Colombia sigue siendo uno de los países en el mundo donde es más peligroso ser periodista. A pesar de las cifras, las entidades responsables poco o nada hacen para evitar la tragedia.
[Esta nota se publicó originalmente en Pacifista]
Las amenazas contra periodistas colombianos han tenido un incremento preocupante en los últimos días. La columnista de la revista Semana, María Jimena Duzán, denunció una amenaza anónima a través de Twitter; la mesa de RCN Radiorecibió una llamada de un supuesto miembro del ELN que les dio un plazo para hacer silencio y Las Águilas Negras publicaron un panfleto que nombra a Jineth Bedoya –subeditora de El Tiempo– y a periodistas de La Silla Vacía como guerrilleros y los declara objetivo militar.
Esta situación de amedrentar a periodistas por su oficio se ha convertido en una constante en los últimos meses, y ha tenido un aumento considerable en los últimos años. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha registrado que de enero a julio de 2018 han existido 89 casos de amenazas contra periodistas en nuestro país, mientras que en el mismo periodo de 2017 fueron 65. En todo 2015 hubo 59 casos, en 2016 fueron 90 y en 2017 se conocieron 129. Estos indicadores apuntan a la misma dirección: las amenazas van en aumento.
Esta fue la denuncia que hizo María Jimena Duzán acusó a una cuenta anónima de Twitter que se hace llamar “líder social siglo XXI”, que llama a la violencia contra esta periodista, incluso a la violencia sexual:
Aunque tanto la Policía como la Fiscalía anunciaron que se están iniciando investigaciones para dar con las fuentes de estas amenazas y hallar a los culpables, la FLIP asegura que las autoridades tienen grandes dificultades para encontrar el orígen de estos mensajes en el internet, y le exigen a la Fiscalía que busque el apoyo de expertos internacionales de delitos informáticos para encontrar a los responsables.
La otra amenaza la denunció Yolanda Ruiz, directora de RCN Radio. En un comunicado que publicó, y en el que dice que van a continuar con su trabajo periodístico sin dejarse intimidar, explicó que una de las líneas de la emisora recibió una llamada de un presunto miembro del ELN que dijo que Ruiz, Jorge Espinosa, a Juan Pablo Latorre –otros dos miembros del equipo–, tenían un plazo de 72 horas “para dejar de hablar de hablar de las organizaciones (el ELN)”. Al conocerse la noticia, el grupo guerrillero negó que las amenazas vinieran de sus estructuras.
Del lado de Jineth Bedoya y La Silla Vacía, el panfleto –firmado por Las Águilas Negras– dice: “esta vez no estamos jugando, a partir de la fecha procedemos a la ejecución total de nuestras advertencias por varios años y que no fueron escuchadas por estos milicianos guerrilleros disfrazados de supuestos líderes y lideresas sociales (…) Para nuestra organización no existe ningún esquema de seguridad que nos impida proceder y ejecutar a cada uno de estos guerrilleros”.
Junto con los nombres de los periodistas, en este panfleto también aparecen algunos líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos a quienes también se les amenaza de muerte y se les menciona como guerrilleros. La FLIP relaciona las amenazas a los periodistas con las que se hacen a los líderes sociales y menciona que algunos de los asesinatos de líderes que han ocurrido este año tienen que ver con crímenes contra la libertad de expresión.
Este organismo también revela otras amenazas recientes contra periodistas en regiones de Colombia: contra Ricardo Ruidíaz, que denuncia la trata de menores y las amenazas y asesinatos contra líderes sociales en el Magdalena Medio; Catalina Vásquez, que desarrolla su labor periodística y de defensa de los Derechos Humanos en la Comuna 13 de Medellín; Jhanuaria Gómez, investigadora de acciones irregulares de la minería y daños de esta al medio ambiente en Antioquia y Laura Montoya, que promovía una manifestación en contra del asesinato a líderes en Mocoa y fue amenazada con una llamada telefónica.
El común denomidador que tienen estos y otros casos es la desatención de las autoridades para la protección de los periodistas. La FLIP denuncia que en muchos de los casos han solicitado esquemas de protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero que esta no ha respondido con diligencia para atender el riesgo a pesar de que es alto. Los trámites, dicen, no se están haciendo de acuerdo al nivel de urgencia de las situaciones.
Del mismo modo, el otro problema que menciona la FLIP es que la UNP, a pesar de conocer el incremento de las amenazas en contra de los periodistas en los últimos meses, ha rebajado la seguridad de algunas personas que tienen esquemas, y en otros casos los ha suprimido.
De acuerdo con la Fundación, desde hace 30 años han sido asesinados 155 periodistas en Colombia, entre los que están Diana Turbay, Guillermo Cano y Jaime Garzón.
