“Siempre hemos sido carne de cañón. Nos estamos exponiendo para proteger los parques naturales del país, pero lo hacemos sin las medidas de seguridad necesarias. Estamos cumpliendo la labor que debería ser de la Fuerza pública”, dice Ana*, casi entre susurros. Tiene miedo: sabe que La Macarena es un pueblo muy pequeño y cualquiera la puede estar oyendo. Dice que está tranquila, que ella ya pudo retirarse y que en este momento puede trabajar en algo diferente. Su colega Javier Francisco Parra, uno de los guardaparques de Caño Cristales y con quién Ana compartió por más de 20 años, no contó con la misma fortuna. A él lo asesinaron el 3 de diciembre en el centro del pueblo.
Para Ana*, lo que pasó con Javier es un hecho más que se suma a las amenazas que tienen los guardaparques en todo el país.
“Nosotros debemos enfrentar violencias de distintos tipos, ser los garantes de que los Parques no sean destruidos, y eso debemos hacerlo sin mayores recursos. No es justo”, asegura.
Los riesgos que han tenido que sobrevivir los Guardaparques han llevado a que recientemente hayan propuesto que ellos, y los Parques Naturales, sean reconocidos como víctimas ante la Justicia Especial para la Paz, JEP. Pero tras la salida de Julia Miranda de la dirección de Parques Nacionales por decisión del Gobierno nacional, algunos de quienes velan por el medio ambiente temen que estas decisiones no se concreten y ellos sigan en riesgo.
Cerosetenta habló con la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, un día antes de que se anunciara su salida. Nos dijo que actualmente existen 10 parques en todo el país que no tienen presencia de guardaparques por las amenazas que han recibido: “la situación de los parques y sus funcionarios no es aislada a la situación general de seguridad en el país. En donde haya conflicto, pues nosotros nos veremos afectados, por supuesto”.
Dice que hubo un momento en el que el turismo floreció en múltiples regiones naturales del país y que eso hizo posible explorar nuevas economías que permitieron que muchas familias, se pudieran desligar de la ilegalidad. Pero, ante el deterioro en la seguridad del país, el conflicto ha regresado multiplicado.
Miranda asegura que funcionarios, entre ellos el gobernador del Meta, llevan varios meses denunciando la presencia de grupos armados ilegales, y de terratenientes que usan prácticas ilegales en sus departamentos. Incluso le pidieron ayuda al Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para mitigar el impacto de la violencia en esta zona. Sin embargo, tras hacer consejos de seguridad semanales, no ha sido posible retomar el control de las zonas más remotas.
“Nosotros siempre buscaremos priorizar la vida de nuestros funcionarios. Ante las amenazas no podemos hacer nada distinto a retirarlos tan pronto como sea posible. Ahora, con el esfuerzo que estamos haciendo para ser incluidos dentro de la JEP, lo que esperamos es que se entienda plenamente las dimensiones de lo que los Parques y sus funcionarios han tenido que vivir dentro del conflicto armado. Porque tal vez aún no se entiende que han tenido que ser víctimas directas de cada nuevo actor armado que llega a las zonas a hacer uso indebido de sus suelos”, dijo Miranda a Cerosetenta.
No es que antes no hubiera conflicto. El informe “Áreas Protegidas Amazónicas y sus funcionarios como víctimas del conflicto armado”, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo dice que la concentración de economías ilegales fue, por mucho tiempo, el motivo por el cual los parques fueron territorio en guerra. A esto se sumó que se abrieron vías para transportar los productos que terminaron por deteriorar el ecosistema de estas áreas protegidas. Pero, para el director de esta Fundación, Rodrigo Botero, luego de la firma del Acuerdo de Paz la problemática se modificó, posiblemente para empeorar.
“Muchas de estas áreas se abrieron y, aunque antes el problema era muy serio, y teníamos muchas zonas en las que el acceso no era permitido, luego de los Acuerdos llegaron una serie de terratenientes que empezaron a disputarse la tierra y con ello aumentó el riesgo para los parques”, asegura Botero.
