Por lo menos 112 cuerpos en el cementerio de Cocorná, en el Oriente Antioqueño, están marcados con las letras P.N.I. (persona no identificada), y 13 de ellos tienen la etiqueta “FARC”. A una hora de allí, en el camposanto del municipio de San Luis, hay registros de otros 85 cuerpos con las mismas siglas, o con las letras N.N. (ningún nombre). 

Otros cementerios de municipios de la zona, como Granada y San Carlos, se acostumbraron a las tumbas sin dolientes. La historia de un número indeterminado de esos cuerpos que reposan en las bóvedas es solo una pieza más del rompecabezas judicial que, poco a poco, va construyendo la verdadera dimensión del horror: el Oriente Antioqueño es, según las cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la zona con más víctimas de los llamados ‘falsos positivos’, y su principal responsable es el Batallón Jorge Eduardo Sánchez (BAJES), de la IV Brigada, ubicado en Medellín.

Entrada del cementerio de Cocorná, Antioquia, en el que reposan los cuerpos de más de 100 personas no identificadas. Fotografía: Juan Carlos Contreras Medina.

Los casos reportados por la JEP, sumados a investigaciones de la organización forense Équitas y la Corporación Jurídica Libertad, más los testimonios de militares ante el tribunal especial, indican que un porcentaje aún desconocido de los cuerpos en los cementerios del Oriente Antioqueño corresponden a ‘falsos positivos’. 

Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio hablaron con familiares de las víctimas, sepultureros, organizaciones sociales, abogados, magistrados de la JEP y con un militar que admite haber sido testigo de estos crímenes. Los análisis de las cifras y los testimonios apuntan a que lo ocurrido en varios municipios del Oriente Antioqueño sea similar, o incluso de mayores proporciones, a lo mostrado por la JEP en el municipio de Dabeiba. Allí, la entidad encontró en el cementerio 49 cuerpos, 17 sin identificar, de personas asesinadas por militares para hacerlas pasar por guerrilleros. El tribunal expuso patrones relacionados a la sistematicidad de estos crímenes.

La magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Catalina Díaz, durante una audiencia de observaciones de víctimas realizada en Granada, Antioquia, a finales de mayo de 2023, explicó que entre 2002 y 2008, 501 de los 1.611 casos que ha documentado la JEP en este universo de hechos en Antioquia tuvieron lugar en la región del Oriente.  Si esta zona fuese un departamento, sería el segundo en todo el país, pues la cabeza de la lista es precisamente Antioquia. 

Meta, el siguiente con más víctimas, tiene 394 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate; 109 casos menos que los presentados en el Oriente.  “Durante 2002, 2003 y 2004, el Oriente Antioqueño concentró el mayor número de hechos en el departamento de Antioquia. El 46,86 % de las víctimas pertenecía a esta región. Por lo que puede decirse que casi la mitad de los hechos registrados en el departamento durante este periodo ocurrieron en el Oriente”, explicó Díaz durante la audiencia.  

Según la JEP, en el contexto del Caso 03 sobre asesinatos y desapariciones presentados como bajas en combate por parte de agentes del Estado, el BAJES fue uno de los batallones con más casos en todo el país. Según el Auto 033 de 2021 de la JEP, entre 2002 y 2008, este batallón registró al menos 306 víctimas. De acuerdo con una infografía del tribunal, la IV Brigada, a la cual pertenece el BAJES, “podría ser la responsable del 73 % de las muertes identificadas en el departamento entre 2000 y 2013”. 

Una máquina de producir ‘bajas’ 

El 2 de julio de 2004, en el municipio de San Luis, Antioquia, miembros de la IV Brigada del Ejército reportaron seis bajas y los identificaron como integrantes de las FARC. Uno de esos muertos era Elkin Guarín, un joven campesino del pueblo. Otros presentados como ‘bajas’ también eran muchachos que San Luis había visto crecer.  

Nelson Duque, un líder de víctimas del municipio, recordó que al conocerse la noticia, varias personas del pueblo acompañaron a los familiares a reclamar ante las autoridades. “Elkin era un muchacho reconocido aquí, todos sabíamos que no era guerrillero. Era claro que los estaban acusando de algo que no eran”, contó Duque.

