«A Ángela Maldonado la estamos esperando para la tarangana», dice sin quitarnos la mirada Rusbel Torres, secretario de educación propia del resguardo indígena Aticoya sentado en un banco viejo de madera. Está en un mercadito en medio del calor sofocante de Puerto Nariño, a una hora en lancha de Leticia, el extremo sur del país. Rusbel, con camiseta del Barcelona, chanclas y pantaloneta blanca, explica que la tarangana es uno de los castigos reservados para quienes se atreven a quebrantar las leyes de las veintidós comunidades que componen el resguardo.

Ángela Maldonado, PhD en conservación de la universidad de Oxford Brookes (Reino Unido) y fundadora de la Fundación Entrópika, sería amarrada a un árbol infestado por Hormigas Tarangana durante no menos de tres minutos. Esta especie de hormiga amarillenta, no mucho más grande que la hormiga roja que se ve en la cordillera, se distingue por su picadura muchas veces más fuerte, efectiva y despiadada. El dolor es casi insoportable, causa fiebres, entumecimiento e incluso parálisis. La última vez que fue aplicada esta pena, los violadores condenados estuvieron a punto de morir tras durar meses en cama. Rusbel mismo, que habla frente a un curaca ticuna, uno de los líderes políticos y administrativos del resguardo quien avala su conversación con nosotros, sabe que tal exposición al castigo paralizaría su cuerpo por meses enteros, si no la mata allí amarrada. El curaca asiente.

En 2011, Maldonado interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que tiene detenida la investigación de uno de los científicos más reconocidos de Colombia: Manuel Elkin Patarroyo. La Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (FIDIC), de la cual Patarroyo es director general, no podrá realizar más experimentos o capturas de primates en la amazonia colombiana hasta que no modifique sus prácticas de investigación. Maldonado acusa al instituto de traficar ilegalmente con una especie de monos nocturnos (Aotus vociferans) para los cuales el instituto no tenía los permisos requeridos de investigación. Además, Maldonado acusa al instituto de mantener a los monos en condiciones indebidas en sus laboratorios. En 2013 el Consejo de Estado ratificó la decisión del Tribunal y anuló la resolución que en 2010 dio permiso a la FIDIC para cazar monos Aotus en la amazonia colombiana.

Políticas, campañas e imputaciones

Patarroyo, que ha trabajado en el trapecio amazónico por más de treinta años, es visto por numerosas comunidades indígenas de la región con admiración. Su nombre, incluso llegó ser considerado para el premio Nobel de medicina en 1989. Rusbel, como otros en al región, asegura que Patarroyo nunca ha incurrido en crimen o ilegalidad. Las acusaciones de tráfico ilegal de monos Aotus, de maltrato animal y de incompetencia científica no tienen para estas comunidades sustento alguno.

La investigación de la FIDIC representó en su momento un incentivo monetario para las comunidades pues, con un permiso para cazar 800 monos al año, pagaba por cada uno $80.000 pesos a los recolectores, que usualmente eran indígenas, pues ellos son los que conocen las selvas y las técnicas de captura.

Persona «No grata»

Maldonado, quien en 2010 ganó el premio Whitley Gold, el reconocimiento en conservación ambiental más importante del mundo, es acusada de manchar injustamente el nombre de Patarroyo, de tener intereses multinacionales guiando sus acciones y de acabar con una fuente de ingreso importante para los indígenas que capturan los monos para la investigación. Tanto así que en la entrada de ciertas comunidades, frente a las malocas y caseríos, se puede ver su rostro ampliado en pancartas que la declaran, en nombre de los indígenas del trapecio amazónico, persona ‘no grata’. Maldonado ha llegado incluso a ser comparada con Hitler. Por las comunidades rondan volantes que aseguran que sus acciones representan «aproximadamente 8.000.000 de muertes entre los más pobres».

Hay, sin duda, una campaña casi política en contra de la primatóloga y en nombre de Patarroyo. Lo más probable, asegura Thomas Lafon –climatólogo esposo de Maldonado–, es que esta campaña no sea precisamente adelantada por los indígenas mismos. «Si vas a las comunidades y preguntas nadie tiene ni idea quién es ese señor del volante», dice refiriéndose a Hitler. Pocas veces se ha visto a la opinión pública tan comprometida con una disputa científica y ambiental. Para Lafon, Maldonado y otros involucrados, este movimiento de la opinión ha sido liderado por Patarroyo mismo.

