La imagen tiene tres momentos. 

Cuatro, si se quiere. 

El cuarto, el más amplio, son los marchantes que gritan desde el otro lado de la calle: insultan a la policía y al ESMAD. Les gritan que suelten a los que acaban de agarrar. Sobre el separador de la calle 26 está el tercer momento: una decena de agentes del ESMAD y de policías con trajes antidisturbios que impiden el paso de quienes quieren acercarse. En el centro está el segundo, sobre el que están todos los ojos: Alexandra González, defensora de derechos humanos, le dice a dos agentes del ESMAD que no está interviniendo con el proceso, sus manos al nivel de su cabeza. Uno de los agentes le grita a sus compañeros que la graben, que graben a Alexandra, y que quede registro de su supuesta intervención. En el piso está el último momento, el que casi nadie nota: un hombre joven acurrucado llora y se aferra a la pierna de Alexandra mientras uno de los agentes lo sujeta por el saco con fuerza. David frente a Goliath. Los chalecos de Derechos Humanos frente las pecheras de plástico.

Eran las 3:20 p. m. del 21 de noviembre, el día del Paro Nacional en Colombia en el que miles de ciudadanos salieron a marchar. A esta hora el ESMAD empezó a reprimir la marcha de estudiantes que iba por la calle 26. El plan era llegar al aeropuerto. El enfrentamiento inicial fue sobre la Avenida 68, a eso de las dos de la tarde: estudiantes que pedían avanzar pacíficamente fueron recibidos por agentes del ESMAD con gases lacrimógenos. Ese fue el primero de varios encuentros violentos entre marchantes y agentes de fuerza. A unos tres kilómetros de distancia, en la cola de la manifestación, cuatro defensores de derechos humanos escuchaban los estruendos de las granadas aturdidoras, el sonido que les marcaba el lugar donde empezaría su labor del día. 

“¿Normalmente o en esta marcha?”, pregunta Alexandra González y se ríe. 

La pregunta es en qué momento de la movilización suele empezar lo más agitado, el momento en que ella y otros defensores de derechos humanos empiezan a intervenir. Dice que normalmente Transmilenio es un punto álgido: cuando los marchantes lo bloquean empiezan también las detenciones, que es el evento sobre el que intervienen los delegados de derechos humanos que acompañan las marchas.

“Se supone que hay dos formas de detención en las marchas”, explica Alexandra. La primera es cuando encuentran a alguien cometiendo un delito, pero la más común en las movilizaciones, explica, es el “traslado por protección”, una detención administrativa descrita en el Código de Policía que se se hace cuando la persona está “exaltada”. 

“Si nosotros decimos que ya está bien, que ya está tranquila, no tendrían por qué trasladarla. Eso es lo que intentamos hacer, pero realmente casi siempre las terminan llevando a una estación de Policía. Por eso decimos que esas detenciones son las más arbitrarias, porque como no son detenciones judiciales la policía decide a quién detiene y a quién no. No hay quien controle esa detención. En esa situación es que intentamos intervenir”, asegura.

Para esta movilización específica, la del paro del 21 de noviembre, Alexandra sabía que podían esperar “de todo” en términos de detenciones y de enfrentamientos violentos. Lo sabían por el ambiente que se sembró días antes de la protesta: la llegada de militares a varias ciudades del país, el allanamiento a varios representantes de organizaciones, incluyendo el medio de comunicación Cartel Urbano, y en general el discurso de estigmatización al paro que se creó desde el Gobierno. 

Todo auguraba un ambiente de tensión para la marcha del 21. 

“Yo siento que esta es una falsa calma”, diría más tarde Juan Pablo Ramos, abogado y otro de los defensores de derechos humanos que acompañaba a Alexandra el jueves cuando la marcha aún transcurría tranquilamente. Lo diría un par de horas antes de que los gases lacrimógenos empezaran a dispersarse por toda Bogotá. A las dos de la tarde el presentimiento de Juan Pablo ya era una realidad.

