Ahora solo queda una carpa de rayas azules y blancas en la que cabría un circo de jirafas y elefantes. Debajo suyo, algún pantalón colgado secándose con el aire caliente, el suelo yerto con huellas de pisadas y basura de alimentos consumidos. Por fuera de la carpa hay albergues armados con plásticos y pivotes de madera y esterilla; algunos habitados por familias que siguen sin retornar a sus tierras.

Son los rastros del desplazamiento forzado en las poblaciones del sur de Córdoba y parte de Antioquia que se concentró en el corregimiento de  Juan José, en Puerto Libertador. En solo seis días, familias enteras se vieron obligadas a dejar sus casas en la región del Nudo de Paramillo, donde varios grupos armados ilegales se disputan el territorio, principalmente para controlar el cultivo y el procesamiento de droga. 

Hasta los primeros días de mayo de 2019 lo que había debajo de esta carpa era campesinos con sus hijos extendiendo hamacas, tirando colchonetas sobre la tierra seca, con sus ropas en bolsas y morrales puestos sin orden ni concierto. Y por doquier, restos de comida, empaques vacíos de alimentos y bebidas. Gente con la mirada sustraída de quien ha debido huir de su casa para salvar la vida.

Según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, 775 familias campesinas e indígenas —2.256 personas, de las cuales 812 son menores de edad— salieron desplazadas a partir del 22 de marzo hacia el casco urbano de Juan José. Eran habitantes de siete veredas del municipio de Puerto Libertador, en el sur de Córdoba (Santa Rosa, Rogero, Santa Bárbara, La Jagua, Puerto Mutatá, Soledad, Bocas de Ríosucio), de la vereda La Flecha del municipio de Ituango, en Antioquia, y del resguardo Quebrada Cañaveral.

Una cantidad de víctimas recientes por causa del conflicto armado que llenaría dos de los teatros más emblemáticos de Bogotá: el Jorge Eliécer Gaitán y el Julio Mario Santodomingo, o cinco hoteles Hilton como el voluminoso recién estrenado en Corferias.

Un desplazamiento de esa magnitud no se registraba en el departamento desde agosto de 2011 cuando más de 1300 personas salieron de siete veredas en Tierralta, Córdoba, por una masacre ejecutada por grupos que no se acogieron a la desmovilización paramilitar.  La cifra también expone el registro del desarraigo del que el país no había tenido noticia en los últimos quince años y que solo podría ser equiparable al de 800 familias desplazadas en 2002 en San Carlos, Antioquia, por la guerra entre guerrilla y paramilitares, con la diferencia de que lo ocurrido en aquel municipio hizo parte de un despoblamiento prolongado a lo largo de varios años, mientras que este desplazamiento masivo en el sur de Córdoba fue torrencial: estas familias deshabitaron su tierra en apenas seis días.

Un campesino de 52 años, que por seguridad pidió no decir su nombre, se encontraba en su casa en la vereda Santa Rosa cuando empezó a escuchar disparos de fusiles. Iban y venían en ataque y respuesta. “Las balas pasaban por encima de la casita mía y nosotros adentro, quietecitos”. No era la primera vez que se veía en medio del fuego cruzado, pero sí la primera en mucho tiempo, cinco, seis años, quizás; tanto que ya no sabe precisar. Este intercambio de disparos tuvo lugar —recuerda él— a eso de las nueve de la mañana a mediados de marzo de este año y se extendió hasta el final de la tarde. “Disparaban seguido quince, veinte minutos, luego ya no se oía nada en una hora, y luego volvían a dispararse. Ya en la noche se quedaba todo quieto. Y otra vez por la mañana volvían a agarrarse”.

Por la casa de este campesino hubo fuego cruzado durante una semana no continua: dos días sí, un día no. Preocupados por lo que podría sucederles, los líderes de la vereda se reunieron con la comunidad y acordaron que si seguían estos combates tendrían que desplazarse.

