Luego de varias semanas de debate intenso entre los 45 ponentes de todos los partidos y el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, la idea inicial del Gobierno de ponerle IVA a los productos de la canasta familiar que hasta ahora estaban exentos se eliminó. Y con ella, la pretensión del Gobierno de recaudar 11 de los 14 billones que ha dicho que necesita para costear el presupuesto del 2019.

Para reemplazar ese artículo, los ponentes y el Gobierno acordaron siete cambios que, sin embargo, sólo alcanzan para recaudar 7.5 de los 14 billones que se planeaba recoger con la primera propuesta. “Duque dio un giro de 180 grados en una baldosa”, dice Felipe Botero, profesor de ciencia política de la Universidad de los Andes y director de Congreso Visible.

La mitad de esos 7.5 billones corresponden a un aumento en los impuestos que pagarán las personas naturales por cuenta de tres cambios: primero, un ajuste a la base gravable para cobrar el impuesto a la renta de las personas naturales con la que las personas que ganan más de 40 millones de pesos mensuales paguen el 35 % de impuestos, las que ganan más de 50 millones paguen el 37 % y las que ganen más de 105 millones paguen 39 %. Así, se pueden recaudar 1.9 billones de pesos. Segundo, se cobrará un impuesto del 15 % a los dividendos a partir de 10,3 millones de pesos para recaudar 1.2 billones de pesos. Y tercero, se cobrará una tarifa de 1.5 % al patrimonio a partir de 5 mil millones de pesos con la que se podrá recaudar 452 mil millones de pesos.

Los otros son, por un lado, un IVA plurifásico (es decir, a todas las fases de producción) a las cervezas y las gaseosas que actualmente sólo pagan el IVA en la planta. Ahora, será un IVA que también pagarán el distribuidor, el consumidor y todos los intermediarios en la cadena de producción. Así, el Gobierno planea recoger 960 mil millones de pesos. Además, un impuesto al consumo del 2% para la venta de viviendas caras –que cuesten más de 918 millones de pesos– y  de 8% para las motos de menos de 200 centímetros cúbicos. Y, para quienes tienen capitales en el exterior podrán normalizarlos en Colombia, pagando una tarifa de 13% que solo estará vigente por un año. Así, el Gobierno espera recaudar 1 billón de pesos. Finalmente, habrá una exención de impuesto de renta para las empresas de la economía naranja y el agro.

“Es un cambio completo de la filosofía anterior”, dice César Ferrari, profesor de economía de la Universidad Javeriana y co-fundador y miembro del consejo directivo del Observatorio Fiscal Javeriano.  “Es un rompimiento con las reformas de todos los gobiernos anteriores que yo conozca en los últimos veinte años donde la esencia eran los impuestos indirectos como el IVA, que no hacen distinción quienes los pagan y por eso nos afecta a todos: ricos, pobres y clases medias. Es un cambio muy positivo, muy sensato y que sigue la tendencia mundial”.

Con el cambio, los que más ganan son las clases medias y populares –que eran las que más perdían con la reforma inicial del Gobierno, como contamos– porque ellos no iban a recibir los beneficios de la devolución del IVA que había propuesto el Gobierno para los más pobres. Estas personas no pagan impuestos a la renta tan elevados porque no tienen ingresos tan elevados. En cambio, los que más pierden son las personas que tienen  más ingresos, reciben dividendos y tienen más patrimonio.

Y aunque esta versión reformada pinta bien en papel, el debate apenas arranca y desde ya los expertos empiezan a hacer preguntas fundamentales.

¿Qué pasará cuando arranque el lobby en el Congreso?

A pesar de que la mayoría de los ponentes de la nueva reforma tributaria estuvieron de acuerdo con los cambios propuestos, todavía falta que la ponencia sea discutida en cuatro debates en Senado y Cámara. La reforma tiene mensaje de urgencia por lo que el tiempo entre esos debates será más corto pero aún así, dado lo sensible del tema, es posible que se alarguen más allá del 16 de diciembre, que es cuando se acaba esta legislatura. Si eso pasa, el Gobierno tendrá que citar a sesiones extras.

Precisamente por eso, lo que está en juego ahora es qué tanto del espíritu de esta propuesta se respetará en el trámite del texto en el Congreso donde no sólo juegan los congresistas sino los lobbistas que defienden los intereses de grupos privados particulares.

