Una realidad: en Colombia, la búsqueda de los desaparecidos nunca ha sido prioridad. A septiembre de 2018, la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía solo había recuperado 9.367 de los más de 80.000 desaparecidos que tiene el país. De esa cifra, que representa mucho más que números, apenas 4.453 restos habían sido entregados a los familiares. El 5% del total de desaparecidos.

La Dirección de Justicia Transicional se creó en el 2005 en el marco del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares. En más de 13 años el avance ha sido mínimo. Ahora, la tarea de buscar a los desaparecidos la tiene la UBPD. Sin embargo, a un año de su creación, todavía no tiene los recursos necesarios para llevar a cabo sus tareas. Del total de presupuesto pedido para el 2019, el gobierno solo les entregó el 32%

Según se estableció, la provisión de los cargos para la UBPD se efectuaría de forma gradual: en 2018 se contrataría el 30% del total de la planta, en el 2019 un 50% más y en el 2020 el 20% restante. Lo del primer año se cumplió y 156 personas fueron contratadas. En cambio, este año debían contratar 251 cargos y en el Presupuesto General de la Nación solo les asignaron recursos para 58. De los 417 puestos que deberían tener asegurados, solo tienen 214.

Hablamos con Luz Marina Monzón, directora de la Unidad, sobre los retos que implica buscar a los desaparecidos en Colombia y los desafíos institucionales a los que se enfrentan.

¿Qué es lo más difícil de buscar a personas desaparecidas?

Una de las cosas más difíciles es posicionar la necesidad de buscar a los desaparecidos. Esa búsqueda, hasta ahora, ha estado en cabeza de los familiares y su experiencia es de ausencia de apoyo, de prioridad en la agenda pública, de políticas locales que apoyen esa búsqueda y una indiferencia y soledad en relación con la institucionalidad. La idea de la Unidad es lograr hacer pública esta necesidad, tanto en la sociedad como en las entidades y la agenda.

La otra gran dificultad es que estamos enfrentándonos a un escenario de seguridad muy grave en los territorios. Esto tiene impacto en la posibilidad de que las víctimas puedan tener la tranquilidad y la seguridad de participar en estos mecanismos de búsqueda sin que sientan que corren riesgos. Hay que darles condiciones para que se sientan seguros y para garantizar la confidencialidad de la información. También para que quienes tienen información que ayude a encontrar a los desaparecidos se sientan tranquilos de poder entregarla.

¿Ha sido fácil acercarse a las víctimas, a la Fuerza Pública y a los excombatientes para recibir la información?

Con las familias ha sido fácil para el nivel de avance en el que vamos. Los excombatientes de las FARC no solamente han compartido con nosotros su experiencia en la recolección de información humanitaria sino también han empezado a darnos información muy concreta sobre personas desaparecidas de las que ellos tienen conocimiento.

Con la Fuerza Pública el proceso ha sido más lento. Ellos tienen varias inquietudes en relación a las implicaciones jurídicas en las que podrían verse involucrados si suministran información. Nos dicen: «si yo, como miembro de la Fuerza Pública, sé que alguien está desaparecido y sé dónde está, como funcionario público debería denunciarlo. Aunque usted reciba esa información de manera confidencial, vamos a tener que ver cómo hacer para que esa información llegue sin que esto afecte nuestras obligaciones como funcionarios públicos».

Los cambios de cúpula han hecho muy lento el relacionamiento. Esta semana ya tengo una reunión con el director general de la Policía y espero avanzar a través de mecanismos concretos. Pero con lo que es Ejército, Fuerza Aérea y demás, espero poder concretar una reunión que estamos buscando hace algunas semanas.

Es decir, ¿el miedo de los militares es que darle información a la Unidad les acarree consecuencias judiciales?

Sí. Con ellos tenemos dos escenarios: uno, que nos den información sobre casos puntuales de desaparición de sus miembros como actores del conflicto y, dos, que nos den información que ayudaría a la búsqueda de otros desaparecidos. Por ejemplo, información de dinámicas del conflicto y de inteligencia, que no es necesariamente sobre casos de desaparecidos pero que sí es clave para hacer planificación para la búsqueda.

