[Esta nota fue publicada originalmente en ¡Pacifista!]

En el listado y las explicaciones de las 203 propuestas que hace Iván Duque para un eventual gobierno suyo no se menciona ni una sola vez a los Acuerdos de Paz. Es más, en este plan de gobierno de 52 páginas, la palabra “paz” solo aparece dos veces: una para promover una Ley del Veterano que favorezca a uniformados con experiencia y otra para decir que la justicia en Colombia “premia a quienes han cometido los peores crímenes de nuestra historia bajo el abuso de la palabra paz”.

La dialéctica de esta frase representa la posición que el partido de Duque, el Centro Democrático y el candidato han tomado frente a los Acuerdo de paz: cuestionaron las conversaciones con las Farc antes de que se firmara el documento, tomaron el bando opuesto a Juan Manuel Santos en las elecciones de 2014, hicieron campaña por el ‘No’ para el plebiscito de 2016 –de la que Duque fue vocero– y han sido opositores en la etapa de implementación de los acuerdos en cabeza de Álvaro Uribe, padrino político del hoy aspirante a la Presidencia.

“Hacer trizas los Acuerdos de Paz” fue una frase que popularizó Fernando Londoño, el director nacional del Centro Democrático, como la posición que adoptaría su partido sobre los Acuerdos si de ellos dependiera. Duque, quizás para centralizar su posición, ha dicho que si es presidente “no haría trizas los Acuerdos”, aunque sí les haría cambios sustanciales. De hecho, el candidato piensa que “Colombia ya está pagando las consecuencias de un muy mal acuerdo con las Farc (…) pues ha afectado la estabilidad institucional y está amenazando de manera estructural la seguridad nacional”.

¿Cuáles son los cambios que Iván Duque propone para los Acuerdos de Paz? ¿Qué impacto tendrían? ¿Es posible hacerlos con la protección constitucional que tiene el documento? ¡Pacifista! consultó a la campaña del candidato y revisó sus declaraciones recientes para intentar encontrar luces frente a estas dudas.

Narcotráfico: no debe ser conexo al delito político

Lo acordado en La Habana propone que se pueda ligar el delito del narcotráfico con el delito político para facilitar el juicio de los actores del conflicto armado que hayan financiado sus causas con el tráfico de drogas ilegales. Iván Duque propone que si llega a la presidencia va a presentar una reforma constitucional para que el narcotráfico no sea un delito conexo al político.

De ser así, quedaría en la Constitución que el delito del narcotráfico no sería amnistiable en Colombia, por lo que cambiaría la manera de ser juzgado, pues la Constitución está por encima del texto de los Acuerdos. Esto, sin embargo, no tendría ningún efecto en los desmovilizados que se sometieron al proceso por el principio básico de favorabilidad de la Constitución, que dice que siempre se le aplica al procesado o al condenado la pena más favorable que exista a partir del momento en que cometió el delito.

Con esto, las amnistías a los exmiembros de las Farc se mantendrían, y el mismo Duque reconoció que los casos de narcotráfico en el conflicto que ya sean conocidos por la justicia no tendrían retroactividad. Es decir, esta sería una medida hacia el futuro que serviría, por ejemplo, para casos como el de Jesús Santrich, quien podría enfrentarse a una eventual condena o extradición por, aparentemente, cometer delitos después de los plazos que estipuló el Acuerdo de Paz.

Eliminación obligatoria de cultivos de uso ilícito

Una de las propuestas en materia de seguridad y drogas de Iván Duque quiere establecer que “la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos no sea voluntaria sino obligatoria”. La falacia de esta propuesta, como ya lo habíamos contado en ¡Pacifista!, es que el Acuerdo de Paz privilegia la sustitución concertada con las comunidades –de ahí lo de “voluntaria”–, pero establece que de no concretarse el acuerdo voluntario de sustitución, se daría la erradicación forzosa. El texto de los Acuerdos, en su página 107, dice que “en los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible (…)”, con lo que el caracter de la sustitución o erradicación ya es obligatorio. Lo que Duque podría hacer es reformar o eliminar el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) –que surgió por los Acuerdos de Paz–, y retomar la aspersión aérea, como ya dijo en su momento. Con esto podrían quedar en el limbo las 62 mil familias que ya hicieron compromisos para desmontar cultivos de coca en un acuerdo concertado con el Gobierno.

