El pasado jueves 21 de agosto, la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes anunció su decisión de dejar morir su propio pregrado. A partir del próximo semestre no se abrirán inscripciones nuevas para el programa en Gobierno y Asuntos Públicos, un proyecto joven que ha aportado de manera significativa a la sociedad colombiana desde el 2014. 

Este semestre (2025-2) el pregrado contaba con cerca de 200 estudiantes activos y más de 300 egresados. Los inscritos al pregrado han venido bajando paulatinamente, de 286 estudiantes en el primer semestre de 2020, a 156 en el segundo semestre de 2024, según el Boletín estadístico de 2024 de la universidad.

Sobre la mañana de ese jueves, sin que ningún estudiante lo previera –ni siquiera los dos representantes que tienen voz y voto el Consejo de Facultad– y sin que la decisión haya quedado registrada en las actas públicas del Consejo Académico de la Universidad de los últimos 18 meses, la dirección de la Escuela de Gobierno envió un correo a sus estudiantes informando que entraría en un proceso de transformación. Según lo declara, para “ampliar su impacto, fortalecer la formación ciudadana y preparar líderes capaces de enfrentar los grandes retos de nuestro tiempo”. Esto, dicho de otra manera, implicaba la eliminación del programa de pregrado.

Lo que en un principio se tradujo en zozobra para estudiantes —la incertidumbre sobre si podrían culminar sus estudios—, preocupación de egresados —la duda sobre el valor de un título cuya carrera desaparece— y para los profesores y administrativos —un recordatorio cruel de que la estabilidad depende de la rentabilidad de su disciplina—, pronto se convirtió en una reflexión más profunda: ¿qué significa que una universidad de referencia nacional cierre un programa que forma ciudadanos para la vida pública?

El pregrado en Gobierno y Asuntos Públicos consta de una formación multidisciplinar que articula derecho, economía, ciencia política e incluso herramientas de la ingeniería; el desarrollo de liderazgo práctico; el dominio de métodos cualitativos y cuantitativos para el análisis de problemas; y, sobre todo, la capacidad de comprender la complejidad y diversidad del país, de interlocutar tanto con altos funcionarios como con comunidades alejadas. 

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Algunos ejemplos lo ilustran bien: en apenas una década, sus estudiantes han diseñado e implementado proyectos en liderazgo juvenil, derechos menstruales, fortalecimiento de la función pública y defensa del medio ambiente, llevándolos a entidades del gobierno, colegios, cárceles, comunidades campesinas e indígenas en regiones como el Chocó, La Guajira, el sur del Tolima, el Meta y el Guaviare, así como a otros territorios donde la universidad no había estado presente. Este pregrado —de estudiantes y profesores— ha sido la excusa y el puente directo con una misión de servicio público que nació con la universidad.

Las trayectorias profesionales y académicas de egresados son otra forma de dimensionar el impacto. Por ejemplo, Francisco Mazo, graduado en 2023 y quien hoy asesora a la Gobernación del Chocó, ha estado al frente de la transformación en la administración pública del departamento y ha contribuido de manera decisiva en la gestión de crisis como la ocasionada por la ola invernal de 2024. Alejandra Vargas, también egresada, es cocreadora del proyecto Podemos ser, una iniciativa con la que ha recorrido Colombia promoviendo el liderazgo político de adolescentes, jóvenes y mujeres para que cada vez sean más en las esferas de poder y toma de decisión. Otros egresados están generando igual impacto en ONGs, organizaciones internacionales y entidades públicas y privadas.

La decisión de terminar con el pregrado no sucede en el vacío. Desde marzo, la rectoría presentó el documento “Navegando la tormenta: retos persistentes y emergentes en educación superior”. Allí se expone, con cifras y análisis, el difícil panorama que enfrentan las universidades en Colombia y el mundo: caída en las tasas de natalidad que reduce el número de estudiantes, el impacto de la gratuidad en universidades públicas sobre las privadas, los rezagos de aprendizaje tras la pandemia, la irrupción de la educación virtual transfronteriza y la competencia de modelos alternativos como las EdTech.

