Gutiérrez fungió como fiscal y policía durante su período de Alcalde en Medellín. Invirtió en su imagen como ningún otro del país y ahora hay investigaciones que lo señalan, como entonces, de llegar a acuerdos con bandas criminales bajo la promesa de seguridad ciudadana.
La primera vez que se presentó a la Alcaldía de Medellín fue en 2012 avalado por el Partido de la U. Entonces, sonreía abrazado a Álvaro Uribe Vélez en varias de las vallas publicitarias de su campaña en Antioquia. Esa vez no pasó el umbral. Lo intentó después de haber sido Concejal de Medellín, entre 2004 y 2012, primero por el Nuevo Partido y después reelegido (con la mayor votación: 14 mil votos) por el mismo Partido de la U. En 2016 logró posesionarse como alcalde.
Entre las críticas frecuentes a su gobierno están, por ejemplo, el gasto público en comunicaciones. Según una investigación de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, su alcaldía fue una de las que más invirtió en comunicaciones e imagen: más de 130.000 millones de pesos en contratos de publicidad oficial durante 2016 y 2017.
Y la polémica más reciente de lo que fue su mandato tiene que ver con las investigaciones que señalan a Gutiérrez y a su Secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, de llegar a acuerdos con la Oficina de Envigado para que esa red criminal les entregara fleteros a cambio de no hacer redadas en comunas de la ciudad. Así, se presentaron como capturas y logros en seguridad de su Alcaldía lo que se había negociado con grupos criminales. Aunque Villegas fue investigado, no recibió condena por nexos, al menos no con la Oficina de Envigado.
Estos son algunos hechos de la Alcaldía de Federico Gutiérrez que generan alarmas sobre su galante y lo que podría llegar a ser una presidencia suya.
Jugó a los montajes judiciales
Uno de los asuntos de los que más alardeó Federico Gutiérrez durante su mandato fue, precisamente, el anuncio de capturas y de sus negociaciones con las bandas criminales, dice el periodista y abogado Pascual Gaviria.
En 2019 aseguró que habían capturado a alias “Gago”. “Gutiérrez presentó a un joven como uno de los duros de los combos [criminales], compartió fotos y lo expuso públicamente”, explica Gaviria, “pero resultó que era un pelado que no tenía nada que ver”. Aunque la Fiscalía admitió más tarde que esa captura había sido un error, Gutiérrez insistió en desmentirla en medio de unas audiencias preliminares en las que el juez encargado no impuso medida de aseguramiento: el joven, acusado por el Alcalde de asesinar a tres personas en la Comuna 13, carecía de pruebas en su contra.
“Gutiérrez hizo muchas veces esto de manera irresponsable”, dice Gaviria. “Con todas las diferencias y guardando la proporción, es un poco de estilo Bukelista (Nayib Bukele, Presidente de El Salvador)”.
Se le asemeja a Bukele porque este y su ministerio sostuvieron negociaciones con las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 —fracciones Sureños y Revolucionarios— para reducir las cifras de homicidios en El Salvador, de lo que también se le acusó a Gutiérrez y a su gabinete en el gobierno local, en Medellín. En 2017, el periódico El Faroaseguró que «las pruebas de que el Gobierno de Nayib Bukele está negociando con la Mara Salvatrucha 13 (MS-13) son documentos oficiales del propio Gobierno”.
A Gutiérrez también se le vio en los barrios. Gaviria cuenta que Gutiérrez le hizo la guerra a las bandas criminales y, en sus palabras, con conocimiento de causa. El abogado asegura haber estado con el cineasta Víctor Gaviria en una conversación con habitantes de un barrio que les sostuvieron que el entonces Alcalde “finura, sí probó” porque insistía en tener conversaciones cara a cara.
“Nos dijeron que se había metido al barrio y que habían tenido líos, pero no sorprende porque Gutiérrez jugaba su papel de sheriff (autoridad policial política) y pasaba por encima de un conducto regular siempre”. Desde la Alcaldía, Gutiérrez fungía como fiscal y policía al mismo tiempo. Es decir que él, por su cuenta, entraba a hablar con quienes dominan los territorios en Medellín para hacer lo que han hecho muchos de quienes han gobernado la ciudad: llegar a acuerdos por fuera de los conductos que exige la ley. Su estilo lo pusieron en práctica en su gobierno.
