A pocos pasos del terreno donde se proyecta la construcción del lujoso World Trade Center de Pereira se halla un modesto condominio con casas de dos pisos y balcones color mostaza. La zona se llama Villa Olímpica, y el conjunto, Villasol. La calle que lo bordea por el costado oriental es un extenso camino destapado y terroso, arado por huellas de neumático y huecos donde se acumulan las aguas oscuras del último chubasco. Desde allí se ve una pancarta donde se lee: “Señor Alcalde!!! Esperando el CAMBIO QUE PROMETIÓ PARA ESTA VÍA”. Y bajo el mensaje se ven algunas imágenes del hipotético diseño que tendría la calle 94 si la alcaldía del liberal Juan Pablo Gallo hubiera cumplido su palabra.

Los procesos urbanos en Pereira, como en otros lugares del país, funcionan bajo reglas paradójicas. La zona de la Villa Olímpica está cerca del Aeropuerto Internacional Matecaña; allí se encuentran el estadio de fútbol Hernán Ramírez Villegas y las piscinas olímpicas que albergaron los juegos nacionales de 1974. Nada más cruzar la torturada calle del condominio Villasol se llega a Expofuturo, el recinto ferial de la ciudad inaugurado el año pasado con todos los fastos y cuyo costo rondó lo 32 mil millones de pesos. Su gestor fue el dos veces presidente de la Cámara de Comercio, Mauricio Vega Lemus, un abogado de 42 años que desde los 13 figuraba en la ciudad a través de sus columnas en El diario del Otún.

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Vega Lemus vive en un conjunto a menos de diez minutos en carro del complejo olímpico, en la valorizada zona occidental de Cerritos. Hoy está empleado a fondo, con el apoyo de su aliado el alcalde Gallo, en traer a la Villa Olímpica una de las mayores franquicias mundiales de centros financieros y de negocios, el World Trade Center, donde la Cámara de Comercio ocuparía el último piso de unas instalaciones enfocadas en las nuevas tecnologías. Pero la ley vigente, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2016, establece que este sector debe centrarse en usos asociados a la recreación y el deporte. El WTC aún no tiene licencia de construcción.

La norma, sin embargo, da juego a ciertas excepciones o “figuras intermedias”. Y allí entramos en un limbo urbanístico y legal que, a través de numerosas lecturas políticas, económicas y sociales, debe despejar dos cuestiones medulares: ¿es posible que el proyecto de carácter financiero y tecnológico empate o complemente con la vocación que le asigna el POT al sector? Y, ¿de qué manera aportará al desarrollo, no solo económico, de la ciudad?

Aún faltan permisos y papeles para que las grúas puedan intervenir este terreno de 20 mil metros cuadrados, con una inversión inicial de 30 millones de dólares. Fue la entonces directora regional de noticias de Caracol Radio, Claudia Ardila, quien publicó la noticia hace cerca de un mes. Desde entonces los cuestionamientos a las normas y la influencia de la Cámara se han hecho sentir en el ambiente. El presidente Vega Lemus incluso llamó a la emisora para reclamar porque se le “estaban retirando los inversionistas”.

Claudia Ardila, que llevaba 12 años vinculada a la empresa, ya había sido advertida en agosto del año pasado de que debía suavizar sus relaciones con el alcalde y los empresarios. Fue precisamente Darío Arizmendi, director de noticias de Caracol Radio, quien la reprendió frente a sus compañeros del programa 6AM Hoy por Hoy. Algo había en su forma de entender el oficio que incomodaba a sectores de la ciudad, desacostumbrados al escrutinio y la crítica.

Dos semanas antes de su despido, Ardila recibió sin mayor sorpresa una señal de alerta. Un miembro de la Cámara de Comercio le contó que el presidente Vega Lemus anunció durante una junta que por la reportera de Caracol no debían preocuparse “porque pronto tendrían noticias de ella”.

