El pasado 11 de julio, el Concejo de Medellín se llenó de los colores de la bandera LGTBIQ+ y de carteles que decían: “Exigimos lo mismo que ustedes tienen”, “Para muchxs la educación es un derecho, para nosotrxs es una lucha” o “Queremos becas trans”. Ese día por fin se decidiría sobre el acuerdo de Matrícula Cero, una política pública que va en coherencia con la propuesta de ‘una educación pública, gratuita y de calidad’ que propone el gobierno de Gustavo Petro. 

Medellín se convirtió en la primera ciudad en Colombia que logró lo inlograble: que las instituciones de educación superior de la ciudad tengan matrícula cero como política pública. Con este logro, las personas beneficiarias no tendrían que pagar matrícula en universidades públicas y podrán acceder a una cuota de manutención que garantice su permanencia en los estudios. 

En la actualidad, a nivel nacional, Matrícula Cero tiene varios requisitos: ser menor de 28 años, no tener un título profesional y pertenecer a estratos medio/bajo; mientras que en la capital antioqueña no habría estas condiciones: todos los estratos pueden ser beneficiarios y tener título universitario no será motivo de exclusión. 

Una de las distinciones más importantes, y quizá la gran bandera de esta política, es la diversidad, pues el 30% de estas matrículas serán destinadas para la población trans y no binaria de Medellín.

La enmienda de este cupo trans que se aprobó fue presentada por la concejalía colectiva de Estamos Listas, en cabeza de la concejala Dora Saldarriaga. Nataly Vélez, la concejala coordinadora del proyecto, dijo que entre 2022 y 2031, el programa tendrá una proyección de beneficiar a 494,864 estudiantes, con un costo estimado de 2,9 billones durante estos nueve años.

Tras la votación, en la que 18 de 21 concejales votaron a favor, organizaciones como la Red Comunitaria Trans celebraron, así como activistas. Águeda Gallego, fundador y coordinador de la mesa diversa Divergéneros de la comuna 3 (Manrique), le dijo a Ciudad Morada que “nos sentimos muy halagados, muy contentos, lloramos de alegría, recuerdo que nos abrazamos, que brincamos de felicidad, fue un gran hecho histórico en la ciudad”. 

Pero aún quedan puntos a trabajar. Según el activista Gallego, aunque ya es una política pública, todavía se debe crear la reglamentación para cumplir el acuerdo y asegurar de dónde saldrá el dinero para mantenerlo. A nivel nacional, el reto del gobierno Petro es aún mayor, pues falta aterrizar las propuestas de educación que impulsó en su campaña con programas que sean posibles, financiables y que permitan reformar el sistema educativo. Hasta ahora, la información que se ha brindado al respecto no es muy clara. 

Por ejemplo, en entrevistas recientes, el ministro de educación, Alejandro Gaviria, aseguró que una de sus prioridades es que la educación pública llegue a todos los rincones del país, pero que para lograrlo es necesario acabar con el déficit de 15 billones de pesos de las universidades públicas y así tener instituciones estables económicamente y con más recursos. ¿Cómo hacer esto y garantizar la matrícula cero en Colombia al mismo tiempo?

Así, la euforia del logro en Medellín empieza a volverse incertidumbre por poner a prueba la capacidad de acceso, cobertura, manutención y gratuidad, algo que también es el objetivo del nuevo gobierno. Medellín sería la ciudad donde, por ahora, se centralizan preguntas que pueden extenderse a todo el país: ¿De qué manera las entidades encargadas van a garantizar el cumplimiento de garantizar matrícula cero en universidades públicas? Y con la llegada del gobierno de Petro, ¿de qué manera se beneficia o se afecta este acuerdo y cómo poder proyectarlo a nivel nacional?

El hito: población trans y no binaria con posibilidades de estudio

“En educación había una falencia muy grande, y era que Sapiencia [el ente regulador de la financiación de la educación superior en Medellín] no había trabajado en la creación de becas con un enfoque diferencial para población trans y no binaria para la educación superior en las universidades de Medellín”, asegura el activista Águeda Gallego, para quien hay acciones sin cumplir en cuanto a poblaciones diversas en el Plan Estratégico 2018-2028, el cual acompaña la política pública LGBTIQ+.