Su gabinete fue bastante cuestionado
Gustavo Villegas fue secretario de seguridad de Gutiérrez por menos de seis meses, pues la Fiscalía llegó a investigarlo por delitos como el de concierto para delinquir y más tarde condenado a 33 meses de cárcel e inhabilidad para ejercer funciones públicas por 81 meses. Pero las prácticas problemáticas de Villegas ya venían de antes: cuenta Gaviria que Villegas trabajó con Fajardo (Alcalde de Medellín entre 2004 y 2007) en un proceso de negociación local. “Por esa vía Villegas había conocido a pillos, entre ellos a Julio Perdomo, y cuando fue Secretario de Seguridad de Federico Gutiérrez resultó que lo estaban extorsionando y él, en lugar de irse a la Fiscalía, pensó que como conocía a ‘aquel man’, era mejor arreglarlo de manera personal y no a través de la justicia (…) Se puso a jugar con candela por una cercanía y a pedir una especie de favor y terminó en una brava”.
Finalmente Villegas tuvo que aceptar ante la Fiscalía, como un modo de acuerdo, su abuso de autoridad y otro delito menor.
Y no fue el único cuestionado en el gabinete Gutiérrez. Gaviria también habla de su mano derecha, Santiago Gómez, su secretario de Gobierno, el poder detrás del poder.
“La mano negra que manejaba muchísimas cosas pero nunca daba la cara como Secretario de Gobierno; fungía más como un secretario privado del Alcalde”. Según expresa el periodista, en Medellín se hablaba de que Gómez era quien daba muchas de las órdenes en la ciudad con muy poca transparencia burocrática, como presionar y persuadir a contratistas para adherirse a su campaña. De hecho, la Procuraduría abrió indagación a Gutiérrez por presunto proselitismo a favor de Gómez y este recibió una multa del Consejo Nacional Electoral cuando, por una queja interpuesta, usaba el apelativo “El de Fico” en vallas de la ciudad aspirando con Quintero a la Alcaldía en 2019. “Si Gutiérrez llega a ser presidente, este sería uno de sus hombres”, dice Gaviria.
Aumentaron los homicidios y el desempleo, eso no lo dijo
Desde finales de los años 80 y durante los 90 las bandas criminales han tenido el poder en Medellín. Esas son las que realmente definen cuándo los homicidios suben y cuándo bajan, según Gaviria.
“Eso no depende de una reunión con el gobierno de turno, eso depende de unos acuerdos entre ellos y de la posibilidad de repartirse la ciudad y de no tener roces, aunque sí un jefe en común”, expresa Gaviria.
Por ejemplo, los homicidios en el período de Gutiérrez siempre fueron al alza, pero en el último año tuvieron una caída muy pronunciada, a partir del 1 de julio de 2019. “Ese día hubo una baja tremenda que, además, se ha mantenido en índices muy parecidos a los del Gobierno de Daniel Quintero durante estos dos años, ¿por qué?. Eso, lo ha dicho Gustavo Duncan, se explica por una reunión en La Picota”.
Según cuenta Gaviria en una columna de 2020, el encuentro en la cárcel fue entre la institucionalidad y “dos facciones criminales que han mantenido enfrentamientos intermitentes en el Área Metropolitana desde hace al menos 15 años”. El propósito de la reunión era tranquilizar el ambiente de seguridad en Medellín y así acordaron disminuir los homicidios. La evidente caída posterior en el número de asesinatos fue explicada por Gutiérrez como parte del éxito de su política de seguridad, un discurso constante durante su Alcaldía.
