En 1979, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos viajó a Argentina para comprobar que en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) había detenidos que luego desaparecían en “vuelos de la muerte”, los militares intentaron borrar las huellas de ese centro de detención clandestino: retiraron un ascensor, modificaron una pared para evitar el acceso al lugar donde se daban las torturas y destruyeron archivos. Durante la visita y afuera de esa unidad militar, familiares de desaparecidos exigían información y justicia.

Algo similar ocurrió en Colombia, a juzgar por las declaraciones que han dado varios integrantes del Ejército ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Inundaciones, incendios o destrucción de los lugares donde se archivaban documentos de las operaciones ilegítimas que en realidad eran falsos positivos, ocurrieron en varias regiones. El hecho más grave, sin embargo, es el que se presentó en una unidad militar en Medellín, como reposa en las investigaciones de la JEP. 

Tanto magistrados como abogados de víctimas y militares “recordaron claramente la existencia de los rumores sobre el incendio provocado en 2007 en instalaciones del Bajes (Batallón de Artillería No. 4 coronel Jorge Eduardo Sánchez), en Medellín, que no solo consumieron los archivos operacionales de la Brigada Móvil 11 sino todos los archivos del juzgado de instrucción penal militar que tenía allí su sede”. Así quedó consignado en el auto de la JEP sobre desapariciones forzadas y muertes ilegítimamente presentadas en combate en el cementerio de Dabeiba (Antioquia). Curiosamente, la mayoría de esos incidentes como ese se presentaron entre 2007 y 2008, lo que coincide con el momento en que comenzó el escándalo mediático sobre las ejecuciones de civiles en todo el país.

Edwin Leonardo Toro Ramírez es un militar emblemático dentro de las investigaciones de los falsos positivos. Fue quien llevó la práctica criminal de Antioquia a Casanare. “Fui quien traje este sistema a los grupos Delta y me arrepiento de eso”, dijo durante su reconocimiento de responsabilidad ante las víctimas llaneras el pasado 18 de septiembre. Además de ser coautor de al menos 17 asesinatos, este teniente retirado ha entregado información sobre los intentos de encubrimiento y destrucción de archivos en ambas regiones.

Toro comandó operaciones de los grupos especiales Delta mientras conformó el Batallón de Contraguerrillas 29, de octubre de 2005 a abril de 2006, y del Gaula Casanare, hasta noviembre del mismo año, y fue central en los cambios de carpetas de los documentos operacionales para ocultar y dar sensación de legalidad a los asesinatos. Recibía órdenes desde el estado mayor de la Brigada 16, concretamente del general Henry William Escalante y el coronel Jorge Arturo Romero.

Una de sus víctimas fue Jair Tarache Cruz, asesinado el 1 de abril de 2006 cuando volvía del colegio en su bicicleta. A los soldados les habían entregado un anexo de inteligencia con dos fotografías, la de Jair y su padre Zenón Tarache, y les asignaron un guía que iba a señalar a las víctimas. “Que te dieran dos fotos es como que te dijeran debes matar a esas dos personas”, dijo el oficial retirado Toro. Zenón estaba trabajando la tierra junto a un niño cuando los militares iban a matarlo y eso lo salvó. Pero Jair, que volvía tranquilo de estudiar, fue retenido y asesinado a sangre fría. “Me agaché, disparé yo el arma con el dedo del joven para que al menos quedara la muestra de la pólvora”, confesó también Faiber Amaya, quien le disparó. 

El caso detonó la indignación de la comunidad en Paz de Ariporo que se apostó a las afueras de la Brigada XVI exigiendo información y justicia. Adentro, comenzaba una carrera para alterar y destruir los archivos. “Por cada víctima que asesinábamos había tres carpetas. Cuando llegó Torres Escalante (que estaba en Bogotá en el momento de la protesta), me ordenaron ir hasta Villavicencio al B3 a cambiar esas carpetas donde aparecía el informe de patrullaje de Tarache Cruz”, siguió narrando Toro en la audiencia.

Pero la alteración de los documentos operacionales no solo se daba inmediatamente después de los hechos como en este caso, sino que también llegó a hacerse cuando las carpetas con la documentación completa eran enviadas a las divisiones, aseguró el magistrado Óscar Parra en el auto de hechos y conductas contra 24 máximos responsables involucrados en 296 asesinatos falsamente presentados como muertes en combate en Casanare. En esa región se demostró que hubo una organización criminal de 367 personas del Ejército, el Gaula (que se encarga de prevenir y atender los secuestros) y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para cometer y encubrir los asesinatos.

