La orden de detención contra Álvaro Uribe ha servido de excusa para que, otra vez, el Centro Democrático intente reformar “de fondo” la justicia. Ya muchos de sus partidarios han hablado de hacer una Asamblea Nacional Constituyente para crear una sola corte, en lugar de las cinco que existen hoy en la rama judicial: Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Justicia Especial para la Paz. El Centro Democrático describe esta decisión como un atentado a la democracia, y habla de recoger firmas y radicar ante el Congreso un referendo. 

Estas propuestas del partido de gobierno no son nuevas. Durante el gobierno de Álvaro Uribe hubo episodios de mucha tensión entre la Presidencia y las altas cortes, incluyendo denuncias penales, chuzadas a los magistrados e intentos de reforma que reaccionaban a las decisiones de la justicia. ¿Es esta coyuntura actual una repetición de la anterior?

En el corto plazo parece poco probable que se logre tramitar una reforma judicial de marca mayor o que se quiebren las instituciones. En el mediano plazo, lo que pase dependerá del uso político que el Centro Democrático haga de las decisiones de la Corte Suprema de cara a las campañas políticas de 2022. En cuanto al proceso judicial que adelanta la Corte contra Uribe, la medida de aseguramiento abre una zona gris cuyas implicaciones políticas son tan difíciles de predecir como lo es el desenlace exacto del proceso judicial. 

Las tensiones entre uribismo y las Cortes: un salto al pasado

La relación entre el Gobierno de Álvaro Uribe (2002 – 2010) y las Altas Cortes fue muy tensionante porque, desde el principio, el de Uribe fue un Gobierno muy poderoso: fue el primero que llegó a la Presidencia sin el respaldo de un partido político con personería, el primero que ganó en primera vuelta (las dos veces que se lanzó) y el primero que logró aprobar la reelección presidencial inmediata. Siempre tuvo una popularidad muy alta, por encima del 70 %, y siempre contó con mayorías en el Congreso para hacer prácticamente lo que quisiera a nivel legislativo. Por eso no sorprende su pelea con las Cortes: a los líderes y a los partidos fuertes les suelen incomodar los controles.

Desde el principio, el gobierno de Uribe quiso ampliar su poder más allá de lo que se ganó en las urnas y mostró un interés muy claro y explícito por cooptar y permear las entidades del Estado que fueron creadas para controlarlo: las instituciones en la rama judicial y los organismos de control.  

El caso más evidente fue el de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, una institución clave porque en esta sala se definían algunas tutelas contra las decisiones judiciales de otros jueces. En esa sala, el uribismo logró elegir a varios magistrados porque así lo permite su proceso de elección: son elegidos por el Congreso, donde el presidente tenía mucho poder, de ternas presidenciales. El riesgo entonces era que, mediante esa sala, el Gobierno pudiera tumbar las decisiones que otras Cortes estaban tomando en contra de funcionarios del gobierno o miembros de su coalición. En particular una: la Corte Suprema, la misma que este martes tomó la decisión de dictar contra el expresidente una detención domiciliaria. 

Pero el uribismo nunca pudo cooptar a la Corte Suprema por una razón básica: los mismos magistrados son quienes eligen a sus sucesores (el sistema de cooptación). Es decir, es más difícil que otros poderes y los políticos definan la elección de los nuevos magistrados. 

La pelea con la Corte Suprema fue explícita y se forjó, sobre todo, a propósito del proceso de desmovilización del paramilitarismo que promovió Uribe. La Corte Suprema tomó decisiones que le disgustaron al gobierno desde el comienzo. Por ejemplo, se opuso a que el paramilitarismo fuera un delito político, lo que en últimas, les permitía obtener amnistía e indultos a los desmovilizados. Más tarde, la corte se opuso a la extradición de cabecillas paramilitares, que había avalado en un primer momento, bajo el argumento de que éstos tenían que responder primero ante las víctimas en Colombia que por sus negocios ilícitos en Estados Unidos. 

