Los confusos hechos ocurridos antes del paro del 21N en Colombia
América Latina vive días de agitación social y Colombia no es la excepción. Este jueves se realiza un paro nacional que ha estado precedido por una serie de acciones de las autoridades, las cuales han generado confusión y miedo entre los ciudadanos.
Antes de que Guillermo Botero se posesionara como Ministro de Defensa ya había propuesto una regulación de la protesta social que prendió las alarmas en el país. Dos semanas después de renunciar al cargo, los allanamientos de las autoridades a sedes de colectivos sociales, la intimidación a medios y las campañas del Gobierno para rechazar una violencia que no ha ocurrido, atemorizan a los ciudadanos antes de que estos se manifiesten.
Sin embargo, en mayo de 2019, DeJusticia publicó el informe ‘Elogio a la bulla: Protesta y democracia en Colombia’ donde concluyó, entre otras cosas, que el país ya tiene “un sistema judicial que instrumentaliza el derecho penal para desincentivar la movilización social”. La publicación indica que otros factores para desincentivar la protesta son “la contención normativa, la contención policial y la contención mediática”.
Así, a pesar de que la ley para reglamentar la protesta que quería Botero no existe, el gobierno del presidente Iván Duque ha logrado ponerle condiciones al paro de este 21 de noviembre, hasta el punto de que la prevención se ha instalado entre muchos y otros tantos evalúan desistir de salir a las calles.
Los vándalos del futuro
En el Congreso de los Pueblos, plataforma que reúne a decenas de organizaciones sociales, étnicas y campesinas del país, mantuvieron alertas a todos sus integrantes para acompañarse y asesorarse entre sí ante cualquier incidente que se pudiera presentar durante la preparación del paro. Aun así, Olimpo Cárdenas Delgado, responsable del Equipo Nacional de DDHH y Paz de esa organización, le dijo a La Liga Contra el Silencio: “nosotros no esperábamos que se fuera a producir una reacción violenta de tal magnitud, como la que se presentó ayer”.
Se refiere al registro y allanamiento que la Policía ejecutó a las 6 a.m. del 19 de noviembre a las casas en donde dos integrantes de Ciudad en Movimiento -una expresión de la plataforma- viven con sus familiares. Les incautaron sus celulares personales y los de sus familias, así como cámaras fotográficas, memorias, sus computadores portátiles, discos duros, banderines, afiches y volantes alusivos a la manifestación. Los jóvenes y sus parientes están recibiendo asistencia psicosocial y jurídica tras la irrupción.
Oficinas del medio Cartel Urbano en Bogotá. | La Liga Contra el Silencio
El mismo día, pero a las 7:30 a.m., unos doce miembros de la Policía arribaron a la sede de la revista Cartel Urbano, medio que lleva quince años dando a conocer expresiones artísticas y culturales alternativas. Portaban una orden de allanamiento que hicieron efectiva. Juan David Arenas, director del medio, contó que según les explicaron, “hay unas denuncias anónimas de una persona vinculada a la Universidad Pedagógica en la que indica que en las instalaciones de Cartel Urbano puede haber material explosivo y armas relacionadas con grupos terroristas”.
Tras el operativo, que terminó sin ningún hallazgo o incautación, Arenas le dijo a La Liga Contra el Silencio que están asesorándose con la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y organizaciones de abogados para poder proceder con acciones de otro tipo. Es el primer caso de una diligencia de esta naturaleza en contra de un medio en Colombia, previo al paro.
“Yo pienso que este accionar de intimidación, de persecución y de opresión a organizaciones culturales y sociales obedecen a prácticas de un régimen autoritario”, aseguró Arenas.
Estos hechos hacen parte de las 27 diligencias que adelantó el mismo día la Policía Metropolitana de Bogotá en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Según dijeron a diferente medios de comunicación al día siguiente, el objetivo era identificar a los ciudadanos que en protestas anteriores generaron hechos de vandalismo y terrorismo en la ciudad. Como resultado de esta operación exhibieron pólvora, aluminio y una granada lacrimógena, además de dos capturas.
Según el fiscal encargado, Fabio Espitia, estos allanamientos no tienen nada que ver con el paro del 21 de noviembre. Tal como lo explicó la directora seccional de fiscalías de Bogotá, Carmen Torres, estos resultaron de las labores de inteligencia de meses atrás y un informe dispendioso de la Policía Judicial. A pesar de ello, en el video de la intervención en la sede de la revista Cartel Urbano se escucha a los uniformados preguntar directamente por material alusivo a dichas manifestaciones.
Terminados los operativos, solo una de las capturas pudo ser legalizada mientras que Andrés Felipe Palacio, alias ‘Chiqui’, fue dejado en libertad en los juzgados de Paloquemao, porque no hubo los elementos suficientes para judicializarlo.
Además de este operativo ad portas de la movilización, la policía protagonizó otra situación problemática al enviar, desde la Jefatura del Centro Cibernético Policial, una carta a la revista Cerosetenta -medio digital de la Universidad de los Andes y que integra La Liga Contra el Silencio– en la que se lee: “me permito solicitar se estudie la posibilidad de eliminar el contenido de la siguiente url”, seguido del link donde se aloja la publicación titulada Manual 070 de autoprotección contra el ESMAD.
Alejandro Gómez Dugand, director de la revista, explica así el contenido de la comunicación: “es una nota para justamente evitar confrontaciones violentas y saber autoprotegerse, y sugiere justamente no dejarse provocar, alejarse de los focos de violencia y este tipo de situaciones”.