El nuevo acuerdo busca que el 30% de los cupos anuales sean para personas trans y no binarias, y que haya un año de plazo para los créditos condonables, como una forma de combatir la brecha educacional para estas personas. “Es muy difícil mantenernos en las instituciones educativas de educación superior o en los colegios por la discriminación, porque no se ha contemplado el tema de diversidad sexual e identidades de género y por ende no hay cabida para nuestra población”, afirma Águeda.

Según la concejala Dora Saldarriaga, todavía no hay un censo de cuántas personas trans y no binarias acceden a la educación superior, pues nunca ha sido un tema de interés para las administraciones públicas. “No había un interés particular por la población, mucho menos una sistematización. Si yo no tengo la voluntad como sector educativo de identificar, ni siquiera me preocupo. Lo que nos encontramos es que no había una intencionalidad y por ende había subregistros sin datos concretos”, comenta la concejala. 

Esto lo vivió Águeda, quien denuncia que durante todo el proceso de trámite de este acuerdo sintió que hubo personas que no querían que las becas para poblaciones diversas estuvieran en el acuerdo. “Querían obstaculizar el proceso, impedir la participación de la población sexualmente diversa porque ellos dicen que nosotros siempre llegamos muy alborotados”, afirma. 

Muestra de ello es que, después de haber realizado reuniones con la Gerencia de Diversidad Sexual de la Alcaldía de Medellín, el Movimiento Estamos Listas, la Mesa Diversa – Divergeneros, entre otros, según cuenta Carlos Chaparro, director de Sapiencia, encontraron una oposición marcada en el Concejo. “Cuando llegamos al primer debate, un concejal manifestó que eso era anticonstitucional (priorizar recursos para la población trans) y otros concejales se guiaron por el mismo criterio y terminaron en el primer debate votando en contra y sacando del texto las acciones afirmativas para la población trans”.

La Matrícula Cero para personas trans y no binarias es un hito en una ciudad como Medellín, donde en los últimos años se ha incrementado la violencia homicida en contra de la población LGTBIQ+, y supone un reto para muchas instituciones de educación superior.

“Esperamos que, antes de finalizar este semestre, la institución genere una política y unas acciones afirmativas desde el proceso de admisión para la acogida de estos estudiantes y población, y que le permita a aquellas personas que pertenecen a la población trans y no binaria sentirse acogidas, no solamente por el movimiento estudiantil, sino también por las acciones afirmativas que se tienen que hacer desde lo administrativo”, comenta el líder estudiantil Brandon García.

Entre la financiación y la burocracia: los retos del caso Medellín

La Matrícula Cero en Medellín ha beneficiado, desde 2020 hasta la fecha, a 41.000 estudiantes. Con el acuerdo actual se buscará que desde 2023 hasta 2032, la cifra llegue al menos a 500.000 personas en la capital antioqueña, es decir, 12 veces más de la población que atiende el programa actualmente. 

Sapiencia ha sido clave para la gestión de la política pública, pues es el ente regulador de la financiación de la educación superior en Medellín por medio de fondos como el Presupuesto Participativo, el Fondo EPM, Generación E, Ser Pilo Paga, entre otros. También es la entidad encargada de realizar todo el estudio técnico y la estructuración de la política pública, tomando como punto de partida la experiencia de la Matrícula Cero actual. 

Según cuenta Carlos Chaparro, director de Sapiencia, hasta finales de 2021 el programa de Matrícula Cero en Medellín se financió gracias a algunos excedentes financieros de la entidad que dirige. También recalcó que el gobierno de Iván Duque solo entregó recursos para unos cupos, mientras que la Alcaldía de Medellín, por medio de Sapiencia, financió y financiará el 100% de las matrículas de todos los estudiantes de pregrado de las tres instituciones de educación superior de Medellín.

