Las lecciones que dejó el (fallido) intento del ‘Pico y Género’ en Perú
El Pico y Género, una medida implementada en Bogotá desde el 13 de abril, fue instaurada en Perú y anulada ocho días después por lo que el gobierno calificó como un fracaso. Estas son las lecciones que la experiencia en ese país le deja a Bogotá al restringir la movilidad por género.
Así arrancó sus declaraciones a la prensa Farid Matuk, miembro del Comando de Operaciones Covid-19, el grupo de especialistas que nombró el Gobierno peruano para la pandemia, y quien propuso la medida del ‘pico y género’, para explicar por qué se anulaba la medida.
“En el mundo patriarcal en el que vivimos hay un conjunto de roles asignados a las mujeres que, lamentablemente, no es el momento para combatirlos, pero sí se deben combatir”, continuó.
Con él, el gobierno peruano reconocía que no había tenido en cuenta la carga desproporcionada que tenían las mujeres sobre las labores de cuidado y del hogar y por eso la medida del ‘pico y género’ había fallado.
Estuvo vigente apenas ocho días. El 2 abril, unas tres semanas después de que empezara el estado de emergencia en Perú, el Gobierno de ese país anunció que a partir de ese jueves se restringía el tránsito de personas en función de su género. Los lunes, miércoles y viernes podrían salir los hombres para abastecerse de alimentos o medicamentos, para hacer transacciones bancarias o para reclamar las ayudas del Estado. Los martes, jueves y sábado podrían salir las mujeres. Los domingos no podría salir nadie.
El 10 de abril, el presidente Martín Vizcarra anunció que la medida se anulaba. Dijo que había sido insuficiente. Que había fallado en su propósito.
Tres días después, el 13 de abril, la misma medida entró en vigencia en Bogotá por orden de la alcaldesa Claudia López: los días impares solo pueden transitar hombres por la ciudad para actividades esenciales; los días pares pueden transitar las mujeres.
La medida, acá y allá, fue recibida con críticas, sobre todo por parte de organizaciones y defensores de los derechos de mujeres y de comunidad LGBT. La experiencia de ese país puede dar algunas luces sobre lo que se puede esperar en Bogotá.
Una medida que no es equitativa con las mujeres
La respuesta de Matuk y del gobierno vino después de que en redes sociales circularon fotos y videos de grandes aglomeraciones en los mercados los días que podían salir las mujeres. No pasaba lo mismo los días en que podían salir los hombres.
“Se tienen reportes de mujeres esperando por dos horas para entrar a tiendas y supermercados. Quedó reforzada la idea de que las tareas del hogar aparentemente solo le corresponden a las mujeres, eso es una reafirmación de estereotipos”, asegura Gabriela Oporto Patroni, coordinadora de litigio estratégico de Promsex, una organización peruana feminista que también trabaja en derechos LGBTI.
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Entre 2014 y 2018, 545 personas LGBT fueron asesinadas en Colombia. El prejuicio es uno de los grandes detonantes de este tipo de violencia. Así asesinan a los sexualmente diversos en el país.
En sociedades en las que tradicionalmente las tareas del hogar han sido asignadas a las mujeres, son ellas las encargadas de tareas como la compra de alimentos. La norma que restringe el tránsito por género tiene entonces la consecuencia de generar mayores concentraciones los días en que las mujeres pueden salir, una situación que no parece equitativa frente a los días menos transitados de los hombres.
Para la periodista peruana Ana Bazo, la medida además se tomó sin tener en cuenta otro aspecto: “Hay muchas familias conformadas por solo mujeres o por solo hombres, y en ese caso también hubo una una desigualdad al momento de que de que las personas pudieran circular. El Gobierno aplicó una medida de carácter experimental, más o menos, porque en los ocho días que duró se vieron montón de situaciones que no fueron pensadas ni calculadas lo suficiente”.
Las imágenes de las aglomeraciones de mujeres fueron tomadas por el gobierno como un factor de riesgo para el contagio del virus y, por tanto, era una consecuencia que iba en detrimento del propósito de la medida.
Una medida que no tiene en cuenta a una parte de la población
Una de las grandes críticas a las restricciones por género, en Perú y en Colombia, ha sido la creación de posibles escenarios de violencia a personas con identidades sexuales y de género diversas, como las personas trans. En Perú, fue una realidad que le tocó vivir sobre todo las mujeres trans.
“Se reportaron varios incidentes, por lo menos unos 20. Al punto de que varios activistas se ofrecieron a hacerle la compra a las personas trans. Esto se advirtió desde el primer momento, se dijo que iba a suceder”, asegura Oporto sobre las violencias y maltratos que sufrieron personas trans en Perú por parte de la Policía y de agentes del Ejército.
