Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) es una entidad pública que se encarga de la administración del sistema de parques naturales y la coordinación del sistema de áreas protegidas. Fue consolidado en el decreto 3572 del 27 de septiembre de 2011 y tiene a su cargo 64 áreas protegidas. Su programa de voluntariado se conoce como “Guardaparques voluntarios” y busca que personas externas a la entidad pongan sus servicios y conocimientos a disposición de los diferentes parques que cobija.

Los voluntarios prestan sus servicios en periodos que van desde uno hasta tres meses, dependiendo de la convocatoria, y corren con los gastos de transporte y alimentación, mientras que PNN pone a disposición sus instalaciones físicas para el hospedaje. 

Camila, cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su identidad, inició su voluntariado a mediados de julio de 2023. En ese momento tenía 22 años. Llegó a la sede de la ciudad de Cartagena, Bolívar, con la ilusión de “construir experiencia laboral, tener contactos en el medio y trabajar en una entidad del gobierno que se veía como una opción seria”. Su experiencia en Parques del Rosario y San Bernardo, sin embargo, terminó abruptamente dos meses antes de lo planeado.

La primera noche de Camila fue el 18 de julio en las instalaciones de la sede de Cartagena, en donde fue recibida por Claudia Salcedo, la funcionaria encargada. Esa noche la pasó en una habitación junto con otro compañero que también empezaba el voluntariado. Camila recuerda que el espacio no tenía mucho mobiliario y que no estaba adaptado como dormitorio: “El señor encargado de la vigilancia tenía la ropa colgada afuera en unos cables. Nos acomodaron en una de las oficinas con dos colchones en el piso y ahí pasamos la noche. Los baños eran compartidos y el piso estaba desportillado”. 

En Cartagena también “me presentaron con el jefe del parque, John Jiménez, y me dijeron que iba a apoyar un programa de tortugas”. A los tres días los jóvenes tomaron rumbos diferentes: Camila partió en lancha hacia Isla Tesoro y el 2 de agosto la trasladaron a Isla Grande. Ambas hacen parte del archipiélago comúnmente conocido como Islas del Rosario. 

Ese primer día en Isla Grande conoció a los dos hombres encargados de las actividades y con quienes estaría la mayor parte del tiempo, en ocasiones completamente sola. Se trataba de José Mendoza, de entonces 31 años y encargado de la seguridad en la isla, y Dorismel Bravo, quien tenía 55 años y trabajaba como conductor de lancha. 

Camila asegura que Salcedo y Jiménez siempre estuvieron dispuestos a ayudarles en la primera etapa del voluntariado, pero una vez en la isla no era tan fácil contactarse con ellos. En parte porque no se encontraban trabajando en el mismo lugar, pero también porque, por las condiciones geográficas de la zona, la señal telefónica es poca y en ocasiones inexistente.

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Desde que llegó, Camila no se sintió completamente cómoda con Bravo y Mendoza. Mientras ella dormía sola en la cabaña principal, los dos señores lo hacían en habitaciones vecinas. Como su cabaña tenía la cocina, ellos entraban incluso desde antes de que ella despertara. “Todo el tiempo querían que me integrara con ellos. Mientras estábamos en la cabaña después de los turnos, [Bravo] me hacía halagos y comentarios fuera de lugar”. A pesar de esto, y aunque al incio el relacionamiento entre los tres se mantuvo en el ámbito profesional, la relación laboral entre Camila, Mendoza y Bravo dio un giro drástico el 4 de agosto del 2023, un poco más de dos semanas después de su llegada al voluntariado. 

Tal como registra la denuncia ante la Fiscalía, esa noche Camila se encontraba con José Mendoza en Orika, un pequeño pueblo de Isla Grande. Como era el final de la jornada de trabajo, Mendoza la invitó a compartir una cerveza y hacia las 11 de la noche caminaron de regreso a la cabaña donde se estaban hospedando. 

El camino era oscuro, desierto y sin señal telefónica. Fue en ese trayecto que Mendoza se abalanzó sobre Camila para intentar besarla y tocarle la cintura sin su consentimiento. “Tú me gustas mucho”, le dijo mientras Camila corría su rostro para evitarlo. Ella lo apartó, le dijo que no y siguieron caminando. Minutos después, Mendoza volvió a cruzar los límites de Camila y la besó de manera forzada. “Yo me quedé quieta y me dejé besar porque tenía miedo, pues no sabía dónde estábamos ni cómo regresar a la cabaña. Lo quité y le dije ‘ya no más’ […] Llegamos a la cabaña, me encerré en mi cuarto y empecé a llorar”, se puede leer en la denuncia. 

