¿De qué sirve rociar agua bendita sobre una ciudad que se estremece por el feminicidio de una niña de 10 años y un aumento en el 75 % de los homicidios?
El obispo de Buenaventura quiere exorcizar a la ciudad. Monseñor Rubén Darío Jaramillo quiere rociar agua bendita desde un helicóptero de la Armada Nacional. Quiere sacar “los demonios”, “la maldad” que, según él, están destruyendo Buenaventura.
Quiere hacerlo durante las fiestas patronales, a mediados de julio, un fecha importante en la que incluso él se posesionó como obispo en 2017. “Es un acto para proteger a la ciudad del ‘Diablo’, que no es el de cachos y cola, sino una fuerza que mata, que destruye por dentro a las personas. Es parte de una estrategia más grande que estamos haciendo, pero que necesita una fuercita desde lo alto, una fuercita extra”, le dijo a Cerosetenta.
La propuesta llegó como respuesta al feminicidio de Diana Tatiana Rodríguez, una niña de 10 años que, el 1 de junio, fue violada y asesinada por su tío, Jhon Eduar Quintero. Después de asesinarla la amarró a unos palafitos esperando que el mar se llevara el cuerpo y la evidencia de crimen.
El feminicidio conmocionó a la ciudad, desencadenó una marcha de repudio en la que participaron unas 30 mil personas y llenó los titulares de prensa de todo el país. Para el obispo de Buenaventura, la cabeza más visible de la Iglesia Católica de la ciudad, es una muestra de que la espiral de violencia que se tomó el primer puerto del Pacífico necesita de la mano de Dios para recuperar su rumbo.
“Pero, ¿para qué agua bendita en una ciudad sin agua potable?”, se pregunta Danny María Ramírez, socióloga bonaverense que ha estudiado de cerca el fenómeno del feminicidio en Buenaventura y que hoy trabaja en Enfoque étnico de la Comisión de la Verdad. “La iglesia ha tenido un papel protagónico en Buenaventura para generar bienestar. Pero poner lo que nos está pasando en tono moralista, decir que es porque somos malos, pecadores, es no comprender la dinámica, es no saber leer el contexto, no entender la vulnerabilidad de la gente de Buenaventura”. Es desviar la atención de lo importante.
El feminicidio de Diana Tatiana Rodríguez es el segundo que ocurre en Buenaventura en lo que va del año: la mitad de los que ocurrieron en el puerto en 2018. Es, además, la agresión número 53 que se presenta contra menores de edad, y uno más de los 52 homicidios que se han presentado este año en la ciudad, un aumento del 75 % con respecto a la misma fecha del año pasado.
Diez días después, las lideresas Yency Murillo y Mary Cruz Rentería que desde hace más de diez años han venido exigiendo garantías de seguridad y protección para las mujeres y niñas víctimas de violencias basadas en género en Buenaventura, recibieron un aterrador mensaje de texto: “yensy y maricruz o se cayan o la cayamos a punta d vala zapaz asta cuando joden estan alverdtas (SIC)”.
Ambas coordinan la submesa de Mujeres del Comité del Paro Cívico, el movimiento ciudadano que, respaldado por el anterior obispo de la ciudad Monseñor Héctor Epalza y por la Iglesia, paralizó durante 22 días la ciudad en 2017 para exigirle al Gobierno atención prioritaria para Buenaventura. Ambas pertenecen a organizaciones de base como Proceso de Comunidades Negras y una organización que defiende a las mujeres víctimas de violencia. Ambas fueron pioneras en 2009, junto con Danny María Ramírez, en el esfuerzo de poner en la agenda de Buenaventura el término de feminicidio, para que reemplazara los “crímenes pasionales” con el que las autoridades definían estos crímenes (“Una distorsión similar a la que está haciendo ahora el obispo”, dice Ramírez). Y las dos encabezaron en 2011 la propuesta y aprobación de la Política Pública para las mujeres de Buenaventura que promovía programas para la ampliación de derechos con enfoque de género.