Hasta el corregimiento de Juan José, del municipio Puerto Libertador, llegaron en marzo pasado 775 familias campesinas e indígenas de veredas cercanas, desplazadas por los enfrentamientos de grupos armados. Foto: Büncker

Santa Rosa queda a dos horas en moto por trochas sobre la planicie de la estepa cordobesa hasta que se internan en las faldas menores del Paramillo, límites con la vereda La Flecha. Unas cuantas casas campesinas quedan muy próximas la una de la otra en torno a una capilla y a la escuela, pero el resto se expanden a campo abierto en distancias que se miden en minutos a pie: veinte minutos a la casa del señor tal, cuarenta hasta la casa de la familia tal.

En La Flecha también estaba ocurriendo lo mismo: la gente se encontraba en mitad de combates entre armados ilegales y era cuestión de tiempo para que tomaran la decisión de desplazarse. De hecho, la Defensora del Pueblo de la regional Córdoba, Ana Carolina Sánchez, en los días previos había sostenido una reunión con los líderes de las dos veredas en la que le advirtieron sobre su inminente desplazamiento. “Un líder nos mostró un video de celular en el que se veía una balacera como de media hora”, detalla la defensora. “Nos quedamos asombrados por la capacidad de estos grupos para sostener un combate tan largo”.

En la mañana del 21 de marzo, los líderes más representativos de las dos veredas recibieron una llamada con el mensaje de que debían ordenar la salida de toda la gente de la zona, porque las confrontaciones iban arreciar y no podían garantizar la vida de ningún campesino. El mensaje provenía de los hombres de la disidencia de las Farc, que ahora se hacen llamar ‘Nuevo frente 18-Román Ruiz-Cacique Coyará- FARC EP’. Y los combates por tomar el control de esa área del Paramillo han sido contra la banda de perfil paramilitar autodenominada ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, AGC, y que el gobierno nacional viene llamando ‘Clan del Golfo’.

Al día siguiente, los campesinos armaron hatillos y huyeron montaña abajo. Sumadas las dos veredas: 370 personas. “No quedó de otra”, dice el campesino de Santa Rosa. “Cada quien cogió la ropita y nada más. Abandonamos gallinas, cerdos, cultivos y las cosas que uno tiene en la casa”.

Una mujer desplazada por la violencia cuida a una niña en medio de una jornada de salud en Juan José en julio de 2019. Foto: Büncker

La siguiente llamada de parte de la disidencia guerrillera fue para Roberto Domínguez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Juan José: que preparara a la población porque los habitantes de esas dos veredas iban camino al casco urbano del corregimiento.

Domínguez convocó una reunión urgente con los líderes de los ocho barrios que conforman Juan José y le avisó a la Alcaldía de Puerto Libertador. La Junta estimaba que las primeras familias llegarían a mediodía, pero vinieron a aparecer pasadas las seis de la tarde. Cuando no llevaban ni dos horas de camino fueron detenidas por un grupo de hombres armados que se presentaron como las AGC. Les dijeron que no se podían desplazar, que regresaran a sus viviendas. Los líderes objetaron que no podían volver, que los dejaran seguir. La retención tardó de tres a cuatro horas; a la larga, los paramilitares abrieron paso.

Para el momento en que los desplazados llegaron a Juan José, la Junta de Acción Comunal les había conseguido comida, ollas y leña, y había acondicionado la sede de la iglesia evangélica para recibirlos. “La gente se vino con sus hamacas”, dice Domínguez. “Y a los que no trajeron hamacas les dimos cómo dormir”. A la mañana siguiente la Gobernación de Córdoba repartió ayudas humanitarias inmediatas: colchonetas, frazadas, elementos de aseo personal y alimentos. “Hasta ese momento, nosotros estábamos en capacidad de atender a esas dos veredas”, dice Domínguez. “Luego todo se desbordó”.

En los días sucesivos y hasta el martes 26 de marzo, las familias de las otras veredas y del resguardo embera katío Quebrada Cañaveral dejaron sus casas y sus pertenencias y se unieron a la ola de desplazados en Juan José. Aunque un oficial del ejército que está patrullando la zona y no quiso ser identificado le dijo a La Liga Contra El Silencio que esta segunda oleada de desplazamiento fue consecuencia de un efecto manada, es decir, unas familias que se unen a un montón de gente que parece actuar buscando seguridad, algunos de los líderes de estas veredas le dijeron a La Liga que también fueron advertidos por la disidencia de las FARC.

