Con fallos amañados, jueza entrega tierras en el Vichada
Una jueza de Puerto Carreño ha recurrido a todo tipo de maromas legales y dilaciones para ocultar información que revelaría cómo su despacho ha facilitado el acaparamiento irregular de tierras en Vichada. La Liga revela un nuevo caso.
La jueza Derlis Vega Perdomo es la misma que en agosto de 2017 ordenó titular de forma irregular 6.600 hectáreas de baldíos al actual Representante a la Cámara del Vichada, Gustavo Londoño García (2018-2022), del partido Centro Democrático y excandidato a la gobernación de ese departamento,como lo reveló una investigación de La Liga Contra el Silencio. La decisión también favoreció al empresario Nicolás Laserna Serna.
Tras esa denuncia, la jueza ha intentado por todos los medios poner un cerrojo a la información pública de su despacho, evadiendo sus obligaciones como funcionaria y ocultando fallos que, por ley, deben ser de libre acceso a todos los ciudadanos.
Sin embargo, La Liga Contra El Silencio logró acceder a otro de sus fallos que tendría las mismas irregularidades que aquel que permitió la entrega de las tierras al representante Londoño y revivió el tema del acaparamiento ilegal de tierras baldías en el país.
Esta vez, el 7 de marzo de 2017, la jueza ordenó titular 2.043 hectáreas de tierras baldías a dos sociedades familiares en cabeza de Luis Alfonso Mora Sarria e Isabela Patiño Zapata. El predio se conoce como “Honolulu” y está ubicado en la vereda Araguatos, muy cerca de la vía que comunica a Villavicencio, en Meta con el municipio de Cumaribo, en Vichada (ver mapa).
El fallo de la jueza es una copia casi idéntica del que benefició al congresista Londoño y recurre a las mismas maromas jurídicas. Por ejemplo, desconoce el hecho que el predio no estaba inscrito en la oficina de instrumentos públicos de Puerto Carreño, por lo que la jueza debió, de entrada, presumir que se trataba de un terreno baldío (es decir, de la Nación) y rechazar la demanda. También pasa por alto la sentencia T-488 de 2014 de la Corte Constitucional que ordena que los jueces civiles no pueden adjudicar baldíos, otros pronunciamientos de la Corte Suprema y, sobretodo, una advertencia que sobre ese predio le hizo a la jueza la Agencia Nacional de Tierras.
A lo largo del proceso, que se llevó en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño, tanto el procurador agrario como el representante de los posibles intereses de los “indeterminados” (nombrado por la jueza) habrían guardado silencio, según lo expresa la misma jueza en el expediente. Extrañamente, ocurrió lo mismo en el fallo que favoreció al congresista Londoño.
Las similitudes de ambos casos —los argumentos de la jueza, la aparente anuencia de quienes debieron ser contraparte en el proceso y la posición económica de quienes resultaron favorecidos — indicarían que no se trata de casos aislados, sino recurrentes en ese despacho judicial del Vichada.
La Fiscalía General de la Nación, según fuentes consultadas por La Liga, tiene información de al menos cuatro predios más que fueron entregados por ese juzgado de forma similar.
Para hacerse a esas tierras, Mora y Patiño crearon dos sociedades familiares entre padres, hermanos, esposos e hijos: Lufema SAS y Zagapa SAS. Ambas empresas fueron registradas en la Cámara de Comercio el mismo día, el 25 de enero de 2011. Dos semanas después de constituidas le pagaron 613 millones de pesos —unos 300 mil pesos por hectárea— a un campesino oriundo del Meta que ocupaba esas tierras desde 1986, según la escritura que da cuenta del negocio. En ella el campesino firma con una dificultad infantil y no reporta teléfono.
