En días de Paro ha aumentado la paranoia sobre el uso de la tecnología por parte de las autoridades judiciales. No todo lo que han dicho es cierto pero no por eso no hay razones para preocuparse.
En días de Paro, el uso de la tecnología para perseguir actos violentos por parte de las autoridades ha sido más una herramienta de intimidación que de persecución judicial. La estrategia ha ido en aumento. Pasamos de un extraño mensaje de texto a una creciente sensación de paranoia con anuncios de vigilancia e identificación en las calles y desde el aire. Cerosetenta habló con expertos de la Fundación Karisma, Linterna Verde y la Fundación para la Libertad de Prensa para entender las facultades y límites que tienen las autoridades para usar la tecnología. La respuesta es que no mucho. Pero no por eso deberíamos dejar de preocuparnos.
Durante la tarde del 20 de noviembre, un día antes del Paro Nacional, varios usuarios de Movistar y Claro recibieron este mensaje de texto:
“#ConstruirNoDestruir La protesta pacífica es un derecho de todos, no permitamos que violentos afecten el derecho a manifestarnos libremente, Gobierno de Colombia.”
El mensaje parecía una reiteración del discurso del presidente Iván Duque que desde días antes de la marcha había pedido evitar escenarios como el de Ecuador o Chile. La estrategia del miedo que se cocinó desde que se empezó a hablar del paro ahora se convertía casi que en súplica. Una directamente dirigida a los ciudadanos a través de su celular.
¿Puede un gobierno emitir este tipo de mensajes? La respuesta es sí y no. Si, en el caso de alguna emergencia ambiental o un ataque que pueda poner en riesgo la seguridad nacional. No para usar un hashtag que fue empleado por el mismo Gobierno el 19 de septiembre, casi a la misma hora en la que muchas personas recibieron el mensaje de texto, en las cuentas oficiales de Twitter de Presidencia Colombia, Inpec Colombia, Ministerio de Salud, Parques Nacionales, Ministerio de Ambiente, DNP, Fuerzas Militares Colombia, Construyendo País, Ministerio de Hacienda, Procolombia, Ejército Nacional de Colombia, Ministerio de Cultura, Prosperidad Social SENA, Ministerio de Agricultura, Supertransporte, Ministerio de Trabajo, Vicepresidencia Colombia.
También lo publicó una cuenta no oficial ni gubernamental: @Todos con Duque. El detalle puede parecer menor pero no lo es: es la evidencia de la estrategia oficial de sumarse a un mismo mensaje que se difunde desde todos sus canales de comunicación.
“Esto era un mensaje propagandístico escondido dentro de la idea de decirle a la gente que saliera a marchar en paz”, dice Carlos Cortés, fundador de Linterna Verde, un grupo interdisciplinario que identifica, explica y resuelve problemas presentes en el entorno digital. “Lo que más me preocupa de esto es el uso de base de datos que tienen las empresas de telefonía. No es la primera vez que señalo los mensajes propagandísticos que nos llegan sin autorización y que hacen cuestionar qué tan protegidos están nuestros datos”, dice. Se pregunta además, como eligen a quién mandárselos y a quién no.
El 20 de noviembre se publicaron noticias que anunciaban que la Policía Nacional implementaría una tecnología de reconocimiento facial durante el Paro para identificar vándalos y encapuchados.
La técnica se está aplicando en protestas como la de Hong Kong, donde la Policía ha convertido la identidad en arma, como contó el New York Times. Han circulado varios videos de policías desenmascarando a manifestantes y obligándolos a desbloquear sus celulares con reconocimiento facial, también muchos manifestantes usan sprays para cegar las cámaras en el espacio público. La diferencia es que la policía de Hong Kong sí tiene la tecnología para hacerlo, la de Colombia no, como explica Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, una organización de la sociedad civil que busca responder a las amenazas y oportunidades que plantea la tecnología para el desarrollo de los derechos humanos.
Ella aclara que aquí no hay ni la infraestructura para tener una base de datos de reconocimiento facial ni un helicóptero con la tecnología para identificar rostros desde el aire. “Al no tener las tecnologías necesarias, el anuncio de la Policía es más para meter miedo”, dice.
Pasa algo parecido con los drones que han sobrevolado varias veces las marchas. “Es muy difícil saber si son de un ciudadano, de la prensa o de las autoridades, y cuando combinas eso con el humo creado por un supuesto helicóptero con reconocimiento facial, creas paranoia”, dice Botero.
Para Karisma la preocupación radica en que usar este tipo de herramientas tecnológicas en procesos judiciales no elimina la responsabilidad de las autoridades de cumplir reglas y protocolos. Pero, ante la premura de mostrar resultados, las autoridades pueden saltarse estas reglas y los ciudadanos no tenemos muchas herramientas para comprobarlo. “Las autoridades legales tienen el deber de proteger los derechos fundamentales de todas las personas, aún cuando se hace una investigación penal”, como explicaba en esta nota Juan Diego Castañeda, abogado e investigador de la Fundación Karisma.
En eso coincide Carlos Cortés: “en un país como Colombia en el que tenemos un discurso tan marcado en la seguridad nacional, este tipo de cosas pasan por debajo del radar”, dice.
