[Esta nota fue previamente publicada en ¡Pacifista!]

El 11 de mayo de 2017, cuando el gobierno puso en marcha el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), el presidente Juan Manuel Santos se anticipó al saboteo que estaba por venir: “Por supuesto que a los narcotraficantes no les va a gustar que su materia prima de pronto desaparezca. Tenemos que tener el ojo avizor para evitar que bandas criminales amedranten a las comunidades que sustituyan cultivos ilícitos por lícitos”, dijo desde el municipio La Uribe, Meta, donde comenzaría la sustitución de cultivos de coca.

Once meses después, el 30 de marzo de 2018, el viernes santo, fue asesinada María Magdalena Cruz Rojas, lideresa campesina y representante en la Junta de Acción Comunal de la vereda Brisas de Itaviare, en la inspección Rincón del Indio en Mapiripán. Esto ocurrió en el Meta, el mismo departamento en donde Santos puso en marcha el ambicioso plan de sustitución. Según Coccam (Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana), con este caso ya son 31 asesinatos de pequeños cultivadores que, desde 2017, se comprometieron y promovieron la sustitución de cultivos.

Los líderes cocaleros están decepcionados, no solo porque el ‘ojo avizor’ resultó ser ciego frente al asesinato de líderes, sino porque en términos generales la violencia en los municipios donde está funcionando el PNIS aumentó 33 por ciento, según datos de la Fundación Ideas para la Paz (Fip). De acuerdo con Coccam, donde están agremiados alrededor de 7.000 campesinos, en los próximos días realizaran consultas con las comunidades para definir si suspenden la participación de la organización en el programa. Los asesinatos de cultivadores, así como la posibilidad de que el Congreso apruebe una ley para que los campesinos que cultivan coca sean judicializados, son las principales motivaciones para que la Coccam piense en retirarse.

El caso de María Magdalena Cruz demuestra que Coccam tenía razón en por lo menos dos aspectos: por un lado, como presidenta del comité de sustitución voluntaria en Mapiripán, necesitaba protección, y la asesinaron dos sujetos que se transportaban en una motocicleta con armas de largo alcance, sin mayores complicaciones.  Por otro, las disidencias de las Farc siguen ganando terreno en la zona, así como grupos armados como Los Puntilleros y el Bloque Meta, sin que el Estado aumente su presencia.

Para Andrés Gil, dirigente campesino de Coccam, “es indignante que este tipo de cosas sucedan, más cuando la misma Defensoría del Pueblo y la ONU han venido haciendo advertencias por las amenazas contra líderes sociales. Ya se sabe que los líderes comunitarios en los territorios donde se está construyendo la paz son los que se están enfrentando a los grupos que con ferocidad quieren hacer trizas los acuerdos. También nos preocupa la inoperancia del gobierno, que no ha protegido a los líderes y tampoco ha reconocido su labor”.

Amenazas de las disidencias de las Farc

En el Meta, las operaciones del Ejército en esta materia han sido aisladas. En febrero pasado, el Ejército desmanteló un taller para la fabricación de explosivos en Vista Hermosa, donde hacen presencia las disidencias de las Farc. Aunque lograron incautar 314 granadas, una ametralladora y varios cartuchos, el golpe no fue suficiente para contrarrestar la presencia del grupo armado en la zona. Una de las primeras hipótesis que tiene la Secretaría de Gobierno del departamento es que justamente las disidencias habrían orquestado el asesinato de María Magdalena Cruz, pues ella había denunciado amenazas en su contra por parte de estos grupos ante la Alcaldía Mapiripán.

Uno de los investigadores de la Fip que conoce de cerca la situación de orden público en el Meta nos contó que existe una expansión da las disidencias en el sur de ese departamento y de Caquetá, principalmente de los frentes 1, 7 y 62: “No es una sola estructura al mando de un hombre, sino que están divididos en varias estructuras. En el frente 7 efectivamente está al mando Gentil Duarte, quien tiene diferentes comisiones, una de trabajo político, otra de trabajo social y facciones armadas que hacen presencia en el Meta, donde entregan panfletos, amenazas y a la vez promocionan su discurso”.

De acuerdo con investigaciones de la Fip, las disidencias están controlando las rutas de los cultivos ilícitos en Meta, Guaviare y Caquetá. Por ende, “existen probabilidades altas de que ataquen a la población que apoya la sustitución de cultivos. Ellos han expresado públicamente que se oponen al Acuerdo. El secuestro de un funcionario en mayo de 2017 es una prueba de ello”. En efecto, como lo hemos contado, en Guaviare las disidencias han saboteado la implementación de la paz, incluso con agresiones en contra de líderes sociales.

Tumaco, al sur del país, es otro escenario de persecución para los campesinos que apoyan la sustitución de cultivos. El pasado 20 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas cautelares a los líderes del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, donde operan la disidencia de alias ‘Guacho’.  Los líderes de este consejo están amenazados y las disidencias ya demostraron que quieren tomarse el territorio –basta recordar el asesinato del líder comunitario José Jair Cortés el pasado 17 de octubre.

Harold Ruiz, coordinador del PNIS en Nariño, nos contó que todos los líderes de Alto Mira y Frontera están confinados en Tumaco. “Esto sucede por la persecución de ‘Guacho’. El programa está retrasado. Tenemos más de 50.000 familias que aceptaron unirse, pero al final, por diferentes persecuciones e incumplimientos, solo se unieron 8.200. Los dirigentes campesinos están asustados porque aquí no solo está Guacho, sino el Clan del Golfo y los enlaces del Cartel de Sinaloa. Los líderes que respaldan la sustitución no tienen protección, están muy vulnerables”.

*Santiago Valenzuela es periodista en ¡Pacifista!

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