Parece paradójico que aquellos encargados de velar por que existan garantías que permitan a los colombianos votar, no puedan hacerlo. Las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y la Policía Nacional suman alrededor de 500 mil hombres y mujeres en servicio activo. Ellos son los que, como explica el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se despliegan para la época electoral “de forma efectiva a lo largo y ancho del territorio nacional, con todos sus recursos humanos y tecnológicos”, en aras de cumplir con su función constitucional de “ser garantes de la democracia”. Para las elecciones del 27 de mayo, la Fuerza Pública actuará conforme al Plan Democracia 2018, que tiene como fin asegurar que sean, de acuerdo al presidente Juan Manuel Santos, “las más tranquilas en más de medio siglo”.
Ningún miembro activo de las Fuerzas Armadas puede ejercer el derecho al sufragio desde 1932, cuando en el gobierno de Olaya Herrera, atendiendo a la propuesta de los propios mandos militares de la época, se les privó de este derecho. Así lo cuenta Adolfo Atehortúa en su libro Construcción del Ejército Nacional en Colombia, 1907-1930; y así, lo explicó también el ya fallecido general Álvaro Valencia Tovar, historiador y excomandante del Ejército Nacional en 1975. Quienes conocieron a este renombrado oficial y atendieron a sus ideas, afirman que era un férreo opositor de que a los militares se les restaurara el voto porque suponía un riesgo para el ejercicio de su función constitucional politizar a las instituciones castrenses.
Si bien en un principio fue acertada la prohibición del voto militar, estamos en mora de restaurar ese derecho a los miembros de la Fuerza Pública, explica Carlos Arturo Velásquez, coronel de la Reserva Activa del Ejército y asesor en Memoria Histórica Militar para el Sector Defensa. A su juicio, la consigna del presidente Alberto Lleras Camargo de que “los militares a los militares y los políticos a los políticos” se convirtió en una premisa que, aunque en algunas épocas protegió la polarización política de las Fuerzas Armadas, ha generado lo que él llama “una castración mental del pensamiento político” a los ciudadanos que portan las armas del Estado. Para el coronel Velásquez, privar a los militares de su derecho al voto es perjudicial tanto para su condición de ciudadanos como para el ejercicio de su función en la institución.
No hay justificación para “que el militar deje de ser ciudadano deje de ser político”, pues la misma esencia de su oficio “les obliga a mirar el país desde una perspectiva estratégica en el ámbito social, económico, etc.”, explica Velásquez. Asegura también que la injerencia de los militares activos en el Gobierno no será una consecuencia del reconocimiento de este derecho ciudadano, pues la misma doctrina castrense instruye a los militares en el respeto hacia el Estado y en que el deseo de pensar políticamente “es diferente a querer hacer política”. Es, para el coronel, poco aceptable que Colombia siga siendo uno de los pocos países en el mundo en el que exista y persista esta restricción constitucional.
El día en que los políticos empiecen a visitar los cuarteles para hacer campaña, esto se derrumba
En América Latina, solo Guatemala, Honduras y Paraguay mantienen el veto a los militares para votar. Ecuador y Perú reestablecieron este derecho en procesos recientes. Incluso en países como Argentina y Chile, que atravesaron dictaduras militares en el siglo pasado, los miembros de las Fuerzas Armadas hoy detentan la facultad legal de votar. En Europa resuena el ejemplo de España, en donde tras la dictadura militar de Francisco Franco (1936-1975), se les mantuvo el más valioso derecho político a soldados y policías. Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Suecia son algunos de los países pioneros en la defensa del voto de sus militares.
Devolver el voto a los militares es, según Velásquez, importante para la transformación que el Ejército debe hacer en el posconflicto y para reivindicar al personal militar como ciudadanos. La clase política “ha perdido el respeto al soldado, porque ellos no ponen votos y se ha olvidado del bienestar de los militares, como profesionales y como ciudadanos”, explica Velásquez.
Pero hay quienes piensan que este veto debería seguir. Para Eduardo Pizarro Leongómez, diplomático estudioso del conflicto colombiano y de las Fuerzas Armadas, “hay que esperar a que el país se normalice” para que los militares recuperen el derecho a votar. Pizarro cree que la polarización ideológica actual puede ser un obstáculo para el proceso de transición del fin del conflicto en las Fuerzas Militares y la Policía.