Entre 2002 y 2004, las principales víctimas de ‘falsos positivos’ fueron en su mayoría campesinos de la región, explicó a esta alianza periodística la magistrada Díaz. Y agregó que en los años posteriores, 2005 y 2006, ante las denuncias de las comunidades que reclamaban por los asesinatos de jóvenes sin vínculos con las guerrillas, los militares cambiaron la estrategia para presentar bajas en combates. Entonces, los campesinos dejaron de ser el principal objetivo de las ejecuciones.

Tumbas del cementerio de San Luis, Antioquia, marcadas con la sigla N. N. (Ningún nombre). Fotografía de Bertha Olivia García.

En Antioquia, 2004 fue el año de mayor victimización de personas presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado: se registraron 311 hechos. Según el Auto 033 de 2021 de la JEP, ese año la IV Brigada tuvo su pico de víctimas de ‘falsos positivos’ con 257, de las cuales 87 fueron del BAJES. Así se muestra en este gráfico.

Tabla de víctimas de ‘falsos positivos’ por unidad militar de la IV Brigada del Ejército. Fuente: Auto 033 de 2021 de la JEP con datos entregados por la Fiscalía General de la Nación, la plataforma de organizaciones de derechos humanos Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Cuando llegó al Oriente Antioqueño en 2005, Carlos*, militar activo y testigo de los crímenes cometidos por miembros del BAJES, se impresionó con el número de muertos en combate que reportaba ese batallón. “Yo venía de una zona en el sur del país, de un batallón de contraguerrillas. Al llegar, me imaginaba que por la cantidad de bajas que reportaban debían tener combate todos los días”, contó el militar que pidió no revelar su identidad. 

Sergio Arboleda, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de los derechos humanos, señaló que hay fuertes indicios de que un alto porcentaje de las bajas reportadas por el batallón en 2003 y 2004, en realidad eran ‘falsos positivos’. “Según un informe de inteligencia, el BAJES reporta 97 personas abatidas en combate en 2004, pero por lo que han dicho varios comparecientes en la JEP es probable que todas fueron ejecuciones extrajudiciales”, explicó el abogado. 

Cementerio de Cocorná, municipio del Oriente de Antioquia en el que, según la JEP, ocurrieron 55 asesinatos de civiles a manos de militares entre 2002 y 2003. Fotografía: Juan Carlos Contreras Medina.

Arboleda agregó que esa cifra del BAJES le recuerda una frase del sargento Jaime Coral, que ha confesado su responsabilidad en los crímenes de Dabeiba. “En una versión voluntaria, me dijo: ‘Pero para qué voy a arriesgar mi vida buscando combatir a las FARC sabiendo que yo tenía a campesinos y campesinas que podría presentar como resultados operacionales”, contó el jurista.

Carlos contó que durante su periodo en el BAJES no tardó en percatarse del actuar de los pelotones que presentaban tantas bajas. “Yo venía de tener combates verdaderos con enemigo real y traía otra percepción. Entonces se me hacía raro porque el pelotón supuestamente debe estarse moviendo, pero ellos se quedaban quietos en un sitio aledaño a los pueblos y como escondidos. Luego vi que empezaban a llegar con gente y les daban armas”, dijo. 

Esas personas que el militar vio que estaban con el pelotón en una supuesta operación militar terminaron asesinadas. “Yo escuché unos tiros que ellos reportaron como combate. Sacaron a tres personas. A ellos los envolvieron en plástico y los sacaron al pueblo, al cementerio de San Luis. Allá los hicieron pasar como bandidos, del noveno frente de las FARC”, contó Carlos, y agregó que sus compañeros dejaron los cuerpos sin identificación.

Esto corresponde con el patrón de los ‘falsos positivos’, ampliamente investigado por la JEP. La magistrada Díaz explicó que “el perfil típico que buscaban eran personas en condiciones de vulnerabilidad económica, social, habitantes de calle, personas con consumo problemático de drogas, en condiciones de discapacidad, porque presumían que sus familiares no los iban a buscar”, dijo. 

Así lo confirmó Carlos. Esa misma noche de agosto de 2005, cuando se negó a participar de las prácticas de sus compañeros, mientras patrullaba por la vereda Los Brasiles del municipio de San Luis, logró hablar con uno de los recién llegados. “Él me contó que su familia vivía en San Javier, en Medellín. Tenía una máquina de laminar documentos y trabajaba en una notaría, pero se dejó ganar del vicio, entonces se fue a las calles. Su familia a veces lo buscaba, lo rescataba, pero él entraba en sus necesidades de vicio y se iba otra vez para la calle”, dijo. 