La transacción se hizo a través de un apoderado que resultó ser quien realmente mandaba en “Honolulu”: Luis Fernando Murgueitio Gómez, un antiguo directivo de una empresa de la organización Sarmiento Angulo. Según tres testigos consultados en 2015 durante la inspección judicial al predio, Murgueitio “visitaba el inmueble y daba instrucciones sobre este, indicando que él es el actual propietario por lo que han podido observar, pero aseverando desconocer si actúa por encargo de alguien más, por cuanto es a éste a quien han conocido en el lugar”.
Según otros testimonios recogidos por el mismo despacho judicial, “el señor Murgueitio arriba al lugar periódicamente para supervisar tareas y asignar nuevas en nombre de las personas jurídicas demandantes (Lufema y Zagapa)”. En la finca hay “ganadería y cría y proyectos de investigación en cultivos de caña, con posibilidad de programas forestales”, señala el fallo que ordena entregar los títulos.
El señor Murgueitio no quiso hablar con La Liga Contra el Silencio para explicar su participación en este negocio.
Murgueitio Gómez fue hasta 2009 gerente de Mavalle, una empresa cauchera, y directivo de la Organización Pajonales, ambas parte de la Organización Sarmiento Angulo.
En una conversación telefónica, Mora Sarria reconoció a La Liga ser uno de los dueños de “Honolulu”, a través de una sociedad familiar. Dijo estar al tanto de que esa tierra no tenía propietario y que se trataría de un baldío. “Por eso se intentó esa figura jurídica”, dijo. “Vimos la opción y consideramos que era viable tratar de adquirirlo por prescripción (de dominio)”.
Mora Sarria es hijo del abogado Luis Alfonso Mora Tejada, juntos fundaron en 1999 la firma de abogados Mora & Mora en Cali. Mora Tejada trabajó durante 26 años para la Corporación Financiera del Valle, hoy de Corficolombiana, donde fue director jurídico y vicepresidente ejecutivo, entre otros.
Derlis Vega Perdomo, Luis Alfonso Mora Sarria, Juan Manuel Galvis Sierra
Isabela Patiño Zapata, representante legal de Zagapa, es la esposa de Juan Manuel Galvis Sierra, un comerciante de fertilizantes e insumos agrícolas, socio de la empresa y quien realmente estuvo al frente del negocio. (En 2013, una bodega con fertilizantes de la que Galvis Sierra era gerente se incendió en el puerto seco de Santa Marta causando una emergencia ambiental. El alcalde señaló a la empresa de incumplir con los protocolos de seguridad ). La Liga hizo llegar mensajes a Galvis y a Patiño para explicar su participación en el negocio, pero no obtuvo respuesta.
Una investigación del grupo de derecho constitucional de la Universidad Nacional — aún no publicada— revela que en los últimos 25 años al menos unas 370.000 hectáreas de bienes presuntamente baldíos han sido entregados a particulares o empresas por vía de fallos de jueces en demandas de “prescripción de dominio”, un mecanismo que permite a quien ocupe un predio, hacerse dueño siempre y cuando cumpla ciertas condiciones, entre ellas que no sea un baldío.
La investigación concluye que la apropiación de baldíos por prescripción de dominio ha favorecido, sobre todo, a personas adineradas, lo que va en contravía del destino previsto para esas tierras por la ley. Los baldíos solo pueden ser adjudicados a campesinos pobres o sin tierra, en pequeñas parcelas. Pero no ha sido así: “la investigación muestra que los predios grandes (mayores a 200 hectáreas) concentran la mayor parte del área prescrita (72 %), a pesar de que son pocos (1,5 %). Además, existen numerosos casos en los que una misma persona ha prescrito varios predios”, escribió Rodrigo Uprimny, uno de los investigadores, en una columna reciente.
Acumular, acumular
La apropiación indebida de “Honolulu” fue la última puntada para juntar varios predios y consolidar así una propiedad mucho más grande y valiosa comercialmente.
