Primero un video. Se ve una mujer temerosa que grita en un vagón del Metro de Medellín mientras seis policías le exigen salirse. Le insinúan que agredió a un bachiller. “Le dije bobo hijueputa, sí, así fue”, les contesta ella. 

Es Emma Hidalgo. No para de resistir con ímpetu. “No me bajo, no me voy a bajar. Y menos con policías”, repite. “Tengo un problema de salud que no les voy a compartir, porque ustedes no son médicos, y es personal”. 

Hay en ella más miedo que dureza. Ya sabe lo que harán y pasa: el tren para. Los policías la levantan a la fuerza. La sacan del vehículo. Uno le da una estocada por la pierna. Dos la toman por los brazos. Los que sobran se agarran de otras partes de su cuerpo. La arrojan al suelo de la plataforma vial. El video termina.

El Metro de Medellín emitió un comunicado después de que la denuncia se hizo viral.  En este rechazaron cualquier agresión que se presente dentro y fuera del sistema, pero también “todo tipo de incumplimiento de las normas y más si se trata de normas que propenden por la salud y la seguridad de todas las personas, en estos tiempos de pandemia”. Para muchxs, incluyendo a Emma, el comunicado infiere que el Metro justifica lo ocurrido.

El emblema nacional de transporte público tiene la conocida Cultura Metro que ha sido objeto de elogios y críticas. Críticas que piden ajustarla a las condiciones actuales: “el sistema lleva 32 años, pero hace 32 años no existía el reemplazo hormonal para las personas trans, no nos daban un documento correspondiente a nuestro género, pero hoy sí… La tienen que repensar”, dice Emma. 

La apoya Analú Laferal, investigadora independiente y artista posmoqueer: “Antes de las denuncias que se viralizaron, habíamos descubierto por cartografías hechas entre colectives, que el Metro se muestra como uno de los lugares más violentos para la Población LGTBIQ+”. Para ella, Medellín y Antioquia, al menos por los estudios de Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, son de los territorios más violentos frente a la diversidad sexual o de género. 

“Y es muy difícil porque el pensamiento hegemónico paisa es profundamente heterosexual, cisgénero, machista y transfóbico, pero hipócrita: sabemos que esto pasa y es difícil ponerlo en lo público”. Laferal insiste en que la cantidad de policías en el Metro lo ha convertido en un dispositivo que termina siendo un ‘policiaje’ constante de los comportamientos y, para ella: “la Cultura Metro facilita que el transporte masivo funcione mejor, pero no debe servir para construir un código moral en el que desde que entro hasta que salgo voy a tener hasta la vigilancia estricta y constante de la ciudadanía ”, dice. 

Para ella, la Cultura Metro se tiene que reinventar y eso empieza, en sus palabras, por cambiar la lógica del castigo para construir otra “que permita que todas las voces que la habitan puedan hacer presencia”.

Emma y la comunidad que representa explican este episodio desde una persecución previa. Al menos no es la primera vez que Emma tiene un mal encuentro con la Policía. 

“He sufrido todo tipo de abusos”, dice. “Sexuales. Me han implantado drogas. Me tuve que ir del barrio donde vivía. El abuso de poder de la Policía llegaba al punto de subirse con perros antinarcóticos para bajarme de los buses. A mí me han puesto un arma en el pecho, me han amenazado que me van a tirar al Río Medellín, cosas por el estilo…”. 

Asegura que la Fuerza Pública sabe que esto genera un estigma social, entonces así como ella, cualquier otrx que se exponga a actos semejantes, termina teniendo una imagen perversa en el barrio en donde vive. Ella, por ejemplo, vive al lado de una de las subestaciones más grandes de la Policía en Medellín. Cada día, cuando pasa, le gritan. “No todos están de acuerdo, pero los juzgan si se quedan en silencio, y empieza una burla: ay, entonces te gusta esa marica”. Así, todos los policías terminan incluyéndose en la discriminación, para luego no ser discriminados, explica.