Con las 775 familias desplazadas en Juan José, este corregimiento aumentó su población en más de un 40 por ciento en menos de una semana: de unos 5500 habitantes pasó a cerca de 8000. Fue un punto crítico: ningún camión de ayudas humanitarias daba abasto y la mayoría de estas víctimas quedaron a la intemperie.

Más de quince entidades entre oficinas estatales como la Unidad de Víctimas, agencias de cooperación internacional, como el Consejo Noruego para Refugiados, organizaciones sociales y religiosas como Cáritas y Corporación Para el Desarrollo Social Comunitario (Corsoc) paliaron la crisis: ayudaron construyendo albergues, suministrando agua potable y servicios sanitarios. Levantaron la carpa de circo como techo comunitario, suministraron más alimentos y agua potable, adelantaron jornadas de salud y atendieron las heridas emocionales de estas familias.

Los desplazados tuvieron que improvisar albergues y rutinas en el corregimiento de Juan José, tras huir de sus veredas por la violencia desatada por grupos armados. Foto: Bün

Los desplazamientos masivos en el sur de Córdoba, en esta etapa de violencia posterior al acuerdo de paz con las FARC, comenzaron a finales de 2017. En el informe 005-18 del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo se registra que el primero tuvo lugar el 19 de noviembre de 2017. Por combates entre el ejército y las AGC, sucedidos en medio de comunidades embera katío del municipio de Tierralta, tuvieron que huir 217 familias.

Meses atrás, las AGC habían avanzado sobre territorio cordobés procedentes del Urabá antioqueño. Aparecieron en las comunidades campesinas e indígenas en puñados de dos o tres hombres en camuflado y con fusiles, pedían permiso para entrar a las casas aparentando cortesía; pero después anunciaron su dominio del territorio con una caravana de decenas de hombres en chalupa por el río Manso, disparando tiros de fusil al aire mientras pasaban junto a los caseríos ribereños.

Los desplazamientos masivos continuaron en 2018. Ya no solo en zonas apartadas de Tierralta, sino también en las del municipio de San José de Uré debido a confrontaciones entre la disidencia de las FARC y las AGC. Según los datos consolidados por la oficina regional Córdoba de la Defensoría del Pueblo, entre el 18 de enero y el 23 de febrero, unas 850 personas —243 familias— abandonaron sus casas para salvar la vida. Fueron tres desplazamientos masivos ocurridos con varios días de diferencia, en veredas de auge cocalero.

En los meses posteriores hubo cualquier cantidad de acciones intimidantes —y otras criminales— contra la población de Uré, Tierralta y Puerto Libertador. En veredas de este último municipio, muy cerca del casco urbano de Juan José, la disidencia de las FARC retuvo por más de seis horas a unos 60 campesinos, como un acto de demostración de poder. Al dejarlos ir, la disidencia les dijo que se iban a tomar el control de la región “por encima de la cabeza de quien sea”.

A los días, el 15 de noviembre de 2018, circuló un mensaje de voz por WhatsApp, supuestamente de un integrante de la disidencia, en el que reafirmó el hecho de que ellos estaban “tratando de sacar a todos esos ignorantes que hay dentro de la zona revueltos con el grupo armado de ‘Los Urabeños’ [primer nombre que recibieron las AGC]… Todo el que se sienta untado, mezclado, emparentado con ‘Los Urabeños’, por favor, repetimos desocupen la zona, no queremos hacer una masacre”.

La masacre no ha ocurrido, pero ha habido tantas acciones de índole militar en territorios habitados por civiles, cometidas por la fuerza pública y por organizaciones armadas ilegales, que campesinos e indígenas le han dicho a la Defensoría del Pueblo que sienten como si “algo malo fuera a ocurrir”. Además, son tantos los líderes sociales y autoridades indígenas que han recibido amenazas de muerte, declaradas y no declaradas ante las autoridades, que el informe más detallado sobre esta violencia —el 083-18 del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo— solo puede referirse a ellas como un “sinnúmero”.

