*El nombre ha sido modificado para proteger a la fuente.
Durante el reciente estallido social que se despertó en Bogotá, las denuncias sobre la violencia policial han sido constantes. La violencia ha escalado hasta dejar 119 heridos por balas y 13 muertos en la ciudad. Aunque Jimena* no participó en ninguna de las manifestaciones que se dieron en distintos barrios de Bogotá, sí terminó siendo víctima de abuso policial. A ella la intimidaron, la desnudaron y la amenazaron en una Estación en el barrio La Macarena.
“Yo estaba temblando, llorando, con rabia y miedo, tanto que no podía ni vestirme bien. La agente me miraba intimidante, como si disfrutara lo que estaba pasando”, le dijo a Cerosetenta.
Jimena* llegó a la estación de policía de La Macarena el pasado 13 de septiembre. Estaba haciendo un trabajo para una clase de fotoperiodismo y quería ver cómo el barrio había sido impactado por la pandemia. Decidió salir a explorar. Luego de hacer algunas imágenes en la plaza de la Perseverancia, Jimena* caminó por la Carrera 5ta, hasta pasar frente a la Estación.
Allí, en plena vía pública, vio tres escudos de policía, de esos que se utilizan como protección durante las confrontaciones. Los escudos estaban apoyados sobre la pared. Uno de ellos, el de la mitad, tenía una mancha de pintura roja que le llamó la atención. Tomó la foto. Fue en ese momento que tres agentes de Policía, dos hombres y una mujer, se le acercaron. Cuando lo notó, Jimena* estaba rodeada.
“Me dijeron que no podía tomar esas fotos porque era un delito, que no se podían realizar registros de las instalaciones de la policía. Esto estaba sucediendo muy rápido. Empezaron a cercarme, a rodearme, y daban vueltas a mi alrededor, hablando rápidamente, con palabras intimidantes”, asegura.
La hicieron entrar a la estación, después de haberla insultado en la calle. Le exigieron mostrar sus documentos. La amenazaron. La tildaron de guerrillera, de vándala, de terrorista. Le exigieron una requisa. Jimena* no terminaba de entender qué estaba pasando, sólo sabía que sentía miedo.
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Estas violencias, aunque recrudecidas el 9 y 10 de septiembre de este año, no se pueden considerar aisladas. De acuerdo con una investigación adelantada por la ONG Temblores, desde la implementación del nuevo código de Policía, en el año 2017, han empezado a detectar sistematicidad en violencias que incluyen: violencia física, sexual y homicida. Entre 2017 y 2019 se presentaron 241 denuncias por abuso sexual, donde el mayor perpetrador es la Policía, seguida muy de cerca por el Ejército. El 74% de las víctimas son mujeres, la mayoría estudiantes, y Bogotá es la ciudad que concentra más denuncias. El otro grupo más vulnerable, según el informe de Temblores, son las mujeres consumidoras de sustancias psicoactivas.
De hecho, el 10 de septiembre, un día después del asesinato de Javier Ordóñez por parte de la Policía, tres mujeres de 22 y 23 años denunciaron haber sido abusadas sexualmente por dos agentes de policía en el CAI de San Diego, cerca al centro de Bogotá. Ellas estaban en una de las protestas cerca al CAI de Villa Luz, en Engativá, y salieron de allí caminando por la avenida Boyacá. Una de ellas tenía prendido un cigarrillo cuando abordó una moto con dos policías que les dijeron que tenían que hacerles una requisa por supuesto porte de marihuana. Como los dos eran hombres, las trasladaron al CAI de San Diego para que las requisara una mujer.
En lo que va del 2019 y el 2020, Temblores ha documentado 54 casos de violencia sexual cometidos por miembros de la Fuerza Pública pero aseguran que tienen varios casos en proceso de confirmación.
Según la denuncia, los agentes las acosaron por varios minutos. “¿Cómo vamos a arreglar?”, les preguntaron, las intimidaron. Las tocaron sin su consentimiento. Cuando llegó una agente mujer, las mujeres le manifestaron lo sucedido. Su respuesta fue insultarlas y agredirlas físicamente. Al final, para dejarlas salir, los policías le exigieron 150 mil pesos a la pareja de una de las mujeres.
La furia de las manifestaciones se hizo sentir en esta estación cuando se hizo pública la denuncia. Sin embargo, la intervención policial, protagonizada por el ESMAD, diluyó la protesta. Al día siguiente, Jimena sufrió un abuso similar.
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Ese 13 de septiembre, los policías llevaron a Jimena* a un baño, que estaba muy sucio, dentro de la Estación. Allí, la agente de policía le exigió quitarse la ropa. Ella no entendía por qué debía hacerlo, pero obedeció. La agente le decía, constantemente, que era un procedimiento normal. Jimena* no se atrevía a llevarle la contraria. Se quitó la blusa, se quitó el pantalón. Sin embargo, en una actitud incluso más amenazante, la agente le exigió quitarse toda la ropa.
Ya desnuda y descalza, la agente de policía le ordenó sacudir su ropa. Además, le ordenó hacer varias cuclillas. En medio de gritos y amenazas, Jimena* no soportó más, empezó a llorar, a temblar. “Le dije que esto era totalmente indigno. La mujer policía me gritó y me dijo que me vistiera rápidamente y que saliera del lugar”, asegura.
Cuando por fin logró vestirse, Jimena* salió del baño. Afuera, los agentes querían que firmara un papel en blanco, sin explicarle qué escribirían allí. Ella se negó, no podía creer que le exigieran que hiciera algo así. Los agentes volvieron a intimidarla: le dijeron que la llevarían a la SIJIN a procesarla por terrorismo. Le señalaron el intercomunicador que cargaban y le dijeron que si continuaba quejándose, ellos podían comunicarse con sus superiores para procesarla por delitos graves. Le quitaron la cédula una vez más. Le quitaron el celular. Ellos aseguraban estar cumpliendo con su trabajo, y cada vez que ella les preguntaba algo, le gritaban que se callara.
Cuando le regresaron sus cosas, Jimena* notó que habían borrado las fotos que ella había tomado de los escudos. Les reclamó, pero los policías la amenazaron una vez más. Le dijeron que se fuera, que agradeciera que no la iban a judicializar y que la próxima vez que necesitara ayuda, acudiera a sus amigos vándalos. “Salí conmocionada de la Estación y me fui caminando hasta las Torres del Parque donde me senté a esperar a que pasara el tiempo para poder volver a mi casa más segura. Tenía miedo de que me estuvieran persiguiendo”.
En lo que va del 2019 y el 2020, Temblores ha documentado 54 casos de violencia sexual cometidos por miembros de la Fuerza Pública pero aseguran que tienen varios casos en proceso de confirmación. Mientras que en 2017 y 2018 la mayoría de las denuncias se concentraban en espacios domésticos de las víctimas, desde el 2019, la organización ha encontrado un aumento de casos que ocurren en guarniciones militares y policiales.
El informe es enfático en evidenciar que hay un subregistro de los casos porque es muy común que las víctimas sientan mucho miedo: a denunciar figuras de autoridad, a la impunidad y a las represalias.
Jimena* ya radicó ante la Fiscalía una denuncia penal contra los policías de la Estación de La Macarena por por tortura, tratos denigrantes y violencia sexual. Las tres mujeres abusadas la semana pasada en el CAI de San Diego aún no han iniciado acciones penales.