La directora del servicio informativo de la cadena radial, Diana Calderón, asegura que en Caracol “jamás se cruzan los aspectos periodísticos con los comerciales”. Para la conductora del programa Hora 20, Claudia Ardila “dejó de llenar las expectativas” en aspectos vinculados a su oficio. También desmiente cualquier llamado a “suavizar el tono” y dice que Claudia “siempre recibió de esta dirección respaldo y apoyo”. Vega Lemus, por su parte, ha reiterado que admira a Claudia Ardila y que nada tuvo que ver en el asunto.

Natalia Londoño trabajó durante cinco años junto a Claudia Ardila. Las dos se encargaban de contar la ciudad. Natalia cumplía además como corresponsal de la W Radio. Tras el despido de su coequipera dudó mucho en quedarse, debido al ambiente enrarecido de los últimos meses. Finalmente puso a disposición su hoja de vida para intentar un ascenso a directora regional de noticias, y así continuar la labor de Claudia en los micrófonos. Pero la respuesta verbal de la gerente regional de Caracol Radio fue nítida: “no querían a nadie que hubiera trabajado en la empresa y buscaban a una persona que fuera amiga y cercana a los gremios de Pereira y al sector empresarial”, contó Londoño, quien decidió presentar cuanto antes su renuncia.

Ya marginada de la emisora, Claudia Ardila no desiste en sus cuestionamientos. Se pregunta cómo es posible que la Cámara haya presentado ya hace más de un año el proyecto a inversores de India, Italia y Suiza, “sabiendo que la norma al día de hoy no se ajusta. Es incomprensible que todo esto se haya diseñado desde hace más de un año y se le haya contado con tan poca claridad a la ciudad”, le explicó Ardila a la Liga.

En el mismo sentido: ¿cómo se explica que el equipo del arquitecto Jaime Vélez, que ayudó a concebir una de las torres más altas del mundo en Dubái, no se hubiera cerciorado de las reglas del uso del suelo antes de presentar sus diseños del WTC? Nadie entiende cómo es posible que la Cámara de Comercio haya descuidado de forma evidente las normas para obtener la licencia de una obra tan grande no solo para Pereira sino para la región.

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La capacidad de ejecución de Sergio Mauricio Vega Lemus ha obtenido algunos buenos resultados en sus dos períodos al frente de la Cámara de Comercio, la primera vez desde 2001 hasta 2005 y la segunda desde 2007 hasta la actualidad. El año pasado su iniciativa “El primer ladrillo”, ideada con el fin de recoger donaciones para la construcción de Expofuturo, ganó el primer puesto como proyecto no convencional en Australia, durante el congreso de la Federación Mundial de Cámaras. Y se suele mostrar con orgullo la agilización que logró en la gestión de los engorrosos trámites del universo administrativo y legal. Durante los días en que se elaboró este reportaje, Vega Lemus se encontraba en Turquía junto al alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo y el gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar. Habían viajado en una misión de intercambio empresarial.

Un veterano reportero local, que se abstuvo de ser citado, señala que la acumulación de poder que ha alcanzado Vega Lemus desde la entidad gremial, en una ciudad básicamente comercial, genera más de una inquietud. Hay quien cuestiona que en su currículum, publicado en la página de la Cámara, figure con silla en una docena de juntas directivas repartidas en múltiples frentes: la Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira, el Comité Intergremial de Risaralda o el Fondo Regional de Garantías del Café, entre otras. Un político local que tampoco quiso citar su nombre para hablar con mayor libertad, señala que a la larga lista le faltan las dos más polémicas: la del aeropuerto Matecaña y la de la caja de compensación Comfamiliar. “No es extraño que los dirigentes gremiales se multipliquen por esas juntas. Lo que sí es muy raro es que tengan la capacidad y el tiempo de asumir responsabilidades públicas y sociales. ¿Quién responde, por ejemplo, por la peor concesión aeroportuaria del país, que es la del terminal aéreo de Pereira? ¡Nadie!”.