La influencia del componente político en la función constitucional de las Fuerzas Armadas parece ser el punto de quiebre en la discusión del voto militar. Esa es la preocupación constante entre políticos y oficiales. No en vano, el general Manuel José Bonnet, excomandante de las Fuerzas Militares expresó públicamente su inconformidad con las intenciones de restauración de este derecho a los miembros de la Fuerza Pública. Afirmó que su independencia frente a la política debe mantenerse: “El día en que los políticos empiecen a visitar los cuarteles para hacer campaña, esto se derrumba”.
El veto para los uniformados ha persistido más de ocho décadas en Colombia y aunque han sido varias las iniciativas y los proyectos de ley propuestos para reivindicar el derecho al voto a los militares, todos se han caído en el Congreso. El Partido Liberal, el Partido de la U y el Centro Democrático se han apropiado del tema como propuesta de campaña, argumentando que en Colombia los militares tienen el profesionalismo y la madurez institucional que se requieren y por ello debemos dejar de ser uno de los pocos países del mundo que restringe a sus soldados y policías el derecho a manifestarse en las urnas.
Congresistas como Thania Vega, Armando Benedetti, Roy Barreras, Dilian Francisca Toro, el general retirado Jaime Canal, entre otros, han planteado en los últimos años la necesidad de modificar el artículo 219 de la Constitución. Estos proyectos se han presentado generalmente de forma previa a alguna época electoral, como es el caso del promovido por Roy Barreras (antes del Plebiscito de 2016) y el de Benedetti (antes de la reelección presidencial del 2014). Sin embargo, todas estas iniciativas han resultado archivadas. Para el general retirado y exministro de Defensa, Rafael Samudio, se debe a la falta de organización entre los militares activos y retirados para lograr una representatividad de sus intereses, propiciada por la indiferencia que origina su falta de deliberación política.
A pesar de ello, hoy existen permanentes defensores confesos de la iniciativa. Rodrigo Quiñonez, general de Infantería de Marina retirado, especializado en Derecho Público Militar y actual jefe de la Unidad de Trabajo Legislativo de la senadora del Centro Democrático, Thania Vega, ha diseñado y apoyado —junto a la parlamentaria— múltiples proyectos de ley que involucran los intereses de la Fuerza Pública; algunos relacionados con la restauración del derecho al voto para los militares en servicio activo. Aclara que el voto militar debe ser de circunscripción nacional y no regional, es decir que los militares podrían votar únicamente para elegir Congreso y presidente de la República, pues “el traslado permanente del personal militar en el territorio nacional, supone un obstáculo para que puedan votar por gobiernos municipales y departamentales”.
No puede la prohibición del voto ser considerada como un castigo para los militares
Quiñónez afirma que el profesionalismo y la formación adquiridos por las FF.AA. y la Policía han logrado erradicar las condiciones que llevaron hace 86 años a suprimir a los hombres de armas el derecho fundamental al sufragio. Las circunstancias que politizaron a los soldados y policías en el siglo pasado y que condujeron a limitar su deliberación política fueron responsabilidad de las intenciones de los políticos de la época y no de los militares. Por eso, dice Quiñónez, “no puede la prohibición del voto ser considerada como un castigo para los militares” y agrega que es discriminatorio que la población militar sea la única que padece de esta inhabilidad.
Advierte, sin embargo, que la posibilidad de votar para los militares debe venir acompañada de una estricta reglamentación institucional que eleve a ‘conductas gravísimas’ las acciones indebidas respecto a la participación electoral. Así sucedió en Perú, en donde recientemente se tomaron medidas para garantizar una participación transparente de la Fuerza Pública en los procesos electorales.
Entre las mismas tropas, como asegura Ana María Forero Ángel, profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes y experta en narrativa militar, prima la percepción de que “su opinión no es escuchada” y “su experticia es ignorada” en asuntos de gran importancia para el país.
Para algunos el veto blinda a los uniformados contra la polarización política latente y asegura el desarrollo de sus obligaciones y la estabilidad democrática. Pero para otros, este blindaje ya lo encarna su profesionalismo y es imperante y justificado que puedan votar como cualquier otro ciudadano. Este será el debate que se tendrá que posponer por lo menos hasta la próxima campaña presidencial. Durante los siguientes cuatro años la discusión seguramente seguirá vigente y el debate volverá a girar en torno a si esta prohibición hace las veces de blindaje o de limitación infundada.
*Eduardo A. Melo Molina es estudiante Derecho y de la Opción en Periodismo del Ceper. Esta nota se realizó en el marco de la clase Sala de Redacción.
