Ante el anuncio del Gobierno de reiniciar el quinto ciclo de los diálogos que adelanta con el ELN en Quito –suspendidos desde el pasado 10 de enero– es prioritaria la pactación de un cese al fuego bilateral que le quite combustible a los argumentos de la oposición de un nuevo proceso de paz en Colombia.
El pasado 26 de febrero el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció el cese de sus operaciones militares ofensivas entre el 9 y el 13 de marzo, decisión tomada según ellos “como una muestra de respeto a las colombianas y colombianos que van a depositar su voto”. Esto, sumado al cese del conflicto armado con las extintas Farc, hizo que el país viviera las elecciones más tranquilas en los último 50 años.
El anuncio se hizo después de dos meses durante los que los tambores de la guerra volvieron a retumbar en el país. Bombas, atentados, hostigamientos, voladuras de oleoductos, desplazamientos forzados, bombardeos cerca a comunidades indígenas, reclutamientos de menores, retenes ilegales, y sobre todo policías y guerrilleros muertos le hicieron recordar al país los peores momentos de la guerra que parecían ya superados.
Los ruidos provenientes de la guerra fueron utilizados constantemente como propaganda por quienes se oponen a la paz
Esos dos meses coincidieron con el desarrollo de las campañas de consultas presidenciales y Congreso. Estas tuvieron como una de sus características principales la continuación de la disputa política que se viene desarrollando en el país, desde la segunda vuelta presidencial de 2014, entre quienes están a favor y quienes están en contra del modelo de paz propuesto por Santos. Los ruidos provenientes de la guerra fueron utilizados constantemente como propaganda por quienes se oponen a la paz.
Los resultados de estas elecciones evidencian que las posiciones políticas que privilegian la seguridad, la mano dura, el orden y una moral conservadora –Centro Democrático, Cambio Radical y Partido Conservador–, rondaron la mitad de las curules tanto en Cámara como en Senado. A este panorama se suma la elección de por lo menos 42 congresistas que tienen vínculos de algún tipo con la ilegalidad, principalmente con estructuras ligadas al paramilitarismo. Estas fuerzas si llegan a unirse, lo cual no es descabellado, estarían en la capacidad de alcanzar la presidencia en primera vuelta a la cabeza del uribismo, y posteriormente, con la fuerza que esto les daría, echar por tierra la apertura democrática que se vislumbra en el país.
En este escenario lo que suceda con el ELN terminará teniendo una fuerte incidencia en el escenario electoral durante los próximos dos meses. Los puntos con los que se reactivará la negociación –participación ciudadana y acciones y gestos humanitarios–, deberán avanzar mostrando resultados rápidamente para que las partes puedan aumentar el apoyo al proceso, tanto dentro de sus respectivas estructuras políticas, como frente a la opinión pública. Esto permitiría dejar el proceso suficientemente encaminado como para que al nuevo Gobierno le quede muy difícil dar marcha atrás.
Las cifras de muertos de un lado y otro no repercuten positivamente en sus objetivos políticos, por el contrario agregan más gasolina a la hoguera con la que la derecha está alumbrando su camino a la presidencia
Sin embargo, a pesar de que la negociación parece ser la decisión más acertada para las partes, ambas tienen motivos para no avanzar. Del lado del ELN los principales obstáculos son: el pésimo precedente que hasta el momento deja la implementación de los acuerdos de paz con la FARC y la falta de garantías para este movimiento político; el incesante asesinato de líderes sociales, que ha sido un reclamo de la guerrilla desde hace meses; el copamiento de territorios en disputa por parte del ejército durante el anterior cese al fuego; y la actitud incoherente del Gobierno, que aunque acepta negociar en medio de la confrontación, ante cada nueva acción armada del ELN amenaza con suspender el diálogo. Por su parte, el Gobierno sostiene que hasta el momento el ELN no ha mostrado un mando unificado frente a la negociación, especialmente preocupan el Frente de Guerra Occidental y del Frente de Guerra Oriental; y que actúa de manera incoherente con respecto a la paz ya que sigue adelantando acciones violentas en el medio de la negociación. Hay una sospecha de que el grupo rebelde no está jugado por la paz, el propósito de “examinar la voluntad real del Gobierno y el Estado colombiano para poner fin al conflicto armado”, expresado en su quinto congreso despierta demasiadas dudas sobre su compromiso.
En la mesa de Quito se debe alcanzar prontamente un alto al fuego bilateral y verificable que impida se repita un escenario de confrontación como el vivido durante los meses de enero y febrero pasados, cuando la guerra volvió a sonar fuerte en Arauca, Norte de Santander, Chocó, Cauca, Nariño, y su estela dejó huellas en Barranquilla y Soledad. Las cifras de muertos de un lado y otro no repercuten positivamente en sus objetivos políticos, por el contrario agregan más gasolina a la hoguera con la que la derecha está alumbrando su camino a la presidencia.
La discusión paz o guerra podría volver a ser definitoria en las próximas elecciones presidenciales de no avanzar estos acuerdos. Gobierno y ELN deben ser conscientes de que cada una de sus acciones militares serán utilizadas por quienes militan en la derecha para hacerse con el poder y en consecuencia hacerse responsables de los resultados que esto podría acarrear para la democracia. En la mesa de Quito también se juegan las elecciones.
*Eduardo Ayala Montealegre. Es politólogo de la Universidad Nacional y en la actualidad cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de los Andes. Su pasión es la política, el periodismo espera sea su oficio. Su gata se llama Dulce.