Desde 2016, además, las dos han sido las cabezas más visibles de la propuesta para crear en Buenaventura la Secretaría de la Mujer. Un proceso que estuvo quieto hasta este año, en medio del desorden institucional que dejó la captura por corrupción de Eliécer Arboleda, exalcalde de Buenaventura. Con la llegada de la nueva Alcaldesa, Maby Viera, Yency y Mary Cruz desempolvaron el proyecto e hicieron incidencia para que la Alcaldía lo presentara al Concejo. Tras dos meses de ires y venires, de reuniones, debates y denuncias, el proyecto fue aprobado el pasado 29 de mayo, pero sin partida presupuestal que garantice su funcionamiento ni medidas para definir cómo se va a elegir la planta de funcionarios que la integrarán.
“No sabemos a quién estamos afectando, qué intereses hay ahí, pero es el tema que nos une: queremos una Secretaría con garantías porque ya nos pasó con la Política Pública que se aprobó sin recursos y no se ha cumplido absolutamente nada. No queremos que nos vuelva a pasar. Es lo único que nos ha unido de manera enfática y decidida”, dice Mary Cruz Rentería.
La amenaza es, para Danny María Ramírez, una prueba de que la violencia de género en Buenaventura no sólo responde al odio sino que implica un control: una estrategia para silenciar, acabar procesos sociales y desarticular a las comunidades. Las mujeres a las que asesinan, que intimidan los actores armados, son mujeres que tienen liderazgos muy arraigados en la comunidad.
“Amenazarlas a ellas es mandar un mensaje a través de sus cuerpos para silenciarnos a todas. Es asustar a un colectivo, atacar su autonomía, su capacidad de movilización, de incidencia para recomponer el tejido social”, dice Ramírez.
Por ahora, asegura Rentería, ni la Alcaldía ni la Fuerza Pública les ha dado respuesta a su denuncia por la amenaza de la que fueron víctimas, a pesar de que ella tiene esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección desde el año pasado. Con ellas, ya son diez los líderes del Paro Cívico que han recibido amenazas.
La Alcaldía tampoco ha tomado medidas contundentes para frenar la violencia contra las mujeres en el puerto. Por ahora, y tras un consejo de seguridad extraordinario en el que participó la Gobernación y la cúpula de Policía y Ejército, las únicas decisiones que se han tomado son reforzar el pie de fuerza de Policía con 140 nuevos efectivos y pedir la llegada de las Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército, como le dijo a Cerosetenta José Luis Bernat, Secretario de Gobierno de Buenaventura. También han dicho que incentivarán el sistema de recompensas y le pedirán al Gobierno que implemente una rotación progresiva de los policías para evitar los frecuentes casos de corrupción en la Fuerza Pública. Es la misma receta militar que se ha aplicado por años sin éxito y que deja de lado esfuerzos para enfrentar los problemas de fondo.
«Se llenan la boca diciendo que están militarizando Buenaventura y eso no es así. Llegaron apoyos pero fueron insignificantes y Buenaventura no está para eso», dice el padre Jhon Reina, delegado de la Iglesia en el Comité del Paro Cívico y uno de sus líderes más visibles. «Las violencias en Buenaventura se mitigan luchando en el paro cívico, buscando inversión social. Nosotros llevamos dos años sin parar, sin descansar, exigiendo que se cumplan acuerdos para atacar el trasfondo. La gente ha cifrado sus esperanzas en nosotros, nos exigen más de lo que podemos dar. Mientras tanto, quienes tienen las herramientas no lo hacen”, dice.
En este escenario, la propuesta de Monseñor Jaramillo ha despertado críticas. No sólo por el mensaje simbólico que manda la idea de hacer un exorcismo en una ciudad que ha padecido todas las formas de violencia, de racismo y de abandono y hacerlo desde el aire, sino porque es una respuesta moralista a una crisis social, real, estructural.