En este año de implementación se ha escuchado mucho de la JEP y de la Comisión de la Verdad pero no tanto de la Unidad, ¿por qué?

Yo creo que son varios factores. Uno, la necesidad de buscar a los desaparecidos nunca ha sido prioridad, no está en la agenda. La Verdad y la Justicia sí lo están, cualquier institución que surja para encargarse de estos temas arrastra ese posicionamiento. Por eso estamos planeando estrategias para posicionar en la agenda la búsqueda de desaparecidos.

La otra razón es que tenemos que quitarnos la idea de que la desaparición son fosas. Todo el mundo evalúa que la Unidad no ha empezado a trabajar porque no ha sacado la foto de una exhumación. Yo no sé si nosotros vamos a sacar fotos de exhumaciones y eso no significa que no vayamos a empezar nunca. Empezamos por la recolección de la información y eso es búsqueda.

La Unidad se crea para dirigir, coordinar y apoyar el impulso de acciones humanitarias dirigidas a la búsqueda y localización de personas que se encuentren con vida. Y, en caso de que no lo estén, la recuperación, la identificación y la entrega digna. Son acciones humanitarias de búsqueda. No es una sola, son todas. Encontrar los cuerpos es muy importante pero eso no significa que se haya encontrado al desaparecido. ¿Por qué? Porque el desaparecido solo aparece cuando tiene nombre, y ese nombre se lo da el proceso de identificación.

Tenemos que empezar porque las personas puedan comprender este proceso de búsqueda. Estamos en la labor de enseñar por primera vez en el país qué significa esto. Para que cuanda haya una exhumación la gente no diga «ay, qué bueno que encontraron a alguien» sino «¿será que sí los van a identificar?»

Una de las quejas de las víctimas es, precisamente, que se hace la exhumación del cuerpo y pasan años antes de hacer la entrega digna, ¿la Unidad tiene previsto un mecanismo para que ese tiempo sea más corto?

Sí, la investigación. La Unidad tiene un carácter humanitario y extrajudicial para, precisamente, eso: que una vez recuperado el cuerpo no tengan que pasar tres, cinco o diez años sin que la familia sepa si lo identificaron o no.

Hasta ahora, la entrega de los restos depende de un proceso judicial con lógicas de términos, formalidades y autorizaciones. Medicina legal recibe el cuerpo con una orden judicial; luego, le entrega los resultados a un fiscal que mira cuando va a entregar. Y, como el fiscal tiene otros 50 mil procesos, dice, por decir algo: «no, mira, cuando yo alcance lo hago, mientras tanto estoy atendiendo a este preso». El familiar no se entera de que ya se terminó la tarea.

Nosotros no tendríamos que responder a los mismos procesos. Ese es el cambio de paradigma. Eso no significa que no vaya a haber formalidades. Sí las va a haber, pero no con la lógica de un proceso que está centrado en la investigación penal y no en la búsqueda.

Nosotros tenemos la capacidad de buscar, recuperar el cuerpo y apoyarnos en Medicina Legal para que hagan la identificación. Ellos nos entregan el cuerpo y nosotros lo entregamos a los familiares. Todo el proceso lo controla la Unidad. Esa es la oportunidad que tiene por primera vez el Estado colombiano: que el enfoque sea la búsqueda y no otras obligaciones. Los fiscales ha tenido que lidiar con la persona que cometió el delito, con el delito que se cometió, con la búsqueda y con todo lo que implica.

¿Ya existe una metodología para la búsqueda?

Estamos construyendo varias metodologías. Vamos a tener que estar abiertos a entender, comprender y ajustarnos a los territorios. Vamos a tener una etapa robusta de recolección de información que nos permita leer el territorio, diferenciar regiones y áreas geográficas del país con unas categorías claves para organizar y planificar el trabajo. Esto incluye, por ejemplo, tipos de personas desaparecidas, períodos de tiempo, actores dentro del territorio y las dinámicas propias del conflicto en cada uno de ellos. A partir de eso, es que se puede definir el plan para cada región.

