Como dijo Daniel Samper Ospina en su cuenta de Twitter, “un video en que no se ve que se cometa un solo delito tumbó a un viceministro, un general y una periodista: bienvenidos a Colombia”. Bienvenidos, en efecto, a Colombia. A una Colombia en la que, a falta de mejores noticias, la conversación íntima de dos mayores de edad (el exviceministro Carlos Ferro y el capitán de la Policía Ányelo Palacios) es la noticia del día, no de El Lavadero o La Red, sino de todos los medios nacionales. El video, publicado por La F.m. salió a la luz en medio de las investigaciones de lo que se ha venido a llamar la Comunidad del anillo, una red de corrupción y prostitución al interior de la Policía Nacional de Colombia. Podríamos tener mil discusiones de si deberíamos cubrir o no este tipo de historias, de si la vida privada de nuestros dirigentes tiene algún valor periodístico. Justo después de la publicación del video, La Silla Vacía publicó una nota sobre el asunto que retomamos en nuestras redes como una manera de adherirnos a lo que habían dicho: el video no constituye una prueba real de nada, no hay una sola mención a algo que pueda significar un crimen. Además existen dudas sobre la fecha real en la que se hizo, lo que hace tambalear aún más cualquier indicio de que el video fuera material periodístico. Y sin embargo, su publicación tuvo efectos muy reales: la renuncia del viceministro Carlos Ferro, del General Rodolfo Palomino y de Vicky Dávila, directora de La F.m., uno de los medios que más ha cubierto el tema y que recibió un premio del Círculo de Periodistas de Bogotá por ese trabajo.
La renuncia de Dávila, quien recibió críticas hasta del presidente Santos, debe asumirse como un mea culpa, como un reconocimiento a un error periodístico importante. Dávila fue víctima de una de las viejas maldiciones del periodismo: creyó tener una chiva, y en el afán de sacarla, no supo ponerla en contexto.
Tal vez no deberíamos hablar tanto de la Comunidad del anillo y empezar a hablar de corrupción a secas
Pero la publicación del video no solo provocó renuncias. Entrevistas como la que hizo Blu Radio a Carlos Ferro y a Marcela Pineda, su esposa, son profundamente desafortunadas: ¿Cómo piensan lidiar con el matoneo que pueden sentir sus hijos?, les preguntaron, ¿esto destruyó a su familia? Sentimos que la discusión real se ha desviado. La Policía Nacional vive uno de los momentos más graves de su historia. Sobre la institución y sus altos mandos rondan acusaciones de corrupción graves: acusaciones de abuso de autoridad, malos manejos de plata, de mover influencias para reintegrar –e indemnizar– a oficiales que fueron retirados de la Policía por cargos muy graves. Y el acoso sexual, por supuesto. No pretendemos en ningún momento restarle importancia al terrible crimen de forzar, ya sea a través de premios o de reprimendas de poder, a una persona para acostarse con otra. Pero creemos que se está hablando demasiado de solo una cara del problema, y que más que investigaciones, el país está empezando una cacería de brujas. El escándalo sexual parece estar opacando otros temas.
Pero además de nuestra obsesión por los escándalos, hay algo que está haciendo que no estemos hablando de lo que deberíamos cuando hablamos de la Comunidad. Este es un caso tremendamente complejo y con demasiados implicados que están volcando todas sus fuerzas en esconder hechos importantes.
Así que en un esfuerzo por entender, hemos construído en una línea de tiempo con todos los puntos álgidos de las investigaciones. Pero además, hemos llegado a algunas conclusiones que creemos que no se deberían perder de vista con respecto a la que puede ser la noticia más nefasta de corrupción dentro de una institución nacional.
El problema no es únicamente la Comunidad del anillo
El problema del pegajoso nombre de la Comunidad es que hace parecer que todo fuera un caso aislado, la historia de un grupo de ovejas descarriadas dentro de una institución limpia y proba. Nada más lejos de la realidad. Las noticias que han aparecido en los últimos meses son en realidad síntomas de una corrupción estructural al interior de la Policía. En una columna del 6 de febrero de este año, Daniel Coronell hizo una lista de “hechos innegables” sobre la Policía. Habla de despidos por enriquecimiento ilícito, chuzadas a periodistas, presiones para que oficiales retiren denuncias de acoso sexual, acusaciones de malos manejos de recursos por parte de Jorge Evelio Palomino, hermano del general… Tal vez no deberíamos hablar tanto de la Comunidad del anillo y empezar a hablar de corrupción a secas.
