El Acuerdo de Escazú es un instrumento internacional que puede salvar vidas en una de las regiones más peligrosas para el ejercicio de la defensa ambiental como lo son América Latina y el Caribe. El año pasado, de hecho, Colombia fue el país con más asesinatos de líderes ambientales en el mundo con 64 muertes, la cifra más alta registrada en ocho años por cualquier país según Global Witness.
El Acuerdo también permite fortalecer la democracia y las instituciones, mejorando la gestión, la protección, los procesos y las políticas ambientales. En esencia, el Acuerdo garantiza y robustece cinco derechos:
i) la información pública;
ii) la participación;
iii) la justicia ambiental;
iv) la protección efectiva a las/os defensoras/es ambientales y de la tierra; y
v) la garantía a un ambiente sano.
Estos derechos benefician ampliamente a todos los sectores, incluyendo a los que hoy infundadamente se oponen.
Es, sin duda, un tratado que favorece a todo un país porque garantiza la vida y la integridad de las personas, reduce y ayuda a resolver pacíficamente los conflictos socioambientales, fortalece los derechos de acceso en asuntos ambientales, las capacidades públicas y la seguridad jurídica. Vidas protegidas, instituciones capacitadas y mejores condiciones ambientales son argumentos poderosos para lograr su ratificación y así transitar, tranquila y pacíficamente, hacia un desarrollo sostenible y sustentable.
Sin embargo, el Congreso de la República y algunos gremios como la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Asocaña, el Fondo Nacional Avícola y el Consejo Gremial Nacional, como contó El Espectador, hasta ahora no parecen entenderlo y repetidamente han dilatado la discusión pública (el cuarto aplazamiento fue hoy), desconociendo el mensaje de urgencia que el mismo Presidente de la República dio cuando sus ministros respectivos radicaron el Proyecto de Ley (057 de 2020 en Senado y 265 de 2020 en Cámara).
Tanto es así, que las bancadas declaradas en oposición hicieron uso de su Estatuto (Ley 1909 de 2018), el cual establece en su artículo 19 la posibilidad para que los partidos y movimientos políticos declarados en oposición puedan determinar el orden del día de las sesiones de las comisiones permanentes constitucionales por tres veces durante cada legislatura. La sesión para discutir Escazú fue propuesta por la oposición para el martes 3 de noviembre pero, aunque hubo debate, ese día tampoco se votó.
Esperemos que nuestros congresistas estén a la altura del debate para seguir dotando a Colombia de herramientas jurídicas, políticas, sociales, educativas y culturales con el fin de combatir dos de las más graves amenazas que hoy ponen en peligro la vida en el planeta: la crisis climática y la actual pandemia.
Sobre esto último quisiera poner la lupa con tres tópicos que, en mi consideración, no han tenido tanta relevancia en la discusión sobre Escazú y que necesariamente deben darse: i) el posconflicto, ii) la recuperación social, económica y ambiental por la pandemia, y iii) el fortalecimiento de capacidades institucionales para lograr procedimientos informados, transparentes, eficaces y participativos.
Recordemos que Colombia está transitando hacia la superación de un conflicto armado interno que, en parte, también es ambiental, político y territorial. Unos actores siguen en armas y consideran que la resistencia y los cambios deben darse a través de ellas. Escazú puede brindar las herramientas y las garantías para que los conflictos socioambientales armados y no armados se puedan resolver de manera pacífica y sin acudir a las vías de hecho; incluso esa fue la intención inicial del Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 y uno de los propósitos centrales de Escazú.
Además, ratificarlo, mandaría un mensaje de reconciliación en un país fracturado por sus múltiples diferencias. Y no sobra recordar que fue un compromiso y una promesa pública del Presidente Iván Duque después del Paro Nacional del 2019.
Sobre el segundo punto, varios sectores públicos, privados, académicos y comunitarios han hablado, desde el inicio de la pandemia, de la recuperación social y económica. Sin embargo, veo con cierta preocupación que dentro de esa recuperación poco se ha discutido que la naturaleza, las artes y la cultura son ejes esenciales para lograr pasos decididos y optimistas hacia un mundo sin pandemia y sin crisis climática.
Esperemos que nuestros congresistas estén a la altura. Con el Acuerdo podemos combatir dos amenazas que ponen en peligro la vida en el planeta: la crisis climática y la actual pandemia.
En tiempos de grandes desafíos sociales el respeto y la valoración de las artes, la educación, la cultura y la naturaleza serán esenciales para lograr discusiones amplias y decisiones incluyentes que nos permitan vivir y soñar un futuro menos apocalíptico. Y veo en Escazú una oportunidad para trabajar colectivamente por un país más democrático y más conectado con la naturaleza. Varios enunciados del tratado hablan de esto; allí América Latina y el Caribe acordaron que están convencidas de:
“[…] la necesidad de promover y fortalecer el diálogo, la cooperación, la asistencia técnica, la educación y la sensibilización, así como el fortalecimiento de capacidades, en los niveles internacional, regional, nacional, subnacional y local, para el ejercicio pleno de los derechos de acceso” […] (considerandos)
“promover la educación, la capacitación y la sensibilización en temas ambientales mediante, entre otros, la inclusión de módulos educativos básicos sobre los derechos de acceso para estudiantes en todos los niveles educacionales” (artículo 10, numeral 2, literal d)
“diálogos, talleres, intercambio de expertos, asistencia técnica, educación y observatorios” (artículo 11, numeral 3, literal a).
“desarrollo, intercambio e implementación de materiales y programas educativos, formativos y de sensibilización” (artículo 11, numeral 3, literal b).
Finalmente, quisiera abordar las ventajas que tendría la ratificación y el cumplimiento de este tratado para la institucionalidad ambiental y para los diferentes sectores que hoy no ven con buenos ojos este tratado. Sin duda, Escazú fortalecería la institucionalidad ambiental, las políticas públicas y los procesos administrativos y judiciales de carácter ambiental, lo que disminuiría la brecha de inseguridad jurídica, los conflictos socioambientales y los plazos indefinidos y cambiantes que hoy se presentan en diferentes problemáticas ambientales en el país, por ejemplo: Hidroituango, deforestación, calidad del aire, delimitación de páramos, por mencionar algunos. Tener garantizados los derechos de acceso y un marco ambiental y social robusto fortalecería la confianza y el diálogo en los procesos, en las inversiones y en las instituciones.
Con la ratificación, el país contará con mejores normas y prácticas para fortalecer la transparencia, la participación, la justicia ambiental, la protección y la reivindicación de la defensa ambiental; aumentando la seguridad jurídica, reduciendo y solucionando adecuadamente los conflictos socioambientales y fomentando la sostenibilidad de los proyectos y de la naturaleza.
Los ojos están puestos en el Congreso de la República. Ya once países lo ratificaron, lo que implica que el tratado entra en vigencia pero todavía no en Colombia.