En ese momento, Camila no le contó a nadie lo que había sucedido. Ni a su familia, ni a los habitantes de la isla, ni a la administración de PNN. Al día siguiente, evitó estar cerca de Mendoza y decidió continuar con las actividades del voluntariado. “Es bastante común que la respuesta de la víctima sea optar por mantener silencio”, nos dijo la psicóloga y antropóloga, Jessica Sánchez Wentland. 

Sánchez, quien tiene amplia experiencia trabajando con víctimas de violencias basadas en género, comenta que la reacción de Camila puede obedecer a un instinto de supervivencia: “Quedarse quieta o no tener una respuesta activa, responde, ya sea de forma consciente o inconsciente, a un intento de preservación de la integridad […] Ella sabía que estaba en un lugar de difícil acceso, oscuro y sin posibilidad de comunicarse con alguien”. 

Además, de acuerdo con la profesional, en un contexto normal este tipo de agresiones no deberían hacer parte del día a día. “Es un hecho que no debió suceder. Al ser un evento que puede ser traumático, no sabemos cómo reaccionar. La persona no tiene las herramientas para responder y se puede quedar en estado de shock precisamente porque no entiende qué está pasando”. 

Un día después, el 6 de agosto en horas de la tarde, Bravo invitó a Mendoza y a Camila a pasar un rato en Orika. Cerca de la medianoche, Bravo empezó a hacer comentarios sobre el físico de Camila y a tocarle las manos, las piernas y la cara sin su consentimiento. Todo en presencia de Mendoza, que no dijo ni hizo nada. “Yo me corría, pero me quedé en silencio porque estaba asustada”, dice Camila. 

Además de los tocamientos, esa noche Bravo también alardeó de sus contactos y del supuesto poder que tenía en ese parque y en PNN en general. Según Camila, él decía “que le diera mi número, que tan pronto me graduara lo llamara y él me hacía entrar a trabajar”. Solo fue hasta que Camila le dio su número que Bravo paró de tocarla.

Hacia la 1:30 a.m., los tres emprendieron camino a la cabaña. Pero en el recorrido, similar a lo que había ocurrido con Mendoza dos noches atrás, Bravo intentó tocar a Camila sin su consentimiento. Camila comenta en la denuncia que para cuando llegaron a su cabaña “ya me encontraba asustada. Me despedí, pero Dorismel [Bravo] me agarró del brazo, me jaló hacia él y me besó en el pecho. Rápidamente me dirigí al cuarto donde dormía y me encerré”. 

Aunque ya se encontraba en su cuarto, el acoso por parte de Bravo y Mendoza no se detuvo. Los dos hombres continuaron hostigando a Camila por mensajes de texto e incluso  ingresaron a la cabaña e intentaron entrar a su habitación.  

Los mensajes empezaron casi una hora antes, cuando el grupo todavía se encontraba en Orika. Mendoza le escribió por WhatsApp a las 12:46 a. m. del 7 de agosto: “No te vayas a dormir sin darme un beso”. Y una hora después: “Ahora que se acueste Dorismel vengo por un pequeño beso. Pero no te vayas a alarmar por favor. Te aviso para que no te asustes”.

A las 2:20 a. m., Camila recibió más mensajes, esta vez por parte de Bravo. “Solo quiero que sepas que me encantas”. Y siguió escribiendo: “No la quieres pasar rico (sic). Perdóname. Lo que pase nadie lo tiene que saber”. Después de este mensaje, Mendoza se asomó por la ventana de la habitación de Camila y empezó a golpear la puerta.

Camila no logró dormir esa noche. Esta vez decidió llamar a su familia para sentirse protegida y estuvo el resto de la madrugada sentada frente a la puerta, haciendo presión con sus maletas para evitar que alguno de los dos hombres entrara. Tan pronto como pudo, y al no ver a nadie, corrió a un hotel cercano a pedir ayuda. Desde allí llamó a la Policía y coordinó, con ayuda de su familia en Bogotá, el regreso a Cartagena. 