“Que un obispo diga que va a usar agua bendita para que se vaya la violencia es desconocer las causas estructurales de esa violencia, las relaciones de poder que permiten que surja”, dice Juliana Ospitia, psicóloga del área jurídica de Sisma Mujer. “Es naturalizar esas violencias, recurrir a un tercero, un agente mágico para salvarnos como si así, mágicamente, las cosas fueran a cambiar”.
Y genera rechazo porque en Buenaventura la voz del obispo importa. A través de esa voz, en boca del anterior obispo Héctor Epalza, el país conoció los peores actos de violencia que han ocurrido en la ciudad como las casas de pique o el ‘contubernio’ entre narcos, paramilitares y Fuerza Pública (que obligó en 2006 a que el Presidente Álvaro Uribe ordenara remover buena parte de la cúpula de la Policía del puerto). Además, es la voz que acompañó las movilizaciones sociales más importantes y multitudinarias de Buenaventura como la marcha contra la violencia en 2014 y el Paro Cívico de 2017. Por eso, la voz del obispo se ganó la confianza de los bonaverenses y se convirtió en aliada de la movilización social para contraponerse a los poderosos.
“Sabemos que no va a acabar el problema pero hace parte de una estrategia para que la gente buena vuelva a la tranquilidad, retorne a su vida diaria”, dice el obispo Jaramillo. No ve nada malo en bendecir a la ciudad al tiempo que se implementan otras estrategias. Asegura que la idea del exorcismo –que ya no quiere llamar así después del rechazo que generó– surgió de un programa que adelantan la Iglesia, la Alcaldía y la Armada Nacional, que se llama “Siembra esperanza” y que busca mejorar los entornos en los barrios de Buenaventura. Ya han intervenido dos de los 15 que tienen planeados, sembrando árboles, pintando las fachadas de las casas, haciendo actividades de diversión para los niños, implementado tareas de reciclaje. En sus palabras, “sembrando confianza”.
Además reitera que él ha hecho otras acciones como pedirle al Gobierno que refuerce el pie de fuerza de la Fuerza Pública y aumente el número de cámaras de seguridad. Pero para él, la seguridad empieza porque la gente buena de Buenaventura recupere la confianza de salir a las calles, que se quite el miedo. Un miedo tan grande que, cuenta, obligó a que algunas parroquias del distrito pasaran la misa de 7 de la noche a las 6 porque la gente no quería salir de sus casas de noche.
«Si chocó que lo hiciéramos desde el helicóptero pues lo hacemos desde otro lado. Si quieren que quitemos lo del exorcismo, lo quitamos. Pero tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar quietos. Tenemos que movernos”, dice.
En eso coincide el padre Jhon Reina. Aunque considera que la propuesta de monseñor Jaramillo es un “desacierto, que no tiene asidero ni razón de ser”, asegura que surge de un desespero del obispo que ve que no puede hacer más. “Al menos el obispo está diciendo algo. ¿Dónde están los otros? ¿Qué están haciendo por Buenaventura? Nadie más está haciendo nada”, dice, en referencia a la Alcaldía, a la Policía y los medios.
“No hacer nada también es hacer”, dice la socióloga Ramírez. Para ella, la falta de acciones concretas desde la institucionalidad manda un mensaje claro que legitima e instala el control del territorio por parte de los actores armados que promueven el uso de la violencia y el descontrol en Buenaventura. “Es una estrategia para desarticular las capacidades de gestión desde la comunidad”.
Por eso, aunque en últimas el propósito del obispo con su mensaje de ‘purificación del puerto’ sea llamar la atención para que la institucionalidad volteé a mirar a Buenaventura, “puede terminar siendo peor remedio que la enfermedad”, en palabras de la psicóloga Ospitia. “Ayuda a perpetuar la idea de la no agencia, de no reconocer las responsabilidades en la violencia. Que no haya memoria ni prevención, sino que se vea como una cuestión de ‘el que peca y reza empata’, que desconoce la realidad social y humanitaria que se está viviendo. La implicación es que la gente sienta resignación: que Dios nos salve”.