Cambios en políticas del agro

Duque propone la creación de bancos de tierras que sirvan para impulsar el desarrollo del campo a partir de incentivos tributarios por 10 años que creen empleos. Esto entraría en conflicto con el Fondo de Tierras de la Reforma Rural Integral –del punto 1 del Acuerdos–, que tiene por objetivo democratizar el acceso a la tierra en el país con prioridad para víctimas y comunidades afectadas por el conflicto. Duque no ha reconocido el Fondo de Tierras, y aunque su propuesta de los bancos no está muy desarrollada, parece tener más fondo económico que social.  También, el candidato del Centro Democrático quiere que los compradores de tierra de buena fe estén protegidos aunque las hayan comprado a personas que las obtuvieran por despojos o desplazamiento forzado. Duque propone que se despoliticen las instituciones del sector rural y que se fortalezca el Ministerio de Agricultura. Para estos cambios, Duque los podría hacer por medio de un Decreto de la Presidencia.

Respecto a la JEP

En un momento Duque dijo que un gobierno suyo reversaría todo lo que planteó la Justicia Especial para la Paz (JEP) y que la eliminaría, por ser un “mecanismo de impunidad” que demuestra que “decir toda la verdad no significa aceptar responsabilidades”. Este discurso lo moderó, y en vez de querer eliminarla, propuso dos cambios para la Jurisdicción. El primero es que los máximos responsables de delitos atroces y de lesa humanidad paguen penas efectivas y proporcionales en un sitio de reclusión permamente, así este no sea una cárcel. Esto ocasionaría que dejen de existir las penas alternativas que proponen los Acuerdos, que el reconocimiento de responsabilidades por parte de los actores del conflicto pierda motivación y que se alteren las dinámicas de reconciliación que busca la JEP con la Comisión de la verdad. Esta medida también evitaría que los miembros de las Farc involucrados en crímenes graves puedan hacer política sin haber pagado una pena de reclusión antes. Humberto de la Calle, artífice de los Acuerdos de paz, opina que esta medida desconoce a las víctimas, pues aunque la reclusión de los cabecillas puede generar aplausos, poco contribuye a la verdad y a la reparación. “Es mejor que encaren a las víctimas en su miseria, que reconstruyan y afronten sus responsabilidades en medio de la comunidad afectada”, dice el excandidato presidencial. Si este cambio se consolida, sin embargo, no aplicaría para los amnistiados o amnistiables, una vez más por el principio de favorabilidad de la Constitución.  El otro cambio a la JEP que propone Duque es que los agentes del Estado que hayan participado en el conflicto armado, y hayan cometido delitos, no sean juzgados por la Jurisdicción sino por un organismo de la Corte Suprema de Justicia. A propósito, el Centro Democrático ya había presentado un proyecto de Ley para que los militares no fueran juzgados por la JEP. Sin embargo, esto crearía penas distintas para los participantes del conflicto armado y también atentaría contra el esclarecimiento de la verdad y la reconciliación.

¿Qué tan viables son estas modificaciones?

Para poder hacer estas modificaciones (excepto las del sector agro, que se pueden lograr con un Decreto de la Presidencia), Duque necesitaría presentar una reforma constitucional, que la mayoría del Congreso la apruebe y argumentar ante la Corte Constitucional que estas modificaciones son para enriquecer la verdad, la justicia y la reparación. Según la Corte Constitucional, el texto de los Acuerdos no hace parte del bloque constitucional. Aunque estos están blindados para los próximos tres periodos presidenciales por ella misma, si las modificaciones surten las instancias necesarias, al menos el alto tribunal se vería en la obligación de revisarlas y pronunciarse al respecto.

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