La Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva en Colombia.
Ordenó, también, la suspensión de las escopetas calibre 12 usadas por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD), arma con la que fue herido letalmente el joven estudiante Dilan Cruz durante las manifestaciones del Paro Nacional, en noviembre de 2019. Y, entre otras disposiciones, exigió la presentación de disculpas del Ministro de Defensa por los excesos de la fuerza registrados desde entonces.
Este fallo, histórico en el país, se logró mediante una acción de tutela interpuesta por 49 personas, entre ellas la politóloga, internacionalista y profesora Sandra Borda, quien recientemente publicó el libro Parar para avanzar, una crónica que hace un close up a la última gran movilización estudiantil en Colombia, repasa sus bemoles, sus ritmos y las peticiones específicas del sector. Una radiografía, al mismo tiempo, del comportamiento activo y participativo de una juventud volcada a las calles.
En esta entrevista la profesora Borda explica cuáles son las diferencias más grandes, o al menos la más contundente, entre las pasadas movilizaciones y las más recientes. Permanecen los intereses del año pasado pero con un nuevo reclamo: el abuso policial y sus arremetidas en contra de quienes ejercen el derecho a la protesta pública, consagrado en la Constitución. En el último mes, el uso indiscriminado y desmedido de la fuerza ha cobrado la vida de varios civiles y la respuesta del Gobierno es aún más represiva y violenta.
También analiza el desacato del Ministro de Defensa al fallo que no limitará, sin embargo, la implementación de un protocolo de acciones preventivas denominado “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”. Para ella, la respuesta del Gobierno no es un síntoma de un aire dictatorial, pero no por ello es menos preocupante, pues de cualquier forma deberá revisar y participar en la conformación de una “mesa de trabajo” para reestructurar las directrices del uso de la fuerza.
