Van siete.

Siete líderes asesinados.

2018, 30 días y siete asesinados. El contador se resetea para volver a contar las víctimas cada año, cada mes. Porque este es un país en el que cada semana hay un asesinato selectivo. Si seguimos como vamos, si la situación no empeora, este año cada cuatro días habrá un nuevo líder asesinado. Cada cuatro días, clic: el número avanzará una cifra.

Este fin de semana mataron dos.

Los mataron deliberadamente. Los buscaron a ellos y no a otros para matarlos. Con Temístocles Machado de Buenaventura y Eleazar Tequia de Quibdó, parece, el contador de este mes se cierra en siete.

Indepaz dice que en 2016 hubo 117 y que en 2017 fueron 170. El conteo de Pacifista, registra 72 desde el 1 de diciembre de 2016, día en que comenzó la implementación de los acuerdo de paz. Estas son sólo unas unas de las cifras, porque hay muchas. Y hay muchas porque si algo caracteriza el asesinato de líderes y sobre todo la falta de respuesta y la poca prevención para evitar que ocurran, es que, como señala Camilo González Posso, director de Indepaz, no hay una caracterización del fenómeno. No hay una explicación causal.

“Durante dos años se ha estado cuestionado si hay sistematicidad, patrones. Las propias instituciones del Estado se mantienen en desacuerdo sobre la definición de líderes, sobre los números, sobre las causas. Incluso, unos apelan a que se trata de conflictos interpersonales”, explica González Posso. Y aunque no lo dice, con esa última afirmación se refiere al Ministro de Defensa.

Pero si algo está claro es que el asesinato a líderes sociales no es azar, no es casual, no es personal. Hay modalidades, hay patrones. “Tienen que ver con disputas territoriales, recursos y poderes. Sucede en aquellos territorios históricos de expresiones agudas del conflicto armado, donde estaban las Farc o donde hay intereses legales e ilegales en zonas de frontera”, dice González Posso. Hay una serie de modalidades, comportamientos y características que se repiten.

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Temístocles Machado y Eleazar Tequia estaban amenazados. Como hoy hay muchos otros que lo están. Como una de las mujeres de la Mesa Municipal de Víctimas de Tumaco, quien prefiere no revelar su nombre. Una mujer que tiene 55 años y lleva 28 como líder y defensora de derechos humanos. Trabaja por las mujeres, por las que sufrieron la violencia que ella sufrió, por las mujeres vulneradas, violadas: “Mujeres desvaloradas por los hombres”, dice.

Fue desplazada, se fue a Cali y regresó. Hace dos meses mataron a una de sus compañeras de la Mesa que como ella apoyaba el proceso para visibilizar las acciones, las iniciativas, demandas y necesidades de las mujeres en la región. Dice que su compañera, la que mataron, “era verraca y no le importaba nada”.

A ella como a Temístocles Mochado la Unidad Nacional de Protección le ofreció un sistema de seguridad. Temístocles, en su momento, dijo que la seguridad no debía ser sólo para él, que debía ser para todos los líderes sociales. Ella, hoy, dice que un guardaespaldas, que los saquen de sus territorios, que los lleven a otro lugar no es todo lo que necesitan. “Esto no es como la gente lo ve allá. Necesitamos que nos tengan en cuenta, que valoren nuestro trabajo como líderes comunitarios y [en su caso] como mujeres”.  Como líder, dice, no gana un peso, sólo problemas.

Que ella y que muchos más tengan esa sensación es inadmisible. De acuerdo con Carolina Cepeda, experta en movilización social e investigadora de la Universidad Javeriana, “es contraproducente que los líderes sean víctimas en un contexto en el que se está dando una apertura a la participación política a la luz del acuerdo de paz”, dice y agrega que es un mensaje contradictorio.

Es contradictorio hoy como lo fue en los años ochenta con la UP.

En ese entonces, como ahora, mataron líderes populares, miembros de organizaciones sociales, sindicalistas, líderes étnicos y campesinos. En ese entonces, como ahora, dice Imelda Daza, fórmula vicepresidencial de Rodrigo Londoño y líder amenazada de la UP, el propósito era el mismo: “[La derecha y los paramilitares] veían en la UP, en los líderes sociales, una amenaza para el poderío en el país. Golpearon a todo el movimiento social. Muchos sindicalistas y líderes fueron asesinados”.

Pero las condiciones hoy son distintas, dice Daza. “En ese entonces se había roto el cese al fuego y la guerra se había disparado. Hoy ya no hay guerra entre el Gobierno y las Farc. Hoy, los sucesores del paramilitarismo no tienen cómo acusar a los líderes de colaboradores de las Farc”.

Hoy, como entonces, parece haber un gobierno incapaz de enfrentar lo que sucede. “Está claro que el Presidente no comparte el macabro plan de acabar con los líderes, pero el ministro de defensa [Luis Carlos Villegas] se niega a reconocer las muertes, la violencia, se vuelve cómplice, promueve la impunidad y ofende a las víctimas y a sus dolientes diciendo que esto se trata de ajustes de cuentas; el fiscal [Nestor Humberto Martínez] lanza acusaciones con fines politiqueros y a la burocracia estatal no se le ve compromiso”, señala Daza.

Este es el panorama del país desde la firma del acuerdo de paz y aparentemente lo seguirá siendo. De acuerdo con Camilo González Posso, director de Indepaz, en el 2017 se presentó un incremento de situaciones de violencia en aquellos territorios donde se produjo la salida de las Farc. “El reacomodo y la reestructuración local de los poderes y los negocios podrá prolongarse o ser más corta dependiendo de las iniciativas que tome el Estado”. Pero esto no pasará en época electoral. No es un secreto para nadie. Es la salida de un gobierno y la entrada de otro y eso hace que la iniciativa estatal en todos los niveles sea lenta, reitera González Posso. Además, para Imelda Daza, “la violencia tiene un propósito electoral para favorecer a la derecha y desestimular el voto”. Es una manera de desestabilizar el país políticamente, de generar caos, conflicto. “Sirve para fortalecer una propuesta de mano fuerte, de gobierno duro, para decir que el acuerdo no sirvió”, dice Daza.

Y a esto se suma un país que poco reacciona. Ante la muerte de Temístocles Machado hubo plantones locales en Buenaventura e indignación en Twitter y Facebook. Cientos de líderes asesinados, pero no hay grandes marchas, no hay movilización a nivel nacional.

Para Carolina Cepeda, desde 2010 que se masificó la movilización social en el país ha sido por temas muy amplios: la educación y la salud. Pero en el país los derechos humanos se sienten como un tema de ciertos sectores de la sociedad. “Son líderes que trabajan en el territorio, a nivel local, y a nivel nacional para los ciudadanos es difícil sentir sensibilidad sobre esto”, dice. Para Cepeda, además, esa falta de acción también se explica en que muchos sectores terminaron agotados después del plebiscitos y las movilizaciones posteriores a favor del acuerdo.

Para Imelda Daza, más que agotado, se trata de un pueblo anestesiado y de un sector político del país que se niega a reconocer la situación, a enfrentarla y que usa calumnias como que los asesinatos de líderes y la violencia que se vive en el país es culpa de la disidencia.

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