La queja hace alusión a las aún inexistentes obras de remodelación del terminal de pasajeros. El contrato de modernización fue adjudicado en noviembre de 2016 a una asociación público-privada (APP) conocida como CSS Constructores, que cuenta con un porcentaje del 4.99 % en la concesión Ruta del Sol, de la que a su vez es socia mayoritaria la brasileña Odebrecht, protagonista de la mayor trama de sobornos de la región. La firma debía iniciar las obras en septiembre del año pasado. Pero no cumplió ni siquiera con el cierre financiero y tiene una deuda con el municipio que asciende a un poco más de 10.000 millones de pesos. El diario El Tiempo tituló el pasado 13 de abril: “Operador de Aeromatecaña no está en quiebra, pero busca socio”.

El político local añade: “Mauricio Vega, al igual que su buen amigo y aliado político el alcalde Gallo, fue promotor de esa APP y es miembro de la junta desde 2011 o 2012. Desde entonces han traído asesores, consultores, abogados, ingenieros, arquitectos. Montaron un proyecto a cuatro años; se gastaron centenares de millones de pesos; le contaron a la ciudadanía cuando el contrato ya estaba adjudicado y hoy solo reina el atraso ¿Será que una ciudad se maneja así?”

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En la terraza de un café en el centro de Pereira, la concejal por el partido Verde, Carolina Giraldo, explica que en esta ciudad de casi 500 mil habitantes rigen tres poderes: el público, en manos del alcalde; el privado, a cargo de la Cámara de Comercio y su presidente; y un tercero, mucho más nebuloso, asociado a estructuras mafiosas y economías ilegales. Para Carolina, también historiadora, la ausencia de espacios de debate para los procesos urbanos y de crítica sobre las decisiones de ciudad configuran un escenario preocupante.

Además del caso de la periodista Claudia Ardila, otros colegas como Leonel Arbeláez, de Todelar Radio; o William Restrepo, que pasó por Univisión, se han visto en medio de tutelas y señalamientos por parte de Vega Lemus. Los dos informadores denunciaron el año pasado las presiones y tretas ejercidas por el presidente para hacerse con una buena representación dentro de los cinco puestos de la junta de Comfamiliar, la caja de compensación regional que maneja un presupuesto anual de más de 300 mil millones de pesos.

La historia es la siguiente. Con el fin de robustecer la candidatura de la Cámara, y en medio de una disputa con sectores políticos locales, Vega Lemus solicitó a sus empleados y empresarios amigos, en carta fechada en febrero de 2017, otorgarle un poder para representarlos “en la asamblea general de Comfamiliar Risaralda en la que se escogerán los integrantes del consejo directivo”.

De esta forma se recogieron más de 1.900 poderes en papel membretado de la Cámara, con el fin de inclinar la elección a favor de Vega Lemus y alcanzar al menos tres escaños para el gremio empresarial. La Supersubsidio, encargada de vigilar estas entidades a nivel nacional, concluyó que había una violación de sus normas: “los miembros de las juntas o consejos directivos, los revisores fiscales de las cajas y asociaciones de cajas y demás funcionarios están inhabilitados para llevar la representación de afiliados en las Asambleas Generales”.

Los poderes quedaron anulados finalmente. Y Mauricio Vega Lemus, a su vez, fue presentado en junio de 2017 como nuevo miembro de la asamblea sin lograr las otras dos curules que buscaba.

Para Leonel Arbeláez, director del noticiero de Todelar en Pereira, el presidente de la Cámara se ha convertido en “un intocable”. Cuenta por teléfono que las contadas veces que se lo cuestiona desde los medios, el presidente Lemus activa una red de influencias con el fin de acallar las críticas: “En la primera tutela que instauró contra mí, por mis denuncias en el caso de Comfamiliar, la jueza falló en mi contra. Cuando fui a investigar encontré que había presionado al director administrativo de la rama judicial, Lucas Arbeláez. Después, cuando se interpuso la acción a otro nivel, con un juez de pequeñas causas distinto, se falló a favor mío y quedó claro que era improcedente. Durante ese proceso presionó a muchísima gente”.  Y añade: “Es tan preocupante la capacidad de influir sobre los temas de ciudad que desde el único periódico de Pereira no se atreven a tocarlo. ¿Por qué? Muy fácil. El director de El Diario del Otún, Luis Carlos Ramírez, conformó una junta directiva. ¿Y quién es el presidente de esa junta? Mauricio Vega Lemus”.