A los ocho días de firmar la escritura de “Honolulu”, Zagapa y Lufema compraron, por separado, dos fincas contiguas, “Waykiky” (por 256 millones) y “La Hermita” (por 156 millones). Ambas fincas habían sido baldíos adjudicados a campesinos por el Incora en los años 90, según consta en los certificados de tradición de los predios (“Waykiky” y “La Hermita”). Con esto le sumaron 1.500 hectáreas de tierra al predio.
Imagen satelital de Honolulu, Waykiky, La Hermita
Así, Lufema y Zagapa lograron concentrar 5.500 hectáreas en una sola finca conocida como “Hato Waykiky”. La propiedad, que cuenta con unas 500 cabezas de ganado, estaría a la venta por un valor cercano a los 12 mil millones de pesos (2,2 millones por hectárea), según aparece en un portal de finca raíz. (Ver foto). Mora Sarria, sin embargo, negó que los predios estén en venta y dijo desconocer quién publicó el anuncio.
“El Hato está conformado por cuatro predios colindantes entre sí denominados: Waykiki (sic); La Conquista; La Hermita y Honolulu, con una superficie topográficamente medida de 5.508 Has […] Además de los caños que delimitan el Hato, la vecindad está conformada por predios privados donde se encuentran desde hace varios años programas forestales (Caucho Natural; Pino Caribbean y Eucalipto ) y ganadería”, dice el aviso publicado por los vendedores.
El aviso agrega: “…en los últimos años se ha llevado a cabo un programa de investigación en caña de azúcar con fin etanólico, materiales vegetales que han sido evaluados en un ingenio azucarero del Valle del Cauca, con promisorios resultados.”
Las tierras baldías de la nación, por ley, solo pueden ser entregadas a campesinos pobres o sin tierra. Ni Mora ni Patiño Zapata parecen calificar en ese grupo de desposeídos. Uno aparece como socio del Club Campestre de Cali (y presidente del club de squash) y la otra es la esposa de un importador de fertilizantes. La señora Patiño Zapata se ganó en una rifa un Mercedes Benz A200 último modelo. (Foto).
“Me da dolor de país. ”, dijo Mora Sarria a La Liga cuando fue consultado sobre el caso. “A veces me siento haciendo patria […] Uno genera desarrollo y termina cuestionado. Me parece muy desalentador”.
Una batalla contra el silencio
La jueza Derlis Vega Perdomo se negó a responder una solicitud de La Liga para conocer algunos de sus fallos. La Liga llevó el caso hasta el Tribunal Superior del Meta que, resolviendo una acción de tutela que ampara el derecho a acceder a información pública, ordenó a la funcionaria entregar la información solicitada.
En la decisión del Tribunal quedaron consignados los argumentos que esgrimió la jueza a los magistrados para justificar el cerrojo que le puso a sus fallos, entre ellos que “se ha suscitado una ola de desinformación falsa (sic) en redes sociales” y que “el peticionario (La Liga) solicita esa información simplemente para desacreditar la labor de la administración de justicia”.
Los magistrados no solo desestimaron esos argumentos sino que además reprendieron a la jueza que intentó tirarle el barro sucio a la joven secretaria del juzgado: “se le reprocha a la señora juez que sea la señora secretaria del juzgado la que adopte las determinaciones que son del resorte exclusivo del titular del despacho por lo que se le exhorta a que sea ella, personalmente, quien en el futuro adopte las decisiones de su cargo”.
Tras el fallo del Tribunal Superior del Meta, la jueza no tuvo más remedio que entregar a La Liga Contra el Silencio un escueto — e incompleto— listado en el que reseña sus fallos por procesos de “prescripción adquisitiva de dominio”. Sin embargo, sigue sin permitir el acceso a los documentos. La Liga se abstiene por ahora de publicar el listado hasta tanto no verifique que se ajustan o no a la ley y quiénes son los beneficiados.
La entrega de tierras baldías por parte de jueces sigue siendo una forma frecuente y silenciosa de apropiación indebida de tierras en Colombia. Seguirá siendo difícil que haya un ojo vigilante para que se haga conforme a la ley y que se garantice que estas tierras sean para quienes no tienen tierra si los fallos no son públicos o se esconden en los despachos judiciales.
