El 10 de Junio de 1999, en el gobierno de Andrés Pastrana, el Consejo Regional Indigena del Cauca (CRIC) decretó emergencia social, cultural y económica de los pueblos indígenas de la región. La movilización indígena, entonces, duró un mes y 14 días y se terminó cuando el Gobierno expidió el Decreto 982 con el que creó una comisión mixta para el desarrollo integral de la politica indigena del Cauca.
Desde ese momento el Gobierno se comprometió con los pueblos indígenas de la región. Ese es el hito que marca el compromiso con estos pueblos. El problema, sin embargo, es que desde entonces no ha habido cumplmiento por parte de ningún Gobierno en los temas estructurales que nosotros, como movimiento, hemos planteado.
Ha habido diferencias importantes en la manera en la que se han dado estas discusiones, por supuesto. Con Álvaro Uribe y la Seguridad Democrática empezamos a sufrir una vulneración de nuestras garantías y se agudizaron los problemas de carácter humanitario. Con Uribe bloqueamos la Panamericana, y como ahora lo hace el gobierno Duque, él insistía en que mientras estuviéramos bloqueando la vía no se reuniría con nosotros.
El gobierno de Uribe le dio un trato militar y de guerra a la protesta social. En en octubre de 2008, en medio de una movilización, en una madrugada, la fuerza militar entró a La María-Piendamó, en el Cauca, donde estábamos reunidos y atacó, quemó y desalojó varias casas. Entonces el argumento era que la protesta era hecha por guerrilleros. Tras esos hechos, La María-Piendamó se convirtió en el sitio de diálogo entre el Gobierno y el movimiento indígena. En ese momento la minga pasó por Cali y llegó hasta Bogotá para negociar una agenda de cinco puntos.
En diciembre 16 de ese año, cuando la entonces Dirigenta Mayor del CRIC, Aida Quilcué, regresaba de asistir al examen periódico Universal de Colombia ante la ONU en Ginebra, José Eudin Legarda, su esposo, fue asesinado. Un sargento viceprimero, un cabo tercero y cuatro soldados del batallón José Hilario López de Popayán fueron condenados por el asesinato. Sólo hasta el año pasado el MinDefnesa pidió perdón por el crímen.
Fueron muchos los asesinatos que se cometieron en territorio indígena, sobre todo en el bajo Cauca. Aunque en general, eso sucedió con todos los pueblos indígenas.
Sin duda, el gobierno Santos fue un poco más accesible en el sentido de la protesta y la movilización social.
Con Santos hubo diálogo, pero no cumplimiento
Con Santos hubo cambios. El más importante fue que, con el proceso de paz, las comunidades hicieron el trabajo para participar en la Habana. Ahí nace el capítulo étnico. Fue una oportunidad como movimiento indígena para plantear temas reivindicativos, de tierras y territorio. Esos son temas decisivos y por eso participamos de ese proceso, y por eso es que hoy defendemos la JEP.
Sin embargo, en el Gobierno Santos también nos movilizamos y también bloqueamos la Panamericana porque no había cumplimiento de lo que desde 1999 se planteó en el decreto. Sin duda, el gobierno Santos fue un poco más accesible en el sentido de la protesta y la movilización social. Los estándares humanitarios se respetaron un poco más que con Uribe y la criminalización de la protesta de los líderes no fue tan fuerte, porque siempre hubo un camino de concertación y escucha. Pero esto no quiere decir que no haya habido violaciones a nuestros derechos. La minga de 2016 nos dejó dos muertos y siempre hemos tenido problemas con el ESMAD. Es decir, el de Santos fue un gobierno que escuchó, pero también hubo represión. No hubo garantías y los acuerdos firmados en carretera tampoco se cumplieron.
En 2017, Santos retomó el Decreto 982 y lo modificó para actualizar y ampliar el marco de acción de la comisión mixta para el desarrollo integral de la política indígena del Cauca. Tiene mayor madurez, pero la esencia del decreto sigue siendo la misma. Y por eso estamos acá. El nuevo decreto ya tiene ejes, políticas y presupuestos, pero no hay avances.
El señor presidente debe entender que no es simplemente un asunto de querer verle la cara. Nosotros estamos llamando a un tema reivindicativo que permita generar mecanismo para todas las minorías.