Hay una caso más pedregoso: el del periodista William Restrepo, de quien la revista Semana publicó una historia en enero pasado. Restrepo fue ‘entutelado’ después de trinar ciertas opiniones sobre Vega Lemus, relacionadas con su figuración en proyectos de la ciudad como el incierto traslado del Batallón San Mateo, presentado electoralmente por el alcalde Juan Pablo Gallo –de 36 años– como un gran parque metropolitano para la ciudad, al que se le ha adosado un proyecto inmobiliario con 8.147 viviendas. Un juez instó al periodista a publicar una rectificación por los tweets. Restrepo procedió a acatar el fallo, que la FLIP catalogó como desproporcionado, y hoy se encuentra refugiado fuera de Pereira por motivos desconocidos.

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El Batallón San Mateo, el aeropuerto Matecaña y la Villa Olímpica se hallan dentro de un mismo islote en el mapa, en una especie de triángulo vital para el futuro de la ciudad. Los tres tienen además una gran carga simbólica, porque al repasar la historia se hallan  vínculos afectivos notables. En la edificación de los dos últimos hay componentes de espíritu cívico y en el caso del batallón, los terrenos fueron directamente una donación de los pereiranos al entonces Ministerio de Guerra en 1948.

En ninguno de los casos está claro el rumbo a seguir. Quizás sea un buen laboratorio para que la ciudad se expanda bajo parámetros de planeación equilibrados y bien concertados. Sea cual sea la decisión, en uno u otro caso, lo que queda en evidencia es una falencia considerable a la hora de cumplir con los requisitos legales y urbanos básicos para adelantar proyectos de ciudad. Los atajos se han convertido en parte de lo cotidiano. Y esto va dejando marca tanto en Pereira como en sus habitantes.

Lo explica Alejandra Marín, abogada experta en temas urbanos: “Son pocas las experiencias positivas a la hora de concertar, socializar, participar a la gente, informarles qué se está gestando y cuáles son sus beneficios. Esa siempre ha sido la cenicienta del urbanismo en casi todas las ciudades colombianas. La vinculación de las comunidades es siempre a última hora y muy escasa”.

Para el ingeniero Carlos Arturo Caro, “esto no se trata solo de la construcción de un edificio; tiene que ver con la forma como queremos vivir y el tipo de ciudad que queremos planificar. Para eso tiene que haber transparencia y discusión. Que no vendan historias parciales a la gente, con la idea de que únicamente a punta de ladrillo y vías se alcanza el bienestar”.

Expertos en urbanismo, como Alejandra Marín o Carlos Caro, coinciden en que la llegada del World Trade Center a la Villa Olímpica, en caso de pasar por los trámites urbanos y legales requeridos, también podría traer algunas ventajas. Como por ejemplo desatascar el caótico centro de la ciudad. O valorizar la zona, atraer inversión, remozar la cara del sector con un edificio de valor arquitectónico, o mejorar la infraestructura.

No obstante, el ingeniero Caro es cauteloso. Señala que Pereira es una de las ciudades de Colombia con menos metros cuadrados de zonas verdes por habitante, con un déficit muy grande de espacio público. Y remata: “Entonces yo entiendo que en estos proyectos haya mucho dinero, y una oportunidad grande para especular con el precio de la tierra, pero no perdamos nunca de vista que estamos hablando de algo mucho más amplio: el modelo de sociedad en la que queremos vivir”.

Por lo pronto, muchos se servirían con un diálogo político y gremial más transparente. Y más campo para la crítica. Como el líder cívico Juan Antonio Escobar, quien se lo resumió a Claudia Ardila días antes de su despido de Caracol: “A unos ciudadanos nos toca más difícil que a otros. Entonces quienes estamos pidiendo un gran parque (en el batallón San Mateo) para los pereiranos, que no estamos detrás de un gran negocio, estamos al sol y al agua recogiendo firmas para una consulta popular. Y nos parece muy injusto que haya otros que se sientan a puerta cerrada para hacer que la normatividad en cuanto al uso del suelo en Pereira se ajuste a sus intereses personales”.

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