Para completar, la Corte Suprema se convirtió en pieza clave de los procesos judiciales contra varios ministros y más de 50 congresistas de la coalición de Gobierno –incluido el primo del expresidente, Mario Uribe– por hechos de corrupción y por alianzas con grupos paramilitares (parapolítica). 

La reacción de Uribe no se hizo esperar: amenazó con impulsar reformas y referendos para cambiar la justicia. Aunque ninguna iniciativa se concretó –la pelea era más mediática que institucional–  la molestia del uribismo con la justicia era tan evidente que, por ejemplo, en los primeros años habló de autorizar  un cuarto estado excepción: la emergencia judicial, que se sumaría al estado de conmoción interior, de emergencia económica y de guerra exterior que están contemplados en la Constitución del 91. 

Además, en 2008, el presidente denunció penalmente por injuria y calumnia al presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia, cuando éste reveló que Uribe lo había llamado para averiguar por la situación jurídica de su primo, Mario Uribe. Luego, ratificó esa denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Igual suerte corrieron todos los miembros de la sala penal de la corte. 

Fue una estrategia de ‘todas las formas de lucha’ que incluyó, además, interceptaciones ilegales a los magistrados de las Cortes, en particular de la Suprema, cómo se destapó en el 2009. 

La Corte Constitucional por su parte ni estuvo tan alejada de los intereses del Gobierno, ni tan expuesta a su cooptación. Hay varios hechos que lo demuestran: durante el primer período de Uribe, esta Corte le tumbó al presidente dos proyectos claves para su política de seguridad: el estatuto antiterrorista y  la declaratoria de conmoción interior. También protegió los derechos de las víctimas, que la versión inicial de la Ley de Justicia y Paz ponía en peligro. Estas decisiones despertaron la indignación del gobierno que, como ahora, hizo llamados para reformar a la justicia apelando al pueblo. Sin embargo, en 2004, la Corte aprobó la primera reelección de Uribe. Y luego, en 2010, en una decisión sorpresiva, la Corte tumbó la segunda reelección. Una decisión que Uribe acató.

¿Qué tanta confrontación podría haber ahora?

Ahora que se vuelven a escuchar con fuerza los llamados del uribismo para reformar la justicia y que se promueven referendos y asambleas constituyentes, en otros sectores crecen las alarmas ante el posible desequilibrio de poderes, debilitamiento de las instituciones y violación de la independencia judicial. 

Pero, aunque el lenguaje de hoy tiene cosas en común con el de hace poco más de una década, hay una diferencia esencial: hoy Uribe no es el presidente y su popularidad no es la de antaño. Encuestas recientes han mostrado que su popularidad está a la baja y, sobre todo, está creciendo su imagen negativa. Además, el presidente Iván Duque está en una posición debilitada y no ha querido ni podido formar una coalición fuerte en el Congreso. Es poco probable que el partido de gobierno logre en los próximos meses el consenso político amplio necesario para lograr reformas radicales como instaurar una corte única.  

Sin embargo, si algo ha demostrado el uribismo es su capacidad de aprovechar a su favor sus crisis en términos electorales. Lo ha logrado a través de un elemento muy poderoso: el talento para construir relatos fáciles de digerir y fáciles de comunicar a sus electores, que movilizan a la opinión pública a nivel emocional. La prueba es el plebiscito por la Paz y las estrategias que implementaron para que el No ganara. 

A juzgar por los discursos que han dado representantes del uribismo tras la decisión de la Corte de detener al expresidente, la estrategia para las elecciones de 2022 podría ser la misma:  usar la reforma a la justicia como caballito de batalla para agitar los ánimos a favor de sus candidatos.  Su discurso parece estar montado sobre tres ideas fundamentales: que la justicia es corrupta, que hay una persecusión política en contra de Uribe y que mientras  Uribe está preso, ‘los terroristas de  las Farc’ están libres y en el Congreso.  En este escenario, es posible que la confrontación entre el uribismo y las Altas Cortes aumente con ataques y más amagues de reformas a la justicia. 

