“¿A quién están amparando con esa actitud? ¿A quién están amparando con su silencio?”.
Así regañó Claudia López al líder estudiantil Julián Augusto Báez el pasado martes 25 de febrero, durante la tercera sesión del Consejo Superior de la Universidad Distrital que busca discutir la situación de la universidad en términos de políticas, presupuestos y organización.
Báez acababa de leer un comunicado de la Red Distrital de Derechos Humanos de la Universidad Distrital que denunciaba el uso desmedido de la fuerza en las manifestaciones del pasado 21 de febrero en una de las sedes de la universidad. También criticaba la utilización de gases lacrimógenos por parte del Esmad y el uso de balas de goma y aturdidoras apuntadas por parte de los agentes a las caras y cuerpos de los estudiantes. Y rechazaba el presunto ingreso de agentes del Esmad a la universidad.
La alcaldesa, sin embargo, le volteó el argumento: “¿A los que usan los campos universitarios de la Pedagógica y la Distrital para preparar bombas molotov y piedras, encapucharse y atacar civiles desarmados? (…) Eso sí no lo protestan ni rechazan”, dijo. “Eso no lo consideran una violación de la autonomía universitaria. El que calla otorga es un dicho sabio.” E insistió: “¿Fueron los únicos que no lo vieron? ¿Por qué no lo condenan?”, refiriéndose a las tres personas que terminaron heridas por piedras que lanzaron encapuchados desde el 8vo piso de un edificio de la Universidad. “¿Esos derechos humanos no le importan al comité de derechos humanos?”.
La alcaldesa negó que el Esmad hubiera ingresado a la Universidad. Y terminó su intervención diciendo que lamentaba que un “supuesto comité de derechos humanos” no mencionara ni condenara “la presencia de vándalos”.
Ella le quiere atribuir una función a los defensores de derechos humanos que es propia de la fuerza pública y de los organismos de inteligencia.
El regaño se ha vuelto viral y le ha valido, además, la aprobación de una parte de la opinión pública.
La pregunta, sin embargo, es si los defensores de derechos humanos que están en medio de manifestaciones tienen el deber de denunciar los posibles desmanes de los manifestantes. La respuesta, según dos abogados de derechos humanos, es que hacerlo significa exigirles una tarea que escapa a su razón de ser.
“Es el deber de las autoridades hacer cumplir la normatividad colombiana y no puede trasladarse a los defensores de derechos humanos la obligación o la carga de sancionar”, le dijo a Cerosetenta Carlos Mantilla, abogado de la Universidad de los Andes que, desde el consultorio Jurídico de la Universidad, ha estado acompañando los procesos de detenciones en el Paro Nacional. “Creo que lo que Claudia López está pidiendo es mucho, en el sentido en que no le corresponde a los defensores incluir dentro de sus informes de lo que está sucediendo la actitud de los vándalos o de los capuchos”, dice.
Lo mismo piensa Óscar Ramírez, abogado de la Campaña Defender la Libertad: “el rol de los defensores de derechos humanos es hacer una observación de lo que sucede en el marco de las protestas. Ella le quiere atribuir una función a los defensores de derechos humanos que es propia de la fuerza pública y de los organismos de inteligencia. Pero el ejercicio del defensor es ser un protector de la protesta social”, dice. Y agrega “Claudia López no nos puede pedir a nosotros que salgamos, como ella sí lo ha hecho con su figura de las madres ‘gestoras de paz’, a generar una sanción”. Como ha contado Cerosetenta, la Campaña Defender la Libertad es un conjunto de organizaciones que hace presencia con defensores de derechos humanos en las marchas y vela por los derechos de los manifestantes.
Ramírez asegura además que los defensores de derechos humanos no han sido indiferentes a los encapuchados y en varias ocasiones han rechazado enfáticamente las acciones violentas por parte de manifestantes. Y que en las protestas también procuran mediar entre manifestantes violentos y el Esmad para evitar los enfrentamientos.
“Frente a los encapuchados hemos hecho labores de interlocución y hemos agotado las labores de diálogo. En algunos casos hemos persuadido, pero si la actitud de ellos supera ese diálogo, nosotros no tenemos ningún tipo de respuesta diferente a ser simplemente observadores de la situación y denunciar lo que suceda”, dice. “Usualmente lo que hemos visto es un uso indiscriminado de la fuerza por parte de los agentes del Estado quienes, por ser funcionarios públicos, tienen una mayor obligación de respetar los protocolos y las normas nacionales e internacionales”.
Estas organizaciones deberían ser más explícitas a la hora de rechazar las acciones de los encapuchados.
Para Ramírez, la Alcaldía debería estar enfocada en los protocolos para las protestas que anunció en enero y no en endilgarle más responsabilidades a los defensores de derechos humanos.
“En un afán de tal vez quedar bien con la opinión pública, Claudia López ha avalado procedimientos de uso excesivo de la fuerza: utilización de armamento como gases lacrimógenos y bombas aturdidoras en escenarios que no lo requieren contra manifestantes. El protocolo que ha anunciado son un conjunto de ideas que a veces parecen más un juego de adivinanzas: un día son las madres gestoras, al otro día habla de la fuerza disponible y al otro día dice que los defensores tenemos que denunciar a los manifestantes porque tienen una capucha”, dice.
No obstante, para el abogado Carlos Mantilla, sí hay una reflexión pendiente al interior de las organizaciones de defensores de derechos humanos frente a los manifestantes que recurren a la violencia: “creo que en muchas ocasiones no hay una crítica a ese accionar y eso, en la práctica, termina generando la percepción de que hay un sesgo a favor de exigirle mucho al Estado y poco a los particulares que participan en las marchas”, asegura. Por eso, para él, estas organizaciones deberían ser más explícitas a la hora de rechazar las acciones de los encapuchados.
Aún así, agrega que hacer cumplir la normatividad es una tarea de las autoridades y no a los defensores de derechos humanos. Y que, en últimas, a los defensores no se les puede exigir que, en terreno, tengan que intervenir más directamente cuando se dan enfrentamientos entre el Esmad y encapuchados.
“No nos puede pedir a los defensores que nos convirtamos en el policía”, agrega Ramírez. “Hacia allá está empujando con sus declaraciones”.
