Procuraduría, Defensoría, Fiscalía y Gobierno se ponen de acuerdo para unificar el conteo de asesinatos de líderes sociales. El problema son los números, no los asesinados, ni el análisis de las condiciones que llevan a la victimización del liderazgo social. Cambiar la metodología para que se reflejen menos muertos, es la solución.
Profesor de la Facultad de derecho de la Universidad de los Andes
04.02.2021
En una reunión realizada el 3 de febrero en la Casa de Nariño, el Presidente Iván Duque, la recién posesionada Procuradora Margarita Cabello y el también entrante Defensor del pueblo, Carlos Camargo, tomaron la decisión de unificar criterios para establecer una metodología que los ponga de acuerdo sobre el número de líderes sociales asesinados en Colombia.
La propuesta del presidente es la “unificación de la metodología y levantamiento de información relacionado (sic) con el asesinato de líderes sociales, teniendo como base fundamental las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación”. “Que la lucha común contra este flagelo, nos permita, bajo indicadores certeros, ser cada vez más efectivos”, sostuvo el presidente.
La reunión es preocupante en varios sentidos. El primero se refiere al papel de los organismos de control y cómo se puede ver afectada su labor dada su cercanía con el Gobierno. La Procuradora Cabello tiene claros lazos políticos con el uribismo (viene de ser Ministra de Justicia de Duque) y la clase dirigente tradicional del Atlántico; Camargo llegó a ser Defensor del Pueblo con el apoyo de los Char y de varios gobernadores que lo veían como el candidato del Gobierno por su cercanía al uribismo tras su paso por el Consejo Nacional Electoral. Entre tanto, Barbosa es un amigo declarado de Duque y fue un gran aliado en su campaña y como su Consejero presidencial.
El Gobierno, apoyado por la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría, pretende ser el único autorizado para decir quién es y quién no es un líder social.
Tener a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Defensoría del lado del Gobierno representa un grave riesgo para los pesos y contrapesos al poder que supone la estructura de un Estado de Derecho y la Constitución Política del 91. La cumbre realizada en la Casa de Nariño es prueba de ello. Las tres instituciones respaldaron la idea de una unificación de criterios para contar muertos sin que hubiera algún llamado a la importancia de la contrastación y la distancia con respecto al poder ejecutivo a la hora de evaluar si el Gobierno Nacional, en efecto, está ejerciendo su deber de proteger la vida e integridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Por el contrario, mientras el presidente esgrimía cifras sin dar cuenta del contexto, las tres cabezas de las entidades posaban silenciosas a su lado.
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Mientras Duque se jactaba de que gracias a los esclarecimientos a los que ha llegado la Fiscalía, “el mayor porcentaje incontrovertible de quienes están detrás del asesinato de lideres sociales es el narcoterrorismo”, nadie indagó qué quiere decir un “esclarecimiento” y cuál es su función en la prevención. Nadie mencionó el hecho de que durante enero de 2021 vivimos el inicio de año más violento desde la firma del Acuerdo final de paz y que dicha violencia está relacionada con la incompetencia del Gobierno para ocupar los espacios dejados por las FARC-EP.
Mientras 2020 fue uno de los años con más masacres en la historia reciente de Colombia, el presidente dijo con orgullo que el homicidio y el secuestro tuvieron las cifras más bajas de la historia y el hurto estaba disminuyendo. Nadie se quejó de la grave ausencia metodológica de excluir el elemento contextual de la pandemia (que nos ha tenido encerrados durante diez meses) en las cifras.
El segundo grave riesgo de la cumbre es que el Gobierno, apoyado por la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría, pretende ser el único autorizado para decir quién es y quién no es un líder social. Ello, inevitablemente, reducirá las cifras de homicidios contados, pero no el número de muertos. Solamente se volverán anónimos y se mezclarán con otras muertes violentas en Colombia que le generan menos ruido al Gobierno. Con la unificación de criterios quedaría por fuera la triangulación de cifras que hasta el momento se hacía cada tres meses con la Defensoría y organizaciones independientes como INDEPAZ o Somos Defensores. La decisión evitaría esta fase de verificación y se basaría en una sola fuente que podría iniciar la metodología restringiendo la definición de líder social o defensor de derechos humanos: la Fiscalía.
Tras la reunión, Barbosa indicó que lo “mejor que puede ocurrir es que haya certeza en las estadísticas porque la certeza en estadística nos da además un grado de respetabilidad en el manejo que podamos tener de estos asuntos”. De nuevo, no es claro qué quiere decir con “respetabilidad” o la “respetabilidad” de quién, pero sí es claro que su lenguaje es el mismo del Gobierno. Barbosa también se jactó con cifras de esclarecimiento. Por ejemplo, en “homicidios colectivos” (como llamó a las masacres) pasamos del 31% de “esclarecimiento” al 72%”. No mencionó nada con respecto al efecto de dichos esclarecimientos en el aumento de masacres en 2021; pero sí resaltó con vehemencia que “la Fiscalía general de la Nación es la única entidad en Colombia que, en tiempo real, puede poner sus investigadores, y sus peritos, y Medicina Legal en el terreno para determinar, bajo la luz investigativa y bajo el amparo del código penal y el código de procedimiento penal, sin especulaciones, quién es…[pausa dubitativa] y cuáles fueron las consideraciones de un determinado homicidio en este país”.
La unificación de metodologías, cifras y lenguajes, “sin especulaciones”, también fue celebrada por Cabello: “La unificación de la información da tranquilidad y legitimidad institucional”, sostuvo. A su turno, Camargo dijo: “Ratificamos, como institución, nuestro compromiso para lograr la unificación de la metodología en busca del reporte de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos”. En otras palabras, en busca de un mejor reporte sobre asesinatos, que dé legitimidad al Gobierno, todos nos unimos.
Los números adversos son considerados como la verdadera amenaza a la imagen del Gobierno, no la crisis humanitaria
Finalmente, la cumbre refleja el creciente parroquialismo defensivo en las relaciones internacionales y hacia organismos multilaterales que el Gobierno está adoptando. Es un mensaje claro de rechazo a la ONU y sus reportes sobre derechos humanos en el país. Los números adversos son considerados como la verdadera amenaza a la imagen del Gobierno, no la crisis humanitaria ni de representación democrática que supone la imposibilidad de garantizar la vida e integridad de líderes y firmantes del Acuerdo final de paz.
El problema son los números, no los asesinados, ni el análisis de las condiciones que llevan a la victimización del liderazgo social. Cambiar la metodología para que se reflejen menos muertos es, para este gobierno, la solución.