Cuando Carlos le preguntó al joven, que según el militar aparentaba unos 35 años, en qué circunstancias había llegado hasta esa vereda, le contó que lo habían abordado en el centro de Medellín, le dijeron que iba a ir a trabajar a una finca maderera. “Él estaba muy motivado; decía que cuando comenzara a recibir dinero iba a ahorrar para comprarse otra máquina para laminar documentos, sin saber que al otro día ya lo iban a matar”, dijo. Carlos señaló que luego del asesinato, sus compañeros militares presentaron a esta víctimas y a otras dos más como guerrilleros no identificados de las FARC y los dejaron en el cementerio de San Luis.

La JEP ha podido identificar que las personas en situación de vulnerabilidad eran los perfiles principales que los militares buscaban para presentar como bajas. “Hemos encontrado dos modalidades del patrón en función de la selección de las víctimas: campesinos de los territorios donde está el batallón que son estigmatizados y señalados como guerrilleros; cuando estos asesinatos empiezan a generar reacción de la comunidad, la modalidad cambia y empiezan a traer personas de otros lugares”, explicó Díaz. 

Omaira Estella Montoya es una lideresa social de Medellín que fue habitante de calle en esa ciudad por cerca de 35 años, y ha participado en varios eventos de la JEP en representación de la población vulnerable víctima de los militares. Montoya contó que fue testigo de los ofrecimientos que le hacían a los consumidores de droga cerca de la plaza de mercado La Mayorista. Después desaparecían.

La mujer recordó que a mediados de 2004, cuando pasaba sus días cerca de la plaza de mercado, un compañero le contó que un hombre les había ofrecido trabajo en una finca y que pasarían al otro día a recogerlos. “Era una buena oportunidad para conseguir plata. Quedamos en que no íbamos a consumir ese día y nos íbamos a poner limpios, pero cuando llegó el camión, yo me vi tan débil, que dije: ‘Yo no soy capaz de trabajar’. Y no me subí. Los compañeros que se fueron, nunca los volví a ver”, contó Montoya.

La representante de víctimas señaló que es muy difícil identificar a los consumidores de droga que desaparecieron, ya que ni siquiera sus compañeros sabían sus nombres. “Uno solo conocía el apodo. El asunto también es que la familia no sabe qué pasó con uno porque a veces lo buscan, lo encuentran y comienzan con la cantaleta, así que uno vuelve y se va. Por eso es difícil que los familiares relacionen la falta de uno con esta violencia”, explicó la lideresa.

Carlos contó que ese modus operandi era un entramado que no dejaba detalles al azar. El militar explicó que sus compañeros compraban armas hechizas o revólveres viejos, se las daban a las víctimas y les decían que iban a cuidar una finca. “Los ponían a manipularlas para que quedaran las huellas, les decían que las probaran para ver si servían, para que les apareciera pólvora en la mano. Esto les ayudaba a simular el combate y los mataban”, relató. 

Un documento de inteligencia militar del BAJES describe las bajas conseguidas entre enero y septiembre de 2004, junto al armamento y el material confiscado. En 23 supuestos combates, las armas fueron revólveres o armas hechizas como ‘changones’, tipo escopeta recortada.

El militar señaló que les hacían un desayuno diferente a las víctimas. “La tropa está acostumbrada a comer arepa, pero a ellos les hacían calentado o algo diferente para que en el momento de la autopsia no apareciera lo mismo de los soldados”, explicó. 

También contó que en ese tiempo, debido a la presencia de guerrillas en la zona, para los inspectores de Policía encargados de hacer los levantamientos de los cuerpos, era peligroso trasladarse a las veredas donde se reportaban estas bajas. “Los llevaban al pueblo porque ya sabían que el procedimiento era fácil, solamente era llevarlos a los cementerios y allá los inspectores hacían los procedimientos con lo que les contaran los militares. Eso se presentó mucho en Cocorná, en Granada, en San Carlos, en San Luis”, agregó. 

El abogado Arboleda aseguró que estas prácticas se repitieron en varias zonas del país, lo que representa un indicio de la sistematicidad. “Según los comandantes, los soldados rasos se pusieron de acuerdo a nivel nacional, sin contar con ellos para desarrollar esta lógica ilegal y criminal. Eso es insostenible”, consideró.