La noticia no puede quedarse en el mal paso de Vicky Dávila
La prensa, y la opinión pública, parece estar ya de acuerdo. Sin duda, el evento de la publicación del video quedó para siempre escrita en la historia periodística de este país, y cualquier reportero lo pensará varias veces antes de lanzarse a publicar material como el del video de La F.m. Pero la prensa no puede quedarse en este punto que es apenas un desvío del camino de una investigación más larga.
Este no es un tema nuevo
Ya en 1998 hubo acusaciones contra Palomino por acoso sexual. El teniente coronel Reinaldo Gómez Bernal dijo que su salida de la Policía había sido producto de persecuciones vengativas por haberse negado a insinuaciones sexuales de Palomino. Las acusaciones se hicieron públicas en el 2015, fecha en la que Palomino entregó material a la Procuraduría y Fiscalía para que investigarán el caso. “No tengo ninguna razón para renunciar a mi cargo”, aseguró entonces, “Ayer, hoy y siempre mi cargo está en la disposición exclusiva de nuestro presidente de la República y el señor ministro de la Defensa”.
Hay un asesinato que podría estar ligado a la Comunidad
Lina Zapata, cadete de la Escuela General Santander, murió el 25 enero de 2006 bajo circunstancias confusas. En un primer momento las investigaciones de la Fiscalía concluyeron que se había suicidado de un disparo en la cabeza, pero luego aparecieron pruebas suficientes para pensar en un asesinato y el caso volvió a abrirse. Según el capitán Edwin Orjuela, él y el coronel Salvador Cifuéntes quemaron la ropa de la cadete bajo las órdenes del coronel Álvaro Caro, director de la Escuela en ese momento. Las pruebas de balística comprobaron que el arma fue disparada con la mano izquierda pero Lina era diestra, y el lugar en que la encontraron fue alterado antes de que el CTI pudiera investigar. Lina se había enterado de la existencia de la Comunidad del anillo gracias a su novio, el alférez John Cifuéntes Lozano.
La corrupción de la Policía puede extenderse a otras esferas
Hoy la Fiscalía y la Procuraduría investigan los posibles nexos entre la Comunidad del anillo con congresistas. El coronel (r) Jerson Jair Castellanos, jefe de seguridad de la Policía Nacional en el momento en el que aparecieron las denuncias, no solo fue acusado por Ányelo Palacios de violación, sino que además es señalado de ser el puente entre congresistas y la Comunidad para gestionar encuentros sexuales con policías.
Además cabe mencionar el llamado Carrusel de los reintegros. La historia, producto de investigaciones de la revista Semana, parece salida de una película. El oficio de este Carrusel, comprendido por lobistas, abogados, periodistas y oficiales activos y en retiro, es ejecutar diferentes estrategias para conseguir el reintegro de oficiales que habían salido de la institución, en muchas ocasiones, por razones tan graves como alianzas con el crimen organizado. El carrusel no solo logra reintegrar a estos oficiales, sino que además les aseguran millonarias indemnizaciones. Semana asegura que el Carrusel recibe entre 100 y 300 millones de pesos por sus servicios.
Este es tal vez una de las acusaciones más graves que existen en contra de la Policía. De comprobarse de manera definitiva la existencia del Carrusel, y las investigaciones de la revista Semana hacen pensar que así será, se comprobaría que en la Policía la corrupción es estructural y articulada.
Hay investigaciones pero aún no hay condenas
La Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional han investigado a la Comunidad del anillo en diversos momentos y en casos específicos. A pesar de que cada uno de los entes ha recibido pruebas que involucran a altos funcionarios de la Policía Nacional en la red de corrupción, e incluso en un asesinato, los procesos se han ido abriendo y cerrando sin arrojar condenados. Tras la investigación hecha por LA F.m., la Fiscalía General de la Nación citó en 2015 a interrogatorio a un coronel retirado, un oficial y a un ex director de la Escuela General Santander alegando que existen suficientes pruebas de su participación en la Comunidad del anillo. El 16 de febrero, un día antes de la publicación del video de Ferro y Palacios, la Procuraduría abrió una investigación formal en contra del ahora ex director general de la Policía Nacional Rodolfo Palomino por incremento patrimonial injustificado, interceptaciones ilegales a periodistas y su posible vinculación con la red de prostitución de la Policía.