En total eran cuatro los defensores de derechos humanos los que formaban este grupo en particular. Además de Alexandra y de Juan Pablo estaban Holmes Andrés Paz y Daniela Buriticá, todos miembros del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, una organización que hace parte de la Campaña Defender la Libertad —una articulación de unas 60 organizaciones sociales del país agrupadas para acompañar y defender el derecho a la movilización. 

En cada movilización la estructura y el acompañamiento de la Campaña es más o menos el mismo: los miembros de las organizaciones se reúnen en grupos de mínimo tres personas, que llaman Comisiones de Verificación e Intervención (CVI), en los que cada uno de sus miembros tiene un rol específico: una persona se encarga de establecer el diálogo con las autoridades, otra hace el registro fotográfico y de video de las agresiones y detenciones y de los policías involucrados, y la tercera se encarga de llevar registro escrito de los nombres de los detenidos, de los heridos y de los agentes. A cada CVI se le asigna un lugar específico de la movilización. 

Hay otros delegados que se encargan de mantener comunicación constante con las comisiones desde el Centro de Operaciones de Emergencias Distrital (COE), una dependencia que monitorea lo que va pasando y en la que, además, hacen presencia miembros de la Alcaldía y de varias secretarías. Esos delegados de las organizaciones que monitorean satelitalmente, se encargan de mantener el diálogo entre las CVI y de unificar la información que llega desde terreno.

“Esta vez se amplió mucho más la red. Ante el temor y el ambiente que se creó como de Estado de sitio —con los militares en la calle, las detenciones y los mensajes—, se vincularon otras organizaciones como Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas y el Congreso de los pueblos. De todas las organizaciones se lograron conformar 25 Comisiones de Verificación e Intervención que estuvieron distribuidas por toda la ciudad. Esa red se hizo con el fin de reaccionar ante judicializaciones. Ya hoy van 12 detenidos en Bogotá, por ejemplo”, dijo Alexandra a las 10 de la mañana, cuando una de las partes de la movilización aún estaba en su primera etapa de concentración frente a la Universidad Javeriana.

En este grupo de defensores hubo dos acompañantes más: dos extranjeros de chaleco verde, delegados internacionales de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés), una organización internacional que acompaña la labor de los defensores locales. “Es una forma de protección simbólica. Una forma de decir: “Ojo, vamos a estar viendo”. Ellos tienen también sus redes de aviso a autoridades”, asegura Alexandra.

Antes de iniciar la marcha se hicieron las presentaciones de rigor: los cuatro defensores, más los dos delegados internacionales, se saludaron con los representantes de la Procuraduría, otra de las dependencias junto a la Defensoría que se encarga de hacer presencia, veeduría y de proteger a los marchantes de posibles abusos. Luego viene el saludo con otros defensores de derechos humanos: los de la Red Distrital de Derechos Humanos, estudiantes universitarios que realizan la misma labor de acompañamiento. “Nosotros somos aproximadamente siete defensores en la Javeriana —dice uno de ellos, identificado con chaleco café—, pero el número depende de la universidad. En la Distrital deben ser como 10 personas, pero eso varía porque cada una de sus sedes tiene sus propias personas de derechos humanos”. 

Y por último, la más importante de las presentaciones: el saludo con la Policía. Entre Alexandra y el coronel encargado de los policías que acompañan esta porción de la marcha hubo un apretón de manos cordial. Intercambian nombres y asienten. Alexandra explica que su propósito, el de los defensores, es facilitar el diálogo entre la Policía y los marchantes, para hacerlo más sencillo. El Coronel a su vez da las gracias y dice que sí, que es importante ese acompañamiento. Segundos después pasa un grupo de estudiantes que le canta a la fila de policías, apoyados contra la pared, una arenga que dice que hay que estudiar para no ser policía nacional. En medio de los dos grupos está el Coronel y los defensores. La tensión sube y se siente la fragilidad de la cordialidad recién instalada.

“En este momento bien. Todo es amor”, dice Alexandra sobre el primer acercamiento con la Policía antes de empezar la marcha. “Nos saludan, nos dicen que claro, que saben quiénes somos. Pero cuando empieza el caos nos dicen: usted no puede hacer nada. De hecho hubo una movilización en la que detuvieron a uno de los estudiantes con chaleco de derechos humanos por estar preguntándole a otro detenido cómo se llamaba”.