A las dos semanas de permanecer como desplazados en Juan José, algunas familias de las 775 quisieron intentar el retorno a sus veredas dado que la fuerza pública ya había patrullado las zonas de combates. El 8 de abril, dos jóvenes de una misma familia tomaron camino montaña arriba con la misión de confirmar si en efecto el retorno colectivo era factible. Pero no alcanzaron a volver con el dato: en algún punto del trayecto fueron retenidos y torturados por las AGC; uno sobrevivió y fue hallado por el ejército; el otro desapareció. El 11 y 12 de abril, un grupo de líderes de las veredas desplazadas se atrevió a buscar a los cabecillas de esta banda para que explicaran qué había sucedido con los dos jóvenes; los cabecillas no dijeron nada. “Esta es la hora en que no sabemos qué pasó con el joven que no aparece”, admite Ana Carolina Sánchez, defensora del pueblo regional Córdoba.

Para finales de abril, cuando ya varias familias habían logrado volver a sus casas, un adolescente de 16 años perdió la pierna derecha luego de pisar una mina antipersona, mientras avanzaba por un sendero que comunica su casa con la escuela de la vereda La Flecha. A pesar de esto, en la segunda semana de mayo la casi totalidad de estos desplazados ya estaban en sus territorios. Pero al llegar se dieron cuenta de que habían perdido casi todos sus recursos. 

“El tiempo de cosecha es abril y mayo”, explica Humberto Amaya, líder de la vereda Bocas de Ríosucio. “Lo que uno no logra hacer en esos dos meses, el monte se lo come. Eso nos tiene muy preocupados: perdimos la cosecha de yuca, plátano y arroz. Perdimos los animales: gallinas, marranos, terneras. Quedamos vacíos”. Otro campesino, propietario de una tienda de abarrotes allá arriba en la montaña, le dijo a La Liga Contra El Silencio que a su retorno comprendió que le habían robado “el plante”: un millón y medio de pesos en mercancía de su tienda. “La saquearon, se llevaron toda la comida y los productos de aseo. Me dejaron sin con qué trabajar”. De ahí que estas familias víctimas de desplazamiento aún dependan de la ayuda humanitaria inmediata. Cada sábado hacen cola en la parroquia católica de Juan José para recibir un mercado.

Over Pila, defensor de derechos humanos del Sur de Córdoba, confirma que la mayoría de los campesinos e indígenas desplazados en marzo ya retornaron y siguen “en medio de la zozobra”. Cuenta que “están saliendo panfletos amenazantes de los grupos”. “Hay unos que están con nombre propio (…) unos son indígenas, otros tienen trabajo social, otros son personas normales”, relata. 

Además, indica que los panfletos que no se dirigen a alguien en específico “le advierten a la comunidad que no estén por ahí tarde de la noche”.

Pila explica que “nadie se atreve a hablar” porque en la zona han ocurrido varias muertes, muchos de ellos eran civiles y sus decesos han sido noticia en medios regionales y nacionales. De hecho el mismo Pila está amenazado y tiene un esquema de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La región del Nudo de Paramillo, que incluye a Córdoba y Antioquia, es considerada “estratégica” porque permite conectar la zona con la Costa Caribe y el Urabá.  El cultivo de coca y la comercialización de la droga es el eje de las disputas de varios grupos armados que se han recrudecido desde finales de 2018. El más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación sobre seguridad en Colombia detalla los actores involucrados: al menos tres estructuras de grupos que pertenecían a las FARC, el ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Caparros’, alentados por carteles mexicanos.

“Los carteles aumentaron su participación en la disputa. Se trata de un pacto del que se ven suficientemente beneficiadas las estructuras colombianas y los carteles” que buscan alianzas para seguir ganando terreno en la confrontación, menciona el informe. En el Nudo de Paramillo “los mercados ilegales están asociados exclusivamente al sistema de narcotráfico. La tendencia a la reducción de los cultivos de coca terminó en 2013 y desde ese año ha aumentado en un 1000 por ciento”.

