El 10 de mayo de 2021 se hizo viral en redes sociales un video en el cual Carlos Camargo, defensor del pueblo, da la espalda y abandona un recinto de la Universidad del Valle, en Cali, donde estaban congregados representantes de la minga indígena y de comunidades afro, campesinos, sindicatos y estudiantes que buscaban ser escuchados durante el estallido social que sacudió el país por esos días, y donde decenas de personas fueron asesinadas. 

Camargo se retiró después de varias intervenciones y reclamos por la vulneración de derechos que se estaba viviendo en varias ciudades, e ignoró las palabras de un portavoz indígena: “Si no nos vamos a escuchar es complicado, señor Defensor”, le dijo. Camargo solo se detuvo cuando comenzó el abucheo de los asistentes. “Eso es una grosería”, se escuchó entre el público.

No era la primera vez que Camargo enfurecía a las comunidades que la Defensoría debe atender. Ya se le había criticado su ausencia en el Puesto de Mando Unificado (PMU) cuando comenzó el paro, la falta de funcionarios acompañando las marchas desde el principio, y la avalancha de contratos-favores que han terminado de convertir a esa institución en un fortín politiquero.

La escena del Defensor dando la espalda resume bien la mitad de su periodo: dos años de gestión que se cumplieron este 1 de septiembre, cuando asumió el cargo. Así se desprende de los testimonios recogidos en Riosucio, en el Bajo Atrato chocoano; y en San José de Apartadó, Urabá antioqueño, dos zonas donde la violencia es crónica y donde las comunidades desconfían cada vez más de la Defensoría. Más de 40 fuentes, entre funcionarios y extrabajadores de la entidad; así como líderes y portavoces de organizaciones de derechos humanos mostraron su malestar y retrataron una institución desdibujada, aliada en su momento del gobierno de Iván Duque, desconectada de las comunidades y que ha sido tomada por cargos que obedecen a la política partidista y la burocracia.

“Hemos llegado a tener defensores regionales que no saben lo que es una alerta temprana”, se lamenta una funcionaria. En el organigrama de la Defensoría, que incluye, entre otros, 42 oficinas regionales y 15 delegadas, abundan cuotas de los partidos que votaron la elección de Camargo y que carecen de estudios o experiencia en derechos humanos. Esto se refleja en la atención a las comunidades, pero no es algo que preocupe al Defensor, según cuenta un allegado.

“Él se debe a quienes lo eligieron. La gente nombra a sus amigos. ¿Quién no lo ha hecho? Lo que hay en su contra es una persecución. Además, les incomoda que sea costeño”, dice esta persona, miembro de su círculo político en Córdoba, de donde es Camargo y al que también pertenecen su suegra, la exsenadora conservadora Nora García Burgos; su cuñado, el exalcalde de Montería y ahora senador Marcos Daniel Pineda (hijo de Nora García); y su primo, el excongresista David Barguil Assis.  Camargo además integra el club de amigos y exalumnos de la Universidad Sergio Arboleda junto al expresidente Duque y el fiscal Francisco Barbosa. 

“Nos da miedo hablar”

Las movidas burocráticas del defensor han derivado en una creciente sensación de desamparo en varias regiones del país. En el municipio de Riosucio, en el Bajo Atrato chocoano,  los líderes y lideresas de los consejos comunitarios de las cuencas del río Atrato y sus afluentes ven pasar el tiempo con desesperanza, sin que en tantos años de desplazamiento haya sido posible el retorno a sus tierras. Riosucio, que está en la jurisdicción de la oficina de la Defensoría en Urabá, es el epicentro de una región sumida en una guerra que se ha recrudecido. El miedo se nota en sus calles, en la renuencia de sus habitantes a hablar, en la sospecha de que el hombre de la esquina sea un ‘centinela’ y alerte sobre la presencia de foráneos. Es tal el control del Clan del Golfo y el ELN en la zona, que llegar hasta consejos comunitarios como Quiparadó, Cacarica, Truandó, Salaquí o Clavellino es casi una misión suicida.

“Hay un abandono claro del territorio, como que no se asume el compromiso de atender a estas comunidades, pero no solo por la Defensoría. Aquí la situación va de mal en peor. Antes llegaban a preguntarnos, pero ahora casi no vemos a los defensores comunitarios.  Y a veces hay unas alertas tempranas que uno no se explica de dónde las sacan, porque no reflejan lo que estamos viviendo”, asegura una lideresa.

