Juan Pablo Bieri presentó su renuncia irrevocable a la gerencia de RTVC después de que la Liga contra el Silencio reveló el audio que comprueba que sí quiso censurar a Los Puros Criollos. En entrevista con La W, la Ministra Tic, Sylvia Constaín, dijo que va a revisar su carta en la junta de RTVC que se realizará el próximo martes para ver si la aceptan o no. Si el Gobierno de Iván Duque acepta esta renuncia, Bieri sería en el primer funcionario en ejercicio descabezado de este Gobierno. Pero, quizá más importante que eso, este caso se convierte en un mal precedente para la Ley MinTic que defiende Duque y cuyo trámite se aplazó hasta marzo.
Desde que se publicó el audio, Bieri se ha defendido atacando la legitimidad del mismo. Primero en su cuenta de Twitter dijo: “Preocupa que el derecho a la privacidad se vulnere con chuzadas o grabaciones ilegales y sea @FLIP_org quien impulse esta clase de prácticas. #cualcensura”. Es decir, Bieri habla de violación a la privacidad, y en otros trinos acusa a la FLIP de promover faltas éticas. El argumento no se sostiene, según Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y exrelatora especial para la libertad de expresión de la CIDH: “cuando una organización defensora de los derechos humanos o un medio de comunicación hace público un audio de un funcionario público sobre un tema de interés público, no está violando los deberes de la profesión. Hay una diferencia entre capturar la información y difundirla”.
Pero mientras las discusiones parecen diluirse en la legitimidad de la denuncia, y en las explicaciones de los protagonistas, este episodio es una muestra de lo que muchos le critican a la LeyTic: la injerencia de los intereses del Gobierno sobre los contenidos de los medios públicos. A Los Criollos, como queda claro en el audio difundido por La Liga Contra el Silencio, se lo quiso censurar no por sus contenidos sino como castigo a la oposición que su conductor, Santiago Rivas, hizo a esa ley que promueve el Gobierno Duque.
El Gobierno se adjudica el poder sobre los fondos. Eso es Bieri en potencia. El Gobierno decide a quién le da plata, a quién premia, a quién castiga
La Ley que busca unificar y darles nuevas reglas a los medios en Colombia propone que los contenidos de la televisión y la radio pública nacional queden en manos del Gobierno nacional en lugar de un ente autónomo, como ocurre hoy. Como explicamos en esta nota, esto se haría a través de dos medidas: por un lado, que el Gobierno sea quien elija a los miembros del ente regulador, es decir, al ente que regula el sistema de medios públicos. Y por otro, el proyecto amplía los poderes del Ministerio de las Tics para que éste sea el responsable de distribuir los fondos para la televisión pública.
El caso particular de Bieri, de acuerdo con Marcela Benavides, ex directora de Señal Colombia, es una muestra de lo que puede pasar cuando las decisiones están en manos autoritarias, de personas que no hacen análisis en conjunto con el sector. Si el proyecto de ley MinTic sigue esas lógicas, va a ser muy nocivo. “Esa es una ley que se ha hecho desde lo privado, desde las OTTs (Netflix, Facebook, Google, Amazon), no desde la lógica de lo público. Al sector audiovisual público le corresponde hacer una propuesta de cuál es la alternativa, a través de mesas que promuevan la discusión y por ahora, eso no se está haciendo”, explica Benavides.
“Con la Ley”, agrega el crítico y académico de medios Omar Rincón, “el Gobierno se adjudica el poder sobre los fondos. Eso es Bieri en potencia. El Gobierno decide a quién le da plata, a quién premia, a quién castiga”.
Para una alta fuente de la ANTV que pidió la reserva de su nombre, “este caso muestra el estilo de gestión de censura que se viene si se aprueba esta ley, da luces sobre lo que se viene si se aprueba el control de medios en manos del ejecutivo.»
“Nosotros se lo dijimos a la Ministra en una de las primeras reuniones sobre esta ley. Así este Gobierno tenga un manejo impecable de los medios, la ley le entrega los medios a cada gobierno que venga. Eso es peligroso, es un retroceso de 20 años cuando habíamos logrado independencia», agregó.
Para Omar Rincón ese es un de los puntos más graves de la Ley, que de caer en manos equivocadas —y acá no está demás hacer la comparación con el estado de los medios en países como Venezuela, donde el Gobierno ha encontrado muchas maneras de acabar con los medios de oposición y de gubermentabilizar el contenido de los medios públicos— los gobiernos que estén por venir podrían hacerse de los medios públicos y usarlos a su conveniencia: “La ley no está pensada en función del Estado, sino en función de los pequeños intereses individuales del MinTic”.
Bieri no entendió las funciones de un servidor público. Actuó como si estuvieran en un medio privado, donde yo, como dueño, puedo hacer lo que quiera
Hoy, en tanto parrillas como las de Señal Colombia están protagonizadas por contenidos culturales, los peligros de que el Gobierno decida sobre ellos puede tener implicaciones sobre la forma en que se concibe y se difunde la identidad cultural del país. A través de esos contenidos se determina si se construye o no, por ejemplo, un discurso de un país diverso, incluyente. De acuerdo con Omar Rincón, “la televisión pública se hace para las minorías, para la población indígena, afro, LGBTI e infantil, porque para las mayorías ya están en RCN Y Caracol. La televisión pública hoy no está hecha para hacer propaganda política”. Y ese es el riesgo que se corre si el Gobierno y específicamente el MinTic tiene la potestad del contenido. Y a esto se suma que, en el futuro, podríamos llegar a tener medios públicos con contenidos más políticos e informativos, como hoy son la BBC en el Reino Unido y NPR en Estados Unidos. Si eso llega a ocurrir, con la Ley 152, el Gobierno podría usar esos medios para castigar a sus opositores, de negarles fondos y así, para usar los términos de Bieri, “matar la producción”.
“Bieri no entendió las funciones de un servidor público”, explica Marcela Benavides. “No entendió el contexto, no buscó consensos. Actuó como si estuvieran en un medio privado, donde yo, como dueño, puedo hacer lo que quiera”. Y eso fue lo que le costó la primera baja al Gobierno Duque. Pero este caso, considera Benavides, no va a tener consecuencias en el trámite del proyecto de ley. Para la exdirectora de Señal Colombia, “la renuncia es un paso para evidenciar un mal manejo sin criterio que se extiende también, en mi opinión, a la ministra Constaín que no conoce la situación de los medios públicos, de lo no mainstream. Para que haya un efecto, hay que seguir machacando [en los riesgos de las políticas de este Gobierno]”.