Semanas después de verse obligadas a salir de sus hogares, las familias víctimas de desplazamiento dependen de la ayuda humanitaria entregada en Juan José para subsistir. Imagen tomada en julio de 2019. Foto: Büncker

Según el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, con jurisdicción en la zona, “el 80 por ciento de la coca sembrada en el departamento de Córdoba y en Antioquia está en el sur de Córdoba y en el Bajo Cauca, en los municipios de Cáceres, Valdivia, Tarazá, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta”. De ahí la concentración en esa área de los enfrentamientos entre los grupos y los combates con el ejército que realiza operaciones, a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, creada en enero de este año y que ha ido aumentando su pie de fuerza.  Dos fuentes que participaron de consejos de seguridad dijeron que entre enero y abril de este año la región del sur de Córdoba fue fortalecida con unos siete mil hombres, entre ejército y policía especializada. 

La cifra de cultivos de coca en el departamento de Córdoba y el Bajo Cauca (zona del Parque Natural Paramillo) suma 7990 hectáreas, de acuerdo con el último informe de la UNODC, lo que representa casi un 5% del total del país. 

En la oficina de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba en Juan José cuelgan pendones alusivos al programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, surgido del acuerdo de paz. El mensaje central dice: “Estamos listos para la sustitución voluntaria, gradual y concertada de los ingresos derivados de los cultivos de hoja de coca”. Uno de sus voceros, Jamder Miranda, 27 años, explica que en algunas de las veredas que quedaron deshabitadas por este desplazamiento masivo hay cultivos de coca, pero que son de personas que no firmaron el acuerdo colectivo de sustitución con el Estado. “El 99,9 por ciento de las familias de esta región que firmaron el acuerdo cumplieron con levantar los cultivos”, afirma. “Estamos hablando de 1025 familias”.

Desde la expansión de los cultivos de hoja de coca hacia el Nudo de Paramillo, en los años noventa, el corregimiento de Juan José se convirtió en parada obligada para el tráfico de pasta base de cocaína e insumos necesarios para su fabricación como la gasolina. En aquellos años, la venta y distribución de tambores de gasolina se hacía a ojos de todo el mundo. Incluso quedan los vestigios de una estación con pista y manguera. Algunos habitantes de Juan José, que hablaron de forma reservada con La Liga Contra El Silencio sobre asuntos de narcotráfico, dicen que hoy ya no es fácil comerciar precursores de pasta base debido a los controles de la fuerza pública. Sin embargo, una cantidad inestimable de la pasta base de cocaína, producida en los laboratorios ocultos en el Paramillo, debe pasar por Juan José y someterse a la sangrienta regulación de las bandas armadas.

La misión de la fuerza pública es la de abarcar el territorio tanto como sea posible para infundir en la población la idea de que la zona ya es segura, pero ni la presencia de tantos hombres ni los operativos militares que han adelantado se traducen en una mayor e inmediata sensación de seguridad. Los grupos armados ilegales llevan décadas asentados en el Nudo de Paramillo y sacarlos de ahí no será un asunto que se resuelva en semanas o meses, ni solo con fusiles y artillería. A ello se suma la desconfianza de la población en la fuerza pública, que mantiene un discurso de “estabilización” de la región, pero que ha sido señalada de episodios de abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos.

Si creen poco en la fuerza pública y mucho menos en las bandas ilegales, la única opción que estas comunidades aceptan es el cumplimiento del acuerdo de paz, en especial el punto 4 que está relacionado con proyectos de desarrollo sostenible con enfoque territorial que sirvan de alternativas a los cultivos de uso ilícito. “Los miles de soldados que metieron en esta región solo es una parte de la solución”, dice un líder campesino que prefiere no ser citado. “La otra parte es que el Estado atienda los cuarenta años de olvido a los que hemos estado sometidos como comunidad. La única manera de que la coca deje de ser un cultivo tentador es con desarrollo para volver a hacer del campo un lugar atractivo para vivir y trabajar”.

De otro modo, es claro para todos que las bandas armadas ilegales, ya de izquierda, ya de derecha, no van a desaparecer y los combates continuarán mañana y en los próximos años. Es claro que si les toca volver a salvar la vida, saldrán de desplazados tantas veces como sea necesario.

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