En San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño, otros líderes y lideresas también muestran su desconfianza frente a esta institución: “Lo que vivimos aquí es una tensa calma. Nos sentimos silenciados y nos da miedo ir a hablar a la Defensoría porque no nos fiamos”,  asegura un campesino.   

San José de Apartadó es un pueblo históricamente desangrado por la violencia de la guerrilla, los paramilitares y el ejército. Hoy aquí hacen presencia batallones de hombres armados que deambulan por veredas cercanas y que dicen pertenecer al Clan del Golfo. “Esto es una bomba de tiempo”, denuncia otro líder que teme revelar su identidad.

Para varias asociaciones de campesinos, el nombramiento de José Augusto Rendón como Defensor Regional de Urabá en marzo de 2021 fue una afrenta, pues este abogado defendió en el pasado a empresarios que compraron tierras despojadas durante los peores años del conflicto en la región. Ese nombramiento ahondó aún más la ruptura entre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y el Estado a causa de la impunidad de los crímenes contra sus miembros. Esta Comunidad está formada por un puñado de campesinos, hombres y mujeres que llevan 25 años de resistencia y neutralidad frente al conflicto. En este caserío ubicado cerca a Apartadó conmueven las historias de desaparecidos o de familiares asesinados o muertos en masacres a manos de la guerrilla, paramilitares o el ejército.

“Uno que otro defensor comunitario que ha pasado por aquí intentó mantener el compromiso de corazón y de la protección de derechos humanos, pero cuando eso ocurre los persiguen y los acaban trasladando”, dicen desde la Comunidad de Paz. 

La llegada de Rendón a la regional de Urabá los tomó por sorpresa. Este es el mismo abogado con el que se vieron cara a cara, poco antes de su designación, en una audiencia pública a principios de 2021, durante un pleito de tierras por la finca La Roncona, un predio abandonado que ellos ocuparon en medio de la guerra y donde ahora cultivan cacao, el principal medio de subsistencia de sus casi 300 miembros. Rendón llegó en representación de la familia que reclama esta propiedad.

En la audiencia, relatan desde la Comunidad de Paz, el abogado Rendón les preguntó por alias ‘Samir’, un desertor de las Farc y exparamilitar que ha acusado al colectivo de tener vínculos con el Quinto Frente de las Farc que hacía presencia en el territorio, algo que rechaza esta organización campesina. “Por dignidad y por memoria nos vimos obligados a romper una vez más. No es justo que la Defensoría haya caído tan bajo”, se quejan.

En 2017 el Auto 693 de la Corte Constitucional instó a la Defensoría a hacerle seguimiento a las órdenes de la sentencia T-1025 de 2007 que afirma que esta debe propiciar la construcción de una confianza mínima con la Comunidad de Paz, pero eso no se ha cumplido con Camargo, sino que se ha vulnerado con la llegada de Rendón a la regional de Urabá. “La Defensoría ni siquiera es capaz de cumplir las órdenes de la Corte. Siempre buscan que nos rindamos, y nosotros no somos eso”, concluye un líder.

Una fuente de la regional de Urabá reconoce la emergencia permanente en esa región y da la razón a las comunidades: “Es que no llegamos a todo, es muy grave lo que pasa y siempre nos faltarán cosas por hacer. Pero a nosotros también nos toca proteger el pellejo”, admite.

“Están silenciando al SAT”

Otra queja recurrente en el balance de los dos años que lleva la gestión de Camargo es el manejo del Sistema de Alertas Tempranas (SAT). Históricamente este ha sido reconocido como una herramienta rigurosa. Las alertas detectan escenarios de violencia en las regiones y advierten sobre el riesgo para las comunidades. A la cabeza de este mecanismo está Ricardo Arias Macías, hijo de Ricardo Arias Mora, excongresista y fundador del partido cristiano Colombia Justa Libres, que también apoyó la elección de Camargo. Su designación preocupó a organizaciones como Dejusticia, que señalaron el hecho de que  venía de la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior, el mismo despacho que, dicen, ha sido incapaz de articular acciones para dar respuesta a las alertas tempranas “en medio  de un panorama alarmante de asesinatos contra líderes sociales”. 