Las siguientes cuatro horas transcurren con tranquilidad. La marcha avanza y los cuatro defensores de la CVI la siguen al final mientras los defensores de las universidades la acompañan por los lados. Los policías van atrás, con distancia. Dejan de verse por momentos y la movilización empieza a tomar diferentes rutas: unos se van por la calle 45 hasta la Universidad Nacional, otros siguen por la Caracas para bajar por la calle 26. Mientras tanto otra gran porción de marchantes va por la séptima hacia la Plaza de Bolívar. También hay movilizaciones en Suba, en Soacha, por la Primera de mayo. La marcha se siente inmensa e inabarcable. Eso no afana a los cuatro defensores que van a la cola de la marcha de estudiantes y que portan en la cara la tranquilidad de quien sabe que no lo puede hacer todo y que es suficiente encargarse de lo inmediato: lo abarcable.

A las tres de la tarde, a la altura de la calle 26 con carrera 60, la tranquilidad es reemplazada por el olor del gas lacrimógeno y el ardor en los ojos.  De repente, los chalecos azules que rezan “derechos humanos” en la espalda cobran una visibilidad que hasta ahora parecía más o menos imperceptible para los marchantes: se acercan jóvenes y le dicen a Alexandra y a sus compañeros que hay gente acorralada por el ESMAD en el centro comercial Gran Estación. A pocos metros unos cuatro agentes del ESMAD se enfrentan a gritos con una decena de jóvenes que les tiran piedras. Los gritos llegan también a los defensores de derechos humanos que empiezan a grabar la escena.  “¿Por qué no los graban a ellos también?”, grita uno de los agentes del ESMAD. “Para nosotros sí no son derechos humanos, ¿no?”.

La cordialidad de hace unas horas ahora son reclamos airados. 

La labor empieza: no se trata de frenar el enfrentamiento, frente a eso hay poco que los defensores puedan hacer, se trata de tener los ojos abiertos, de grabar lo que pasa para que quede registro de cualquier abuso de fuerza de la Policía y del ESMAD. Pero se trata sobre todo de estar atentos a las detenciones para intervenir, apuntar nombres y lugares de detención para que luego un abogado pueda ir e intervenir a favor de los detenidos. 

“Por allá cogieron a uno”, le dice uno de los marchantes a los cuatro defensores que corren hacia la dirección señalada. “Oigan, derechos humanos, trabajen”, grita otro manifestante. 

Al voltear una esquina, los cuatro se encuentran con cerca de 15 policías que rodean a un hombre y lo alejan de la calle 26. Los cuatro se acercan: Alexandra le pregunta al detenido su nombre y número de cédula, Juan Pablo graba todo en video y Holmes toma nota. Los manifestantes gritan que lo suelten. El hombre, por su parte, no puede dar sus datos: parece estar bajo los efectos de alguna sustancia. Así pasarán unos 20 minutos en los que caen piedras en dirección a la Policía y un polvo hacia el lado de los manifestantes, disparado por la Policía. En el medio están los defensores que dividen su atención entre el detenido, que ahora está en el suelo rodeado por los policías, y las piedras que caen cerca.

“En la marcha del 10 de octubre me pegaron con una bala de goma en la frente”, contaba Alexandra un par de horas antes de este momento, asegurando además que usar un casco o cualquier otro elemento de protección cambiaría su imagen y terminaría entorpeciendo la interacción con los manifestantes. “Si nos ponemos máscara o algo por el estilo ya no nos vemos como derechos humanos”. 

La intervención de esta primera detención termina cuando los agentes de la Policía se llevan finalmente al hombre alzado. El trabajo de los defensores está hecho cuando ya han recopilado los datos del detenido, la información del lugar al que será llevado, los datos de los policías que hacen la detención y la patrulla a la que el detenido es trasladado. La información se manda al chat de la Campaña para ser centralizada y unificada por otro miembro. Más o menos de la misma forma sucederá unas cinco veces más durante el día.

