El presidente Iván Duque tomó una decisión que se sabía: objetó unos artículos de la Ley Estatutaria de la Jep tal cual habían anunciado la semana anterior el ex presidente Álvaro Uribe y el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Ahora hay un debate de qué tanto de ‘inconvenientes’ tienen esas objeciones o si son en realidad reparos a la decisión de la Corte Constitucional que ya las había declarado constitucionales. Aunque todavía falta mucho camino para saber cuáles de esas propuestas va a respaldar el Congreso, el debate político nacional está encendido por cuenta de sus implicaciones. No sólo de esas objeciones sino también del anuncio que dio Duque de que además, va a radicar una reforma constitucional para realizar los cambios que han venido exigiendo, una vez más, el uribismo y el Fiscal.
La distinción entre los dos anuncios es importante. En derecho, las cosas se deshacen como se hacen. Por eso, y dado que la Corte ya dijo que la mayoría de cambios que propone Duque son constitucionales, el camino para poder hacerlos es cambiar la Constitución.
Hablamos con expertos para entender cuáles son las posibles implicaciones o las puertas que se abren si algunas objeciones de Duque y sus propuestas de reforma constitucional son aprobadas. Sus respuestas no son alentadoras.
1. Las Farc tendrían que reparar a las víctimas con sus propios recursos, mientras que los militares no.
La primera objeción del Presidente se refiere al artículo de la Ley Estatutaria de la JEP que define que el centro del Acuerdo de paz con las Farc es la reparación integral a las víctimas. La objeción del Presidente dice que este artículo “no define de manera clara” que esa reparación es una obligación principal de los victimarios. “Los colombianos debemos tener clara la importancia de precisar que los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas”, dijo Duque. A pesar de que habló de ‘victimarios’, en general, este artículo es un golpe directo a las Farc.
Hoy, la Farc tiene la obligación de reparar a sus víctimas de manera colectiva y no individual. Es decir, no cada uno como persona sino todos como organización. Para eso, en 2017, entregaron una lista de bienes que fue el primer paso para llenar el fondo para reparar a las víctimas.
La objeción de Duque puede abrir la puerta para que las Farc sí tengan que reparar de manera individual, y si no lo hacen, podrían perder los beneficios de la Justicia Especial para la Paz. El lío es que la medida podría terminar afectando a las Farc y no al resto de victimarios como por ejemplo a los militares que cometieron falsos positivos. Esto porque, como asegura Juan Carlos Ospina, abogado e investigador de la Comisión Colombiana de Juristas, en el acto legislativo que creó la JEP (y que es superior en jerarquía a la ley estatutaria que está objetando el presidente) hay un artículo que dice explícitamente que los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos relacionados con el conflicto no tendrán que reparar monetariamente a sus víctimas.
Como está, la objeción de Duque a este artículo parece corresponder a las críticas que encabezó el Fiscal Néstor Humberto Martínez en el 2017 cuando denunció que entre los bienes y activos reportados por las Farc había desde escobas hasta fincas identificadas solo por el nombre lo que dificulta su ubicación. Además, el Fiscal señaló que un decreto que firmó el gobierno Santos por fast track permitía que los bienes y el patrimonio de las Farc se usara para dos cosas: uno, reparar a las víctimas y dos, a financiar, en parte, la creación del centro de pensamiento del partido político de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), y para hacer seguimiento de los programas de reintegración de los desmovilizados, contemplados en los acuerdos de paz. Eso, en palabras del Fiscal, significaba que las Farc podían usar esa plata para su propio beneficio y no para las víctimas. La Corte finalmente avaló ese decreto pero dijo que esos bienes sólo podrían ser destinados para reparar a las víctimas.
A pesar de las críticas, las cifras demuestran que hasta ahora las Farc han reportado bienes y activos por mucho más valor que lo que hicieron los paramilitares que se sometieron a la ley de Justicia y Paz. Según el texto de la objeción de Duque, hasta la fecha, las Farc han reportado activos avaluados en casi 1 billón de pesos de los cuales, la Sociedad de Activos Especiales, SAE, ya ha apropiado casi 25 mil millones de pesos.
En cambio, en el último informe del Fondo para la reparación de las Víctimas de la Unidad de Víctimas publicado en septiembre de 2016, reporta que el Estado había pagado reparaciones a las víctimas de los paramilitares unos 80 mil millones de pesos, de los cuales sólo el 6.4 por ciento fue pagado con plata de los paramilitares (unos 5.100 millones de pesos). Dice, también, que para esa fecha, los paramilitares habían entregado bienes y activos avaluados en 303 mil millones de pesos: una tercera parte de los que reportó las Farc.
Hoy las Farc creen que tienen unas garantías: la única que los puede expulsar es la JEP. Pero si se aprueba esta objeción, el Gobierno puede sacar o meter personas a discrecionalidad.
2. El Alto Comisionado podría quedar con el poder para decidir quién entra y quién sale de la JEP
La segunda objeción del presidente Duque tiene que ver con un punto que hasta ahora no había generado mayor debate en la opinión pública: quién tiene el control sobre las listas de los exguerrilleros que se acogieron a la JEP y que representan el universo de los que serán sometidos a la reincorporación y a la justicia.
Esas listas las hizo las Farc y fueron verificadas por el entonces Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, que encontró personas, sobre todo narcos, que se querían colar y por lo tanto, terminaron fuera de la lista. Luego, las cerraron tal como había sido pactado en La Habana. Los que quedaron son los que tienen derecho a acogerse a la JEP y recibir sus beneficios, como penas alternativas si cuentan toda la verdad o la garantía de la no extradición.