Vamos a recolectar información que vaya nutriendo el universo de víctimas, los lugares de disposición de cuerpos en ese territorio y que a la vez me permita ir desagregando búsquedas puntuales en la medida en que tenga información completa.Las metodologías de búsqueda nos las va a dar la presencia en los territorios. 

¿Cuándo empieza ese despliegue territorial?

A partir de mayo.

¿Cuál es el balance general de este primer año de funcionamiento?

Cosas positivas: la entidad está funcionando a pesar de todos los inconvenientes de plata y la presión de no tener los recursos a tiempo. Por ejemplo, el año pasado los recibimos en septiembre. Eso fue muy difícil. Compatibilizar tiempos con control, con rigor y cumplir con la meta es algo realmente difícil. Aún así, la entidad está funcionando con una estructura institucional que es compatible con el carácter especial que se le ha dado a la Unidad.

Otro aspecto muy positivo es saber y sentir que las víctimas confían en que este mecanismo, en que va a responder a sus necesidades. Tienen una altísima esperanza de que funcione. Eso tiene el contrapeso de que si no tenemos los recursos, si no estamos fortalecidos, puede que el mecanismo no responda y esa esperanza se pierda.

Esto me lleva a lo negativo: la incertidumbre jurídica y política que se ha venido instalando cada vez con más fuerza en las entidades que creó el Acuerdo de Paz. Todos los días hay noticias de la Comisión de la Verdad y de la JEP, pero el posicionamiento no necesariamente es positivo si genera inseguridad e incertidumbre para todos, para las víctimas y para quienes pueden contribuir a la satisfacción de sus derechos. Esto ha tenido un impacto muy fuerte en la Unidad.

Nosotros dependemos de la voluntad de las fuentes de información. Si se instala un mensaje público de descrédito, de deslegitimación del sistema integral, de amenaza sobre las bases en las que se confiaron para la construcción del Acuerdo, no vamos a tener fuentes que son claves para encontrar a los desaparecidos.

Eso ha sido muy difícil para esta etapa. Sobre todo el ataque a lo fundamental para la construcción de paz: la confianza y la credibilidad. Estos mensajes, que están dirigidos mediáticamente a la JEP, en realidad, están dirigidos a todos. Porque nosotros estamos construyendo paz sobre unas bases de desconfianza en el Estado. La gente no cree que le van a responder a las víctimas ni a las necesidades que tienen. La gente no cree porque su experiencia de décadas es que el Estado no cumple. Este mensaje de descrédito les hace sentir que esto no ha cambiado. Eso, en términos más globales significa: acá paz no va a haber. Eso es muy grave, es lo más difícil.

¿Cómo afecta el trabajo de la Unidad esa reducción del presupuesto?

En el despliegue territorial. El Estado colombiano no dispone de los recursos suficientes para tener equipos de trabajo que realicen la prestación de lo servicios que se le exigen. Entonces, las entidades tienen que recurrir a la figura del contratista. Eso deteriora la calidad del servicio que se les presta a las víctimas porque los contratistas son inestables. Apenas no haya plata, sale el contratista.

El hecho de que a nosotros no nos hayan dispuesto todos los recursos para que se cumpliera con el compromiso de contratar a las 261 personas que se requerían este año, sino solo a 59, implica que nos va a tocar sortear nuestra presencia territorial con contratistas. No toda, pero sí una parte. Ahorita estamos trabajando con 112 personas. La idea es que podamos contratar 40 más en mayo. Si las cosas siguen exactamente igual, este año podríamos completar 200 personas. Según la gradualidad, debimos haber terminado con 417. Tendremos la mitad.

¿Para el otro año esperan que ese presupuesto mejore?

No. Yo espero que este año el Gobierno reconozca que la Unidad debe ser una prioridad y tome medidas para resolver el tema. Todo el mundo me dice que eso no es posible, pero yo espero que lo sea. Si en estos tres años de gradualidad no logramos contratar toda la planta, ya no se va a hacer.

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