“El mismo día que pasaron las cosas intenté contactarme con Claudia, que era la única persona encargada y no me contestó”. Cuando finalmente pudo hablar con ella, la funcionaria remitió a Camila al jefe del parque, John Jiménez. Él ya estaba al tanto de la situación y luego se comunicó con Camila. No obstante, “para devolverme todo fue por mi cuenta”, dice Camila. Fue ella quien tuvo que pagar una lancha de turista para poder regresar a la sede en Cartagena. 

En un inicio Camila y su familia estuvieron en contacto con Jiménez para saber si se había iniciado un proceso al interior de la Entidad, incluso le proporcionaron copia de la denuncia en Fiscalía. Pero desde septiembre del 2023 él no les volvió responder. Esta redacción contactó a John Jiménez, quien ya no está vinculado a la entidad, pero nunca obtuvimos respuesta.

También nos acercamos en dos ocasiones a Claudia Salcedo para tener su versión de los hechos, pero no accedió a dar entrevistas. Salcedo sigue vinculada a la entidad, ahora en PNN Sierra Nevada de Santa Marta. Con respecto a Dorismel Bravo y José Mendoza, ambos atendieron nuestras llamadas, pero ninguno quiso acceder a dar entrevistas. Mendoza nos compartió el número de su abogado, Luis Paternina López, quien también representa a Bravo. López nos pidió que le enviáramos una lista con nuestras preguntas, pero a la fecha no hemos obtenido respuesta. 

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Paula Hernández es psicóloga y trabaja temas de género y atención a violencias en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Para Hernández hay un agravante en la situación de Camila, pues está el hecho de que ella tuvo que abandonar el voluntariado en PNN sin finalizar su periodo. Según el concepto de Hernández  “[la víctima] prefiere irse a tener que enfrentarse nuevamente a esta situación. El problema es que así como ella puede haber otras estudiantes que vuelvan a estos espacios y se crucen con estos hombres”. 

La Ley 1257 de 2008 establece que la víctima debe tener derecho a recibir atención integral y, además, a tener orientación inmediata. Si bien los representantes de PNN no son una autoridad competente para investigar legalmente estos casos, a concepto de la psicóloga Hernández, si esta entidad tiene un programa de voluntariados, debería tener un protocolo de atención a violencias con enfoque de género. Hernández agrega que “ahí también pudo haber una omisión por parte de PNN porque ellos son una entidad [pública] que debe conocer los protocolos presentes. Si una persona te dice que es víctima de acoso, lo ideal es que se activen las rutas pertinentes”. 

La falta de acompañamiento y organización por parte de PNN fue notoria para Camila desde antes de lo ocurrido esa madrugada. Desde que llegó a las instalaciones de PNN en Cartagena y no había una habitación adaptada para recibir a los voluntarios, pasando por el proyecto de conservación que nunca pudo ejecutar, hasta el no tener actividades específicas en el día a día. De acuerdo con ella, los voluntarios eran una especie de “toderos”, podían hacer actividades como acompañar los desplazamientos en lancha o entrevistar y guiar a turistas, pero no había un orden específico. 

En respuesta a un derecho de petición que esta redacción interpuso, PNN asegura contar con un “procedimiento de atención de situaciones de acoso laboral y/o acoso sexual (sic)” y que este cobija a los voluntarios durante su estancia en el área protegida. De acuerdo con PNN, “en este procedimiento se detalla que los casos que son denunciados frente alguna instancia de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se llevan al Comité de Convivencia Laboral de la entidad o a la Oficina de Control Interno Disciplinario dependiendo de si el caso corresponde a acoso laboral o sexual”.

A la fecha dicho documento no se encuentra publicado en la página de la entidad. Además, de acuerdo con el testimonio de Camila, en todo el proceso legal que ella adelanta contra José Mendoza y Dorismel Bravo por acoso sexual no ha tenido acompañamiento ni asesoría por parte de PNN. Tampoco se inició en su caso ningún procedimiento. 

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Una semana después de los hechos, el 14 de agosto del 2023, Camila puso una denuncia ante la Fiscalía en contra de Dorismel Bravo y José Mendoza por acoso sexual. El 19 de septiembre de ese mismo año estaba programada la primera audiencia, pero se canceló porque el fiscal no se presentó. El 14 de diciembre de ese mismo año fue asignado a un despacho en la Dirección Seccional de Bolívar, en Cartagena, y a la fecha sigue activo. 