Según documentó el centro forense independiente Equitas en la “Investigación forense de 578 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones en Colombia”, la subregión del Oriente, en Antioquia, concentra el mayor número de estos registros, particularmente los municipios de Cocorná, Granada y San Carlos. El informe, que recogió datos de 1991 a 2015, explica también la tendencia con respecto al traslado de las víctimas: “36 personas fueron reportadas como muertas en combate en municipios diferentes al de procedencia, aunque del mismo departamento. En particular se puede evidenciar el traslado de personas desde la ciudad de Medellín hacia otros municipios de Antioquia”, señala el documento. 

Bóvedas del cementerio de Cocorná, marcadas con la sigla FARC. Fotografía:Juan Carlos Contreras Medina.

Carlos también contó que los pelotones solían negociar con el dinero de las recompensas que el Ejército ofrecía a quienes dieran información que pudiera contribuir con las operaciones militares. “En un pueblo había una señora que supuestamente era desmovilizada de los ‘paracos’ y se hacía pasar como informante. Ella iba a Medellín, cobraba la recompensa y con esa plata, ellos (los del pelotón) le daban una parte a ella y se quedaban con la otra, para comprar las armas que les daban a las víctimas”, narró el militar. 

Estar apartado de estas prácticas, según cuenta el mismo Carlos, le valió amenazas. “Yo vivía con zozobra. Cuando salía de permiso me tocaba esconderme como los bandidos porque me daba miedo que me mataran. Había soldados que les daban permiso e iban y a los dos días decían que ‘fulanito’ amaneció muerto, que por robarlo, pero uno sabía cómo era todo”, contó el militar. 

Carlos dijo que sintió la necesidad de buscar apoyo y contarle a alguien. “Con el tiempo me trasladaron y ya en otro pueblo, me acerqué a una iglesia y le comenté al padre. Yo lo que trataba de hacer era que interviniera ante alguna entidad, pero me dijo: ‘Pues esas cosas se ven mucho hoy en día’, o sea, se le hizo algo normal. Me mandó a rezar unos padrenuestros y no pasó nada”, dijo.  

El militar señaló que desde que llegó al BAJES, en 2005, hasta el momento de su traslado, en 2006, siempre sintió un afán por presentar bajas, que comenzaba en los mandos altos. “Los generales de la Brigada presionaban a los comandantes de batallón y los comandantes de batallón a los comandantes de compañía, porque ellos pensaban que con tener bastante resultados ellos ya iban a ser generales y ellos no esperaron de que se les fuera a crecer el enano”, explicó Carlos. 

La JEP está próxima a publicar el Auto de Determinación de Hechos y Conductas en el Caso 03 con respecto a la región de Antioquia. En ese documento la sala a cargo expondrá cuáles fueron los hechos que priorizó (fechas, posibles víctimas y lugares en los que ocurrieron dichas situaciones) y las conductas, la tipificación jurídica de los delitos identificados y quiénes son los máximos responsables.  

Solo hasta ese momento se harán públicas las versiones de los militares que se acogieron a esta justicia y aportaron la verdad. Lo que se sabe hasta el momento es que dos comandantes de la IV Brigada, que luego llegaron a ser comandantes del Ejército –los generales Mario Montoya (2001 – 2003) y Óscar Enrique González Peña (2003 – 2005)– están dentro del proceso en la JEP. El primero se presentó voluntariamente y el segundo fue llamado como ‘compareciente forzoso’.

También está en el proceso judicial Juan Carlos Barrera Jurado, comandante del BAJES entre 2003 y 2004, que llegó a ser el comandante de la Brigada XIV en 2007, también señalado por ‘falsos positivos’ y que se presentó a la JEP. Barrera Jurado fue retirado del Ejército en 2008 en el remezón de la cúpula militar por este escándalo, aunque, según su propia hoja de vida, desde 2009 es docente en el Centro de Educación Militar y Escuela de las Armas y Servicios, un centro de formación del Ejército; y desde 2016 es asesor de la Dirección de Modernización del Comando de Transformación Ejército del Futuro (COTEF), una entidad creada ese mismo año para definir las acciones que debe tomar el Ejército, de acuerdo a los cambios de doctrina que ha se han dictado durante la última década.