En redes circuló un video, por ejemplo, en el que varias mujeres trans eran obligadas por funcionarios de la policía a hacer sentadillas mientras repetían “quiero ser hombre”. Esa fue una de las 17 agresiones que Miluska Luzquiños Tafur, activista trans peruana y directora de Trans Organización Feminista, asegura que hubo contra personas trans durante el tiempo que la medida estuvo vigente.
En Bogotá varias organizaciones han advertido que las aclaraciones del decreto no son garantía para que se respeten los derechos de personas trans.
“Fue una medida bastante cruel e inhumana que atentaba contra los derechos fundamentales de las ciudadanas trans. Contra el derecho a la dignidad. Vimos escenas muy duras de detenciones arbitrarias a compañeras trans venezolanas en Lima, situaciones en las que se obstaculizó el tránsito a mujeres trans que iban a comprar alimentos o medicamentos, se las llevaron a las comisarías y las detuvieron de forma abusiva. Les quitaron su DNI (Documento Nacional de Identidad). Agresiones contra compañeras de pueblos originarios, contra las que no tienen documentos, contra compañeras de comunidades campesinas. Todo eso dejó secuelas de daños que no han sido reparados”, asegura la activista.
El anuncio del presidente Vizcarra de la restricción por género incluyó la aclaración de que se rechazaría cualquier acto de discriminación por género. También aclaró el mandatario que la Policía no pediría documento de identidad para verificar la identidad de género de los ciudadanos sino que se basarían en la apariencia física de las personas para verificar si se trataba de un hombre o una mujer. Sin embargo, Luzquiños y Oporto aseguran que esas instrucciones no se siguieron en la práctica, pues la policía detuvo a mujeres trans a pesar de portar prendas asociadas a identidades femeninas y les pidieron documentos de identificación.
En el caso de Bogotá, varias organizaciones de derechos de personas LGBT colombianas han advertido que aunque el decreto incluye la aclaración de que la policía debe respetar la identidad de género de cada quien, no es una garantía para que ocurra en la realidad.
“Con la anulación de la restricción se consigue eliminar una excusa para la violencia de los agentes de policía y de las Fuerzas Armadas. Que las personas trans puedan salir cualquier día a comprar sus alimentos elimina esa excusa”, asegura Oporto, quien además agrega que no hay que olvidar todas las otras dificultades que la crisis del coronavirus le ha impuesto a las personas trans: la restricción al acceso del trabajo a una población que ya tiene problemas para acceder a trabajos formales, por ejemplo.
“Son muchos temas: el de la crisis alimentaria, el de la vivienda. El Covid no ha sido el detonante para estas situaciones de precariedad y exclusión en la población trans, pero sí ha sido una situación que ha evidenciado fuertemente esa exclusión de la que venimos hablando hace muchos años”, asegura Luzquiños, quien además señala otros problemas particulares de la población trans como la pérdida de acceso a tratamientos hormonales a causa del aislamiento.
Y subraya, además, que a pesar de que la Ministra de la mujer, el Ministro del Interior y el mismo Presidente peruanos tuvieron discursos asertivos sobre los derechos de la comunidad trans en torno a la medida, en últimas la restricción se eliminó pensando en la aglomeración de mujeres en los mercados, más no explícitamente en las situaciones de violencia a personas trans.
En todo caso, Gabriela Oporto resalta que el gobierno peruano sí hizo algo bien y que puede servir de lección para lo que pueda pasar en Bogotá: en los casos de agresión registrados, se sancionó y retiró de sus cargos a los funcionarios involucrados.
“Creo que si la medida en Bogotá se mantiene hay que tener claridad sobre las sanciones a los funcionarios que vulneren los derechos de una persona como excusa para la aplicación de la norma. En Perú, aunque la medida fue dejada sin efecto, a estas personas se las ha sancionado. Esa respuesta también da un mensaje importante”.
Una medida ideal en un mundo ideal
Dos días después de que la medida se anulara, una nota del portal Ojo Público informó que la medida de restricción por género sí ayudó a reducir la circulación de gente. La nota se basó en un informe de Google, el “COVID-19 Community Mobility Reports”, que utiliza información de las ubicaciones de los celulares para medir la congregación de la gente durante la pandemia.
Mientras en Perú se registraba una disminución del 56% de personas que se desplazaban a mercados a finales de marzo, el 4 de abril, cuando ya regía la medida, la disminución llegó al 62%. El domingo 5 de abril, día de la restricción total de movilidad, la disminución fue del 95%.
“Es importante monitorear estas medidas de cerca, con data objetiva y verificable, más allá de lo anecdótico, para tener una clara idea de si funciona o no, o de cómo ajustar”, asegura Hugo Ñopo, economista peruano, investigador de GRADE (Grupo de Análisis para el Desarrollo) y uno de los autores de la nota de Ojo Público. “La información que tenemos de que hubo aglomeraciones de mujeres son vídeos y fotografías. Cuán sistemático ha sido eso, aún no sabemos, estamos todavía esperando a que esté disponible alguna data de las antenas de los celulares para tener mediciones”.