“El auxiliar bachiller me quería impedir la entrada al Metro cuando le dije que iba para urgencias”, dice Emma. “Eso es una excepción en medio de la cuarentena y, entiendo el protocolo, pero el bachiller luego me preguntó: ¿Y qué tipo urgencia es? Si no me dice qué tiene, no la dejo pasar… ¿Cómo así? Él no me va a hacer un tamizaje para determinar qué tan grave es mi urgencia, y así fuera una uña enterrada, yo estaba en mi derecho de negarle esa información”. 

En Colombia existe un modelo y protocolo para la Atención Integral en Salud a Víctimas de Violencia Sexual. Hay un santo y seña en todo este para evitar la revictimización constante de quienes son o han sido blanco de este delito. Es el Código Fucsia. El Ministerio de Protección Social exige, entre otras, que instituciones prestadoras de salud (IPS) atiendan estos casos con prioridad y, como parte del código, no someter a la víctima a vejámenes consuetudinarios tras el episodio. En ese código se amparó Emma para su respuesta.

El Brigadier de la Policía Metropolitana de Medellín, General Eliécer Camacho Jiménez, dice que el bachiller estaba en su derecho de preguntarle cuál era su urgencia médica. “El policía le hace una pregunta de protocolo”, anticipa, “y ella le puede informar qué tipo de urgencia, sin entrar en detalles. Todos los ciudadanos pasan por este control,.Si ella no le explica, amparados nosotros en el Decreto 733, podemos exigir o un carnet laboral u otro tipo de prescripción médica”. 

El bachiller comunicó por radio teléfono que alguien “acababa de volarse”, en palabras del Brigadier, y es cuando llegan los refuerzos y comienza una detención que Emma Hidalgo calificó de ilegítima y arbitraria. “No me salté los torniquetes”, ha dicho muchas veces públicamente. “Sólo entré en una situación de terror: yo no estaba borracha, ni estaba drogada”. 

De esto también hay un registro: una cinta de vigilancia del Metro. Se ve a Emma cuando sube a la estación y, tras dar dos vueltas, camina hacia el torniquete de acceso. Antes de pasar, sin embargo, la detiene el auxiliar que la observaba desde la baranda. Algo le pregunta. Ella se molesta e ingresa al sistema rápidamente, y con tiquete. 

La policía no solo la bajó del tren, sino que la llevó a un Centro de Protección Temporal – CPT donde permaneció más de cinco horas. Emma asegura haber sido maltratada psicológica y físicamente. 

El General Camacho la desmiente y justifica el uso de la fuerza: “ante la negativa, ingresan más policías en la otra estación. Y Emma empieza a grabarse, y no a grabarlos”, agrega. “Después se suben más policías y le dicen a Emma que debe bajarse otra vez. Era explícito que para ese momento, ella estaba agresiva”. Y continúa: “Ella tiene un porte grande y cuatro o cinco policías casi que la alzan, como se ve, y la trasladan al CPT por el grado de excitación que tiene. Pero solo utilizan la fuerza para poderla sacar y trasladar, golpes nunca hubo”. 

Sin embargo, el 26 de julio, un día después de este incidente, el Comandante Operativo de la Policía del Valle de Aburrá, Coronel Iván Santamaría, aseguró que Emma “vulneró su salud y puso en riesgo la salud de los demás usuarios del Metro”. Y añadió: “Utilizamos el uso de la fuerza racional con esta persona y le hicimos un comparendo por irrespeto a la autoridad, y por violación a la cuarentena”. Su nota al pie: “Es de anotar que esta persona se encontraba bajo un alto grado de excitación, agresividad y, al parecer, bajo efectos de sustancias psicoactivas ya que se le encuentran en sus pertenencias popper”. 

Para Emma, el Coronel Santamaría la calumnió y eso se le comprobará después. “Pero otra falta que estaba cometiendo él, y que no hay que comprobarle a nadie, es que se refirió a mí como un hombre todo el tiempo, lo cual es revictimizar, maltratar y vulnerar un derecho”.