Con la aprobación del proyecto de acuerdo Nro. 87 de Matrícula Cero se busca que el programa se proyecte en el tiempo, pues antes estaba proyectado sólo durante la administración del actual alcalde Daniel Quintero, cuenta Brandon García, líder estudiantil del ITM. Con la aprobación del acuerdo, la financiación entra a hacer parte del presupuesto de toda la ciudad, sin depender de la administración municipal de turno.

Chaparro cuenta que montaron el programa de Matrícula Cero en mayo de 2020 y entró en vigencia hasta julio, pero las universidades recibieron la plata hasta finales de noviembre. Esta es una gran preocupación de cara al nuevo acuerdo, pues para Brandon García el problema es que con ‘lo público’, todo es muy lento y burocrático. Ese fue uno de los problemas que tuvo la financiación de Matrícula Cero en la pandemia. 

“Desde que inició el piloto de Matrícula Cero ha existido una dificultad en la transferencia e ingreso de los recursos a las instituciones. Estamos muy contentos de que se haya aprobado la política, pero nos preocupa la periodicidad en la que ingresan los recursos.” dice García. 

De acuerdo con Sapiencia, el problema con la demora en la transferencia de recursos se debió a una primiparada, pues nadie estaba preparado para activar un plan de educación de semejante magnitud. El problema fue que, como en Medellín existen muchos estudiantes que están becados por medio de alguno de los fondos que administra Sapiencia, era preciso discriminarlos uno a uno para evitar que una persona recibiera doble beneficio.

Estas situaciones inquietan al movimiento estudiantil, pues para Brandon García aún no es claro por qué debe haber un intermediario como Sapiencia entre la Administración Distrital y las instituciones. “La labor de nosotros como movimiento estudiantil es hacer una vigilancia, mirar que esa ejecución de los recursos sea de la manera más correcta. Sapiencia es un cargo que depende de la alcaldía de turno. No queremos que el manejo de los recursos dependa de X o Y mandatario”, dice. 

Por otro lado, existen dudas de cómo se aplicaría el proyecto en otras instituciones públicas de educación superior que no son del distrito. Si una alcaldía entrega recursos a instituciones de otros municipios se incurriría técnicamente en peculado. “Para lograrlo debemos hacerlo a través de un fondo”, explica Chaparro. “Se mete el dinero en el fondo, similar a los que ya existen y que Sapiencia administra, y este se distribuye en las universidades. Legalmente eso se puede hacer”. 

La manutención de estudiantes es otro aspecto importante en el proyecto de acuerdo. Chaparro afirma que “no va a ser para todos, como es la matrícula cero, únicamente para quienes salgan seleccionados después del estudio de su condición socioeconómica.” Este estudio lo hace la entidad revisando el estrato del estudiante y los ingresos de su núcleo familiar. “Nosotros les damos dos salarios mínimos a cada estudiante por sostenimiento, haciendo el envío directamente a la cuenta de ahorros de estas personas”, precisa.

“Cuando uno va a hacer un acuerdo municipal que incluye recursos, tiene que hacerse el estudio con la Secretaría de Hacienda para que esto cumpla con el marco fiscal de mediano plazo”, explica Chaparro. “Por ley, todo municipio, todo distrito y toda ciudad debe programar sus recursos, su presupuesto a diez años, todos”. Chaparro especifica que a esa planeación presupuestal le llaman el marco fiscal de mediano plazo. “¿Para qué? Para que haya una certeza de todo lo que se va a financiar en esos diez años siguientes”.

Una prueba para la ambición del nuevo gobierno 

Este esfuerzo conjunto para la cobertura en Medellín es tan solo un ejemplo del reto que tendría la política nacional. 

Petro tiene cinco grandes propuestas que hablan de la educación pública, gratuita y de calidad para niñas, niños y jóvenes. Entre estas se incluyen sobreponerse a la crisis por la pandemia, fortalecer apuestas como el Sistema Nacional de Cuidado, recuperar a los estudiantes desertores, generalizar los programas medios y técnicos, promover el desarrollo de formación artística y prevención del trabajo infantil a través de programas existentes y modificar el Plan de Alimentación Escolar. Algunas no son nuevas y  traen consigo retos en términos de presupuesto y de capacidad de las instituciones educativas.

