En Providencia y Santa Catalina algunos piensan que lo más parecido al fin del mundo ocurrió entre el domingo 15 y el lunes 16 de noviembre de 2020. El huracán Iota, el primero de categoría cinco que azota a Colombia, golpeó las islas con lluvias torrenciales y vientos de 250 kilómetros por hora. 

Algunos lugareños cuentan que la tierra tembló, y que a lo lejos se escuchaba el viento enfurecido. Los primeros equipos de rescate, que llegaron en avión desde San Andrés, encontraron un panorama dantesco y pensaron que no había sobrevivientes. La destrucción alcanzó un 98 % del territorio y dejó cuatro muertos. En esta pequeña porción de tierra de 17 kilómetros cuadrados, con menos de 6.000 habitantes, decenas de familias resistieron encerradas en baños estrechos, los únicos lugares en la mayoría de las casas que fueron construidos en concreto.

“Cuando vimos lo que se nos venía nos metimos en el baño. Éramos cuatro adultos y seis menores. A una habitación de la casa le cayó encima un container”, cuenta Mayte, una mujer que vive en la montaña y se quedó sin techo.  

En los restos de su casa en Santa Catalina, Ricardo Steele (69 años) y Hanna Aguilar Archbold (72) dicen que habían ahorrado desde 2003 para construir una nueva. Apenas llevaban cinco años allí. El huracán se llevó los techos, las ventanas, magulló las puertas. Solo quedaron algunas paredes en pie, y la desesperación de una pareja que vive de la pesca y de enseñar a los niños a fabricar aceite de coco. “El triunfo no es que nos hayamos salvado. Es lo que nos toca enfrentar ahora”, dice Ricardo. 

Sus palabras resumen un malestar que abunda en las islas. Cuatro meses después, Providencia y Santa Catalina sufren un drama doble: la devastación que dejó Iota y la desconfianza sobre un plan de reconstrucción, anunciado por el presidente Iván Duque, marcado por falsedades, promesas incumplidas y preguntas sin respuesta.

“¿A qué están jugando?”

“Nos sentimos impotentes, bajo un gobierno neocolonialista e indolente. ¿A qué están jugando? ¿Acaso quieren convertir a Providencia en un nuevo Cancún?”, se pregunta el pastor Alberto Gordon May, presidente de la Autoridad Raizal de San Andrés y Providencia, una instancia que representa a la población autóctona del archipiélago y que mantiene un pulso con el Estado por el diseño de una legislación que proteja su identidad cultural.

A Gordon May y otros líderes del lugar —algunos, por temor, pidieron no identificarse— les preocupa el rumbo que está tomando el plan del gobierno. No solo les inquieta el retraso; también abrigan diversos temores: que se abra la puerta a un turismo masivo, como el de San Andrés, que podría acabar la frágil sostenibilidad de Providencia; que se militarice la zona, y que se despoje a la mayoría raizal de sus tierras y del control sobre su economía. 

“El pueblo raizal tiene memoria de todo lo que nos ha tocado luchar para proteger nuestros derechos. Sentimos que se están aprovechando de la desgracia que padecemos para hacer lo que les dé la gana”, dice Josefina Huffington, presidenta de la Veeduría Cívica Old Providence, que se creó hace 40 años y ha frenado intentos de establecer megaproyectos hoteleros en la región. 

Tras el paso del huracán, la desconfianza ha crecido en Providencia. El nerviosismo se desató desde el primer momento, cuando el presidente Duque anunció un plan para reconstruir las islas en 100 días. “Eso era imposible. El plan no estaba aterrizado; tal como quedó Providencia, no se podía prometer algo así. De pronto lo asesoraron mal”, señala el arquitecto Saúl Bent, miembro del comité técnico de vivienda, parte de la mesa de concertación que se creó para coordinar la construcción de las nuevas casas.

La ambiciosa promesa de Duque empezó a contar desde el 10 de diciembre; ahora ya se convirtió en un período que se extenderá casi un año y medio. Si el cronograma se cumple, las viviendas se terminarán en marzo de 2022, según Sandra Gómez Arias, presidenta de Findeter (Banca de Desarrollo Territorial),  la entidad que debe reparar (877) y construir (1.134) las casas. Hasta el pasado 18 de marzo, no había una sola en pie.

Para agilizar su plan, Duque designó el 19 de noviembre a Susana Correa, directora de Prosperidad Social, como Gerente General para la Reconstrucción del Archipiélago, un cargo que no aparece en la Ley 1523 de 2012, la normativa que rige la política nacional para la gestión del riesgo de desastres. El “agente” del Presidente en esta materia, dice la norma, debería ser el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El nombramiento de Correa ha generado recelo y división entre sectores sociales y políticos de Providencia. Algunas fuentes, en la Gobernación y en la Alcaldía, denunciaron el miedo que les inspira esta exsenadora uribista y exaspirante a la Alcaldía de Cali. “Ejerce de verdugo. Es tan poderosa y caprichosa que te convierte en su enemigo si la refutas”, dice un funcionario. “Correa se ha convertido en una figura todopoderosa que ha borrado al alcalde, que se cree gobernadora y presidenta a la vez. El problema es que no sabe o no puede con lo que le encargaron. Creemos que sus intenciones son oscuras”, afirma el pastor Gordon May. 