El problema, dice, recae sobre los nuevos usos que se le quiere dar a las áreas protegidas. Y aunque considera que el riesgo está expandido por todo el país, señala que el sur del país, específicamente los departamentos del Caquetá, Amazonas, Guaviare, Meta y Putumayo, tienen los mayores riesgos. Ese es justo el territorio donde trabajaban Ana y Javier.
Las cifras de deforestación lo demuestran. Sólo en los primeros seis meses del 2020 en la región amazónica se deforestaron 76.200 hectáreas de bosque nativo, lo que equivale al 72,5% del total de hectáreas taladas en todo el país. Los incendios y la tala sin control son dos de los factores que han causado mayores daños a la región y, de acuerdo con un informe presentado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo, este fenómeno ocurre principalmente por la ganadería y la agricultura expansivas.
“Esta es una guerra por acaparamiento. Aquí han llegado algunos pocos terratenientes de otras zonas del país que se han apropiado de miles de hectáreas y las han deforestado para hacer, sobre todo, ganadería. Nosotros intentamos hacer frente a esto, pero esa en realidad debería ser una labor de Fuerza Pública y Judicial”, asegura Ana*.
Para ella, la falta de coordinación en las acciones entre los Guardaparques y los demás entes de control no tiene sentido: “nosotros podemos esforzarnos por hacer un cuidado extremo, podemos además llevar a capturas de personas que están haciendo este tipo de talas, pero si los van a soltar en dos, tres días, nuestra labor pierde todo el sentido. Además, ¿cómo es posible que si la Macarena tiene un batallón dentro del pueblo, ellos no se den cuenta de lo que ha estado pasando?”.
Ya lo había dicho Rodrigo Botero en esta nota de Cerosetenta: “en las regiones, la gente sabe perfectamente quienes son los que pagan por tumbar, quienes tienen las grandes fincas, y quienes dominan el negocio de la tierra que se deforesta. En la operación Artemisa (la que persigue este delito en la Fuerza Pública) sin embargo, no se ha capturado un solo gran determinador. Es la evidencia de que el foco de investigación está mal direccionado y aumenta la percepción local de impunidad”.
A esto se suma, según Botero, que ante el incumplimiento de los Acuerdos de paz muchas de las personas que viven en las zonas más apartadas del país retomaron las economías ilegales como la siembra de coca. Él advierte, sin embargo, que el mayor riesgo sigue siendo la ganadería extensiva. Botero ha denunciado que en los últimos cinco años se han derrumbado 300 mil hectáreas alrededor de Chiribiquete y han entrado, al menos, 650 mil nuevas cabezas de ganado.
“La verdad es que esto cansa. No sentimos que realmente se comprenda la importancia de lo que hemos tenido que hacer. Sabemos que sin la presencia nuestra, seguramente la destrucción sería mucho más grave. Pero lo que se debería priorizar son nuestras vidas, y eso no ha ocurrido muchas veces”, asegura Ana*. De hecho, Colombia fue en el 2019 el país con más asesinatos de líderes ambientales en el mundo. Y, a pesar de los ambiciosos anuncios del Gobierno de Iván Duque en materia ambiental que incluyen, por ejemplo, eliminar el 51% de las emisiones de gases efecto invernadero para 2030, poco se ha dicho y hecho para proteger a los guardaparques. El Congreso aún no ha ratificado el Acuerdo de Escazú.
Para Ana* aún es sorprendente pensar en lo que pasó con Javier, quien no había recibido ningún tipo de amenaza: “pero justamente el que no haya sido amenazado es lo que más nos asusta. Ya hemos perdido a varios compañeros, en otros parques también, pero el caso de Javier nos pone en alerta, porque ya no sabemos en qué momento pueden venir por más de nosotros”.
