuvo en el definitivo. En el punto de reincorporación política (3.2.1.2), entre varias medidas, se determinó que a partir de la entrada en vigencia de lo pactado en la Habana, la agrupación política constituida para promover la creación del futuro partido o movimiento político de las Farc tras la dejación de armas, podría designar seis voceros en el Congreso. ¿Para qué? Con el objetivo de participar exclusivamente en el debate de los proyectos de implementación que sean tramitados mediante el fast track. Así lo reiteró el Gobierno nacional en la justificación del proyecto que radicó a través del Ministro del Interior Juan Fernando Cristo el pasado 19 de diciembre, justamente con el propósito de hacer viable la participación de estos ciudadanos en la implementación de lo pactado.

¿Pueden influir en los proyectos que se van a discutir por Fast Track?

Sí, pero no de la misma manera en que lo hacen los congresistas. Según se decidió desde la mesa de negociaciones, y como se plantea en el artículo que se pretende añadir al Reglamento del Congreso, los seis delegados no tendrán derecho al voto. Lo que sí podrán hacer es participar en las deliberaciones de comisiones y las plenarias y disponer de una oficina en el parlamento. También van a recibir una remuneración por el trabajo de veeduría realizado pero, como aclaró Mauricio Lizcano, presidente del Senado, no será el Legislativo quien provea los recursos sino una bolsa de recursos del Ministerio del Interior y cooperación internacional.

Un escenario posible de influencia es a través de la participación de sus voceros en la Comisión de Seguimiento y Verificación (Csivi), a cuyas sesiones pueden asistir como invitados (ver recuadro). Esta se creó el 7 de diciembre de 2016 (decreto 1995 de 2016). Surgió para ser la instancia en la que el Gobierno Nacional y representantes de las Farc acuerdan las propuestas de ley y de acto legislativo antes de que se radiquen en el Congreso. Su tarea, también es decidir si las proposiciones de modificación a los textos que surgen durante los debates se ajustan al espíritu del acuerdo final. Por lo tanto, como lo dijo en su momento Judith Maldonado, el grupo de voceros concuerda en que es clave que exista una comunicación fluida con la comisión de cara a lo que se viene.

 

¿Quiénes son los voceros?

 

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Senado

Jairo Hernando Estrada Álvarez es economista, historiador y abogado. Ha ocupado diferentes cargos administrativos y profesorales en la Universidad Central, la Universidad de Nariño y la Universidad Nacional. En el 2014, fue elegido como uno de los integrantes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), encargada de crear un informe sobre las causas y las consecuencias del conflicto armado colombiano. En esta tarea trabajó con expertos como Daniel Pecaut, Alfredo Molano y María Emma Wills.

Pablo Julio Cruz Ocampo es abogado de la Universidad Nacional especializado en derecho constitucional. Ha sido docente, decano de la Universidad Autónoma de Colombia y notario. Más recientemente, junto a Sergio de Zubiría, fue nombrado por el gobierno como experto delegado para acompañar la creación del estatuto de oposición que protegería a los partidos y agrupaciones que se declaren en oposición al Gobierno.

Judith Maldonado Salamanca es abogada de la Universidad Industrial de Santander. Ha recibido diferentes reconocimientos por su trabajo en defensa de Derechos Humanos, entre ellos una distinción de la Embajada Británica en Colombia y el Premio Internacional Shalom. En el 2016 fue candidata a la gobernación de Norte de Santander con el aval del Polo Democrático y la Unión Patriótica.

Cámara de Representantes

Francisco Tolosa es politólogo y Magíster en Sociología de la Universidad Nacional. A lo largo de su carrera como estudiante, docente y coordinador internacional de la Marcha Patriótica se ha convertido en un experto en temas de luchas sociales y organizaciones políticas de izquierda. En enero del 2014, la Fiscalía le imputó por supuestos vínculos con la red urbana Antonio Nariño de las Farc pero fue puesto en libertad tras 60 días de detención.

Jairo Rivera, politólogo de la Universidad Nacional, fue líder de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) que se opuso a la reforma a la educación superior que el gobierno de Juan Manuel Santos propuso en el 2011. Con 27 años, es el más joven de los representantes de Voces de paz.

Imelda Daza, economista, perteneció a la Unión Patriótica, volvió a Colombia en el 2015 tras 26 años de exilio en Suecia. En el 2015 fue candidata a la gobernación del Cesar. Antes de su partida fue Presidenta del Concejo de Valledupar e hizo parte del grupo de estudiantes y profesores que fundó la Universidad del Cesar.

 

¿En qué va la reglamentación de su participación?

Las comisiones primeras de Cámara y Senado, que sesionaron conjuntamente, aprobaron el proyecto de ley orgánica en primer debate. Durante la discusión hubo dos proposiciones destacadas. Una, rechazada, fue la del senador Armando Benedetti del Partido de la U de pagarles a los seis voceros el mismo salario que a los congresistas, poco menos de 28 millones de pesos. Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, aclaró que su cartera se encargaría de la remuneración de los voceros. Aún está por definirse el monto. La otra proposición destacada fue del senador Juan Manuel Galán del Partido Liberal quien propuso que en todas las sesiones de implementación de los acuerdos de paz haya presencia del presidente de la Mesa Nacional de Víctimas. Esta proposición fue acogida y se añadirá al texto del proyecto de ley que pasa ahora a consideración de cada plenaria.

*Comisión de Seguimiento y Verificación (Csivi)

En el sexto punto del acuerdo final (Implementación, Verificación y Refrendación) se previó la creación de esta comisión. Sus principales objetivos son hacer seguimiento a los acuerdos, verificar su cumplimiento e impulsar la implementación legislativa. La comisión es bipartita. Por el lado de gobierno está integrada por Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz; Rafael Pardo, Alto Consejero para el Posconflicto, y el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Por parte de las Farc están Jesús Santrich, Iván Márquez y Victoria Sandino. Según el acuerdo final, la comisión podrá tener una duración de hasta 10 años. Durante este plazo contará con la asesoría del Instituto Kroc de la Universidad Estadounidense de Notre Dame. Los expertos harán reportes de los avances de la implementación y estudios comparativos entre el proceso colombiano y otros como el de Sudáfrica.

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