La pandemia frenó la avalancha de movilización social que enfrentaba este Gobierno. Aunque en las calles no habrá multitudes, las demandas en lugar de caducar, crecen.
Hace un año el país se abocó a las calles. Las peticiones que tomaron forma el 21 de noviembre de 2019 no sólo conservan vigencia a un año de formularse, también muchas se han vuelto más urgentes. La crisis sanitaria ahondó en los niveles de desigualdad, desempleo, desprotección y conflicto en el país. La gente más desfavorecida, además, padece el impacto de esta pandemia a todo lo que da y ha sido la más afectada en términos de contagio y muertes. Pero la emergencia sanitaria a nivel global amordazó el reclamo común.
Aún así, muchos de los sectores que salieron y convocaron la movilización de hace un año van a volver a las calles este 19 de noviembre. Y, aunque ven con preocupación cómo se ha recrudecido la realidad, lo que más reclaman es la poca apertura del Gobierno para el diálogo. Hablamos con algunos de ellos para entender por qué volverán a marchar.
En primera medida habría que decir que de los 304 puntos que presentamos en un pliego, tras la movilización del 21 de noviembre de 2019, ninguno tiene solución todavía. En una primera etapa hubo muchísimas reuniones con el Gobierno, reuniones que se hicieron desde ese gran paro nacional hasta marzo de 2020, pero en las que nunca pudo haber acuerdos por la palabra “negociación”. El Gobierno se negó rotundamente a aceptar que lo que pudiera pasar con el Comité Nacional del Paro fuera “negociar”.
A partir de entonces, el Gobierno tomó medidas que tienen que ver con puntos del pliego pero que no responden precisamente a ellos. Se destinaron algunos dineros para las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, pero a través de créditos y no con la nómina plena, como señalamos. O temas como el de la protesta social, también en el pliego, lo resolvió la Corte Suprema en el fallo que produjo, pero no el Gobierno. Por eso, en general, no ha habido negociación. Eso es lo que nos lleva a movilizarnos otra vez, pero ahora utilizando la frase: “Duque ni negocia, ni dialoga”.
En un posterior pliego de 104 puntos ya decidimos llamar la renta básica universal como el apoyo del Gobierno a la comida de los colombianos. Y luego, cuando el concepto tomó forma, lo incluimos tal cual en un pliego de emergencia que salió en julio y que tiene que ver con la reactivación de la economía y los ingresos de los colombianos. Así, dentro de la formulación que hacemos del salario mínimo, que es un incremento del básico a un millón de pesos y ciento veinte mil de subsidio de transporte, ajustamos una renta básica para los más desfavorecidos. Pero el Gobierno nos envió como respuesta un documento de 104 páginas ante ese pliego de emergencia, donde nos dice qué ha hecho sobre los temas y repite medidas viejas como Familias en acción u otras que no vemos suficientes.
Esta pandemia, hay que decirlo, ha visibilizado entre muchas otras la crisis en el sector salud. ¿Cómo es posible que en medio de una emergencia sanitaria persista esa crisis? La informalidad, los tratos abusivos con el personal de la salud y la falta de recursos en hospitales se sumaron al Proyecto de ley 010 de este año, que pretendía solventar el financiamiento de aseguradores por encima del servicio. Entonces el Gobierno, definitivamente, tiene que meterse la mano al bolsillo porque no quiere gastar en la crisis y quiere que la reactivación sea por obra gracia del Espíritu Santo. Pero tiene que hacerlo.
Apoyada en los datos y en el análisis de contexto, es cierto que esta pandemia ha profundizado las exigencias desde las cuales salimos a la calle a partir del 21 de noviembre de 2019. Y ese fue el día culmen, pero estuvimos caminando por las calles casi dos semanas.
Desde entonces se ha pronunciado la pobreza en Colombia y hay un marchitamiento del proceso educativo. Hoy vivimos un enorme riesgo y es que este momento sea aprovechado por proyectos que prácticamente quisieran decretar una ‘muerte a la escuela’, como hace tantas décadas quiso hacerlo la ultraderecha desprestigiando a los maestros y las instituciones públicas.
Además, en audiencias con movimientos sociales, reincorporados y campesinos, ellos advierten que hay un regreso del conflicto armado. Un conflicto que se da quizá en condiciones más distintas, con expresiones más atomizadas, pero con un neoparamilitarismo que parece asomarse y con las actuaciones de las disidencias de las FARC y del ELN. Es una situación que demuestran las cifras de las masacres, de asesinatos a líderes y de lo que está ocurriendo con el incumplimiento del Acuerdo de Paz.