***

“En 2012 nos articulamos porque esto era algo que evidentemente nos desbordaba a todos”, dice Alexandra sobre la creación de la Campaña Defender la Libertad. Hasta entonces, varias organizaciones acompañaban de manera independiente las movilizaciones buscando que se respetaran los derechos de los manifestantes y denunciando los abusos de fuerza por parte del Estado. Sin embargo, fue hasta ese año que varias organizaciones decidieron sumar sus esfuerzos en una estrategia más organizada. 

Además, las organizaciones de la Campaña empezaron a impulsar iniciativas desde lo legislativo que procurara más protección para el ejercicio de la protesta y que evitara las tragedias que el abuso de fuerza había dejado en años recientes. 

“En 2013 fue el tema del Paro Agrario. En Bogotá, creo que fue el 17 de agosto, hubo una movilización muy pesada en la que asesinaron a dos jóvenes a quemarropa en un CAI de Suba. Además una joven fue lanzada desde el puente de la 26 con Caracas, cayó 12 metros al suelo, por suerte camina, pero estuvo un año en silla de ruedas. También hubo como 200 detenidos. Entonces hicimos una audiencia pública con la Campaña en la que la Alcaldía asumió el compromiso de instalar un proceso de negociación para crear un protocolo de protesta social”, cuenta Alexandra.

El resultado de la discusión —que contó con el acompañamiento de un experto de Argentina que había participado en la creación de un protocolo de protesta social en ese país— fue el decreto 563 de 2015, «Por medio del cual se adopta el Protocolo de Actuación para Las Movilizaciones Sociales en Bogotá: Por El Derecho a la Movilización y la Protesta Pacífica», un decreto que la alcaldía de Gustavo Petro había dejado firmado pero que fue implementado por la alcaldía de Enrique Peñalosa. 

“Lo primero que intentaron hacer fue desmontarlo y modificarlo”, asegura Alexandra sobre la implementación del decreto por parte de la alcaldía actual. “Pero luego se dieron cuenta de que era funcional, la misma policía lo defendía: a ellos les facilita que estemos presentes. A los policías de oficina no les gusta, pero a la policía en terreno le sirve tener con quien hablar y quien le ayude con la interlocución”.

Algunas de las cosas que estableció el decreto fue la presencia de un delegado de las organizaciones en el COE que pueda hacer veeduría sobre lo que pasa en las marchas; también la directriz de que la Policía no puede interferir el paso de la movilización y el reconocimiento de las CVI como cuerpos de organización de la sociedad civil que pueden “interlocutar” con Policía y manifestantes. 

El decreto es el primero de su tipo en el país, pero no es el único esfuerzo que se ha hecho sobre el tema: en 2013 se creó una Mesa Nacional de Garantías, un espacio que pretendía crear política pública sobre las manifestaciones en Colombia y que estaba conformada por el gobierno y las organizaciones sociales. Sin embargo, el trabajo quedó de lado con el inicio de los diálogos de paz y fue retomado hasta finales del año pasado, cuando resultó en la Resolución 1190 del 3 de agosto de 2018. 

“La Resolución 1190 es el protocolo para el país, aplica a todos. El problema es que es una resolución, no un decreto, por lo que tiene menor fuerza. Y es menos garantista que el decreto. Pero está bien, nosotros la defendemos. Por otro lado hay cosas que se han incumplido: hoy debería haber una mesa nacional institucional para el tema de protesta, pero el Gobierno no la ha querido implementar, nunca la convocaron, no quieren, no les gusta la resolución. El mismo [Guillermo] Botero, antes de posesionarse, cuando conoció que se iba a sacar la resolución dijo que estaba en contra de eso”, asegura Alexandra.

No es lo único que se incumple de la normativa vigente: el decreto de Bogotá, por ejemplo, dice que los defensores de derechos humanos pueden entrar a las estaciones de Policía, un mandato que hasta la pasada gran movilización en la ciudad, la del 10 de octubre, no se había cumplido. Esa es una de las cosas, dice Alexandra, que no quedaron tan específicas en el decreto y que por eso se incumplen. Sin embargo, es con esa normativa como respaldo que los defensores de derechos humanos salen a las marchas y procuran adelantar su labor a pesar de las barreras.