De acuerdo con la fiscal del caso, Yeimy Quintero, desde “el 14 de marzo del 2024 se presentó el escrito de acusación en contra de los imputados Dorismel Bravo y Jose Mendoza […] y en estos momentos nos encontramos a esperas de que se fije la fecha por parte del juzgado para audiencia de formulación de acusación”. Sin embargo, hasta el momento de la publicación de este artículo aún no se ha realizado la citación para la audiencia de imputación de cargos. 

A pesar de llevar más de un año en el proceso, Camila asegura que no ha recibido apoyo ni atención por parte de PNN ni de ningún funcionario de la entidad. Añade también que la revictimización en el proceso ha sido frecuente: ha tenido que repetir su historia en varias ocasiones y la respuesta por parte del juzgado en donde se encuentra su caso ha sido escasa, pues no atienden sus llamadas ni le dan información.

En la respuesta al derecho de petición, PNN aseguró que en los dos casos de acoso sexual que conocen en el marco del programa Guardaparques Voluntarios, “los denunciados al estar vinculados con la entidad en modalidad de prestación de servicios, se les fue liquidado su contrato y no se volvió a contar con sus servicios en las áreas protegidas específicas donde se dieron los casos”. 

Sin embargo, esta redacción encontró que José Mendoza aparece en el directorio de contratistas del 2024 de la entidad, con fecha de terminación el primero de diciembre del presente año y con PNN Corales del Rosario y San Bernardo como la dependencia en la que presta sus servicios. Por su parte, Dorismel Bravo sigue apareciendo en el directorio de funcionarios como Operario de la entidad, pero no en la misma zona de los hechos. Ni ellos, ni su abogado, dieron más detalles sobre su vinculación actual con la organización. 

Adicional al desgaste de llevar un proceso legal por acoso sexual, Camila también ha tenido que enfrentar las secuelas psicológicas que quedaron después del trauma que experimentó en Corales del Rosario. La psicóloga Sánchez cuenta que “algo que pasa mucho con el acoso sexual es que al no llegar a extremos como un acceso carnal directo, entonces se le suele restar importancia […] Si no hay una marca física en el cuerpo, la gente suele desestimar la gravedad del hecho y la afectación que puede generar en la persona”.

En la denuncia interpuesta ante la Fiscalía, Camila relata sufrir ataques de pánico y crisis de ansiedad que afectan su calidad de vida en su día a día. “Vivo pensando en que las puertas estén cerradas, si se me acerca un hombre me asusto, hablar de los hechos me angustia”, relata en la denuncia. 

Aunque ya ha pasado más de un año y eventualmente Camila terminó su carrera y empezó su vida profesional, la lentitud en el proceso y la falta de respuesta de las autoridades ha sido desconcertante para ella. “Solo espero que esto se sepa y se escuche”. 

*Alejandro Lozada contribuyó en la edición de este texto.

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Si tiene una denuncia similar sobre los programas de PNN, puede compartirla con nosotros escribiendo al correo: a.lozada.c10@gmail.com

Si usted es víctima de violencias basadas en género o sospecha de alguien que esté siendo víctima, a continuación le compartimos una lista de recursos disponibles para que pueda acudir en caso de necesitarlo.

1. Línea #155 para orientación a mujeres víctimas de violencia basada en género. 

Esta es una línea de atención que funciona en toda Colombia 24 horas, todos los días de la semana. Está destinada para recibir atención y orientación en casos de violencias de género. 

2. Línea Púrpura en Bogotá. 

Si se encuentra en la capital, puede comunicarse a la Línea Púrpura a través del siguiente número de contacto 018000112137. Esta línea funciona también las 24 horas todos los días del año y si necesita ayuda por WhatsApp o atención por lenguaje de señas puede dirigirse a esta página.

3. Línea de emergencias 123.

Si su vida corre peligro, llame inmediatamente a la línea de emergencias la cuál también funciona 24/7 y en todo el territorio nacional. 

4. Centro de Atención  Integral a Víctimas de Agresión Sexual – CAIVAS. 

Son centros adscritos a la Fiscalía General, distribuidos a lo largo del país y enfocados en atención a casos de violencia y abuso sexual. Puede consultar de acuerdo a su ciudad qué unidades le quedan más a la mano.