Salvo por su proyección de enfocarse en una oferta más flexible, personalizada y experiencial, para responder a las necesidades del mercado laboral, el documento no menciona ni le da sentido al cierre del programa. Eso sí, plantea salidas generales: abrir nuevos pregrados interdisciplinarios (como Ciencia de Datos), expandir maestrías virtuales y adoptar credenciales alternativas apilables.

La metáfora del barco que navega en medio de la tempestad tiene fuerza. Pero la forma en que se ha usado inquieta: parece que la dirección de la universidad, en lugar de ajustar velas o repensar su rumbo, optó por tirar por la borda lo que no resulta rentable. En esa lógica, el programa de Gobierno y Asuntos Públicos se suma a las cuatro maestrías de la Facultad de Ciencias Sociales cerradas en semestres pasados—en geografía, estudios culturales, estudios internacionales y la unidad de sociología—. 

La señal que esto envía es preocupante: si hoy se considera prescindibles estos programas que forman en competencias democráticas, mañana podrían ser las artes, las humanidades y algunas ciencias, cuyos números de inscritos y rentabilidad son incluso menores. 

¿No es paradójico que, mientras el documento rector insiste en que la universidad debe ser catalizadora de soluciones a retos globales como el cambio climático, la crisis democrática y la inteligencia artificial, decida clausurar los espacios que forman a los jóvenes justamente en el análisis de lo público, en la defensa de lo común y en la construcción de instituciones?

Más allá de la contabilidad fría, la universidad es también un proyecto cultural y político: una brújula para la sociedad. ¿Qué brújula guía hoy a la nave de Los Andes? ¿El puerto al que se dirige es la rentabilidad financiera o la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con el país? ¿Estamos navegando hacia un modelo de universidad que responde al mercado global, o hacia un modelo que responde a las necesidades urgentes de nuestra frágil y desigual democracia?

No es casual que entre las directivas se hable de “flexibilidad”, “nuevos modelos educativos” y “credenciales alternativas”. Ese lenguaje responde a una tendencia mundial en la que las universidades se reconvierten en proveedoras de competencias coleccionables, adaptables al mercado laboral. 

Por ejemplo, en Europa en general, el Espacio Europeo de Educación Superior refleja esta transformación hacia modelos de mercado desde el 2010, donde las instituciones se orientan a atraer «consumidores» que eligen cursos según el mercado más competitivo, dejando en segundo plano la formación integral que incluye pensamiento crítico y valores sociales. Observamos las consecuencias de este fenómeno en la actualidad.

Por eso conviene preguntarse: ¿está formando a las personas que deben sostener la democracia, garantizar derechos, diseñar políticas y enfrentar crisis sociales? La tecnología puede suplir rezagos técnicos, pero no reemplaza la deliberación crítica ni la construcción de ciudadanía.

El barco necesita decisiones valientes. La tormenta es real. Pero una cosa es ajustar velas y otra muy distinta es abandonar su misión. En medio de la tempestad, las universidades tienen la oportunidad —y la responsabilidad— de reafirmar su propósito social. La educación no puede reducirse a la lógica de costo-beneficio. No se trata de negar la sostenibilidad financiera, sino de reconocer que lo que está en juego no es solo un balance contable, sino el tipo de sociedad que queremos construir.

Por eso, este jueves cuatro de septiembre, a las 2:00 p. m., los estudiantes hemos convocado a una asamblea ampliada en la Plazoleta Lleras. La invitación es abierta: estudiantes o no, egresados, profesores, administrativos, todos estamos llamados a discutir qué queremos salvar del naufragio. La pregunta no es únicamente si se cierra un programa, sino si la universidad se atreve a ser un barco guiado por la brújula de lo común y no solo por la del mercado.

Lo que está en juego es más grande que un pregrado. Lo que se discute es si, en medio de la tormenta, elegiremos salvar lo que hace de la universidad un pilar del tejido social: su compromiso con el país, su capacidad de formar ciudadanos críticos y su vocación de servicio. Porque cuando en medio de la tormenta se lanzan por la borda las convicciones que dan rumbo, no sólo se aligera el barco: se lo deja a la deriva. Y una universidad a la deriva no pone en riesgo solo a quienes viajan en ella, sino a la sociedad que depende de su travesía.

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