El mensaje entró a las 4 de la mañana del pasado lunes 19 de mayo.

UPI La Rioja: la historia de una promesa incumplida a los emberá en Bogotá

La Rioja es el principal asentamiento de la comunidad emberá en Bogotá desde el año 2022. Era un alojamiento temporal. Sin embargo, tres años después, se ha convertido en uno de los lugares de mayor hacinamiento y precariedad en la ciudad. El 6 de febrero murió una niña de siete años, una más de quince menores que han fallecido allí.

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“Quiero solicitar acompañamiento en el Parque Nacional. Nuestras poblaciones salieron hoy a las 3:00 am. Hay ESMAD, la gente está asustada. Un amigo tiene grabaciones. Si nos puede acompañar, muchas gracias. Si usted tiene amigos, llévelos al Parque”, fue el audio que recibí. Bajo el sonido del aguacero que cayó esa noche, me envió otro audio: “Acá vamos a estar, esperamos respuesta de entidad. Me preocupa mucho nuestra población. Porque el gobierno está incumpliendo, está lavando la mano, nosotros no tenemos comida”.

Era Rosamira, indígena emberá y una de las cuatro líderes de la UPI La Rioja, con quien hablamos hace dos meses.

Desde la última vez que la vimos, el reclamo ha sido el mismo. No hay comida. No hay garantías. No hay retorno. Las causas las hemos explicado en detalle en este reportaje. Pero esta vez, la preocupación no solo como periodista sino por solidaridad y empatía con una mujer que me escribe a la madrugada, visité el Parque al siguiente día. Desde hace meses, en el equipo de Cerosetenta nos debatimos cómo poder apoyar a estas poblaciones de otras maneras: ¿qué hacer cuando hay una evidente necesidad de alimentación? ¿qué hacer cuando las condiciones siguen siendo las mismas a pesar de que hemos usado nuestras herramientas de denuncia? 

Llegué el martes en la mañana al Parque Nacional. Subiendo por  la escultura de Grau, en el respaldo de la Universidad Javeriana, custodiado por guardias en caballos y carpas de la Alcaldía Mayor, aguardan los emberá. Bajo bolsas negras extendidas, esperan 300 indígenas –entre mujeres y niños– a que la Guardia Indígena y las autoridades del gobierno nacional y distrital instauren una nueva mesa que le dé garantías a su comunidad para acceder a los derechos básicos: comida, agua, vivienda, salud, pero sobre todo, retorno. En cada carpa duermen aproximadamente quince personas. 

Los emberá que hoy permanecen allí no son los mismos que salieron del parque el 9 de septiembre de 2024. En ese momento también había emberá chamí. Estos son los emberá katio, provenientes del Alto Andagueda, Chocó, que viven en la UPI La Rioja, un lugar de evidente abandono estatal. Muchos de ellos llevan entre cuatro y nueve años trasladándose en distintas locaciones de Bogotá –en zonas casi siempre caracterizadas por la delincuencia– a los que les permiten permanecer mientras aguardan porque se cumplan lo que firman en las mesas con el Gobierno.

El lunes se movilizaron tres líderes de los cuatro que habitan la UPI: Rosamira, Walter y Uriel. El último es Saúl, con quien la comunidad de Rosamira no tiene buena relación. “Vinieron acá al Parque la semana pasada solos. No les gusta participar como sociedad. Son 25 familias”, explica la líder.

El parque está sitiado por unas vallas. Dice la Alcaldía que es para prevenir que los niños salgan corriendo por la séptima. Doña Rosamira me pide esperar frente a las carpas, dice que va a enviar un guardia que me acompañe en el ingreso.

El funcionario de la Alcaldía, después de llamar no sé a quién, me dice que debo ingresar por otra entrada, la que está en la otra esquina del parque, hacia el Monumento de Rafael Uribe Uribe. Un muchacho de la Guardia Indígena llega a custodiarme. Me dice que lleva cuatro años en la ciudad y repite lo que ya Rosamira me ha dicho en los audios. Cuando llegamos a la otra entrada, nos dicen que yo debo ir hasta la carpa de arriba para que me permitan el ingreso, es decir, en la rotonda. Han pasado ya unos quince minutos desde que el guardia bajó. Yo le digo al funcionario del Distrito que no hay problema: ‘yo doy la vuelta y nos vemos adentro’, le explico al guardia.