Para Ñopo, la respuesta del gobierno peruano de retirar la medida responde más a la presión social que causó el contenido que circuló en redes sobre las aglomeraciones de mujeres, más no con evidencia real de si la medida estaba o no logrando su objetivo.
El economista peruano resalta que medidas como restringir la salida por el último dígito de la cédula complican el control por parte de la policía y facilitan el contacto entre personas, el mismo argumento que ha defendido la alcaldesa Claudia López. Para él, las circunstancias urgentes requieren medidas urgentes que con el tiempo se vayan ajustando según las falencias que se detecten en el camino.
“Hubiera sido ideal implementar una medida así en una sociedad donde hay un reparto equitativo de las labores del hogar entre los géneros. Del mismo hubiera sido ideal implementar una medida así en una sociedad donde hay perfecta tolerancia a todo tipo de identidades sexuales. Pero no vivimos en un mundo ideal”, dice. “Tenemos esta realidad, y parte de ella es que tenemos una pandemia que nos va a matar y necesitamos reaccionar frente a eso. Tenemos que salir con soluciones que van a ser imperfectas. Pero no debe perderse de vista el objetivo más grande al que tenemos que abocarnos, que es reducir el contacto físico”, asegura.
Funciona en su finalidad última, reducir la cantidad de personas en las calles, pero ¿a qué costo?
Para él, lo ideal es que la medida se hubiera mantenido hasta comprobar si en efecto había funcionado o no para reducir la cantidad de gente en la calle e ir adicionando otras medidas sobre el camino para lo que iba fallando. Pero ahora que se retiró, cree que volver a ponerla no es una opción. A pesar de declararse un convencido de su eficacia, asegura que pedirla de nuevo sería “demasiado vaivén, mucho movimiento popular”.
“Creo que si en Bogotá le están apostando a esta estrategia, la decisión que yo tomaría sería que mantengan la apuesta y que no se pierda el objetivo de que cada vez salga menos gente. Días en que no salga nadie. Eso acompañado por un trabajo de concientizar a la Policía y a todas las autoridades a respetar la identidad sexual de cada uno”, asegura el economista.
Una medida que en el mundo real, vulnera
Sin embargo, para Gabriela Oporto de Promsex, el hecho de que la medida haya probado su eficacia no es suficiente razón para mantenerla.
“Funciona en su finalidad última, reducir la cantidad de personas en las calles, pero a qué costo”, se pregunta. “El costo evidentemente ha sido discriminación y el refuerzo de estereotipos”.
Para Oporto, el argumento de “el fin justifica los medios” es reducido e insuficiente. Y responde al estereotipo de que los defensores de derechos humanos son muy idealistas en medio de situaciones urgentes como la pandemia del coronavirus. “En el derecho tampoco se admite como suficiente un análisis exclusivo de la eficacia de la norma. Si es eficaz, genial, pero también hay que ver si la norma por su sola existencia genera situaciones de discriminación”, dice.
Además, insiste en que la medida no pasa el test de proporcionalidad, una herramienta que se usa en derecho para evaluar que una medida satisfaga sus objetivos mientras interfiera lo menos posible con los derechos fundamentales de las personas.
“Si yo veo que el resultado de la norma es que hay grupos de ciudadanas y ciudadanos que están siendo violentados, acosados por su identidad de género, que están siendo castigados por agentes del Estado, entonces es una norma que por más efectiva o idónea que sea para cumplir los objetivos, tiene una incidencia grave en los derechos fundamentales de las personas. Y es una medida que el sistema no debería tolerar. La pregunta es si nosotros como sociedad queremos tolerar una medida que tiene esas consecuencias y la respuesta debería ser, para mí, que no ”, asegura Oporto.
Para completar, la medida va en contravía de otras normas del Estado peruano que buscan garantizar derechos fundamentales a personas con identidades de género diversas, igual a como pasa en Colombia. Y esa, dice, es otra razón para reevaluarla.
Aún así, y a pesar de las críticas, por ahora, no hay indicios que sugieran que la Alcaldía de Bogotá va a cambiar de opinión con respecto al ‘pico y género’. Y por eso, Oporto sugiere que los gobiernos se aseguren de diseñar contingencias para tratar de reducir los daños.
“Hay que tomar conciencia de que no basta con mandar una medida sin tener a los funcionarios encargados de su aplicación debidamente instruidos en cuáles son las situaciones que pueden surgir. Y además tener claridad de las sanciones a los funcionarios que vulneren los derechos de una persona con la excusa de aplicar la norma”, dice la abogada.
En Bogotá lleva vigente apenas dos días. Todavía falta tiempo para ver cómo le va y si superará los ocho días que sobrevivió en Perú.