En 2019 empezó una beta que no alcanzamos a ver tan claramente, además, y fue esa barbarie policial en las grandes ciudades y de la que varias organizaciones nos advirtieron. Luego vimos lo que pasó en septiembre en Bogotá, que a todos nos hizo preguntarnos cuál es el proceso de formación de la Policía en Colombia. Y ni qué decir sobre la vida de las mujeres de este país en cuarentena: feminicidios, violencia intrafamiliar y la pérdida del trabajo (80.000 mujeres han tenido que regresar a casa). Hoy tienen dobles y triples jornadas. Es decir, frente a la afectación de la pandemia en la vida de las mujeres y en la economía del cuidado, también se han tomado medidas muy cortas.
Pero aunque el 21 de noviembre de 2019 nos dejó esperanza, el Covid fue un frenón en seco. Hace casi un mes que estuve en las calles en la movilización del 21 de octubre, me di cuenta de que fue muy exigua y ahora hay un aumento en los contagios y en las muertes por esta crisis, que también es importante tener en cuenta.
Pero desde hace un año hemos visto, también, cómo se está generando gobernabilidad a través de mecanismos como el estado de sitio. Ya con la cooptación de la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría y próximamente la Procuraduría, empeora todo. Y se suma el covid electoral, porque la Registraduría prácticamente le otorgó facultades extraordinarias al Presidente ahora, y eso es un cheque en blanco porque se vienen arreglos para 2022 – 2023, y él tiene a cargo la reconfiguración de una entidad que tiene cuatro mil cargos.
Así, además del deterioro de los derechos sociales y económicos en Colombia, evidentemente lo que está en riesgo, desde esa gran movilización hasta ahora, es la democracia.
Desde El Paro Suena nos hemos enfocado en el tema de la vida. Ahora nos preocupa especialmente la vida de líderes y lideresas y de firmantes del Acuerdo de Paz, y ese ha sido el mensaje que hemos compartido y sobre el que hacemos un llamado. La vida, de hecho, fue lo mismo que nos convocó a las calles hace un año cuando en Caquetá murieron los niños en medio de un bombardeo y el Ministro de Defensa se fue a debate de control político.
Hoy, sin embargo, hay otros factores que ponen de plano la situación como una distinta: por un lado están los desgastes que implica la sordera del Gobierno y del Presidente Iván Duque ante las solicitudes vigentes y, por otro, la respuesta de la policía a esas manifestaciones que ha sido autoritaria y violenta con todos los sectores.
Al menos en el espíritu de los músicos, tanto de Un Canto X Colombia como de El Paro Suena, hay un interés muy claro que es servir de amplificadores. Eso quiere decir que si bien nos hemos encontrado como artistas, tenemos resuelto que debemos hacer eco de las solicitudes sociales. Pero en esta época de crisis, ha habido una fuga de cerebros muy grande.
En la pandemia hemos visto un abandono a una política que realmente fortalezca al sector artístico en Colombia, y eso también ha traído consecuencias. Así, ante la falta de posibilidades y reconociendo la realidad con que este Gobierno y el Ministerio de Cultura tratan todo con el enfoque naranja (que quiere decir que solo están buscando dinero), seguiremos como artistas haciendo gestiones de manera individual y colectiva para pronunciarnos.
Las centrales sindicales y las organizaciones sociales hemos insistido, desde el pasado 21 de noviembre de 2019, en tener una gran conversación con el Gobierno alrededor del pliego de peticiones del Comité Nacional del Paro. Ha pasado un año, un año en el que hemos visto cómo Iván Duque no es dialogante y además cómo su Gobierno tiene una capacidad de estigma sobre las mismas organizaciones.
Desde la Escuela Nacional Sindical hemos visto con preocupación el tratamiento que se le ha dado a esas demandas y se sumó al panorama el pésimo tratamiento del Gobierno a esta pandemia. Hoy vemos cómo, con este pretexto, se han restringido una serie de derechos individuales que, de una u otra forma, agudizan la represión a la movilización social. Y, en esta “nueva normalidad”, solo se ve con buenos ojos las concentraciones alrededor de lo laboral, es decir, que salga la gente a hacer su trabajo, pero en temas de materia social y de suplir las peticiones de sectores que están padeciendo, ahí sí las dificultades son todas.
Será el sector salud el que va a estar al frente de las movilizaciones este año, porque el mismo personal médico es el que más se ha pronunciado frente a una situación que nos está ocurriendo: son los estratos 1, 2 y 3 los que más están muriendo por sus afectaciones de Covid. Y el Gobierno solo ha venido dando soluciones mínimas a los sectores menos favorecidos sin fortalecer siquiera el sistema de salud.
Por eso, y en medio de esta coyuntura, se ampliaron o profundizaron algunos puntos del pliego del Comité: la salud es uno de ellos, pero el otro es el gran tema de la renta básica universal que se ha constituido como bandera de las organizaciones sociales. Esta situación ha mostrado que los más desprotegidos son quienes trabajan, una desprotección de todo tipo: desde no tener un trabajo decente como no tener protección social. La improductividad que hubo a nivel colombiano por la pandemia generó mucha informalidad y aún más necesidad de la que ya existía.