Cuando llego al otro lugar, me dicen que el Puesto de Mando Unificado (PMU) no autoriza la entrada de nadie. Ni siquiera de los medios de comunicación. Que tengo que volver a la primera entrada, me dicen. Distintos funcionarios de la Alcaldía me sacan del Parque porque no estoy autorizada a estar allí. «¿Por qué me hicieron dar tantas vueltas entonces?», les pregunto. “Te pedimos disculpas, pero el parque está cerrado”, me sacan. Vuelvo y llamo a doña Rosamira. “No puedo ingresar. ¿Usted puede bajar y hablamos aquí?”.

“El Parque es de los bogotanos. No es para que ellos estén”, me dice un funcionario del Distrito. “Está cerrado para salvaguardarlos a ellos y a nosotros”, agrega. No permiten grabar. Todo, dicen, ya lo explicó el alcalde Galán en la rueda de prensa. Le pregunto al Alcalde de la localidad de Santafé, que llega de pronto, por qué no dejan entrar a una periodista a la que la misma comunidad convocó.  Su respuesta es la misma, repetida con variaciones burocráticas: “Solo entra la comunidad. Hay una razón distrital de orden público. Hay una ocupación del espacio público. Por seguridad tanto nuestra como de ellos, el parque está cerrado”, dice. Los guardias que están al otro lado en la entrada le dicen que por qué hace poco entró entonces una cámara de un medio. “Los de Caracol entraron por orden del Alcalde Galán”, es su respuesta. 

“Esta zona del parque la controla el Distrito, porque el parque es de la ciudad”, repite otro funcionario. Que ahora hay una intervención. Que solo se puede ingresar con carné del Distrito. Que ni medios ni ciudadanos pueden entrar. 

Cuando la entrada ya está custodiada por casi 10 miembros de la guardia indigena, entre jóvenes y adultos mayores, alguien llama a Rosamira. Baja acompañada por otra comitiva de guardias. Le pido al funcionario que le explique a ella por qué no me dejan entrar. Él vacila. Ella no. “Usted por qué no deja entrar si ella la trajimos nosotros, por qué suspende la entrada”, reclama. La respuesta oficial cambia. “No es suspender. Lo podemos hablar sin problema. Ya lo vamos a hablar con el Alcalde Local”, dicen. Rosamira parece calmarse pero sigue reprochando: “La ley dice: respete. Somos minga, es una resistencia. La ley dice que se respeta el desplazamiento, las mingas, las resistencias”. La funcionaria le advierte: “Esto no es un lugar para garantías, no es un lugar para estar”.

Todo esto ocurre en una conversación entre las brechas del lenguaje emberá y español. Pero uno de los líderes habla fluidamente y reclama: “Desde ayer suspendieron el agua. Hay algunos de nosotros que salimos para recoger agua en la Rioja. Pero acá no vinimos a competir ni a luchar. Vinimos a reclamar lo básico. Usted tiene que entender. Si nosotros necesitamos la prensa, tienen que dejarla entrar. ¿Entonces estamos en una cárcel?”

Finalmente el Alcalde Local cede. Me pregunta cuánto tiempo voy a tardar. Me insisten en que este no es el lugar de los emberá. Le advierten a Rosamira que ella debe registrar a la gente. “Yo no necesito reportar nombre. Vienen mucha entrevista.  No necesito un listado si nosotros mismos los llamamos. Ustedes también dejan entrar gente acá”. Y llama al guardia: “entidad no dejen entrar”. 

“Medios no entran, nadie entra”, concluye el funcionario, mientras Rosamira, la guardia y yo nos alejamos de la entrada. 

“Estamos sufriendo mucho en La Rioja”

Rosamira Campo lleva nueve años en Bogotá. “Luchando y no hay beneficios. Algunos han retornado sin garantías, y vuelven aquí”, dice. Su compañero, Juan Campo, agrega: “Sin agua, sin comida. Los niños están aguantando hambre. No nos dejan recoger agua en la quebrada. En La Rioja los baños están dañados. No hay agua allá. Hicimos reuniones, firmaron compromisos y no cumplieron”.