La idea de cerrar las listas es clave: significa que la presencia de exguerrilleros en esa lista “no depende del ir y venir político de los funcionarios del Gobierno”, explica Juan Carlos Ospina, abogado de la CCJ. Por eso, preocupa el alcance que podría tener la objeción de Duque en este punto: abriría la posibilidad de que la verificación a esas listas por parte del Alto Comisionado para la Paz, se hiciera “sin límites”.
El problema es sobre todo uno de inseguridad jurídica para las Farc: “Hoy, ellos creen que tienen unas garantías: la única que los puede expulsar es la Jurisdicción Especial de Paz”, dice Ospina. Pero si se aprueba esta objeción, el Alto Comisionado Para la Paz, escogido por el presidente, puede sacar o meter personas en esas listas a discrecionalidad.
“La tarea de verificar las personas que participen de un proceso de paz debe ser competencia del Alto Comisionado de Paz como representante del Presidente de la República”, dijo el Presidente en su alocución. Y añadió un vainazo a la JEP: “No es conveniente debilitar una atribución que por años ha tenido el Alto Comisionado para la Paz para evitar que los delincuentes se oculten y ganen beneficios e impunidad”.
3. A pesar del populismo, los delitos sexuales pueden seguir impunes
Una de las propuestas del Presidente Duque para la reforma constitucional que presentará el Gobierno es la que tiene que ver con excluir los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la Justicia Especial para la Paz para que queden en manos de la justicia ordinaria, es decir la Fiscalía. Según Duque, “nada, ninguna ideología, justifica la aberrante agresión a los más vulnerables de la sociedad”. Es un caballito de batalla poderoso para impulsar esa reforma, en el que se montó el expresidente Álvaro Uribe desde que empezó a mover el ambiente para que el Presidente objetara partes de la JEP.
Y es obvio: a nadie se le ocurre promover la impunidad en los casos de violencia sexual contra niños. Es un punto que seguramente tendrá mucha acogida en el Congreso que es el que va a evaluar esa reforma. Pero, para Rocío Martínez, experta en delitos sexuales y autora del informe sobre el tema para el Centro Nacional de Memoria Histórica, es una propuesta populista y, en últimas, inocua.
No tiene nada que ver con los niños y las niñas. Es una batalla populista. Si fuera por ellos, la Fiscalía ya hubiera destinado el recurso humano para que estos casos lleguen a sentencia. Pero no es así
“Los índices de impunidad en violencia sexual contra menores de edad son del 95 % incluso en los casos en los que la Corte Constitucional ha pedido especial atención. Pero el problema no es solo la impunidad, el problema es que haya verdad y reconocimiento social en estos casos por parte de los agresores”, dice Martínez.
Explica que a diferencia de casos de homicidios, masacres o secuestros donde los actores armados han pedido perdón público, en los casos de violencia sexual y hasta ahora, ningún actor armado los ha reconocido. El efecto es doble para las víctimas: por un lado, son estigmatizadas por las personas en su entorno que dudan de su versión. Las culpan: les dicen que “por algo sería”, que “se metieron donde no debían” o que “no debieron vestirse así”. Esta estigmatización genera un sentimiento de culpa muy fuerte. “El reconocimiento social de que sí sucedió lo que sucedió es fundamental para que las víctimas mitiguen la culpa y para situar en la memoria del conflicto el lugar que les corresponde a estos delitos”, cuenta.
Por eso, la verdad en este delito es clave. Y si los casos de violencia sexual salen de la JEP, los agresores no tendrán ningún incentivo para reconocer esos delitos.
“Sin JEP”, dice Rocío Martínez, “¿quién va a reconocer estos delitos? Si lo hacen, la justicia ordinaria los puede perseguir. Pero la justicia ordinaria no funciona”.
Para explicarlo se remite a una orden que dio la Corte Constitucional en el año 2008 –hace 11 años– donde le ordenó al Estado y en particular a la Fiscalía priorizar 634 casos de violencia sexual contra mujeres cometidos en el marco del conflicto armado. La orden de la Corte fue que en estos casos el Estado buscara justicia ejemplar y los pusiera, “dentro del más alto nivel de prioridad de la agenda oficial de la nación”.
Sin embargo, el último informe que publicó la Mesa que hace seguimiento a estos casos reveló que a pesar del paso de los años, el nivel de impunidad alcanza el 97 %.
El informe dice: “de los 634 eventos de violencia sexual únicamente se han resuelto con sentencia condenatoria por crímenes sexuales un total de 14 casos (6 contra civiles y 8 contra actores armados), es decir, el 2,2 % de la totalidad”. Eso sin contar que casi la mitad de estos casos hoy no están siendo investigados por la Fiscalía porque ya están archivados o precluidos. Además, la Fiscalía no le remitó información a la Mesa sobre el avance de las investigaciones lo que “hace pensar a la Mesa que la Fiscalía está renunciando en la práctica a su deber de investigar en el 73,2 % de los casos remitidos por la Corte”.
Esto a pesar de que estos casos son una parte muy pequeña de los 15 mil eventos de violencia sexual que registró el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica relacionados con el conflicto armado. Y que incluyen casos de violencia sexual contra menores de edad.
Por eso, para Rocío Martínez, la batalla del Centro Democrático y del uribismo para sacar estos casos de la JEP y devolverlos a la Fiscalía “no tiene nada que ver con los niños y las niñas. Es una batalla populista. Si fuera por ellos, la Fiscalía ya hubiera destinado el recurso humano para que estos casos lleguen a sentencia. Pero no es así”.
[N. de la E. después de publicada esta historia corregimos un error con respecto a la cifra que ha apropiado la Sociedad de Activos Especiales, SAE, de los activos y bienes que las Farc ha reportado. Pedimos excusas a nuestros lectores por ese error].