Con Duque vuelve la estigmatización
Iván Duque llegó al gobierno con la línea uribista. Pensando: “Ese paro no dura ni 10 minutos”. Hoy llevamos más de 20 días esperando la voluntad del Gobierno para que se haga presente en el Cauca. Y ahora no sólo estamos los indígenas: están campesinos y comunidades afro, porque todos entendemos que si no defendemos el territorio, desaparecemos.
Pero este es un Gobierno que en varias ocasiones ha hecho rechazos y estigmatizaciones de la movilización social. En septiembre del año pasado, por ejemplo, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que la protesta social era financiada por grupos armados. Lo que que pasa ahora es que como ya no está la guerrilla, que era el caballito de batalla, utilizan otras estrategias de guerra. Hoy en el campo de batalla también están las redes sociales y el dominio de los medios de comunicación. Cuando se habla de la minga se dice que hay infiltraciones para deslegitimar la fuerza del movimiento indígena caucano y poder acabar con una oposición del pueblo que le llama la atención a toda la sociedad colombiana.
Es complejo cómo se ha querido limitar la protesta y sobre todo desde el trato desmedido de la fuerza pública, con un uso de armas con efectos letales. No hay control. No hay un organismo institucional que regule. No hay garantías humanitarias frente a quienes se movilizan.
Esta es una movilización que tiene que ver con la defensa a la vida y porque nos están matando. Es el caso de los ocho compañeros indígenas que murieron el jueves 21 de marzo en una explosión. El Gobierno, en cabeza una vez más del ministro de Defensa Guillermo Botero, respondió con una nueva estigmatización al afirmar que la explosión había sido causada por el mal uso de explosivos destinados a hacer un atentado. Es un pronunciamiento irresponsable que nos afecta gravemente. Es deber del Gobierno bajarle el nivel a sus señalamientos. Esas muertes están siendo investigadas y con esas investigaciones conoceremos la verdad.
En Colombia interpretan que somos groseros al invitar al presidente a que venga a conversar con nosotros, pero este es un estado democrático. El primer sujeto de derechos somos los ciudadanos. Tenemos la capacidad de llamar al gobernante si vemos que todos esos que están allá en el Congreso no nos representan. Tenemos que, de alguna manera, lograr que la opinión pública entienda lo que está pasando acá. No podemos seguir permitiendo que sean ellos los que direccionen nuestro futuro. Eso tiene que ser integral: Gobierno-pueblo. La paz se construye desde los territorios, no desde la oficina de los ministros.
Nosotros somos los encargados de cuidar el territorio. El agua no nace en la llave, como creen en las ciudades. Nace acá, en los páramos. Por eso, el señor presidente debe entender que no es simplemente un asunto de querer verle la cara. Nosotros estamos llamando a un tema reivindicativo que permita generar mecanismo para todas las minorías.
Para nosotros es esencial que los títulos coloniales y republicanos, que aún persisten, queden en manos de los pueblos indígenas para poder contrarrestar el proyecto minero energético y extractivista que este gobierno plantea en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí, el Gobierno le está dando un significado económico a los páramos, a los ríos, a la tierra. Los denomina como activos del Estado, no como lo que deberían ser: como patrimonio, como sujetos de derechos. Esto es precisamente lo que nos lleva a tener que afrontar situaciones tan graves como las que están pasando con el río Cauca a causa de Hidroituango.
Eso es lo que nos convoca hoy, además de otros asuntos reivindicativos, como la lucha por nuestros territorios, la defensa del acuerdo de paz con la JEP —única instancia hasta el momento donde nosotros podemos ganar un espacio y conciliar teniendo en cuenta la jurisdicción indígena— y la necesidad de garantías en los procesos de sustitución de cultivos.
Al final nos queda una profunda frustración. Desde 1999 hemos luchado para que se cumplan nuestros pedidos y, aunque con diferencias en las formas, siempre hay incumplimientos por parte del gobierno de turno. Continúan pensando que nosotros somos menores de edad. Pero cada vez que nos golpean, nos matan, nos estigmatiza sólo nos vuelven más fuertes. Hoy seguimos saliendo a las calles por nuestros derechos. No nos vamos a parar hasta que el Gobierno venga con su gabinete y dé unas directrices claras y salidas a lo que está pasando.