A las 3:20 de la tarde del 21 de noviembre, con la normativa como garantía, Alexandra se acerca al manifestante que agentes del ESMAD acaban de detener sobre el separador de la calle 26. A pesar de los alegatos de los dos agentes que le dicen que está interrumpiendo un procedimiento policial, Alexandra adelanta su labor y les responde a los agentes que como defensora de derechos humanos está autorizada para recopilar los nombres y datos de todos los detenidos en la movilización. Después del altercado, los agentes permiten que Alexandra y sus compañeros hablen con el detenido y les dan varios minutos para calmar al hombre que rompió en llanto apenas fue detenido. Unos 15 minutos después el ESMAD se lleva al joven y Alexandra le entrega varios folletos que le explican sus derechos. Le dice, además, que se tranquilice, que un abogado irá al lugar en el que será detenido.

“Antes [de la resolución] lográbamos interlocución pero dependía del funcionario. Ahora es un deber. Ya logramos que se reconociera nuestra existencia, ya tenemos un nombre: los de derechos humanos, las CVI”, dice Alexandra. 

No por eso dejan de tener dificultades: una hora después, aproximadamente a las cuatro de la tarde, cerca a la Universidad Nacional, hay enfrentamientos entre los estudiantes dentro de la Universidad y agentes y tanquetas del ESMAD afuera. Los cuatro defensores se acercan a un joven que ha sido detenido y que está cerca a una barricada de la Policía. El Coronel a cargo le impide el paso a Alexandra, le dice que le muestre un carnet que la identifica. Alexandra responde que no necesita de un carnet para hacer su labor, que el chaleco que lleva la identifica. El policía se niega y deben intervenir los delegados de las Brigadas Internacionales de Paz: un carnet extranjero y la explicación de que son una delegación internacional, son suficientes para que el Coronel deje a Alexandra acercarse al detenido y tomar sus datos.

No es siempre el caso, aún hoy con normativas vigentes sigue dependiendo del funcionario. Una media hora después, cuando Daniela Buriticá asume el liderazgo de la Comisión, se acerca a tomar los datos de seis detenidos que tres policías custodian: los policías dejan que Daniela tome los datos con tranquilidad, aunque a veces no deja de haber cierta actitud satírica de por medio. “Vea, derechos humanos, este tenía esto en la maleta —dice el policía encargado señalando una varilla—, se las obsequio, ¿o se la cargamos de una vez a él en la captura?”. 

Hacia las seis de la tarde, este grupo de defensores ha tomado los datos de aproximadamente 15 personas detenidas por la Policía o por el ESMAD. A esa hora, Alexandra asegura que van 66 personas trasladadas a los CTP —antes UPJ—, tres capturados y cinco menores de edad. Al final del día, el reporte de la Campaña Defender la Libertad será un total de 230 retenciones en el país y 24 policías heridos. 

***

En medio de las dificultades que siguen imperando en la labor de los defensores de derechos humanos, hay cosas que han mejorado. Alexandra asegura que cada vez son menos las detenciones en las marchas, sobre todo en las que son mucho más anunciadas, como la del Primero de Mayo, una movilización que se usó como indicador para la escritura del decreto. Según ella, en la marcha del Primero de Mayo de 2013 ya había más de 200 detenidos a las nueve de la mañana y en la del 2014 hubo, en total, 70 detenidos. Sin embargo, en la movilización siguiente al decreto, en 2016, se bajó a 10 en número de detenidos. “En 2017, en 2018 y en 2019 hemos tenido tres detenidos. Es una reducción sorprendente la del Primero de Mayo”, dice la defensora.

Sin embargo, no sucede lo mismo con todas las movilizaciones. La jornada del 21 de noviembre, y los siguientes días en los que se han presentado abusos de fuerza —incluyendo el caso de Dilan Cruz, gravemente herido por agentes del ESMAD— son una prueba de eso. 