El aire de campaña ha llegado hasta Leticia, la ciudad más grande de la amazonia colombiana. Allí, en las calles, se pueden ver láminas que muestran el apoyo que la ciudad expresa hacia Patarroyo. En las vitrinas de las droguerías, en las ventanas de las casas, en los mototaxis que recorren la ciudad yacen pegadas las láminas que en rojo y negro dicen: «¡Yo! apoyo a Patarroyo. Ciencia con conciencia – Investigación responsable – Experimentación sostenible». En junio del 2014, en vísperas de elección presidencial, para quien camina desprevenido por las calles estas láminas se igualan en cantidad con los afiches de los candidatos electorales.

Nadie tiene muy claro quién las ha suministrado, solo se sabe que aparecieron y que, para muchos, muestran la posición de los leticianos en el asunto de la demanda. Incluso en las imprentas de Leticia, realmente centros de copiado, ignoran de dónde pueden haber salido las láminas. La percepción general en la ciudad frente al tema es que a Patarroyo lo han acusado injustamente y que, como dice Alexander Rodríguez, conductor nocturno de mototaxi: «Colombia no sabe tratar a sus científicos».

Luz Marina Mantilla, directora del Instituto Amazónico de Investigación Científica SINCHI, asegura que «la gente en Leticia no es tonta y sabe lo que está sucediendo». Para ella, Leticia sabe el daño que implica la decisión del Consejo de Estado para la investigación de Patarroyo y la importancia de que esta continúe.

Ángela Maldonado ha presentado demandas por injuria y calumnia contra importantes miembros de las comunidades indígenas y contra Patarroyo mismo. Además, por vivir en Leticia, Maldonado ha sido el objeto de un estudio de riesgo por parte de la Unidad Nacional de Protección por causa de amenazas y peligros que ella misma ha denunciado.

La situación es particular. Nadie sabe a fondo qué está sucediendo, en qué consisten las acusaciones o el proceso que se está llevando a cabo. Sin embargo, mientras que Patarroyo se ha convertido con los años en una figura que inspira devoción y encanto, el nombre Maldonado, a quien los leticianos no reconocen si la ven caminar por la calle, provoca rencor y desprecio.

El estrado, los monos, la batalla

En el pasillo del Consejo de Estado, en Bogotá, se encuentra Patarroyo rodeado de sus amigos y de algunas figuras reconocidas en el campo de la investigación científica. Esperan a que los impávidos policías abran las puertas de la sala. La Comisión Cuarta del Consejo de Estado ha dispuesto para hoy, 16 de junio del 2014, una audiencia pública para que el científico y su abogada expongan el sustento para la tutela que adelantaron en contra del fallo en segunda instancia de la comisión tercera. Hoy Patarroyo se encuentra en el proceso de apelar la decisión del Consejo, para ello ha dispuesto la audiencia en la que expondrá sus argumentos sobre por qué debe recibir de nuevo los permisos que tenía antes para continuar su investigación.

Todos discuten y hablan entre sí cuando entra al pasillo Maldonado acompañada de su familia y amigos, que, a su vez, son reconocidos científicos. Las miradas se cruzan pero no hay saludos, ni siquiera un gesto de reconocimiento mutuo. Cada comitiva se queda en su lado del pasillo. Hace frío y hay demasiada gente, cuando por fin abren las puertas del estrado, no hay sillas suficientes para todos.

«Estoy aquí para mostrarles mi trabajo, me enorgullece incluso presentarles hoy el desarrollo de nuestra investigación», dice Patarroyo para abrir su presentación de apelación ante la sección cuarta. La diapositiva inicial muestra un niño africano enfermo de malaria; está, asumimos desde el público, a punto de morir.

Los argumentos de Patarroyo pueden resumir en cuatro ejes principales: la importancia de desarrollar una vacuna efectiva y funcional contra la malaria y la gravedad de detener su investigación para lograrla; la dificultad de distinguir entre los monos Aotus de la especie prohibida y los de la especie permitida; el hecho de que en Colombia sí habitan los monos que, dicen, está traficando; y, finalmente, la imposibilidad técnica de cumplir con los requerimientos impuestos por el Fallo del Consejo de Estado.

Maldonado, por su parte, aunque llevó a la audiencia un compendio de pruebas e investigaciones propias destinadas a ser observadas por el Consejo, se queda sin decir nada. No es ya su lugar, la tutela es contra el Estado, no puede hacer nada a menos que la llamen a declarar.

