Valentín Rúa Tezada es el cuarto periodista asesinado en el país en lo que va de 2018. Preocupa, además del incremento de las amenazas, la atención del Estado a periodistas comunitarios.
Hoy tenemos un periodista menos en Colombia. Este miércoles primero de agosto un sicario asesinó a Valentín Rúa Tezada a pocas cuadras de su casa en el Municipio de Suarez en Cauca. Este municipio es nacionalmente conocido por tener la represa de la Salvajina, obra hidroeléctrica construida en el Río Cauca con cerca de 31 kilómetros de extensión. Rúa trabajaba para Salvajina Estéreo, una emisora comunitaria de Suarez. Ni las autoridades ni sus colegas de la emisora saben las razones por las que alguien quisiera acabar con su vida.
En 2015 el Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH presentó el informe 'La palabra y el silencio. La violencia contra periodistas en Colombia (1977 – 2015)'.
Click acá para verRúa era un periodista empírico que se había ganado mucho reconocimiento desde los micrófonos de la emisora. Harold Ambulia, director de Salvajina Estereo, lo describía como “la estrella” de la emisora.
El 2018 apenas supera su primera mitad y son cuatro los periodistas asesinados en el país: Javier Ortega, Paúl Rivas, Efraín Segarra (del Comercio de Ecuador) y, ahora, Valentín Rúa Tezada. Hoy, en Colombia, nos faltan cuatro.
Según el último informe entregado por la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP–, en lo corrido de 2018 se han reportado 89 casos de amenazas a periodistas en Colombia y es una cifra superior a la reportada durante el mismo período de 2017, cuando fueron 65 los casos. “Mientras que en el año 2015 la FLIP documentó 59 casos de amenazas, en 2016 la cifra ascendió a 90 y en 2017 llegó a 129”, señala el comunicado, advirtiendo una tendencia problemática.
Lo preocupante, como también informa la Fundación, es que si esta cifra se equipara a la de los líderes sociales, a quienes asesinan de manera sistemática en el país, también sería equiparable el motivo: una violación innegable al derecho de libertad de expresión.
Según el Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica La palabra y el silencio. La violencia contra periodistas en Colombia (1977 – 2015), fueron 153 los asesinatos cometidos contra periodistas en esos casi 40 años, revelando además que la violencia contra el oficio periodístico es propiciada, en mayor medida, por actores desconocidos, corrupción política y narcotráfico.
Para la FLIP son claras cuales son las razones más comunes de asesinatos y amenazas a periodistas: denunciar la trata de menores por parte de estructuras al margen de la ley; visibilizar las amenazas y los asesinatos en contra de líderes sociales o promover los comunicados de sus marchas; denunciar acciones irregulares alrededor de la actividad minera y defender los derechos humanos, entre otras.
La Fundación ha solicitado al Gobierno Nacional que fortalezca sus acciones para brindar medidas que realmente sean efectivas para proteger la vida e integridad del gremio y, según Sebastián Salamanca, Coordinador del Área de Defensa a periodistas de la FLIP, la respuesta del Estado ha sido favorable: “Sí ha habido una reacción de la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior –UNP– y de la Fiscalía General de la Nación desde que la FLIP lanzó la alerta sobre el incremento en el número de amenazas. En términos prácticos se traduce en una leve mejoría en los tiempos de atención de la UNP a los periodistas y, respecto a la Fiscalía, en la creación de una delegación al interior de la entidad que atiende exclusivamente estos casos”.
Anteriormente el Estado prolongaba los casos de amenazas mediante rutas de denuncia poco prácticas que a la postre no resultaban tan eficientes por la demanda de tiempo. Salamanca explica, igualmente, que pese a que es destacable que el Gobierno haya reaccionado, inquieta que se preste una mayor atención y celeridad a los medios de cobertura nacional con enormes difusión y alcance, cuando los periodistas que están en territorios complejos siguen siendo vulnerables: “El Estado tiene que reaccionar igual, independiente de qué tipo de periodista sea o en qué tipo de medio trabaje”, agrega.
Aunque el Estado no está cruzado de brazos ante el fenómeno, la FLIP asegura que lo que se está haciendo, sin embargo, no logra frenar el fenómeno de las amenazas. El Coordinador del Área de Defensa a periodistas de la fundación advierte que hoy en día, en Colombia, es muy fácil amenazar pero no es tan fácil matar a los periodistas, lo que no aminora la problemática. Según él, para silenciar a los profesionales ya no es necesario asesinarlos porque la censura y quienes la hacen encontraron formas más fáciles y con mayores garantías de impunidad que asesinar.
De los 89 casos de amenazas reportados en el año por la FLIP, ninguno ha terminado en asesinato. Los periodistas han dejado de publicar sus historias, han salido de las regiones, han sido amparados por mecanismos de protección de la UNP, y es probable que la totalidad de la información de estos casos, por la intimidación, no haya salido a la luz.