“Hasta ahora no ha empezado el lobby porque esta reforma no ha nacido en el Ministerio de Hacienda sino con los ponentes, y cuando los lobbistas se mueven con ponentes son más visibles. Los lobbies se mueven poco dentro de las comisiones, se mueven fundamentalmente en la plenaria. Desde ya se ve que hay personas que están tan fastidiados que están pidiendo que se retire el proyecto”, dice Ferrari.

“Hay que ver si las personas más acaudaladas –el 1% que tiene más ingresos y que es el que gana por los dividendos y por las rentas– va a estar dispuesto a pagar más impuestos o si van a pelear. Ellos no van a salir a marchar. Van a mandar a sus abogados a convencer al Gobierno de que no les ponga más impuestos. Hay un riesgo grande. Eso lo veremos con las modificaciones que le harán al texto”, agrega Botero.

La presión ya se empezó a sentir por cuenta del IVA plurifásico a cervezas y gaseosas. Como contó Semana, la Andi, por medio de su Cámara de Bebidas, ya fijó su postura en contra de este recaudo diciendo que es difícil cobrarlo a los tenderos que venden estas bebidas y que éstas ya pagan muchos impuestos. Y Fenalco, el gremio de los comerciantes, aseguró que con este impuesto se pueden quebrar los pequeños tenderos. Son argumentos parecidos a los que defendieron cuando el anterior Gobierno quiso cobrar un impuesto a las bebidas azucaradas que se cayó en la reforma tributaria de 2016.

¿Pasar de 14 a 7.5 billones significa una derrota para el Gobierno?

A pesar del giro y de que no alcanzarán a recoger la plata que se habían planteado, Duque ha mostrado una actitud positiva frente al texto que ahora arrancará su trámite en el Congreso.

“Yo prefiero recaudar 7 billones de pesos bien recaudados que caer, simplemente, en el ímpetu recaudador y perder la coherencia de la reforma”, dijo la semana pasada.

Su Ministro Carrasquilla, además, aseguró que el hueco faltante de 6.5 billones que se quedaron por fuera de esta nueva reforma lo cubrirán haciendo aplazamientos en los gastos y ahorrando, aunque se mantuvo en que “tenemos que hacer el esfuerzo por conseguir lo que más se pueda de recaudo sin quitarle la esencia a la ley en cuanto a la reactivación económica y en no afectar a los más vulnerables”, señaló.

Aunque pareciera una derrota, para César Ferrari lo que hay que cuestionar es si efectivamente el déficit del presupuesto para el 2019 es de 14 billones, una cifra que el equipo económico del Gobierno de Juan Manuel Santos salió a negar públicamente en las últimas semanas.

“Comenzaron diciendo que el déficit era de 25 billones y luego hicieron malabares respecto a la deuda y quedó en 14. Pero nadie ha explicado de dónde salen esos 14 billones. El anterior Gobierno ha dicho que es una nueva destinación de este Gobierno, de unos programas que aumentaron sus presupuestos que el anterior Gobierno no tenía presupuestado. Falta una descomposición de los ingresos y gastos antes y después del cambio de Gobierno”, dice.

Por eso, agrega, si no había necesidad de tener los 14 billones, los siete adicionales que consigue el Gobierno con esta reforma son una ganancia. “Inflaron la cifra que necesitaban y ganaron. Pero si necesitaban los 14 billones impajaritablemente es una derrota. El problema es que nadie le cree que sean 14. Hay una falta de transparencia de este Gobierno”, dice Ferrari.

Aún así, para el profesor Felipe Botero lo que es innegable es que con este cambio el Gobierno sufrió una derrota política.

“Este cambio de la ley deja muy mal parado al Gobierno. Primero presentó una reforma que afectaba más a los pobres, que son los más vulnerables a la hora de defender sus intereses. Se supone que era una medida muy estudiada. ¿Dónde está el ministro súper técnico? Nos dijo que tenía que hacer ajustes presupuestales y que necesitaba subir el IVA y que iba a hacer un esfuerzo político muy fuerte. Y luego, dan la vuelta para el otro lado. Ahora dice que no era tan importante y que lo puede conseguir por otro lado”.

“Manda un mensaje muy errático porque o no sabe cuánta plata tiene y cuánta plata le hace falta o no nos quiere decir. Esto no es una tienda, donde uno puede subir o bajar el descuento. Se supone que es un Estado que tiene información confiable. El ciudadano del común ve que la reforma pasa de 14 a 7 y se pregunta ¿cómo así? Es que esa es nuestra plata”, agrega.

Por ahora, en todo caso, la reforma que empezará a discutir el Congreso esta semana es sólo una propuesta. Faltará ver qué pasa y cómo saldrá el Gobierno de esta nueva batalla.

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