“Todas estas agresiones, crean un ambiente de miedo y censura entre los medios de comunicación y colectivos que hacen uso de su libertad de expresión para informar u opinar sobre asuntos de interés público”, alertó la Flip en un comunicado.
Esa organización se reunió este 20 de noviembre con el equipo de derechos humanos de la Policía Metropolitana. Según la abogada de la Flip, Luisa Isaza, en la cita los representantes de esa fuerza no emitieron ningún juicio sobre el caso de Cerosetenta, pero manifestaron que revisarían el sustento de la misiva y de ser necesario recordarían a los funcionarios el deber que tienen de proteger la libertad de expresión.
Los allanamientos a colectivos y las intimidaciones a periodistas no son las únicas estrategias de la fuerza pública que afectan a los ciudadanos antes de las manifestaciones.
El mensaje entre líneas
Catalina Botero, decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Los Andes, expresó a La Liga su preocupación por el accionar de la fuerza policial. En relación a la carta que sugiere “eliminar” un contenido de Cerosetenta, Botero recuerda que “aunque a la policía le parezca ofensivo un contenido tiene la obligación de proteger a los ciudadanos críticos que en ningún momento están llamando a desobedecer a ninguna autoridad”.
Con relación a las operaciones contra el medio Cartel Urbano y los colectivos culturales y sociales, como el Congreso de los Pueblos, Botero dice: “no entiendo cómo pretende ser justificado. ¿La autoridad está afectando a colectivos sociales porque consideran que haber estado en el pasado en una marcha es motivo de sospecha? Si esa es la razón, es muy peligroso”. Sostiene que “es una lógica perversa que viola la libertad de expresión, la libertad a manifestarse, la libertad a la protesta social”.
Los allanamientos a colectivos y las intimidaciones a periodistas no son las únicas estrategias de la fuerza pública que afectan a los ciudadanos antes de las manifestaciones. En Medellín, un día antes usuarios de redes sociales publicaron imágenes de un desfile de decenas de motorizados de la policía metropolitana que se desplegaron por distintas zonas de la ciudad sin motivo aparente. La Secretaría de Seguridad le contó al portal informativo Minuto 30 que esto hizo parte de una una actividad preventiva con los refuerzos de la policía.
Los habitantes ya se habían alarmado cuando el Metro de Medellín interrumpió su operación el 19 de noviembre por una maleta sospechosa que resultó ser una falsa alarma, pero que promovió la vinculación de la protesta de este jueves con posibles ataques a este medio de transporte masivo.
En las calles del centro de Bogotá existe presencia reforzada de policías y soldados. Autoridades policiales informaron que la marcha será vigilada por drones y que quienes causen desmanes serán identificados desde un helicóptero vía reconocimiento facial. El helicóptero inició sobrevuelos de la ciudad mucho antes de la protesta y trabaja 24 horas al día.
En medio de este clima previo a las manifestaciones, la abogada Botero, quien fue relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considera que “se pretende cultivar el efecto del miedo, la inhibición. Sino fuera por las torturas, sería como el régimen de (Julio César) Turbay”.
La mano negra
No solo la fuerza pública ha sido protagonista de hechos desafortunados en los últimos días. Otros actores no identificados han respondido a la estigmatización con ataques en contra de los que cuestionan el accionar de las instituciones.
Lo que vivieron los estudiantes de la Universidad de Cauca el 19 de noviembre, por ejemplo, fue más allá de la sorpresa y esparció el terror entre la comunidad universitaria. Recibieron un correo electrónico firmado por ‘Limpieza Social Civil Militar de Colombia’ en el que hablaban de una bomba instalada en el centro de las instalaciones del claustro. En el mensaje se lee: “dejaremos un gran cráter en el corazón de los caucanos (sic) el cual será llenado con los cuerpos de jóvenes valientes pero equivocados”.
Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Electrónica llamaron a la calma y mantuvieron su consigna de salir a la movilización del 21 de noviembre. Más tarde se supo que este panfleto digital fue falsa alarma, pero esa noche varios de los alumnos se congregaron alrededor de las instalaciones de la facultad en manifestación de paz.
Además, los webmasters de los portales periodísticos de Cartel Urbano y Cerosetenta confirmaron ataques maliciosos a través de bots y de multiplicación de tráfico, que provocaron la caída o intermitencia de los mismos.
“La Fundación para la Libertad de Prensa expresa su preocupación por este tipo de hechos que afectan el funcionamiento de los medios de comunicación y exhorta a las autoridades a investigar lo sucedido y sancionar a los responsables”, señala un comunicado.
No hay indicios de la procedencia de estas agresiones que aún son materia de investigación.
Los mensajes masivos que nadie pidió
Sumado a este ambiente confuso previo al paro del 21 de noviembre en Colombia, usuarios de Claro, el más grande operador de telefonía móvil de Colombia, se quejaron en las redes sociales del envío de un mensaje de texto de corte político desde el mismo número que reciben información comercial y publicitaria de la empresa.
“#ConstruirNoDestruir La protesta pacífica es un derecho de todos, no permitamos que violentos afecten el derecho a manifestarnos libremente, Gobierno de Colombia”, señala el SMS que abrió interrogantes sobre si el gobierno de Iván Duque- como va firmado el mensaje- está detrás de la operación, cuánto pagó por ello y, por otro lado, sobre cómo se están usando los datos personales de la base de datos de Claro.