“Finalmente, los efectivos de la Brigada XVI no solo se aseguraron de que la documentación no dejara rastro de los hechos, sino que incluso el fiscal quinto delegado señaló a esta Sala que el sitio en el cual se guardaba todo el archivo de la Fiscalía Quinta delegada ante el Gaula fue inundado entre 2007 y 2008, resultando perdida gran parte de la documentación e investigaciones que adelantaba a propósito de hechos de muertes ilegítimas”, agregó Parra en el auto de hechos y conductas.

“Todo eso se quemó”: militar que confesó falsos positivos

Por esos mismos años, en Medellín se presentó un memorable incendio en una unidad militar adscrita a la IV Brigada. La ciudad despidió el 2007 en medio de una explosión en la sede del Batallón de Artillería No. 4 coronel Jorge Eduardo Sánchez, más conocido como Bajes, ubicado en el barrio Miraflores de Medellín. 

Sobre las 10:30 de la mañana del sábado 29 comenzó una detonación en el depósito del armamento de la unidad militar que dejó tres soldados muertos. La revista Semana dijo en ese momento que se trataba de uno de los accidentes “más graves en la historia reciente del Ejército Nacional”. El sonido era ensordecedor y los helicópteros intentaban apagar las llamas a una distancia prudente para evitar ser alcanzados por la metralla. Los vecinos del batallón debieron ser evacuados.

Según el general Luis Roberto Pico, comandante de la Séptima División del Ejército para esa época, la explosión del polvorín se originó por un accidente con una granada de mano que era manipulada en el interior de la armería en el batallón. Pero hoy, a la luz de las investigaciones sobre el papel de ese batallón en los falsos positivos, la explosión cobra importancia.

En Antioquia se presentó el mayor número de las ejecuciones extrajudiciales de todo el país (1.613 víctimas de las 6.402 identificadas por la JEP hasta ahora). El Bajes está acusado de ser el causante del 80 % de las víctimas en esa región. Por ese caso, la JEP ha imputado al general en retiro, Mario Montoya, cuando era comandante de la IV Brigada entre 2002 y 2003. Para el momento de la explosión de la armería, el general ya era el comandante del Ejército Nacional. Un año después de esa detonación, en octubre de 2008, se produjo el “informe Suárez”, como se conoce a una investigación interna sobre falsos positivos que lideró el general Carlos Suárez, inspector del Ejército para esa época.

Durante su versión voluntaria en 2019, el teniente Toro habló de esa explosión: “No, no, yo nunca pensé que esto iba a ser así, obviamente el Bajes tuvo una explosión, eso se quemó todo, toda la parte del archivo”, dijo en una declaración privada ante la jurisdicción transicional conocida por esta alianza. Se refería a que los involucrados no esperaban que el escándalo de los falsos positivos llegara a conocerse y convertirse en una de las peores vergüenzas de las fuerzas armadas. Algunos militares, inclusive, se guardaron información, quizá como seguro de vida en caso de que todo emergiera. Juan Carlos Quiroz Osorio fue uno de ellos. Exjefe de operaciones del Bajes en 2004, sacó copias de algunos archivos antes de que fueran destruidos y las presentó en sus declaraciones.

En el auto que imputa por 130 falsos positivos a Montoya, la magistrada de la JEP, Catalina Díaz, informó que hicieron dos inspecciones a la IV Brigada, y que obtuvieron archivos y carpetas operacionales, recopilaron documentos como órdenes de operaciones, misiones tácticas, órdenes del día, radiogramas operacionales, informes de patrullaje, entre otros. Además, accedieron a los libros de programas radiales de la sección de operaciones de esta unidad militar, en los que constan, a mano, los apuntes de las comunicaciones diarias de los comandantes con sus subalternos. En varios de ellos quedó la evidencia de que Montoya pedía “litros de sangre”. Recibieron también documentos oficiales por parte del Ministerio de Defensa, entre los que se encuentran manuales de operaciones e inteligencia, directivas y circulares. Sin embargo, esa investigación solo se centra en los años 2002 y 2003, lo que significa que hay decenas de documentos que probablemente no hayan sido encontrados.

“Los archivos casualmente se quemaron”: magistrado

Pero la explosión en ese batallón no solo afectó la investigación del oriente de Antioquia, también la de Dabeiba. En este caso, ocho militares confesaron su participación en asesinatos entre 1997 y 2008. El caso comenzó cuando un militar investigado en otra región decidió contarlo todo. Hasta ese momento no había investigaciones en la justicia ordinaria ni documentos oficiales. Y los que reposaban en el Bajes eran centrales para avanzar.  

