Cincuenta y cuatro de los 450 estudiantes que tiene el Colegio Restrepo Millán, en el barrio Quiroga de Bogotá, consumen drogas. Solo 30 de los 450 padres de familia que cita el colegio para combatir el problema se muestran interesados.
El problema de drogas en el Colegio Restrepo Millán es un coliseo vacío. Eso dicen las orientadoras de bachillerato, funcionarias encargadas de la convivencia escolar. Citan a 450 padres de familia a una capacitación sobre sustancias psicoactivas y llegan menos de 30. El evento pasa del auditorio de 900 puestos a un salón de clases. “Los papás están cada vez más ausentes”, dice Sandra Fuentes, la encargada de décimo grado.
Fuentes dice que la misma ausencia se nota cuando citan a los padres de los estudiantes con historias de consumo. Difícilmente responden a las alertas del colegio y, cuando lo hacen, se niegan a aceptar que sus hijos tienen un problema. “Muchas veces saben […] pero guardan la esperanza de que cambien. Solo que ellos no cambian por sí mismos”, dice Martha Orjuela, orientadora de undécimo grado.
Las cuatro orientadoras de la jornada matutina de bachillerato cuentan 54 consumidores habituales entre los estudiantes. Sentada en su escritorio, Martha recuerda el caso del pasado abril: un estudiante de sexto fue expulsado por vender marihuana en el colegio. Por la puerta entreabierta de la oficina se ve el patio frente a los salones en los que estudiaba. Sus ex compañeros corretean por el concreto y juegan con un trompo antes de que la campana los vuelva a llamar al salón.
Cincuenta y cuatro consumidores entre 450 alumnos no parece un grupo demasiado grande, pero para las orientadoras es alarmante, en parte por la ubicación del colegio. El barrio Quiroga, al sur de Bogotá, parece un lugar apacible: hay poco tráfico, los andenes están limpios y las casas son prolijas. Alberga, también, uno de los expendios de drogas más grandes de Bogotá.
Por eso las orientadoras consideran que los padres deberían estar atentos a la salida de sus hijos del colegio. También deberían estar presentes en las Escuelas de Padres, capacitaciones en las que se enseña, entre otras cosas, a manejar el problema de las sustancias psicoactivas. Por ley los colegios distritales deben ofrecerlas y los padres deben asistir. Aún así, han tenido sesiones a las que llegan menos de 30.
Martha Orjuela dice que las orientadoras seguirán buscando alternativas que funcionen, pero lamenta que no tengan maneras de aumentar la asistencia. Explica que en los colegios privados el cupo escolar está atado a la asistencia de los padres a las capacitaciones. Ellos, por ser un colegio distrital, no tienen esa posibilidad.
El sistema educativo siempre es la pobre víctima de todo lo que pasa en el hogar
Para Julián Quintero, experto en política de drogas, es contraproducente un programa de asistencia obligatoria. “En muchas ocasiones, los muchachos presentan un consumo que está derivado de las relaciones que tienen en la casas. Eso se manifiesta en la ausencia de los padres […]”, explica Quintero. Para él, traer la presencia disfuncional a talleres no sólo es imposible sino potencialmente perjudicial.
“El sistema educativo siempre es la pobre víctima de todo lo que pasa en el hogar”, dice Quintero. “Tiene que asumir la responsabilidad y no puede estar echándole la culpa a los otros actores de la sociedad”. Para él, el trabajo debe tener en cuenta a los padres, pero nunca depender de ellos. Quintero explica que hay cuatro actores clave: la comunidad, la familia, el colegio y el estudiante, cada uno con un cuarto de la carga. El colegio puede trabajar en su tarea y en parte de la del jóven pero no puede pretender asumir la responsabilidad del otro 50%.
Las orientadoras seguirán convocando a los padres pero tienen sus propios planes. Todos los meses separan horas de las clases regulares para sus capacitaciones en convivencia escolar. Han echado mano de los talleres D.A.R.E., programa de prevención de violencia y consumo de sustancias psicoactivas de la Policía Nacional, y tienen a la mano la Línea Psicoactiva a la que pueden remitir casos de consumo. Sus campañas de prevención tendrán que seguir adelante con o sin los padres.