La Liga pudo establecer que en 2019 una alerta temprana describía la problemática del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, clave para el Clan del Golfo en su ruta del narcotráfico hacia América Central y Estados Unidos. A pesar de los hallazgos de la investigación (se volvía a constatar el dominio territorial del Clan en San Andrés y el fortalecimiento de las bandas locales), la alerta nunca se emitió. Algo similar ocurrió con otra alerta para tres municipios del Cesar y Magdalena, cuya publicación, denuncia un funcionario, se dilató sin explicación.

Una fuente relató a La Liga que en varias ocasiones los analistas del SAT en la regional de Urabá han presentado informes que distan mucho de las alertas que luego publica la Defensoría. “Cuando leemos los contenidos finales y vemos que no se refleja lo que hemos constatado en terreno, el bajón y el desánimo son terribles”, asegura. Frente a esto, la Defensoría responde que es “normal” que se hagan revisiones y validaciones de la información que entregan los analistas. “Es parte de las dinámicas de la entidad”, afirma.

“Antes los analistas del SAT hacíamos registro, pero también hipótesis y análisis. Ahora solo describimos el hecho. Es una situación que se ha profundizado con Camargo”, confirma otro funcionario. La presión para no incluir a la Fuerza Pública como actor en zonas de conflicto se ha incrementado, añade. “Es una pelea permanente: donde pones a la Fuerza Pública, te lo borran. Nos están silenciando”.

Del SAT también salieron los insumos para el informe ‘Sobre la seguridad de las personas excombatientes de las Farc-Ep’ que presentó la Defensoría en marzo. Sus conclusiones rebajan la responsabilidad del gobierno en la protección de los firmantes del Acuerdo de Paz y califican de “alentador” y “esfuerzo notable” el papel de la Fiscalía. “Una cosa fue lo que escribieron los técnicos, y otra lo que se publicó”, aseguran fuentes del SAT.

“Un saludo a la bandera”

Las denuncias sobre omisión y censura de informes y alertas tempranas llegan también hasta el Sur de Córdoba. Allí Camargo abrió una oficina regional para cubrir los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta y Valencia. Esta zona, castigada por la violencia, sufre el control del Clan del Golfo. Varias organizaciones allí denuncian que a finales de 2021 hicieron un recorrido con funcionarios para mostrarles cómo la Fuerza Pública estaba utilizando colegios y casas para acampar en zona rural de Puerto Libertador, algo que prohíbe el Derecho Internacional Humanitario. 

Los campesinos pidieron el informe de esa visita, pero, dicen, nunca lo recibieron. “Nosotros sabemos que nada que implique a la Fuerza Pública lo dejan pasar. Con Camargo se ha roto la confianza. Creemos que solo es una cuota política que defiende más a las instituciones que a las comunidades”, dice un líder campesino que prefiere mantener su identidad bajo reserva. 

La oficina del Sur de Córdoba se creó en diciembre de 2020, pero hasta ahora ha sido un saludo a la bandera, según los campesinos. Casi dos años después de creada no se ha emitido desde allí ninguna alerta sobre la zona, a pesar de la grave situación de orden público.

A Jorge López Hoyos, el primer defensor asignado a esa regional, lo declararon insubsistente el pasado junio. Duró trece meses en el cargo. Dos fuentes dijeron que su cese obedeció a que Camargo le cobró que su padrino político, el liberal Andrés Calle, representante a la Cámara por Córdoba, decidió apoyar al Pacto Histórico. López Hoyos negó esta versión.   

Por la misma fecha que se creó aquella oficina, se anunciaron tres delegadas más (para la protección en ambientes virtuales, para la prevención y transformación de la conflictividad social y para la protección al derecho al deporte) y otras dos regionales: una para el Sur de Bolívar y otra para el Sur de Antioquia. En total, 53 puestos de trabajo, 23 de los cuales son contratistas. Todo esto se hizo, dicen desde el Sindhep (Sindicato de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo), sin ningún informe técnico que lo justificara.

El último cercano a Camargo que aterrizó en la Defensoría fue Ernesto Lucena, exministro de Deportes del gobierno Duque, y quien ha sido designado al frente de la delegada de deportes. Lucena también forma parte del círculo de la Sergio Arboleda. Su padrastro es Rodrigo Noguera, el rector de esa universidad (ahora apartado del cargo) involucrado en negocios con conflictos de interés y que vinculan a una fundación de la que también ha sido parte el exministro Lucena, según contó el periodista Daniel Coronell.  

