Alí Herrera, un inmigrante venezolano de 58 años radicado en Bogotá, murió el 20 de mayo pasado prácticamente sin acceso a la salud; apenas atendido en los servicios de urgencias. La EPS Unicajas-Comfacundi, según denunció su familia, lo desvinculó cuando su salvoconducto para permanecer en el país se venció. Las hijas de Alí dicen que intentaron renovarlo, pero la burocracia no respondió de manera oportuna. “La espera fue larga, el documento no llegó a tiempo”, dijo Dayana Herrera, una de ellas.

Los trámites migratorios para extranjeros (cédulas, registro, cambio del Permiso Especial de Permanencia, certificado de movimientos migratorios y salvoconductos) se volvieron más difíciles tras el cierre de Migración Colombia y la Cancillería durante la cuarentena por el covid-19. Entre marzo y septiembre de este año no trabajaron las 27 oficinas migratorias que existen en el país. Miles de extranjeros, la mayoría venezolanos, vivieron sin acceso a la identificación; un derecho fundamental que puede coartar otros, como salud, educación y empleo. 

Desde el 14 de marzo también las fronteras de Colombia se mantienen parcialmente cerradas debido a las restricciones de la pandemia. La decisión la anunció el presidente Iván Duque poco antes de decretar el aislamiento obligatorio. El 21 de septiembre Migración reactivó sus servicios, pero solo a un tercio de la capacidad debido a los protocolos sanitarios. Cada sede, sometida a una inmensa demanda, atiende vía internet y por teléfono, pero la capacidad no es suficiente; aunque fue anunciado un plan piloto de atención los días sábados en Bogotá, Medellín y Cali.

La pura indefensión

A la deficiente respuesta oficial se suma la desinformación. Muchos migrantes ignoran cómo acceder a sus derechos, y tampoco saben defenderse de los abusos. Las denuncias no suelen figurar en los medios de comunicación por desconocimiento y temor de los afectados. Cuando entran a Colombia, los extranjeros piensan que cualquier falta implica ser sancionados o expulsados del país. 

“Hay un sistema jurídico que ellos desconocen, y no hay confianza ante el ente migratorio que tiene fallas en facilitar información. Estas personas no saben que tienen un derecho y que pueden hacerlo efectivo”, dijo Carolina Moreno, directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes.

La pandemia impuso nuevas barreras para los extranjeros radicados en Colombia, pero existen fallas anteriores. “Esto viene desde hace mucho tiempo. Es necesario un cambio en la forma cómo las autoridades abordan al usuario; deben generar más empatía y no ser un ente acusador”, dijo Moreno.

Los venezolanos pueden aspirar al Permiso Especial de Permanencia (PEP), un documento creado en 2017, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, para regularizar el estatus migratorio a miles de personas que llegaron al país desde 2015.

El PEP actualmente está en su novena versión y lo han recibido más de 700 mil extranjeros que viven, trabajan, tienen cuentas bancarias y están afiliados a los servicios de salud de forma regular. Otra vía es a través de una visa de trabajo, vinculada a una cédula de extranjería cuya vigencia depende del contrato laboral. Según cifras de Migración Colombia, más de 80 mil venezolanos se mantienen en el país con un visado.

Pero existe una brecha entre los regulares y los irregulares, que superan el 56 %, según Migración. La población venezolana irregular no puede acceder a documentos en su país, pues aquel gobierno no tiene la capacidad para brindarlos. Hasta agosto de este año, según Migración, había 1.722.919 venezolanos en Colombia; de los cuales 957 mil carecían de documentos. En los últimos cinco años este país se ha convertido en el primer receptor de esa diáspora, la mayor en toda la historia de la región.