“El gobierno pretende articular a las universidades, los institutos técnicos y tecnológicos, también al SENA. Ahí hay un enredo muy fuerte, no solo con relación a los recursos, sino en que sea una educación gratuita y de calidad para toda la población”, afirma Jhon Mario Muñoz Lopera, investigador, doctor en Gobierno y Administración Pública y docente de la Universidad de Antioquia. “Lo digo porque es muy difícil armonizar el sistema. El presupuesto y el marco normativo son muy diferentes para ambos, y el déficit para las universidades públicas es de más de 19 billones de pesos. Entonces es muy difícil la pretensión de alcanzar una educación universal”.

El ministro Gaviria también ha dicho que para que la educación sea pública, gratuita y de calidad, como la propuso Petro, la política debe abordarse desde varios frentes: entender la educación como motor de la reconciliación, articulando la cultura. Aumentar la cobertura en la educación preescolar y cerrar las brechas que aumentó la pandemia. Y en cuanto a educación superior, priorizar la educación pública, ampliar su cobertura e invertir en su infraestructura. Además de avanzar en los programas de gratuidad, el fortalecimiento a las políticas de bienestar estudiantil y reformar el ICETEX. 

Hay algo claro: los problemas de la educación pública en Colombia no se van a resolver en cuatro años, aunque sea prioritario para este gobierno. Las cifras lo indican: según Fedesarrollo, en educación básica, se estima que por cada 100 niños que entran a primero de primaria, solo 44 logran graduarse de bachillerato a tiempo. De 100 graduados de bachillerato en el país, solo 39 logran acceder a educación superior, donde la deserción es del 46% en estudios universitarios y supera el 50 % para técnicos y tecnológicos. La deserción es más alta en los estratos bajos. Es decir, no solo se trata de acceder, sino también de poder quedarse. 

Y aunque el presidente Petro ha dado mensajes contundentes frente al tema educativo, como pedirle a los alcaldes a través de su cuenta de Twitter “alistar lotes con títulos saneados para construir las sedes universitarias y colegios universidades”, para el profesor John Mario Muñoz, el enfoque realmente efectivo debería estar centrado en saldar la deuda con la universidad pública.

“Con respecto al llamado que hizo Petro, si ponemos sus palabras en una escala nacional, se deberían construir 1185 nuevas universidades de tipo tecnológico”, dice Jhon Mario Muñoz. Con base a su experiencia en Medellín, el profesor se pregunta “¿cuánto se demora para construir la sede del técnico o tecnológico?, ¿cuándo se acreditan los programas requeridos? ¿de dónde sale la plata? si con la reforma tributaria no se va a recaudar todo lo que se tenía pensado”, dice.

Un logro del movimiento estudiantil 

En 2018 el expresidente Iván Duque firmó un acuerdo con los estudiantes, tras dos meses de paro, en el que se comprometió a destinar más de $4,5 billones adicionales para la educación superior pública durante su gobierno. Luego en 2020, en medio de la pandemia, se anunció la política nacional de Matrícula Cero, que se convirtió en política estatal en 2021. Ésta se implementó para jóvenes entre 14 y 28 años de estratos 1, 2 y 3, y va a seguir siendo una bandera de este gobierno.

“Los estudiantes se reunieron con Duque y él incluso firmó unos acuerdos con los estudiantes y los maestros. Yo era presidente de los profesores en esa época y, él empezó en la presidencia, pero después los incumplió. Se buscaba que se viera la educación como una política de Estado y no de gobierno, porque cuando éste se acaba, se va la plata”, explica el profesor Muñoz.