La lucha contra la malaria

La investigación de Patarroyo ha enfocado sus esfuerzos desde hace más de treinta años en el desarrollo de una vacuna química que logre inhibir la malaria. Según la Cruz Roja Española, entre 300 y 500 millones nuevos casos de esta enfermedad son registrados al año, cada 30 segundos muere un niño a causa la misma y el cuarenta por ciento de la población mundial se encuentra en riesgo de contraerla. Más del ochenta por ciento de las personas que sufren de malaria viven en países pobres, en su mayoría subsaharianos. Una vacuna contra esta enfermedad sería, en definitiva, un gran logro científico y humanitario.

Patarroyo llegó a ser una gran figura en los medios y en la ciencia cuando aseguró, hace más de 20 años, estar en las últimas etapas de desarrollo de la vacuna. Para desarrollarla, insiste en que la experimentación con monos nocturnos es imprescindible, pues este primate tiene un sistema inmune casi idéntico al de los humanos.

En repetidas ocasiones, el inmunólogo ha sugerido que detener su investigación es un gran golpe a la lucha contra la malaria, que cada año mata más y más gente. Sin embargo, la promesa de Patarroyo se ha quedado corta. Si bien al principio de sus investigaciones su proyecto de vacuna SPF66 prometía mucho, hoy no se ha sabido de ningún avance sustancial. En el 2009 la Colaboración Cochrane, organización sin ánimo de lucro dedicada brindar evidencia empírica para las decisiones que conciernen a la investigación médica y científica, publicó un estudio liderado por Patricia M. Graves y Helen Gelband, el cual concluyó que aunque existe un modesto logro en regiones suramericanas «no hay justificación para adelantar más pruebas de SPF66 en su formulación actual», y que «no hay evidencia para apoyar la introducción de la vacuna SPF66 en el uso rutinario de la prevención de la malaria, sea en África o en otra parte del mundo».

La investigación de Patarroyo no tiene actualmente la influencia que tuvo en algún momento. Aunque es el científico más citado y referenciado de Colombia, en medios internacionales su nombre no aparece. En 2010, la revista estadounidense Science, una de las más reconocidas del mundo, publicó un número entero dedicado a la malaria en el que Patarroyo no fue siquiera referenciado. Su trabajo en el desarrollo de la vacuna ha perdido gran parte de su apoyo monetario, entidades como Colciencias han decidido retirar su antes masivo apoyo a la investigación. A principios de esta década, según la Revista Semana, Patarroyo recibía alrededor de ocho mil millones de pesos por parte de Colciencias, hoy no recibe nada.

Hoy, la vacuna en la que Patarroyo trabajó por más de 25 años se encuentra catalogada por la OMS como inefectiva. Aunque Patarroyo asegura que su fundación promovió esta catalogación para trabajar en una nueva vacuna, no es muy claro en qué estado se encuentra la nueva vacuna o cuales fueron las razones precisas para este cambio de actitud.

Los monos sin frontera: ley y ciencia

«La pelea real no es contra la ciencia de Patarroyo, puede que está haciendo un buen trabajo con su vacuna. El problema es que infringió las reglamentaciones ambientales Colombianas e internacionales», dice Thomas Deffler, una de las principales figuras del estudio de primates en Colombia. Las acusaciones de Maldonado consisten en que la FIDIC está utilizando y traficando  ilegalmente monos de una especie con la que no debería tratar. Mientras que el Estado le otorgó el permiso para trabajar con Aotus vociferans, en los laboratorios fueron encontrados monos Aotus nancymae para trabajar con los cuales la fundación no tenía los permisos requeridos. Esta segunda especie parecía no encontrarse en Colombia, lo que, en su momento, aumentaba la sospecha de tráfico ilegal por parte de la fundación.

DESDE LOS ANDES...

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Patarroyo argumentó ante el Consejo de Estado que  los monos Aotus nancymaae son casi idénticos fenotípicamente a los monos Aotus vociferans; es decir, sus rasgos físicos son casi indistinguibles. Afirma que por esa razón se encontraron monos de esta especie no autorizada en sus estudios.

Esto, sin embargo, ha sido ya considerado por el Consejo de Estado como un argumento inválido, pues «sin importar la similitud genética o biológica que exista entre las dos especies, lo cierto es que existe el incumplimiento por la FIDIC, ya que se encuentra probado que ha empleado monos Aotus nancymae para investigación científica dentro de su laboratorio, para lo cual no cuenta –ni ha contado– con habilitación administrativa».