Esa no fue la primera vez que el poder local se acercó a quienes tienen el dominio en distintos barrios y plazas de vicio de la ciudad, explica Gaviria. “En su momento dijeron que Alonso Salazar (Alcalde de Medellín entre 2008 y 2011) hablaba con “Memín” y que pactaron una negociación, que además comenzó en el gobierno de Luis Pérez (Alcalde entre 2001 y 2004) y que después se cayó. Ese acercamiento es tan peligroso que resulta poco útil para las administraciones”, ya que ninguno sale bien librado. Y menos la ciudadanía.
Manipuló su imagen en redes sociales
Federico nunca admitió la existencia de una bodega, a pesar de que el periodista de la Universidad de Antioquia y magíster en Gobierno, Juan David Ortiz, denunció públicamente en este artículo (ganador del Premio Simón Bolívar de Periodismo) que el estratega de redes sociales en su Alcaldía había creado una bodega a mediados de 2017. Una bodega es un almacén de trolls y de cuentas falsas que publican en redes sociales, haciéndose pasar por personas reales, con un propósito específico (como impulsar o amedrentar a una figura política). Gutiérrez siempre respondió con evasivas ante la sugerencia de estar inflando su gestión en redes sociales. En entrevista para El Colombiano, según el mismo Ortiz, el exalcalde dijo que no sabía de qué tema le estaban hablando cuando le cuestionaron por ello.
Pero el periodista dice que el perfil de Federico Gutiérrez es problemático justamente en temas de propaganda, publicidad y uso de canales digitales. Ortiz habla de una negativa constante de Gutiérrez ante esos temas, al punto de ni siquiera negarlo, sino responder casi siempre ante la prensa con un “me acabo de enterar”.
“Pero lo de la bodega puso también en evidencia una conducta que se normaliza, porque nunca ocurrió nada con la persona que tenía a cargo esa responsabilidad en la Alcaldía y que la ejercía con recursos públicos: Mateo Gómez Vahos”, dice Ortiz.
Gómez Vahos, quien es además amigo de Gutiérrez, terminó trabajando en las campañas del Centro Democrático y, casi que en paralelo a su actividad con la Alcaldía de Medellín, trabajó también administrando las redes sociales de Uribe Vélez, como él mismo lo destacaba en las suyas. Eso, dice Ortiz, le ayudó a escalar en sectores de la política.
Hoy Gómez Vahos maneja la campaña a la presidencia en redes sociales de Federico Gutiérrez, a pesar de los cuestionamientos que tuvo por su labor en la alcaldía. Eso, dice Ortiz, demuestra que hay una validación social que premia su lealtad poniéndolo al frente de la campaña por encima de las controversias.
El periodista aclara que disciplinariamente nunca pasó nada en el caso de Gómez Vahos. Recuerda que la Procuraduría se ocupó de investigar y pidió copia de los contratos, pero la investigación no dio frutos porque, en palabras del periodista, esa institución estaba buscando una línea que especificara creación de perfiles falsos para engañar a la opinión pública.
“Eso no es una posibilidad. Hubo unas actas de seguimiento al contrato de Mateo que simplemente decían que ejercía un rol en el equipo de comunicaciones y ya está. Se archivó sin que eso tuviera mayor trascendencia”.
El caso demostró, para Ortiz, que la vida política de Gutiérrez ha tenido acciones deliberadas de engaño, de recurrir al fake, al bot y a la manipulación narrativa para imponer temas en la opinión pública que le son favorables como actor político y desfavorables para sus contradictores.
Una estrategia que parece estar usando ahora con el “perdón social”: Petro, según Gutiérrez y varios de sus simpatizantes, hizo un pacto con presos de la Picota. Pero eso no se ha probado. Gutiérrez, a su vez, citó a una rueda de prensa afuera de la cárcel para desestimar la propuesta de su contendor político en el discurso: “La otra campaña venía justamente a este sitio a buscar votos a cambio de rebajas de penas o el tal perdón social. Eso es uno de los peores escándalos que ha vivido el país, más cuando se trata de temas como la corrupción”, otro gesto que da cuenta de un modo suyo de hacer política. Aprovecha las oportunidades que encuentra en los discursos y apariciones de sus adversarios para criticar y mover una narrativa a favor de su campaña política aunque sea con verdades a medias o exageraciones.