Un año después, el Gobierno no ha solventado nada en términos de subsidios, de apoyos y se centró, en cambio, en apoyar a las grandes empresas y al sector financiero, incluso dejando al sector productivo a la deriva. En ese sentido, la ampliación de unos puntos son urgentes, pero las demandas de todo el pliego también necesitan atención.
En Temblores ONG nos embarcamos, desde el 21 de noviembre de 2019 hasta hoy, en la urgente tarea de abrir una línea PBX específica: GRITA. Esta línea garantiza, por un lado, la atención inmediata a todos los casos en los que arremete la fuerza pública con la ciudadanía o en contra de las movilizaciones y, por otro, presta un acompañamiento legal para aquellos que han sido víctimas de violencia policial.
Nos dimos cuenta precisamente de que muchos de estos hechos y los daños psicosociales producto de los mismos requieren de un acompañamiento en donde se puedan encontrar opciones jurídicas y de reparación reales. Pero esta línea también funciona para que se reporte en tiempo real y se produzcan alertas y denuncias públicas. En el último año hemos registrado 396 gestos de violencia policial a nivel nacional y 36 hechos de violencia homicida por parte de miembros de la fuerza pública. Esto, inevitablemente, despierta un clamor de la ciudadanía porque haya reformas del Estado en este orden.
Fue por eso que vimos como complementario a las agendas de la movilización proponer no solamente el desmonte del ESMAD, sino también la oportuna revisión sobre las formas en que la policía está organizada perpetuando su violencia. Esa fue una petición que se vio profundizada no solo por los hechos que ocurrieron en Bogotá el 9 y 10 de septiembre, a raíz del asesinato violento de Javier Ordóñez a ojos de todos, sino por otros asuntos importantes que se dieron en contexto de pandemia.
El primero es que la crisis sanitaria, por un lado, le dio una mayor capacidad de poder a la policía en el espacio público, lo que implicó que tuviera mayores discrecionalidades en el momento de impartir multas y sanciones contra la ciudadanía. Y, por otro, identificamos un menor flujo de personas en el espacio público que hace que se descuide la vigilancia ciudadana sobre las actuaciones policiales. Estos dos fenómenos, creemos, pronunciaron todo lo que hemos venido haciendo en contra de la violencia homicida de la fuerza pública.
Hemos insistido también durante este año en que los procedimientos policiales deben ser más públicos y deben publicitarse más, como lo establece la Constitución, y eso implica que los CAI, por ejemplo, no tengan un solo hueco negro que no capture la cámara hasta que cualquier tipo de procecimiento en el espacio público debe regirse por unos patrones clarísimos en donde sea visible lo que hacen y cómo pueden hacer uso de las armas.
También vimos con preocupación que la Policía esté cubierta por la Justicia Penal Militar, porque esta institución hace parte del Ministerio de Defensa y eso hace que los jueces no sean imparciales en el momento de juzgar sus violencias. Por eso pedimos que se ocupe la justicia ordinaria. Y eso sumado a la evidencia de que no existen protocolos claros que sean reconocibles para entender cómo la policía puede hacer uso de la fuerza y cómo, también, el nivel de proporcionalidad está desfasado en el actuar policial.
Sabemos que todo esto hace parte de la agenda política alternativa del próximo año, un año que será electoral. Y sabemos también que todos estos temas son relevantes y de los que creemos la ciudadanía está al tanto ahora que se cumple un año de esa gran movilización, pero sin duda hay otros temas: el miedo al contagio es un desincentivo para que sea masiva una marcha y la última así lo demostró.
En últimas no hay que ignorar que todos los casos de violencia en el espacio público, como se probó con el expediente de tutela de la Corte Suprema en el que también intervinimos, indican que la violencia homicida sumada a la criminalización sobre quienes se manifiestan en el espacio público, acusándolos de terrorismo, por ejemplo, genera un factor disuasivo para salir a la calle. Eso es finalmente lo que busca el Estado cuando actúa con la fuerza pública: que la gente tenga miedo de salir a las calles, que sea judicializada por un crimen que no cometió o que sea trasladada a un centro de protección sin especificidades claras.
Este año lo hemos llamado como el año de la pérdida del espacio público. A raíz de la pandemia se perdió la noción de construir y apropiarse del mismo por parte de la ciudadanía, y quedó solamente una categoría ciudadana posible en las calles. Hemos sido requisados, hostigados y hemos visto también que hay personas a quienes no se les ha permitido hacer presencia en el espacio público. Hemos visto cómo la policía, por ejemplo, ahorca a alguien por no llevar bien puesto el tapabocas u otras prácticas paramilitares en regiones del país por no respetar los protocolos. Todo muy preocupante para las libertades individuales. Y tenemos un riesgo: están atentando contra la construcción pública del poder y, a un año de esa gran movilización, el panorama está grave.