El proceso judicial que enfrenta Álvaro Uribe es muy largo, hasta ahora comienza y falta resolver al menos dos puntos fundamentales: 

¿Uribe renunciará a su curul en el Senado? Es una posibilidad: en 2018, ya hizo un amague en esa dirección cuando la Corte lo citó a indagatoria por el caso que hoy nos ocupa. Esa decisión puede abrir una discusión que aún no está zanjada en la Corte Suprema: la pregunta es si, al renunciar Uribe a su curul, la Corte pierde competencia para investigarlo y el caso pasa a la Fiscalía. El Fiscal Barbosa es una persona muy cercana al Presidente Duque. Sobre este aspecto, al parecer la Corte Suprema tiene dos líneas de jurisprudencia que se originaron durante el proceso de la parapolítica. En ese entonces, la Corte decidió que la renuncia al Congreso implicaba el traslado de los procesos a la Fiscalía. Pero, al cabo de un tiempo, la Corte cambió su posición y decidió lo contrario. Así, reasumió muchos de los procesos contra congresistas que ya estaban en la Fiscalía. Este debate aún está abierto. 

Además, falta ver qué tan fuertes son las pruebas que tiene la Corte Suprema en contra del expresidente. Por la decisión que tomó ayer, parece que lo son, aunque es imposible saberlo. Lo cierto es que los magistrados que están estudiando en este momento el proceso no son los mismos que el gobierno de Uribe denunció e interceptó ilegalmente durante su mandato ni los que llevaban el caso. La mayoría son nuevos. No hay muchas pistas para saber cómo van a actuar y qué tan rápido se va a mover este caso o si, en el peor de los casos, se va a estancar. 

Otra posibilidad es que justamente por la relación confrontacional del uribismo con el poder judicial se fortalezcan las cortes y en paralelo, que surja nuevamente un movimiento desde otros sectores políticos y sociales para rodear y fortalecer a la Corte Suprema y en general, a la rama judicial. Un movimiento similar surgió en apoyo a la Corte Suprema y a la Constitucional con ocasión de las reformas propuestas y los ataques durante la administración de Uribe. 

Ya está ocurriendo: el comunicado conjunto que expidieron las cinco Cortes exigiendo respeto hacia la rama judicial, es una muestra. Esta movida es una acción colectiva impresionante que implica no sólo alinear a sus cinco presidentes sino lograr una base de apoyo importante entre los magistrados de cada corte. El comunicado conjunto evidencia solidaridad de cuerpo frente a un ataque que puede sufrir cualquier alto tribunal. Más allá de la forma, ilustra un cambio más profundo al interior de las Cortes, las cuales, tras años de confrontación política con el ejecutivo, se están afianzando como contrapeso efectivo. Este cambio no es nada menor en términos de fortalecimiento institucional. 

En el corto plazo es entonces poco probable que una reforma institucional de gran alcance prospere. En el mediano plazo es una posibilidad, pero esto dependerá tanto de los réditos electorales que el Centro Democrático logre sacar de los avances del proceso judicial como de las decisiones que tome la Corte Suprema de Justicia en los siguientes meses. Lo cierto es que la decisión de esta semana abre un nuevo escenario para el país, una zona gris entre un escenario de impunidad total y de responsabilidad total. Mostró que el expresidente Uribe no es intocable, y que después de 25 años e innumerables procesos e investigaciones en su contra, él también puede ser llevado a la justicia. Por eso, aunque es incierto lo que puede venir de aquí en adelante, sí hay unas certezas: que el país no es el mismo que gobernó Uribe durante ocho años y que un nuevo escenario se abre para la política colombiana. 

COMPARTIR ARTÍCULO