En 2021, cuando los magistrados solicitaron la información operacional del batallón 79 del Ejército, el coronel José Luis Bastidas Moreno, comandante de la Brigada XVII, les informó oficialmente que esos documentos reposaban en la Fuerza de Tarea Aquiles, según un oficio que está en poder de la JEP y que VORÁGINE conoció. “Por tal motivo, se corrió traslado del documento a la referida unidad militar, a fin de que se pronuncie al respecto por el conducto regular (…)”, respondió. Bastidas trasladó la petición por competencia a la Fuerza de Tarea Aquiles y ahí comenzó un largo camino en medio del laberinto burocrático militar. 

Más adelante, como era de esperarse, de la Fuerza de Tarea les respondieron que ahí solamente estaban los archivos operacionales de la Brigada Móvil No. 11 y de sus batallones de contraguerrilla a partir de 2008 en adelante. Ante esa respuesta, el magistrado Alejandro Ramelli, que lleva el caso, solicitó al entonces comandante de las Fuerzas Militares, Luis Fernando Navarro, que recuperara los archivos entre 1997 y 2008. 

Lo que vino después fueron evasivas y solicitud de extensión de tiempo. “Toda vez que es necesario la consolidación y recaudo de la información dentro de lo requerido”, o “mi general (Navarro) se encuentra a la espera de la respuesta respectiva por la Séptima División…”, se lee en distintas comunicaciones oficiales conocidas por esta alianza.

Finalmente, el asunto quedó claro para Ramelli: “Los archivos de esa época casualmente fueron destruidos en un incendio”. La detonación y el fuego que despertó a los medellinenses aquella mañana de 2007 redujo a cenizas el archivo central de la unidad, la que más falsos positivos cometió. “El único documento que se halló es copia de un informe de fecha 06 de enero de 2008 (…) mediante el cual informa de la incineración del depósito de armamento, dispensario y archivo central de la unidad en hechos del día 29 de diciembre de 2007 a las 10:00 horas, donde se manifiesta que todo el archivo de la Brigada Móvil XI y de la unidad se incineró en el siniestro, al igual que el computador donde reposaba la información de los archivos”, se lee en el auto de responsabilidad de los militares en Dabeiba.

Fuego en Norte de Santander

La de los incendios no parece ser una práctica aislada. En las unidades militares de Norte de Santander, tristemente famosas por los casos de falsos positivos de habitantes de Soacha, también hubo destrucción de archivos. Aquí, según la confesión del sargento Sandro Pérez, se crearon anexos de inteligencia posteriores a los asesinatos. Así quedó probado en el caso de los campesinos Adiel Ascanio Sepúlveda, Joel Enrique Uparela Arrieta y Wilmer Alonso Leal Durán, asesinados el 31 de julio de 2007 por miembros del Batallón de Infantería No. 15 Francisco de Paula Santander (Bisan). 

Las órdenes de destruir documentos se dieron desde el comando de brigada. “Altos mandos del Bisan ordenaron al que había sido el S2 del batallón (Sandro Pérez) la destrucción y alteración de documentos operacionales una vez empezaron las investigaciones a raíz del escándalo de los falsos positivos en medios de comunicación”, afirma la JEP. Según Pérez, la orden vino del coronel Álvaro Tamayo Hoyos, con el aval del coronel Paulino Coronado, como comandante de la brigada. 

En una de sus declaraciones Pérez relató así la orden que recibió de Tamayo: “(…) venga porque hay que cambiar toda la documentación, hay que conseguir gente para que declaren, hay que hacer una cantidad de cosas. Me dice: ‘aquí toca todo el día y que usted no (se) me vaya a la casa porque eso toca cambiar todo, inclusive hay que ir a Cúcuta al B2 a cambiar toda la documentación que se mandaba soporte y cambiarla para cuando llegue inspección del Ejército’”.

Allí el ocultamiento incluyó también quemar y robar el material probatorio con el fin de dilatar los procesos judiciales. “Así, por ejemplo, el registro personal que llevaba Sandro Pérez como oficial de inteligencia del Bisan y que incluía actas informales de pago a los civiles reclutadores de víctimas, fueron incineradas por orden del coronel Tamayo”, como se lee en el auto de responsabilidad de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate en Norte de Santander de la JEP.

La urgencia era, como en 1979 en Argentina, ocultar las huellas de los crímenes esta vez ante la inspección del general Suárez y la presión del país que despertó años después de una tragedia que llevaba una década.