[Esta nota se publicó originalmente en ¡Pacifista!]
El partido Centro Democrático le ganó el pulso al Gobierno en el Congreso y logró introducir importantes modificaciones en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Después de tres horas de debate, el Senado de la República aprobó la Ley de Procedimiento que le permite funcionar a la JEP con reglas claras avaladas por el Legislativo. No obstante, la Ley que fue aprobada dista mucho a la que propuso inicialmente el Gobierno y con la cual el uribismo nunca estuvo de acuerdo.
El primer cambio lo propuso la senadora Paloma Valencia y consiste en limitar las competencias de la JEP para los casos de extradición. De ahora en adelante, a diferencia de lo que sucedió con el caso de Jesús Santrich, cuando la JEP pidió suspender la solicitud de extradición, la Jurisdicción no tendrá potestad para pronunciarse de fondo sobre estos casos y tampoco para emitir juicios sobre la responsabilidad de la persona sindicada. Los magistrados ya no podrán ordenar práctica de pruebas cuando tengan que decidir sobre la fecha en la que se cometieron los delitos. Para decidir si alguien en solicitud de extradición puede acogerse a la JEP, los magistrados solo podrán acogerse a los hechos conocidos públicamente para concluir si fueron cometidos antes de que se firmara el Acuerdo de Paz. Solamente la Corte Suprema de Justicia tendrá derecho a acceder a las pruebas.
Según el Centro Democrático, los magistrados actuales no pueden otorgar garantías para los militares por su “orientación ideológica”.
El segundo cambio que introdujo el Centro Democrático tiene que ver con el trato especial para los militares. También por iniciativa de Paloma Valencia, el Senado aprobó que los militares tengan un procedimiento “especial y diferenciado”. Los militares contarán con una sala especial dentro de la misma JEP, con nuevos magistrados y con un trato único. Según el Centro Democrático, los magistrados actuales no pueden otorgar garantías para los militares por su “orientación ideológica”, por lo cual propusieron una nueva sala. Lo cierto es que los procesos contra los militares que están siendo investigados quedarán congelados por 18 meses mientras se define concretamente cómo será el proceso de juzgamiento.
Para Rodrigo Londoño, líder del partido Farc, los cambios que introdujo el Centro Democrático son inconstitucionales y van en contra de lo que se acordó durante el proceso de paz. A corte de marzo de este año, 4.653 excombatientes se acogieron a la JEP. Lo mismo hicieron 1.792 integrantes de la Fuerza Pública. Que sus procesos continúen como venían dependerá de lo que decida la Corte Constitucional.