El caso del congresista Londoño: quieto
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha hecho poco para recuperar las casi 7 mil hectáreas de tierra de Vichada que le fueron entregadas por la misma jueza al congresista Gustavo Londoño del Centro Democrático, según reveló en marzo pasado una investigación de La Liga Contra el Silencio.
Tras la denuncia de la La Liga, la ANT —que se enteró del caso por esa publicación— puso una tutela ante el Tribunal Superior del Meta. Este último, en un fallo de primera instancia del 11 de abril de 2019, confirma con pelos y señales que la jueza actuó fuera de la ley, tumba el fallo y ordena anular la matrícula inmobiliaria (No. 540-10326) que le daba a Londoño y Laserna la propiedad del predio.
El Tribunal, además, ordenó a la jueza que se repitiera el proceso, ordenando que esta vez —como debió hacerlo antes— vinculara a la Agencia Nacional de Tierras, a la Superintendencia de Notariado y Registro, a la Unidad de Víctimas y al Instituto Agustín Codazzi.
Además, remitió el caso a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, “con miras a que se adelanten las investigaciones a que haya lugar en contra de la señora Jueza y del señor Procurador Ambiental y Agrario que se vinculó dentro del trámite del proceso objeto de revisión constitucional”.
La Liga Contra el Silencio confirmó con la Procuraduría que no existe hasta el momento ningún proceso investigativo por el caso contra la jueza Vega Perdomo o el procurador ambiental involucrado.
Este medio también interpuso un derecho de petición preguntando a la ANT qué ha hecho desde entonces para cumplir con su obligación constitucional de recuperar esas tierras. La larga respuesta de cuatro páginas, firmada por la directora Myriam Martínez el 22 de agosto, se puede resumir así: hasta esa fecha la entidad interpuso una acción de tutela pero no ha ido más allá.
Esa acción derivó en un fallo en primera instancia del Tribunal que sigue en firme y que es de inmediato cumplimiento, lo que debería haber movido a la ANT a recuperar la tierra sin demora. Sin embargo, en su respuesta a La Liga —basada en la información de su oficina jurídica— la Agencia deja ver que ha seguido el caso desde el palco, limitándose a contemplar el trasiego del proceso. La ANT dice que “se encuentra expectante” tanto de la decisión de la Corte Suprema de Justicia como del reinicio del proceso por parte de la jueza.
En cambio, el congresista Londoño y el señor Laserna sí se han movido para evitar que la tierra vuelva a las arcas de la nación. Primero, Laserna interpuso un recurso de reposición en abril cuando supo que el Tribunal había aceptado estudiar la tutela. El Tribunal lo rechazó. Luego, en mayo, cuando el Tribunal falló en su contra, los tres —Londoño, Laserna y la jueza— impugnaron el fallo del Tribunal, un recurso al que tienen derecho. En todo caso, esto no frena la orden del Tribunal que sigue en pie y debe cumplirse. El caso está en revisión de la Corte Suprema de Justicia, al despacho del magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque, de la sala de Casación Civil. Aún no se conoce su veredicto.
En otras instancia el caso de Londoño y compañía podría tomar un nuevo giro. La justicia indaga si la finca “Buenavista” es más grande de lo que se deduce del fallo de la jueza Vega Perdomo y si sus dueños habrían englobado otros predios no reportados, según fuentes consultadas por La Liga que tuvieron acceso a documentos reservados de la investigación.
Mientras tanto, nueve meses después de que se revelara la apropiación indebida de esa tierra, la hacienda “Buenavista” sigue bajo el poder del señor Laserna y el congresista Londoño. Se suma ahora el nuevo episodio de “Waykiky” y está por verse si a los nuevos y afortunados dueños de un pedazo del Vichada se los premiará en silencio con la misma “expectante” indiferencia.