La defensora que no defiende a Madrid

En su afán por rodearse de amigos y de pagar favores políticos, el Defensor ha hecho nombramientos cuestionables. Algunos han sido de conocimiento público, pero otros han pasado más o menos desapercibidos. Por ejemplo, el de la Defensoría Regional de Cundinamarca. Allí llegó en noviembre de 2020 María Elizabeth Valero Rico, según consta en la web del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Valero Rico fue secretaria privada de la Gobernación de Cundinamarca, secretaria de Educación y también de Desarrollo e Inclusión Social, entre otros. Todo esto durante el periodo de Jorge Emilio Rey Ángel (2016-2019), el poderoso exgobernador de Cundinamarca avalado en su momento por Cambio Radical (partido que apoyó la elección de Camargo), y sobre quien han recaído denuncias de operaciones de volteo de tierras (modificación irregular del uso de suelos rurales para convertirlos en urbanos e impulsar proyectos inmobiliarios) y escándalos de corrupción cuando fue alcalde de Funza. Nicolás García Bustos, el actual gobernador del departamento, también es una ficha de Rey.

El nombramiento de Valero se incluye en la lista de favores políticos que devolvió Camargo a los partidos que votaron su elección. Pero en este caso con un ingrediente adicional: su esposo, el comunicador social Jorge Andrés Tovar Forero, es el alcalde de Madrid, un municipio que está en la jurisdicción de la Defensoría Regional de Cundinamarca que ella lidera. Es decir, Valero cumple, en teoría, la doble función de primera dama y de funcionaria que debe velar por la protección de los derechos humanos en el departamento. Para evitar incompatibilidades, la Defensoría, explican desde el departamento de prensa, creó la figura de un defensor ad hoc para Madrid que evita que Valero se ocupe de los temas de ese municipio. Esa jugada, dicen desde Sindhep “es totalmente perversa”.  

Durante el paro del año anterior Madrid fue uno de los municipios donde estalló con más virulencia la protesta social. En los primeros días se produjo la muerte de dos jóvenes en una violenta confrontación entre el ESMAD y los manifestantes: Brayan Fernando Niño Araque y Elvis Vivas. A Niño Araque lo impactó una bomba lacrimógena, mientras que Vivas murió días después de los golpes que recibió por parte de la Policía y que quedaron registrados en cámaras de seguridad.  

El alcalde Tovar reconoció que desde el PMU que se instaló aquel 1 de mayo se autorizó la intervención del ESMAD, algo que le reprochan las organizaciones sociales, aunque también solicitó que se investigaran las muertes de los jóvenes. La Defensoría Regional de Cundinamarca, en cambio, permaneció en silencio, según fuentes que consultó La Liga. “Ni Valero –que está impedida– ni Mauricio Vesga, designado ad hoc se pronunciaron frente a la represión policial o los asesinatos. La verdad es que parece que trabajamos para la Gobernación. Todo es un ‘articulemos’ y un ‘hagámonos pasito’”, dice una fuente que pidió reserva de su identidad.

Entre las organizaciones sociales hay incomodidad. Desde Bakia, una fundación que impulsa la defensa y promoción de los derechos humanos en la Sabana de Occidente, ven a la Defensoría como un organismo ausente. “Han permanecido en silencio, no solo ante crisis como la del paro en Madrid, sino ante denuncias de abusos de autoridad o de detenciones arbitrarias. Creemos que Elizabeth Valero, la esposa del alcalde, estaba impedida desde el principio para ejercer el cargo”, dicen.

Las movidas políticas de Camargo en la Defensoría no solo han minado la imagen y la credibilidad de este organismo y han desamparado a algunas comunidades; también han desprotegido a muchos funcionarios que han sido violentados porque se desconfía de su trabajo. “En Barranquilla, durante el paro, nos gritaban ‘vendidos’”, relata una de ellos.

Es una realidad que afecta a servidores públicos y su papel en el terreno. Además,  aumenta sus riesgos, como ocurrió con el video que publicó el pasado 25 de agosto la columna móvil Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc. En el comunicado esta organización criminal aseguró que las alertas tempranas contienen información “imprecisa” y han sido convertidas en “una táctica más de guerra”. 

Estas declaraciones han incrementado la preocupación de los funcionarios del SAT que se ocupan de monitorear los territorios. De hecho, según el Sindhep, cinco analistas han sido amenazados. “La imagen institucional se ha deteriorado tanto, que está poniendo en riesgo la vida de los profesionales de la Defensoría del Pueblo. Sentimos que no hay respaldo institucional ni garantías para el ejercicio de nuestras funciones”, concluyen desde el sindicato.