Aunque las declaraciones de los militares en la JEP no han sido públicas aún en este caso, el abogado Arboleda señaló que Barrera Jurado y otros oficiales han insistido en que no sabían que sus subalternos cometían los crímenes. “Dicen que fueron engañados en su buena fe, pero esto es insostenible con todas las evidencias que han venido saliendo”, explicó el abogado.

Otros militares que están vinculados al proceso en la JEP son los mayores Juan Carlos Quiroz Osorio y Miguel Eduardo David Bastidas, quienes tuvieron el cargo de segundo comandante del BAJES. 

Desaparecer a los desaparecidos

La última vez que Lucero Carmona escuchó la voz de su único hijo, Ómar Leonardo Triana Carmona, fue el 14 de agosto de 2007 a las 4:30 de la tarde. Le dijo que quería regresar a casa con ella. Él era artesano y se había trasladado de Bogotá a Medellín para buscar oportunidades, pero el dinero le empezó a faltar y en esa última llamada acordaron que ella le enviaría dinero a finales de mes para que Ómar Leonardo volviera a Bogotá el 1 de septiembre. “Me quedé esperando porque nunca me volvió a llamar”, recordó Lucero. 

Omar Leonardo Triana Carmona, asesinado por militares de la IV Brigada en 2007. Fotografía del archivo particular de Lucero Carmona.

Desde entonces, la mujer emprendió la búsqueda de su hijo. Llegó a Medellín y fue hasta la Universidad de Antioquia, en donde solía pasar tiempo su hijo, y allí le contaron que había tenido problemas con unos soldados y lo habían golpeado. El 6 de junio de 2011 se enteró de la muerte. “Fui a la Registraduría para confirmar si había algún certificado de defunción y allí me dieron esa noticia tan fea de que mi hijo había sido asesinado en combate”, recordó Lucero. 

La versión que le dieron fue que el 15 de agosto de 2007, en la vereda Monteloro, en Barbosa, Antioquia, muy cerca de Medellín, militares del Batallón Pedro Nel Ospina, de la IV Brigada, escucharon ruidos detrás de un árbol y dispararon. Ahí cayó Ómar Leonardo. Lo que pudo averiguar Lucero fue que unos militares le ofrecieron pintar unas puertas y se lo llevaron. “A su cuerpo lo encontraron con un arma y balas, pero en sus manos no había rastro de pólvora”, contó la mujer. 

Lucero se dedicó a buscar a su hijo hasta que lo halló en el cementerio de Barbosa. “No encontré su nombre; el sepulturero sacó un libro y no estaba registrado, pero había una bóveda con un signo de interrogación. No sabíamos cuántas personas había ahí, pero cuando se hizo la exhumación, la sorpresa fue que mi hijo estaba en esa bóveda marcado con un N.N.”, contó Lucero. El 9 de noviembre de 2011, la mujer recibió los restos de su hijo después de poner una denuncia por desaparición y gracias a la orden de una jueza que pidió identificar y entregar los restos. 

Este caso muestra otro patrón que ha encontrado la JEP en los crímenes de Estado, que vincula los homicidios con la desaparición forzada. Para ocultar la verdad, los militares transportaron a las víctimas del lugar dónde vivían o trabajaban, para llevarlos al sitio donde fingían el combate. Luego los movían a un cementerio donde eran inhumados sin información sobre su identidad, o con las siglas de las FARC en sus lápidas.

Varios cementerios de Antioquia alojan esas tumbas, en especial los de Cocorná, San Luis, San Carlos y Granada, donde estarían los cuerpos de víctimas del BAJES. Aunque la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la JEP tienen información clara sobre estos cementerios, Orlando Arias, sepulturero de Cocorná desde hace 13 años, cuenta que cuando comenzó su trabajo había varias tumbas marcadas con esas siglas, y que ha hecho todo lo posible por mantenerlas igual desde entonces. “Uno no sabe de dónde sean todas estas personas. En ese tiempo se sabía que los militares traían a gente que decía que era guerrillera, aunque también las FARC venían a dejar los cuerpos de sus compañeros muertos en la noche”, señaló Arias.

La ONG Equitas, el único equipo forense independiente del país, publicó en 2022 el análisis de 578 casos de estas presuntas ejecuciones y desapariciones en varias regiones de Colombia. El informe, construido en colaboración de organizaciones representantes de víctimas de estos hechos, recolectó necropsias encontró estos casos a partir de la búsqueda de registros de las necropsias, inspecciones de los cuerpos o cualquier otro documento relacionado con el reporte de bajas en combate. “Es posible observar que en la región de Antioquia los registros se concentran en la subregión del Oriente Antioqueño, en especial en los municipios de Cocorná, Granada y San Luis”, dice el documento.