Cierre y complicaciones

Carmen Viloria, comunicadora social, es otra afectada por el cierre de Migración Colombia. Llegó desde Caracas en 2015 y estaba sumando años en el país para obtener la residencia. Tenía una visa de trabajo que se vencía en 2023, pero fue despedida durante la cuarentena. Según las normas de visado, al separarse de su trabajo la persona tiene 30 días para obtener otra visa con un nuevo empleo. Si no, debe solicitar un salvoconducto o salir del país. Carmen realizó el proceso de desvinculación ante el Sistema de Información de Registro de Extranjeros (Sire), una dependencia de Migración. Pero hubo retrasos y quedó también en un limbo.

“Después de mi despido notifiqué a Migración. Como la oficina no estaba trabajando, estuve ilegal sorteando la cuarentena. Cuando abrieron solicité el salvoconducto; tardaron quince días en otorgarlo y se venció el 25 de octubre”, dijo Viloria. 

La actual jornada del PEP abrió desde el pasado 15 de octubre y se mantendrá hasta el 15 de febrero. Quienes quieran acceder al documento deben haber ingresado al país antes del 31 de agosto y sellar su pasaporte en una oficina fronteriza. Viloria cumple con los requisitos, pero al copiar sus datos en el registro la solicitud no procede. El sistema le advierte que cuenta con una visa y una cédula de extranjería vigentes. “Está colapsado, el juego está trancado. Cancillería y Migración no dan abasto, no tienen la capacidad para atender a tanta gente”, dijo Viloria.

Ahora ella se encuentra en proceso para una nueva visa, también retrasada por la lentitud de la Cancillería, encargada de evaluar el proceso. “Después de nueve días me dijeron que el estudio había caducado y debía repetirlo”, dijo.

Falta de orientación

La resolución 2223, emitida por Migración Colombia el 16 de septiembre de 2020, establece la apertura de las oficinas y la reglamentación para distintos trámites. También da un lapso para que el extranjero normalice su situación. “Las constancias que se emitan por parte de Migración Colombia con ocasión a la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional tendrán una vigencia que será de hasta un mes”, dice el documento. Pero 30 días son pocos debido al cuello de botella. 

Una fuente de Migración consultada por La Liga Contra el Silencio explicó que el sistema de atención no ha colapsado y que están trabajando de esa forma debido a un mandato del gobierno que ordenó operar al 30 % de la capacidad para evitar los contagios de covid-19. “No podemos ser irresponsables y abrirle la puerta a 700 personas para que salgan enfermas de nuestra oficina”, dijo el vocero. Según esta fuente, la entidad ha venido evaluando la demanda de usuarios. Por eso extendieron los plazos que originalmente eran de 30 días. Entre el 21 de septiembre y el 16 de noviembre han agendado a 40.964 personas.

“Conceder un periodo de transición de los trámites reanudados en el artículo 1º de la presente resolución, a partir del 21 de septiembre de 2020 y hasta 15 de diciembre de 2020, inclusive, para que el extranjero efectúe el agendamiento de su trámite”. establece la resolución 2223 en su artículo cuarto. En este intervalo las personas deben registrar su visita, pero la extensión del tiempo no ha impedido que el sistema deje a los  usuarios sin una cita oportuna.

“Un cliente realizó su solicitud, pero la cita se le asignó para 2021. ¿Qué hace esta persona para resolver?”, dijo a La Liga un abogado migratorio que prefirió no revelar su nombre. “No puedo hablar de esto ante la prensa porque puede perjudicar mi carrera”, dijo. Para el abogado, con más de 20 años de experiencia, la demanda no debió tomar desprevenidos a los funcionarios de Migración y Cancillería. “Su plan de contingencia ha sido un fracaso”, reclamó.

Varias denuncias en redes sociales han evidenciado el lento proceso en la atención telefónica. “Me quedé esperando hora y media, y no pude averiguar qué sucedió con la solicitud de mi salvoconducto”, dijo a La Liga María Rojas, quien esperaba turno junto a otras 50 personas frente a la oficina de Migración Colombia en Bogotá. “Fue imposible obtener una respuesta por teléfono. Vine para acá y tengo que esperar a que atiendan después del almuerzo”. Rojas esperó más de tres horas en la fila.