Según la Campaña, hasta el 25 de noviembre hubo 831 privaciones de la libertad, de las cuales solo 19 han sido con fines de judicialización. “Los que son detenidos supuestamente en flagrancia son una ínfima parte. Es decir que se trata en su mayoría de detenciones que no tienen fundamento jurídico para privar de la libertad a una persona. No son personas que estén cometiendo delitos, estamos hablando de detenciones masivas, generalizadas, sin individualizar, lo que pone en grave riesgo la integridad, la libertad y la vida de las personas”, asegura Alexandra.

Frente a lo que Alexandra califica como “una actitud desproporcionada y arbitraria de la Policía para enfrentar las movilizaciones sociales”, confiesa que a veces la labor de ser defensora de derechos humanos puede resultar frustrante. Dice que el sábado 23 de noviembre fue el día que sintió la frustración con más fuerza: se encontraba a pocos metros de Dilan Cruz sobre la calle 19, en el centro, cuando agentes del ESMAD se acercaron a ella y a funcionarios de la Personería para decirles que iban a intervenir. La propuesta de los defensores fue hacer un cordón humano para evitar la intervención, que varios defensores se hicieran adelante y atrás de la movilización. 

En un video que registró todo el momento, se escucha a uno de los agentes del ESMAD* responder con tono tímido y casi resignado: “Es que mi Coronel me dice que proceda”. La funcionaria de la Personería lo mira de frente y le dice: “Hágale, notifiquémoslos del procedimiento”, refiriéndose a los marchantes. En el video se escucha a Alexandra empezar a anunciarle a los marchantes la decisión: “Van a proceder”. Y luego se le escucha responderle, con voz indignada, a un interlocutor que tampoco se ve: “No, porque sí. Van a proceder porque sí”.

Unos 40 segundos después se escuchan los disparos de las armas de los agentes. “Mire cómo están apuntado”, dice Alexandra con angustia mientras la cámara se enfoca en un agente que dispara de forma directa a los manifestantes que están del otro lado de la calle, y no de forma parabólica como la norma indica lo deben hacer. “¿Si lo escucharon?: “A quien sea, papi, dele, dele””, dice Alexandra citando lo que acaba de escuchar de uno de los agentes. Suenan dos, tres totazos más sobre las voces de los manifestantes que cantan al unísono: “Sin violencia”. 

Suena un cuarto estruendo, se empiezan a escuchar voces alarmadas. Un hombre grita: “un herido”. “Le dieron en la cara. Esperen, esperen”, dice Alexandra en el video mientras corre en la dirección donde acaba de caer al piso Dilan Cruz. Cuando llega al lado del cuerpo tendido en el suelo de Dilan, Alexandra pide a gritos una ambulancia. El río de sangre que sale de la cabeza de Dilan empieza a bajar hasta sus pies. [Acá pueden ver el video que hizo Alexandra del momento. Son imágenes muy fuertes]

“Ese día, el sábado no teníamos posibilidad alguna de diálogo. La Policía no nos respondía, no nos hablaba, no nos reconoció en ningún momento. Por eso nuestra única opción fue grabar todo. El sábado sentí que ser defensora de derechos humanos era la tarea más frustrante de la vida”, dice Alexandra.

Dilan Cruz murió en la noche del lunes 25 de noviembre después de tres días de estar en cuidados intensivos por un trauma craneoencefálico. La muerte de Dilan fue un golpe a la ciudadanía y, claro, los defensores de derechos humanos. Pero a pesar de tener todas las razones para dejarse consumir por el pesimismo, Alexandra y los otros defensores de derechos humanos no han dejado de hacer su labor. Alexandra es capaz de suspirar, después de recordar que estuvo a pocos metros de Dilan antes de que cayera al suelo, y decir que en medio de todo hay aspectos gratificantes. 

“Es gratificante en la medida en que uno ve que estas cosas se logran visibilizar, que no quedan en la impunidad, que logramos demostrar las actuaciones arbitrarias. También es muy gratificante cuando las personas te agradecen por su libertad, cuando te agradecen por tu labor”, dice Alexandra.

De las 839 personas detenidas por la policía y el ESMAD desde el jueves 21 de noviembre, la mayoría ya están en libertad.


*Nota de la autora: luego de publicar esta nota pudimos confirmar que este agente del Esmad fue el mismo que disparó contra Dilan Cruz.

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