Eileen Buitrago, del Área de Asesoría Técnico Forense de Equitas, dijo que se puede reconstruir los desplazamientos que tuvieron las víctimas se puede analizar y ver los patrones de ocurrencia de los hechos. Particularmente en Antioquia, explicó, los militares no llevaron a personas de otros lugares del país, sino que recurrieron a otros municipios del mismo departamento.

La investigadora señaló que para hacer una reconstrucción de lo que pasó, en la investigación identificaron cinco espacios claves: el lugar de la muerte, el de la inspección del cuerpo, el lugar de la necropsia, de la inhumación y de la exhumación. “Lo que pudimos observar es que en varios casos hay una doble desaparición: la persona es retenida y llevada a otro lugar donde la familia no tiene información. Y, la segunda, que ocurre en el mismo cementerio, donde, en muchos casos, no hay este registro y trazabilidad”, explicó Buitrago.

En los casos de Cocorná, San Luis y Granada, Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio constataron varias circunstancias que representan un reto para la búsqueda e identificación de los desaparecidos. En Cocorná, el sepulturero señaló que existen bóvedas con partes de cuerpos diferentes. Y en 2022, ante la escasez de espacio en el cementerio, tuvo que trasladar restos y juntarlos, aunque en bolsas separadas, en una sola bóveda.

Bóveda del cementerio de Cocorná en el que reposan los restos de 14 personas, incluída una persona registrada como PNI y otra como ‘FAR’. Fotografía: Juan Carlos Contreras Medina.

En San Luis, aunque existen registros de 85 personas no identificadas en los archivos de la iglesia, solo se han podido ubicar a 41 dentro del cementerio. En Granada, el sepulturero dijo que el número total de personas no identificadas estaba en un cuaderno extraviado.

La UBPD explicó que dentro del Plan Regional de Búsqueda del Oriente Antioqueño, la entidad tiene como una de sus líneas de investigación la de homicidios de personas presentadas como bajas en combate que derivaron en desapariciones. 

La entidad señaló que ha realizado intervenciones en tres municipios del Oriente Antioqueño, aunque se limitó a confirmar que uno de los tres es el de Granada. Agregó que ha hecho levantamiento de información en otros cementerios de la zona, incluidos los de San Luis y Cocorná. 

La UBPD señaló que en en el caso de Cocorná, “para garantizar la adecuada custodia de los CINR –Cuerpos Identificados No Reclamados– (algunos de los cuales fueron sometidos a la práctica de la desaparición), mantiene un diálogo permanente con el administrador del cementerio a fin de no adelantar más traslados sin que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de cada caso”. La entidad agregó que para 2023, tiene como prioridad la intervención de este cementerio. (Ver respuesta completa de la UBPD).

Hasta la fecha, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP ha ordenado medidas cautelares en varios cementerios de Antioquia, pero hasta ahora en ninguno del Oriente. El magistrado de esa sección, Gustavo Salazar, dijo que el tribunal tiene conocimiento de que esa región está “llena de esos casos”, pero que hasta ahora no han recibido ninguna solicitud en ese sentido desde la sección que lleva el Caso 03. “Estamos desbordados con 40 trámites de este tipo”, explicó Salazar.

Mientras la JEP avanza en las investigaciones, los familiares de las víctimas siguen exigiendo verdad, justicia y reparación. Continúan a la espera de las decisiones del tribunal sobre los militares del BAJES y del resto de unidades militares de la Brigada IV, que por la magnitud de los hallazgos, se convirtieron en referentes del horror relacionado a estos crímenes. 

En el caso de los habitantes de calle, vendedores ambulantes y otras personas vulnerables que fueron asesinadas y desaparecidas, el reto del Estado es mayor: encontrar a sus familias e identificar los cuerpos en medio de las difíciles condiciones de los cementerios, donde algunos sepultureros, como el de Cocorná, han reclamado que se quedan sin espacio y deben mover los cuerpos sin un registro claro sobre los desaparecidos, como en los casos de San Luis y Granada.

*El nombre fue cambiado para proteger la identidad de la fuente por razones de seguridad.