El mismo panorama se repite en cada canal de atención, con decenas de personas que esperan para ser orientadas.

El aumento en las solicitudes de salvoconductos, el último recurso, revela una escasez de oferta laboral. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el desempleo entre venezolanos aumentó hasta superar el 21 %.

Desde que se tomaron las medidas de confinamiento en marzo, los números presentados por Migración Colombia reflejan que más de 116 mil venezolanos cruzaron la frontera hacia su país. En junio y julio, cuando miles de extranjeros se quedaron sin ingresos, muchos fueron desalojados de las viviendas y habitaciones que arrendaban. En Bucaramanga, la Fundación Entre Dos Tierras denunció que 25 familias fueron desalojadas cada día. Numerosos grupos de migrantes deambulan por las ciudades desde entonces en busca de albergues o traslados humanitarios. Otros caminaron hasta la frontera.

Con la reapertura y la flexibilización de las medidas a partir de agosto, muchos migrantes decidieron retornar a Colombia a través de pasos ilegales. Es cuestión de tiempo antes de que la situación migratoria se vuelva más compleja. 

Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, proyecta que la cifra de venezolanos para febrero de 2021 superará los dos millones. “De cada 10 personas que salen, ocho van a volver. Esos ocho van a venir con una o dos personas”, dijo en una rueda de prensa. Este nuevo aluvión encontrará a los organismos migratorios de Colombia sin capacidad para responder de forma efectiva. 

Un cambio urgente

Las fallas en el manejo de la información para estos casos contribuyen al aumento de migrantes irregulares en el país. Casos como el de Alí Herrera, el de Carmen Viloria y un total de 957 mil venezolanos con estatus migratorio irregular exigen un cambio en un sistema que cada día tiene más demanda. 

El Permiso Especial de Permanencia, principal instrumento impulsado por el gobierno, parece tener sus días contados. Además las visas tienen costos que muchos usuarios no pueden pagar. “El PEP en su momento trajo beneficios, pero la dinámica migratoria obliga al Estado a pensar en nuevos planes para regularizar. Esto reducirá las situaciones irregulares en Cancillería y Migración. Además se garantizaría atención médica y educación de los migrantes”, dijo Moreno, de la Universidad de los Andes.

En junio pasado Juan Francisco Espinosa anunció que Migración está probando un sistema biométrico que recogerá información etnográfica, datos educativos e información necesaria para crear un perfil más amplio de quiénes son y dónde están los venezolanos. Este sistema generará un documento que pretende sustituir al PEP.

Lucía Ramírez Bolívar, coordinadora de investigaciones en migración de Dejusticia, un centro de estudios jurídicos y sociales que lleva varios años trabajando en el caso venezolano, piensa que el problema básico es de capacidad institucional: Migración Colombia es pequeña comparada con el servicio que debe prestar, pero debió buscar un mecanismo para atender las solicitudes. “En Colombia existe una clara relación entre tener un estatus migratorio regular y acceder a derechos. Es gravísimo que no hayan podido renovar sus salvoconductos quienes lo necesitaron”, dijo. 

Migración Colombia emitió resoluciones que extendieron la validez de los documentos vencidos durante el confinamiento. Pero la directriz no necesariamente es atendida por los centros de salud o los lugares de trabajo. “Esto restringe el acceso a derechos. Antes de la pandemia se había identificado una capacidad limitada. Preocupa que siete meses después las restricciones continúen”, dijo Ramírez.

Estas restricciones han costado oportunidades a miles de migrantes que buscan en Colombia una nueva forma de vida. En los casos más extremos, como el de Alí Herrera, esa oportunidad resultó inaccesible. “El sistema nos falló. Era una emergencia, una situación de vida o muerte”, lamentó Dayana Herrera.

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