Muchas veces no se parece el Metro a la ciudad, ni la ciudad al Metro, como explica Jorge Melguizo, consultor en gestión pública, cultura y convivencia y ex secretario de Cultura y Desarrollo Social de Medellín. Y eso, dice, tiene de positivo y de negativo: “positivo por el microambiente donde la ciudad funciona o donde hay un cumplimiento, incluso voluntario, de las normas, pero con frecuencia se convierte en algo muy impuesto, excesivamente regulado y que podría llegar a ser exageradamente aséptico”. 

El término “asepsia” a Melguizo lo hace pensar en “limpieza radical” y quiere debatir el término por lo que ha significado en Medellín: “Aquí le decimos así a lo que no va con toda mi forma de pensar o mi forma de ser”. Y agrega que es muy difícil pedirle deberes a sujetos que no tienen derechos. 

“Pensá en Emma, si ella siente que sus derechos son vulnerados, no siente que tiene el deber. Y tantas situaciones en Medellín, en que el acceso a sus derechos es restringido, ¿cómo le pedimos deberes al comportamiento público?”, cuestiona Melguizo.

Adriana Sánchez, la Gerente de Gestión Social del Metro, cree que han tenido un ejercicio con la ciudadanía “plural y abierto”. En sus palabras, ha sido absolutamente democrático. 

Juan David Correa, el director de comunicaciones del sistema, reconoce que después de la situación de Emma, el Metro ve una gran oportunidad para pensar en el lenguaje incluyente. “Pero es algo que constantemente se hace pensando no solo para la población LGTBIQ+, la comunidad con capacidades reducidas también nos interesa”, dice. 

Melguizo está en la misma vía, así como el Concejal Daniel Duque. El primero cree que el Metro tiene una autoridad moral para no ser un árbitro, sino un generador de reflexiones permanentes. “Veía sobre el caso de Emma que la gente le reclamó al Metro una contundencia mayor en su comunicado, pero creo que esto podría llevarlo, positivamente, al diseño de un nueva etapa de cultura ciudadana que analice desde las ciencias del comportamiento esta nueva sociedad y la que viene”. 

El segundo, Duque, cree que es Medellín la que tiene que “volver a reorganizar su sociedad civil, tiene que construir un nuevo relato de ciudad, porque cada cuatro años llega un candidato que nunca ha conversado con todas las bases”. El Concejal se refiere a ciudadanxs de los barrios, pero también campesinado de los corregimientos, el empresariado y los movimientos sociales. Cree que no solo la ciudad sino el país es etnófobo, xenófobo, transfóbico e intolerante. “Esto debería desencadenar una conversación como sociedad, y el Metro tiene que ser uno de los actores para llegar a su Cultura 2.0”.

Laferal sigue cuestionando cómo se ve en cámara del mismo Metro, que el resto de personas pasan derecho y no se explica por qué a la trans el policía sí la interpela. “Es como si nuestra comunidad siempre tuviera que explicar nuestra existencia”, dice. Sánchez, desde el Metro, no ve en vano el esfuerzo grande en temas de cultura ciudadana y reconoce que “estos nuevos escenarios por atender” se valoran, pero ese trabajo es permanente.

El CPT, donde retuvieron a Emma, debe llevar un protocolo oficial. La primera agresión para Emma fue estar esposada durante más de cinco horas. Luego, dice, no tuvo acceso a la llamada y pasó lo mismo con la atención de un médico, a las que tiene derecho.

“El médico me negó la atención que él le debe dar a todas las personas y optó por repetirme que era un hombre. Me paró en la mitad de todos los detenidos para evidenciar que yo era una mujer con pene, y que no me venía el período”, cuenta. “¿Con qué respeto, después de las risas, se van a abstener los bachilleres de gritarme cosas?”. 

El tiempo se fue entre aguantar burlas sobre la disforia de género, una condición médica, y el maltrato que eso significa, dice Emma. “En el policía se puede justificar la transfobia con ignorancia, pero en un médico no”. Para ella, fue con alevosía. 

El Brigadier Camacho, sin embargo, asegura que leyó la anotación del médico y que ahí quedó consignado que “la persona [Emma] se encuentra muy alterada y no permite que se le haga la valoración médica”, y que es la primera vez que oye que se le haya ridiculizado del modo en que Emma lo expresa. No cree que el personal de la salud hiciera semejante cosa. Aclara, además, que las anotaciones provienen también del mismo Personero, William Yefer Vivas, quien dejó por escrito que le ofreció a Emma su celular, a lo que ella repuso que no quería llamar a nadie.