Otro argumento en pro de Patarroyo consiste en que, como dice Luz Marina Mantilla, el Aotus nancymaae sí se encuentra en Colombia «y lo demostró el instituto SINCHI y La Universidad Nacional en un estudio reciente pero sin publicar». El problema, continua la directora del instituto, es que este estudio «no fue consultado por ninguna de las áreas jurídicas involucradas». El hecho de que esta especie de Aotus se encuentre en territorio nacional desestimaría las acusaciones de que Patarroyo tuvo que haber tomado los primates del Perú.

Respecto a este estudio, Patarroyo dijo al periódico El Tiempo que «los estudios de ADN de la Universidad Nacional demuestran que los monos con los cuales investigamos eran ancestralmente colombianos. Entonces, ¿de dónde viene la acusación? ¿Dónde se origina el problema?»

El problema es que se han presentado evidencias ante las autoridades de que en efecto hubo tráfico internacional ilegal de animales. Incluso si la especie existe en territorio colombiano, Maldonado ha presentado estudios donde, entre otras evidencias, entrevista a cazadores peruanos que admiten haber vendido a la FIDIC Aotus nancymaae del vecino país. Más allá de lo que pueda significar la investigación de la FIDIC para la malaria, según los estudios de Maldonado Patarroyo está incumpliendo la reglamentación ambiental. Aún más, dice Maldonado, «solo con ponerle precio a los monos Patarroyo está incumpliendo la ley y fomentando el tráfico ilegal».

En el año 2007 la revista Cambio publicó un testimonio del recolector peruano Victor Gonzáles:  «debemos llevar los animales a Leticia en la madrugada escondidos, para no dejarnos ver de las autoridades porque si nos cogen nos dan tres años de cárcel. El doctor Patarroyo nos ha dicho que tengamos cuidado con eso y que si nos coge la ley digamos que los animales los capturamos del lado colombiano».

Consecuencias ambientales

Para Maldonado y quienes apoyan su causa, los niveles de caza de Aotus por parte de la FIDIC no son sostenibles. En marzo del 2013, Patarroyo dijo a El Tiempo que en lo que lleva trabajando en el Amazonas ha trabajado con, más o menos, 21.000 monos. Este número, para Defler, que ha dedicado su vida al estudio de primates en Colombia y el mundo, es increíble si se tiene en cuenta que no se ha realizado un estudio que determine cuál es la densidad poblacional de esta especie en la región.

Patarroyo tenía hasta hace unos meses permiso de trabajar con 800 monos por año. Cifra que fue determinada por Corpoamazonía, la entidad encargada de regular los temas ambientales de la región amazónica colombiana, sin conocer el estado de la especie en la región. Sin embargo, esta entidad, según lo que expone el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, «carecía y carece de elementos que le brinden certeza para determinar si las cuotas de obtención de individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre autorizados de caza excedían –o exceden– la capacidad de recuperación del recurso natural.»

Aún con este permiso dado, Maldonado acusa a la FIDIC porque «incluso hoy está incumpliendo las reglamentaciones y está trabajando con más monos de los que debería».

El tema es delicado en Leticia. Los indígenas que trabajaron con Patarroyo y no quieren hablar del asunto. Vicente, un indígena que trabajó capturando monos para las investigaciones de la FIDIC, en una entrevista para este artículo se excusó diciendo que eso no era con él. Tan pronto surgió el tema del científico, se negó a hablar del tema.

Asimismo, el propio Patarroyo se negó a dar una entrevista para este artículo, afirmando que «este asunto se ha mediatizado, se debe retirar este problema de los medios y resolverlo donde se debe», dice señalando con la mirada a las puertas del consejo de Estado.

Según Lina María Peláez, una médica veterinaria que trabajó de 2004 a 2005 en los laboratorios de Patarroyo en Leticia, la investigación y captura de monos por parte de la FIDIC tenía serias consecuencias para los animales. «Cuando entré a trabajar allá quedé sorprendida por la condición de los monos, los tenían encerrados en cajas de metal», dice Lina María, «yo calculaba que, antes de que yo entrara, la mortalidad de los experimentos era del 20%». En el artículo de la revista Cambio se presentan fotografías que registran el maltrato y la condición de monos en custodia del instituto y que sustentan las declaraciones de la veterinaria.