Su familia ha sido desplazada por distintos lugares de Bogotá: Ciudad Bolívar, La Candelaria, el Parque Tercer Milenio, ahora otra vez el Parque Nacional, UPI La Rioja. Cada parada ha sido una promesa rota. Los funcionarios del Distrito insisten en que este no es el lugar de los emberá. Y yo me pregunto después de estos nueve años si en realidad hay un lugar para ellos en Bogotá.

—Necesitamos al Ministerio del Interior, al Gobierno Nacional, a la directora de la Unidad [para las Victimas]. Las entidades vienen, firman y después se lavan las manos —dice Rosamira.

María Romelia, también de la comunidad de Rosamira, tiene cuatro hijos. El más pequeño lo carga en su espalda en ese momento. “Estamos durmiendo sobre el pasto. No hay pañales. Nos iban a dar colchones y ollas el jueves en la Rioja pero no cumplieron. Por eso vinimos. No estamos mandando a los niños al colegio porque estamos haciendo la minga”, explica.

— ¿No cuidarían mejor a sus hijos en el colegio? ¿Qué hacen cuando van allá?— le pregunto

—No, hay que traer la comida acá. Allá van a estudiar, aprenden a leer y aprenden español. Van para ser inteligentes en español, para que hablen bien. Sí, allá los cuidan, les dan almuerzo, refrigerio. Los pueden cuidar pero estamos suspendiendo porque hay que traer también la comida acá. 

— ¿Por qué vinieron acá?

—Estamos sufriendo mucho en La Rioja. Allá también cuando llueve, se chorrea todo abajo, el baño está muy cochino, tiene muchas ratas, cucarachas, allá se hace mucho daño a los niños también. Allá nos matan a las personas y no hacen nada. Necesitamos pañales para los niños.  No tenemos ni colchones ni cobija. Los niños lloran por hambre. Las mamás no estamos amamantando bien. 

Me despido de Rosamira y su comunidad. Trato de ver si encuentro a otro de los líderes. En el camino, varios niños juegan a la cuerda con funcionarios del Distrito. Otros juegan rondas en la mitad del parque.

A la salida  me encuentro con Rosa Helena. Tiene 24 años y es de la comunidad de Uriel. Va a cruzar la calle para comprarle a su hija una coca cola. Tiene otros tres hijos. Me dice que le gusta que ellos vayan al colegio pero los guardias no lo autorizan. “La alimentación la tienen que traer acá. Ellos sufren en la calle. Pero acá también. El papá de mis hijos está haciendo una casa para que vivamos todos”. 

***

Sí, los emberá volvieron al Parque Nacional. Otra vez. Así, con ese tono de hartazgo con el que titulan algunos medios. O el tono acusatorio: “Así instrumentalizan a los niños”. Pero alguien debería contar cuántas mesas de negociación se han abierto. Cuántas promesas se han hecho. Que quienes están hoy aquí no son quienes estaban el año pasado. Que la comunidad emberá, desplazada y fragmentada, sigue buscando un lugar donde vivir, no donde acampar.

Ese mismo lunes me puse en contacto con Jairo Borocuara. Él y su familia estuvieron en el último asentamiento del Parque Nacional hasta septiembre del año pasado. Su familia no busca retorno sino una reubicación en un lugar en Cundinamarca. Ya no quieren volver a su territorio pues dicen que allá no hay garantías de seguridad. 

Cuando la comunidad de La Rioja se trasladó el lunes al Parque, hablé con él por teléfono para saber si él estaba allí. Me contestó desde un pagadiario en el barrio San Bernardo, en Bogotá. No está en el Parque Nacional pero él y su familia siguen esperando un mensaje de la Unidad para las Víctimas. “Nosotros no estamos aquí porque queramos”, dice. “La lucha es para que el Gobierno agilice la reubicación en tierra. Pero con el Estado es muy complicado. Prometen y no cumplen. Prometen y no cumplen”.

***

Mientras tanto, en el Parque, algunos niños saltan la cuerda. Dicen que no hay agua. Y está lloviendo.

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