La mayoría de violencia hacia las chicas trans viene de la Fuerza Pública, afirma Analú Laferal. Se ha hecho mucha sensibilización y hay una comandancia especializada en la Policía de Medellín en temas de género, pero la violencia no la dejen de ejercer. 

La misma Emma Hidalgo ha participado en estas actividades. Está familiarizada con el trabajo de la Secretaría de la Mujer, la Alcaldía y las organizaciones LGTBIQ+ “que han invertido mucha plata en capacitar a la Policía, han ido de CAI en CAI y eso no sirve de nada, lo omiten”. Pero si hubiera unas sanciones reales dentro de la Institución, no cometerían este tipo de abusos, como creen. 

Laferal explica que esa violencia “está enquistada en un reflejo masculino de quién tiene el uso legítimo de la fuerza, y las mujeres trans o personas trans, para la Fuerza Pública, representan una traición a eso que son, es como si se hubiera roto un pacto”. 

“Yo respeto a la Policía y bienvenido el Ejército y hasta la Fuerza Aérea para proteger nuestra democracia, pero lo que están haciendo no es proteger, están echando pata”, advierte el Concejal Daniel Duque. La pregunta en este caso, para él, es: “¿Cómo es que la Policía siempre tiene la razón? En las democracias se tiene el derecho legítimo a dudar de quien ejerce el poder, si no, acabemos el estado social de derecho”.

La Fuerza Pública necesita un cambio desde muy adentro, en eso coinciden todxs. Para Emma Hidalgo, particularmente, “va mucho más allá de la transfobia dentro de la institución. Porque no es solamente con nosotras, sino con todo ciudadano que sea vulnerable”. 

¿Qué pasa? “Que las trans somos cuatro y cinco veces más vulnerables, y tal vez por eso es más repetitivo en nosotras, pero esto se ve desde todas las esquinas de la sociedad. La cosa es que como está el estigma de que la trans no estudió, es prostituta, no tiene quién la defienda, ni la familia la quiere: quizá por eso es que creen que pueden llegar más lejos, desde su prejuicio”, como dice Emma. “Yo estoy llena de morados y todo el tiempo me pregunto: por qué pensaban que no iba a denunciar…”.

El Brigadier Camacho reconoce que estos hechos afectan la imagen de la Institución. “Yo también, hace 32 años, pertenezco a la Policía. Nosotros también servimos, y este caso es engorroso. Pero hemos acompañado en las montañas, hemos entregado mercados, los policías se han vuelto hasta cantantes y bailarines. Un caso de esos da dolor, pero eso no somos, y no ha sido nuestro comportamiento en cuatro meses de pandemia”.

El Brigadier, además, acepta que tiene que haber más diálogo. Cree que el trabajo de la Policía también es blanco de ataques, pero que tienen una voluntad de capacitarse. “Estamos con la Capitana Claudia Mejía, también una coordinadora de DDHH. Queremos que haya respeto entre todos para poder compartir en paz. No vamos contra ninguna comunidad, ni tenemos fobias, pero a veces cuando se entra a controlar como en el caso de Emma, el Comando está abierto para dialogar. Nadie puede extralimitarse y no hay una persecución reiterativa, ni sistemática contra lxs transgénero. Si tengo que aumentar la capacitación, así lo haré”, promete. 

Lo de Emma no está pasando ahora, pero ahora se está haciendo visible, y ese es un buen síntoma para todxs. Para Laferal, particularmente, el valor de Emma, aún teniendo mucho miedo, es admirable. “Cuando decide grabar, plantarse… eso cuesta. Estos casos normalmente llegan tarde, y después nos lamentamos”. Le sorprendió cuando en medio de su denuncia en video, Emma dijo: Si me pasa algo, ¡marchen! “Y eso, al menos, es una radiografía de que si no existimos ante la ley, existimos ante lxs otrxs”.

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