Es por esto que el Consejo de Estado ha dictaminado que Patarroyo no puede continuar recolectando monos Aotus provenientes de la selva. Debe, en cambio, trabajar con monos nacidos y criados en cautiverio. Para Patarroyo esto es inviable, es demasiado costoso, lento e improductivo. Para construir un zoocriadero que permita obtener especímenes adultos, sanos y viables para su estudio, dice, sería necesario invertir dinero que la fundación no tiene. Eso sin contar que tomaría demasiado tiempo lograr la cantidad de monos necesarios para las pruebas de su nueva vacuna.

Según un comunicado de la Asociación Primatológica Colombiana (APC) frente a la audiencia pública de Patarroyo, un zoocriadero no es tan inviable como Patarroyo sugiere. De hecho, existen varios ejemplos de zoocriaderos, productivos realizados para experimentos similares a los de Patarroyo. Por eso, la APC escribe  «Si la FIDIC no cuenta con la capacidad técnica para implementar un centro de reproducción en cautiverio, sugerimos que los animales sean adquiridos en criaderos autorizados para continuar de inmediato con su investigación».

Ahora, es cierto también que la creación de un zoocriadero atrasaría considerablemente la investigación de Patarroyo. Armar las instalaciones y lograr la cantidad requerida de monos en cautiverio requiere de tiempo y dinero con el que la fundación ya no cuenta. Y sin un estudio poblacional tampoco es evidente que el zoocriadero sea necesario, en especial «si la especie no está en vía de extinción» como aseguró Patarroyo en su audiencia en el Consejo.

Hay que decir también que en Colombia existen ejemplos de zoocriaderos viables y funcionales de primates. Un ejemplo muy diciente para el caso en cuestión es el criadero del laboratorio Caucaseco dirigido por el inmunólogo Sócrates Herrera, que también se encuentra desarrollando investigaciones y experimentos para desarrollar una vacuna contra la malaria.

La ley y la ética, el resultado y el medio

En principio, debería esperarse que los dilemas científicos sean resueltos por autoridades científicas. Sin embargo, el caso Patarroyo muestra lo que puede ocurrir cuando el ámbito de lo científico se cruza con lo judicial y lo político. Su investigación sobre malaria cruzó linderos que motivaron la intervención de otros científicos, especialistas en primatología. De allí se pasó a la intervención de las autoridades ambientales y de la opinión pública, hasta que las calles de Leticia se llenaron de volantes que comparan a Ángela Maldonado con un genocida como Adolfo Hitler. Maldonado es una primatóloga, Patarroyo un inmunólogo; sus mundos y  sus prioridades son distintas. Cuando le pregunto a Maldonado por qué se metió en este problema, me contesta: «me dije, “yo tengo una maestría y un doctorado en conservación de primates’”. No iba a dejar que se vulneraran los derechos de los Aotus por más que Patarroyo fuera una gran figura.»

Al final, el caso plantea extraordinarios dilemas, Incluso si la investigación de Pataroyo no goza hoy de la mayor credibilidad entre los especialistas internacionales de su rama, ¿se justificaría cerrarla definitivamente, después de tres décadas de trabajo? ¿Quién puede asegurar más allá de toda duda que no llegará al resultado que busca?

Si continúa, ¿sería legítimo traspasar límites señalados por la legislación ambiental e incurrir en maltrato de animales, con tal lograr la cura para la malaria? ¿Si la investigación de Patarroyo incurrió en tráfico de animales, ¿debería recibir una sanción social y legal diferente a la de cualquier otra persona que incurra en este delito, con el argumento de que busca objetivos superiores?

Incluso si la investigación científica de Patarroyo fuese a cambiar el mundo, las reglamentaciones y la ley están en pie. ¿Estamos dispuestos a que se rompan las regulaciones por la posibilidad de un avance científico? ¿Dónde quedan el ambiente y los animales con los que convivimos?

Puede que el análisis costo beneficio de experimentar con animales resulte en principio admirable para el desarrollo y preservación de la especie humana. Sin embargo, la historia ya ha visto qué se ha hecho en nombre del desarrollo y el progreso.

*Alejandro Vesga es estudiante de Filosofía y de la opción en periodismo del CEPER. Este reportaje se realizó en el marco de la clase Periodismo en Terreno 2014, y fue publicado previamente en lasillavacia.com

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