Desde que llegó a Colombia el performance ‘Un violador en tu camino” de Las Tesis de Chile, varias mujeres han denunciado que la Policía les está tomando fotos sin su autorización. La situación ha causado un efecto casi de paranoia.
Nos están mirando.
Nos están identificando.
Nos están siguiendo.
¿La Policía puede hacerlo? ¿Qué puede hacer con esas fotos? Vamos por partes:
Primero. Las autoridades colombianas tienen herramientas para interceptar, bloquear y recoger información de nuestros celulares. Pero para usarlas, necesitan seguir un marco legal específico.
Las dos entidades públicas en el país que tienen herramientas y facultades para hacer interceptaciones son la Fiscalía (que puede recoger material probatorio para llevarlo ante un juez) y las unidades de inteligencia de la Fuerza Pública (que pueden conocer, recopilar e investigar información digital bajo la sombrilla de la seguridad nacional). Ambas deben seguir un marco legal que es complejo. Aunque las comunicaciones privadas tienen protección constitucional, esa privacidad tiene límites, y si las autoridades argumentan que esa privacidad pone en riesgo a la ciudadanía, los protocolos pueden cambiar.
Por ejemplo, la Fiscalía puede acceder a las llamadas de celular a través de un sistema conocido como Esperanza, siguiendo el Art. 235 del Código del Procedimiento Penal. Los protocolos de utilización de ese sistema han cambiado. Antes, tenían que contar con la colaboración de las empresas de telefonía celular, como Movistar o Claro. Ahora, las autoridades tienen acceso directo. Como comentó María Jimena Duzán en su columna en revista Semana, estos procesos son cada vez más opacos y turbios porque buscan borrar rastros de la interceptación: “tal como estamos, si un periodista crítico, si un magistrado o un político de oposición pregunta en la Fiscalía si su teléfono está interceptado, la respuesta va a ser siempre que no lo está. Y la razón es obvia: las interceptaciones ilegales están hechas para que nunca sean reveladas. Acabaron con la plataforma Esperanza.”
Segundo. Las autoridades colombianas tampoco tienen permitido usar herramientas ilegales para hackear o recoger información por fuera de los protocolos pero ha habido casos que muestran que sí las usan.
En 2015, por ejemplo, la Policía Nacional negó cualquier vínculo con la firma Hacking Team, una empresa privada que ofrece controles remotos y ataques dirigidos. Sin embargo, reconoció haber adquirido una herramienta que se llama Galileo, que a través de mensajes, correos y llamadas que abre el usuario, le da acceso a Galileo al dispositivo. Así pueden sustraer información, acceder al micrófono o la cámara. Esto le pasó por ejemplo a la periodista Vicky Dávila ese año cuando le informaron que era blanco de seguimientos e interceptaciones ilegales.
Según la investigación “Cuando el Estado hackea” realizada por Juan Diego Castañeda de Fundación Karisma, el Estado adquirió Galileo con la empresa Robotec Colombia S.A.S, con el propósito de “potencializar la capacidad de detección de amenazas y terrorismo y la criminalidad organizada en el ciberespacio colombiano”. Sin embargo, este tipo de herramientas tienen un problema: aunque puedan ser legales, cada vez tienen más acceso directo a los dispositivos de los usuarios y menos entes reguladores que los vigilen.
A eso se suma, como dice Carlos Cortés, que los ciudadanos estamos normalizando la falta de legitimidad y control sobre este tipo de técnicas para prevenir el terrorismo. “Tenemos un problema de oscurantismo absoluto metido en una lógica de aceptación y legitimación de la Fuerza Pública y de los militares”, dice.
Y tercero: las autoridades colombianas tienen prohibido grabar y pedir los celulares a personas que participen, por ejemplo, en el Paro Nacional. Por eso, para Carolina Botero de Karisma, que los policías graben y tomen fotografías de los manifestantes se puede leer como una forma de intimidación: “si me graban yo tengo derecho a preguntar por qué me grabaron, qué van a hacer con eso, en manos de quién queda ese registro”.
Lo que sí pueden hacer es revisar el IMEI de los celulares, un número que muestra que el celular está registrado y que fue una condición implementada en el nuevo código de la Policía Nacional para contrarrestar el robo de celulares. Ese número aparece en la pantalla del teléfono sólo con marcar *#06#, así no se tiene que entregar el celular.
Sin embargo, Luisa Fernanda Isaza, Coordinadora de Defensa y Atención a Periodistas de la Fundación para la Libertad de Prensa, menciona que los policías también han defendido esta práctica porque es la única manera de grabar sus procedimientos. Aún así, reconoce que se han registrado casos de policías que piden los celulares para revisarlos y se denuncia que revisan redes sociales, llamadas, conversaciones. Y esto, como explicamos, no es permitido.
Es cierto que el marco legal en el que las autoridades pueden usar la tecnología para vigilar y prevenir acciones violentas o vandálicas es imperfecto. Aún así, es clave conocer los límites de estos procedimientos para evitar caer en la paranoia y defender derechos cuando sea el caso.
