Soy una periodista ecuatoriana que vive en Bogotá. Mi vida, por completo, es binacional: consumo medios de los dos países, sigo en redes información de gente e instituciones de ambas naciones, mis conversaciones cotidianas y mis querencias están aquí y allá: todos los días. Por eso puedo dar cuenta de los 19 días transcurridos entre el secuestro y la confirmación del asesinato en los que reinó la confusión.
Colombia conoce muy bien el dolor y la indignación que provocan el secuestro y la muerte de sus habitantes en general y de los periodistas en particular. Ecuador no. De ahí que este caso sea tan traumático. Según datos de la Sociedad Interamericana de Prensa, entre 1987 y 2017 en Ecuador asesinaron a ocho periodistas en diferentes circunstancias relacionadas con su oficio, pero ninguno en cautiverio. En ese mismo periodo Colombia encabeza la lista de periodistas asesinados con 135 casos. El último homicidio de alguien mientras estaba privado de su libertad fue el de Danilo Alfonso Baquero, en 1993. Su caso prescribió en 2013 sin encontrar a los culpables.
Diversos analistas coinciden en que su actuación no es política sino que está relacionada con el narcotráfico y el control territorial de la zona de frontera
El último caso de periodistas secuestrados en Ecuador se dio en 1985 cuando el grupo insurgente Alfaro Vive Carajo, que mantenía relación con el M-19 colombiano, retuvo por algunas horas a un periodista de televisión y a otro de radio para obligarlos a publicar sus posturas políticas.
En el caso del equipo de El Comercio todo fue más dramático y confuso. Aunque el grupo señalado de ser el autor del secuestro se presente como el “Frente Oliver Sinisterra”, disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), diversos analistas coinciden en que su actuación no es política sino que está relacionada con el narcotráfico y el control territorial de la zona de frontera.
Al mando de ese frente está alias ‘Guacho’, Walter Patricio Arizala Vernaza, un ecuatoriano que militó desde hace 15 años en las Farc –hoy convertidas en partido político tras dejar las armas y firmar un acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Ecuador celebró la firma de ese convenio e incluso hoy es sede de diálogos entre autoridades de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero está pagando caro la atomización de las disidencias Farc y bandas criminales al otro lado de su frontera, la explosión de cultivos de coca y el hecho de que por décadas los gobiernos colombianos –incluso con ayuda de Estados Unidos– han luchado contra el narcotráfico sin éxito.
Y todo ese contexto parece que al presidente Juan Manuel Santos se le olvidó cuando fue consultado en la Cumbre de las Américas en Lima por la responsabilidad de Colombia en el asesinato de los ecuatorianos.
“La propia Cruz Roja no sabe dónde están los cadáveres. Estos hechos ocurrieron en el Ecuador, fueron secuestrados en el Ecuador, por un individuo de nacionalidad ecuatoriana”, dijo a los periodistas que le consultaron sobre el hecho.
En muchos episodios durante estos 19 días, los dos gobiernos se pasaron la pelota sobre si era un asunto ecuatoriano o colombiano cuando los secuestradores tienen estrategias trasnacionales en el tráfico de drogas en una zona donde hay más presencia de grupos ilegales que de los Estados y donde la línea de frontera que divide a Nariño y Esmeraldas en el Pacífico solo existe en el mapa.
En Ecuador todos se preguntaban por qué la información siempre salía de Colombia y por qué los pronunciamientos oficiales llegaban tras largas esperas y solo para ratificar lo que ya circulaba en redes hace horas
Y no solo los gobiernos abonaron a la confusión. Los medios de comunicación también. Diario El Tiempo anunció el 28 de marzo la liberación de los periodistas ecuatorianos con fuentes anónimas. Las horas pasaron y nunca hubo libertad. La madrugada del 3 de abril el canal RCN publicó el primer video con la prueba de vida de los tres secuestrados, que aparecían con cadenas al cuello, en el que uno de ellos hablaba de las exigencias de los captores (hacer un canje con detenidos y suspender la cooperación entre los dos países). Pocas horas después, el canal y una radio del mismo grupo llamaban a los familiares para obtener reacciones, pero en realidad les pusieron al tanto de la noticia. Días después, los medios colombianos difundieron un comunicado del Frente Oliver Sinisterra que confirmaba el asesinato del equipo de El Comercio, pero más tarde ambos gobiernos descartaron su veracidad. Y una vez más, RCN fue el medio que recibió las fotos de los cuerpos. En Ecuador todos se preguntaban por qué la información siempre salía de Colombia y por qué los pronunciamientos oficiales llegaban tras largas esperas y solo para ratificar lo que ya circulaba en redes hace horas. Incluso el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, condenó el “asesinato” a través de Twitter cuando ninguna autoridad ecuatoriana o colombiana lo había anunciado oficialmente.
Se confirmó el asesinato, pero seguirán semanas de dolor, indignación, interrogantes y reflexión. Y al repetir la tradicional frase “Ecuador, país de paz” –porque siempre ha sido un territorio libre de guerra interna y terrorismo a diferencia de los vecinos Colombia y Perú– volverán a la mente Paúl, Javier y Efraín, y la incertidumbre de si los gobiernos de los dos países podrán con los nuevos desafíos de seguridad y si las poblaciones de frontera, lejos de Quito y Bogotá, estarán bien.
*Jeanneth Valdivieso Mancero. Periodista ecuatoriana viviendo en Colombia. Antes, en Uruguay, Brasil y Cuba. Cuenta historias desde las narrativas digitales, la migración y la Ciencia Política.
