[N. de la E. esta nota fue realizada por el Proyecto Antonio Nariño].

El 28 de marzo, tres días después de que el Gobierno Nacional adoptara las primeras medidas de contención contra la pandemia, salió publicado el Decreto 491 de 2020, que incluyó la decisión de duplicar los tiempos de respuesta a peticiones y consultas. No se contemplaron excepciones, a pesar de los llamados de organizaciones de la sociedad civil.

Esta ampliación de los plazos de respuesta fue el primero, pero no el único cambio que se evidenció en la pandemia. Chocó, por ejemplo, fue por varios días, el único departamento sin datos públicos de contagios desagregados por municipio. Periodistas chocoanos denunciaron que las autoridades se negaban a entregarles una información que tampoco aparecía en la base de datos del Instituto Nacional de Salud (INS).  

La Liga Contra el Silencio, una alianza de medios que combate la censura y y de la que esta revista hace parte, investigó el caso y encontró que la negativa a entregar información se debía a una solicitud de las autoridades departamentales al INS por temas de “seguridad”, pero que resultaba arbitraria y discriminatoria, según los expertos consultados en el artículo. A través de un derecho de petición, la FLIP también consultó al INS sobre el caso de Chocó y la respuesta llegó un mes y medio después, cuando el tema ya estaba superado. La Procuraduría había recomendado retomar la entrega de datos por municipios. “La emergencia sanitaria ha hecho evidente que la transparencia y el derecho de acceso a la información pública no son un ‘lujo’ que se puede seguir posponiendo, sino que son herramientas imprescindibles para una adecuada administración pública”, señala Claudia Medina, Procuradora Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad.

Aunque reconoce que las autoridades “han hecho esfuerzos importantes para contar con información” relacionada con la emergencia, también advierte que “ha habido fallas en la transmisión de esa información a la ciudadanía, que ha sido en muchos casos confusa y en otros, incluso, contradictoria”. Entre los problemas que su oficina ha encontrado están, por ejemplo, la dificultad para contar con información clara y en tiempo real sobre contrataciones públicas, y la desinformación que se ha generado por cuenta de la proliferación de decretos y normas a nivel nacional, departamental y municipal, “sin una estrategia de comunicación en lenguaje claro”, y tomando en cuenta que las medidas y la normativa que las soporta “han variado de forma vertiginosa en este periodo”.

De los 31 casos 18 de obstáculos para acceder a información pública documentados por la FLIP, 18 se presentaron durante el aislamiento preventivo obligatorio y de esos, 10 están relacionados con la cobertura de la COVID-19. En estos casos del campo periodístico, vuelven a aparecer problemas con derechos de petición no respondidos o no respondidos completamente o en los nuevos plazos. También casos de descoordinación entre la información proporcionada por entes regionales y nacionales y también entre entidades nacionales; casos de concentración de la información y de vacío de información regional cuando los periodistas de región buscan información local y no obtienen respuestas de las autoridades o éstas les remiten a autoridades nacionales, que tampoco responden. 

También han registrado casos en los que “se relega al periodismo regional”, como ocurrió en Amazonas, en el peor momento de la emergencia. Varios periodistas se quejaron de que no podían obtener respuestas de las autoridades locales y debían acudir a medios más grandes del centro del país para que a ellos sí les entregaran información y obtenerla indirectamente. “Hemos vistos también casos, que son la mayoría, donde ese acceso a la información se está haciendo en una sola vía, es decir, la autoridad entrega una información, pero a través de plataformas tecnológicas y redes sociales como Twitter, Facebook, Whatsapp. Hemos visto casos donde se bloquea a ciertos periodistas, por ejemplo, los sacan del grupo de Whatsapp o los bloquean para que no puedan comentar o hacer preguntas en Facebook Live”, explica la FLIP.

La emergencia sanitaria ha evidenciado además que el uso de estas herramientas para entregar información pública, en general, no está reglamentado, ni existen guías comunes para los funcionarios públicos. “Ese es un tema al que hay que ponerle atención porque esa falta de definición genera comportamientos arbitrarios”, considera la FLIP. Y añade: “La pandemia también está generando unas nuevas formas o formas un poco más sutiles de no darle al periodista la oportunidad de contrarrestar o de aclarar la información y eso es uno de los focos que hemos encontrado con la nueva coyuntura”.

Para la Procuradora Delegada, la apuesta tras la crisis en lo relacionado con la transparencia debería ser que el tema “deje de ser un ‘botón’ en las páginas web de las entidades, a ser una herramienta central en el diálogo entre autoridades y ciudadanía para una gestión pública más acertada y ajustada a las necesidades reales de la población”. 

Todavía queda mucho por resolver.

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