Frente a cualquier emergencia, uno de los elementos que ayudan a mitigar los efectos de la crisis es el compromiso y capacidad de reacción que exhiben los responsables. Si ninguno de estos elementos aparece de manera proactiva, clara y rápida, entonces un accidente se convierte derechamente en un dolo inaceptable.

Esto es lo que ha sucedido con Ecopetrol en Barrancabermeja. Frente al derrame de petróleo, una situación de emergencia que exigía una reacción pronta y eficiente, lo que ha quedado en evidencia es una actitud lenta e incompetente. Ya ha pasado más de un mes y pareciera que hay una actitud casi indolente ante el tamaño de la tragedia medioambiental que han generado.

Sumado a toda esta cadena de errores y horrores, lo que ha quedado en evidencia es la escasa capacidad de la empresa para poner en marcha planes de contingencia que ayuden a mitigar las severas consecuencias que puede generar su actividad. En realidad, estos planes no son más que una serie de papeles que parecen haber sido disfrazados de protocolos, pero que en la práctica apenas han servido para contener de manera torpe la emergencia en Santander.

Para que quede claro: la dedicación y empeño que Ecopetrol pone en su producción no tiene relación alguna con su incapacidad para responder a una crisis.

Las señales en toda esta situación han sido tristes, preocupantes e indignantes. Que el presidente de Ecopetrol haya viajado a la zona del desastre varios días después de producirse la emergencia solo revela falta de empatía con la zona y comunidades afectadas.

Frente a la incapacidad del causante de la crisis en Barrancabermeja, lo que corresponde es que sea la autoridad  ambiental la que asuma un rol activo y de liderazgo. Pero tampoco fueron los entes públicos quienes tomaron el mando de la situacion a tiempo.

No es novedad esta miopía del mundo político y gubernamental. Lo hemos visto con la triste realidad del asbesto en Colombia, donde una sustancia que mata a cientos de colombianos cada año, se sigue produciendo y comercializando sin inconveniente. ¿O alguien puede explicar al país cómo es que siete intentos legislativos por prohibir la tóxica sustancia han fracasado hasta ahora?

En medio de las elecciones presidenciales, este es un momento clave para que los entes públicos, Congreso y Gobierno, se pongan los pantalones. En el caso de Barrancabermeja parece evidente que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Ministerio de Medio Ambiente enfrentan una prueba de confianza pública. En sus manos está salir fortalecidos o debilitados ante la opinión pública. ¿O acaso los responsables sólo recibirán un simple regaño o apenas un tirón de orejas?

En entredicho, además, queda el futuro del llamado fracking como sistema de extracción, y que no es otra cosa que quebrar la tierra para obtener hidrocarburos. El sistema es altamente polémico en el mundo por las comprobadas incidencias que puede tener en la contaminación de aguas subterráneas, en la generación de microsismos y hasta en la incidencia en tumores y enfermedades neurológicas.

Greenpeace, como organización política y económicamente independiente, no descansará en su empeño por proteger el invaluable patrimonio medioambiental de Colombia y denunciar a quien sea.

*Silvia Gómez es antropóloga de la Universidad de los Andes y Maestra en Ciencias Holísticas de Schumacher College (Centro Internacional de Estudios Ecológicos para el desarrollo), afiliado a la Universidad de Plymouth, Devon, Inglaterra. Lleva más de 15 años trabajando en temas socio-ambientales desde diferentes sectores y actualmente es la Coordinadora Local de Greenpeace Colombia.

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