Hubo nueve marchas, un paro indefinido para estudiantes y docentes y 16 sesiones de negociación antes de concretarse un acuerdo. El gobierno Duque incumplió, pues no realizó el giro del presupuesto apropiado para el Ministerio de Ciencia, no adelantó ninguna reforma al ICETEX, no financió en su totalidad la Matrícula Cero, ni autorizó el incremento del presupuesto a las universidades por encima de la inflación durante su gobierno.  

“Iván Duque incumplió a los estudiantes y a las universidades”, dice Hami Gómez, representante estudiantil de la Universidad Nacional de Medellín y parte de la Organización Colombiana de Estudiantes. Afirma que “para Matrícula Cero, solo reconoció el 12% de los recursos (97.000 millones), el resto lo pusieron entre universidades, municipios y departamentos, cuando es el gobierno nacional el que tiene que garantizarlo. Nosotros estamos con la idea de que en el Presupuesto General de la Nación se le aumente el IPC+ 5% al recurso para las universidades”, dice.

Según José Cardenas, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees), los 97.000 millones de pesos fueron girados para 33 universidades públicas y 29 instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias en el país, a través del decreto 662 de 2020. Con este, se creó el Fondo Solidario para la Educación. Sin embargo, fue insuficiente, pues para cubrir la gratuidad del semestre a todos los estudiantes, se necesitaban al menos 800.000 millones de pesos.  

Es el movimiento estudiantil en Colombia el que ha logrado mayores garantías para la educación superior en nuestro país. También el que hace la veeduría más pendiente y las denuncias ante incumplimientos. 

“Es una lucha del movimiento estudiantil, no solamente en Medellín, sino en el país, pero Medellín fue una de las pioneras y hoy se materializa gracias a una apuesta por la educación como un medio de transformación de la sociedad”, afirma Brandon García, líder estudiantil del ITM, quien no atribuye este logro a ninguna alcaldía. Esta vez, el movimiento estudiantil se articuló con el movimiento Estamos Listas y la alcaldía distrital, entre otros, por encima de movimientos, partidos o mandatarios actuales. 

Con Matrícula Cero y la unificación de los fondos o becas, la gratuidad cubre a estudiantes de las tres instituciones públicas de Medellín: ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor de Antioquia, y a las de carácter Departamental: la Universidad de Antioquia, el Tecnológico de Antioquia, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la IU Digital y la Universidad Nacional de Colombia. Sin embargo, hay que esperar a que se de la reglamentación para su aplicación en el primer semestre de 2023.  

A pesar de que Matricula Cero en Medellín beneficiaría a muchos estudiantes, el movimiento estudiantil busca que esta política sea más universal, y que sea el gobierno nacional quien la financie. “Medellín puede que tenga los recursos, pero otros municipios no los tienen, entonces hay una desigualdad y no estaríamos hablando de gratuidad universal, sino parcial en algunas zonas”, indica Hami Gómez. 

Sin embargo, para la concejala Dora Saldarriaga, la educación debe estar siempre dentro de las agendas de las y los concejales de la ciudad. “Nosotras quisimos ponerle un toque a ese acuerdo municipal y fueron dos enmiendas maravillosas: las becas para las personas trans, porque sabemos que dentro de las disidencias sexuales las personas que tienen más difícil el acceso a la educación son las personas trans; la segunda, becas para mujeres de cualquier edad en carreras de ciencia, tecnología, innovación y matemáticas”, explica. 

A pesar de la decisión histórica de este acuerdo y de las vidas que cambiaría, hace falta socialización. “Escuché que habían aprobado la matrícula gratuita, pero como no tenía toda la información, la busqué para saber cómo acceder a ella, pero no fue fácil.  La verdad sigo un poco confundida, pero si es verdad que puedo acceder a educación gratuita me parece una gran oportunidad, porque desde que salí de 11° del colegio se me ha dificultado mucho entrar a una universidad por los requisitos que tiene o por los costos de los semestres”, cuenta Angie, una adolescente que vive en la comuna 13 (San Javier), en Medellín. 

Seguramente habrá que hacer el doble de esfuerzo si Petro quiere replicar este tipo de proyectos a nivel nacional.