La Liga intentó durante varias semanas conseguir la versión de la Gerente para la Reconstrucción, pero no fue posible. A través de WhatsApp, Correa escribió: “Lo que ustedes dicen se aleja mucho de lo que piensa el alcalde y los raizales de la mesa de concertación”. Sobre las acusaciones de Gordon May agregó: “Qué extraño, con el pastor hablé el viernes pasado”. Esto lo niega el presidente de la Autoridad Raizal: “Jamás tuve una cita con la señora Correa. Participé en una reunión donde ella estaba y donde di mi opinión, pero no cruzamos palabra. A mí no me da la cara porque sabe que yo no tengo problemas de lonchera (en referencia a contrataciones con el gobierno)”, dice.   

En una entrevista que le concedió a Caracol Radio el pasado 1 de marzo, Susana Correa atribuyó el atraso en la construcción al rechazo de la población, que no aprobó las casas ofrecidas por el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón. “Son modelos de casas prefabricadas que no cumplían ninguna medida anti-huracán o de sismo resistencia”, aseguran integrantes de la mesa de concertación, algunos cercanos al gobierno y otros muy críticos. Los modelos, además, distaban de la identidad arquitectónica que caracteriza a las islas. 

La inconformidad de algunas organizaciones civiles, que amenazaron con demandar al gobierno si construía “casas ilegales”, originó la creación de una mesa de concertación con ingenieros y arquitectos raizales. El rechazo no fue caprichoso.

Algunos miembros de esa mesa, específicamente los del comité técnico de vivienda, como Saúl Bent, ahora son empleados del gobierno. Bent confirmó que en enero pasado firmó un contrato de prestación de servicios como arquitecto para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. ¿Trabajar para el gobierno e integrar el equipo que representa a la comunidad genera un conflicto ético? “Para nada, antes que contratista soy raizal”, afirma Bent. 

A dedo

Con la mesa de concertación en marcha, se recibieron propuestas arquitectónicas para las nuevas viviendas. Llegaron proyectos de una organización de raizales en la diáspora y de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, entre otros. El presidente de ese gremio, Alfredo Reyes, asegura que pidieron cita con Susana Correa para presentar el resultado de su convocatoria, pero no los escuchó. “Después supimos que Findeter ya había contratado a tres constructoras”, cuenta Reyes.  

A la propuesta de los raizales en la diáspora no le fue mejor. Ángel Britton, miembro de esa colectividad en Estados Unidos, explica que recibieron del Ministerio de Vivienda la petición de ajustar algunos detalles en sus modelos, pero cuando pidió los términos de referencia (criterios técnicos oficiales) de la convocatoria, le dijeron que no había. “Ante semejante sorpresa, le aclaré al funcionario que nos absteníamos de cualquier iniciativa”, señala Britton.

La mesa de concertación al final aprobó cuatro modelos de vivienda que se construirán en acero galvanizado y concreto, ancladas a la tierra, con el techo fijado a la estructura mediante agarres de acero y resistentes a vientos de 250 kilómetros por hora en terrenos entre 50 y 70 metros cuadrados, según Sandra Gómez. La contratación, tanto para el diseño como para la construcción de las casas, se hizo de forma directa. Sin licitación, amparados en la declaratoria de desastre, y sin explicar a la comunidad la letra menuda de esos contratos. 

El consorcio lo integran las constructoras Marval, Amarilo y Bolívar.  El presidente de Amarilo, Roberto Moreno Mejía, le aportó 10 millones de pesos a la campaña de Iván Duque. Miguel Cortés Kotal, presidente del Grupo Bolívar, del que forma parte la Constructora Bolívar, donó 30 millones de pesos al entonces candidato Duque, según consta en el portal Cuentas Claras. El contrato para las viviendas nuevas de Providencia asciende a 115 mil millones de pesos y las empresas, asegura Findeter, “no recibirán un solo peso de utilidad”.

El diseño arquitectónico lo hará una de las principales firmas del sector, Contexto Urbano, de la que ha sido socio fundador Andrés Ortiz Gómez, Secretario Distrital de Planeación de Bogotá durante el mandato de Enrique Peñalosa, y quien tuvo a su cargo el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT). Sobre Ortiz recayeron críticas por posibles conflictos de interés en los proyectos que incluía el plan. El POT de Peñalosa se hundió en el Concejo en 2019.

Contexto Urbano deberá certificar que las casas cumplen con las normas de sismo resistencia, según Findeter. Las primeras 50 viviendas se entregarán en abril. De ahí en adelante serán 80 en mayo, 85 en junio, y a partir de julio 25 semanales hasta marzo de 2022. 

Pero este cronograma no ha calmado los ánimos en las islas. La demora ha dado paso a la decepción y a la incredulidad. Entre el 10 y el 16 de febrero, cuando  La Liga visitó Providencia, recogió las quejas de habitantes que siguen padeciendo las dificultades de vivir en carpas, vulnerables frente a la lluvia y el viento. Hasta la primera semana de marzo ni siquiera existía una oficina de atención para los damnificados. 

“Una cosa dice Correa; y otra Findeter. Ya no se sabe a quién creerle”, dice una damnificada. “Me dijeron que mi casa estaba catalogada como pérdida total. Pero después llamaron de Findeter para decirme que solo había que arreglar el techo. Nos ponen un número delante de la casa y no se sabe ni para qué es”, añade.

 ‘Los decretazos’

El capítulo de las casas se ha enredado más desde la entrada en vigor, el pasado 26 de febrero, del Decreto 205 del Ministerio de Vivienda, que suma un parágrafo al Decreto 1077 de 2015 del sector vivienda, ciudad y territorio. Allí se establece que mientras subsista la declaratoria de desastre en el archipiélago, “la reconstrucción de vivienda rural, equipamientos, posadas nativas y establecimientos de comercio de los habitantes que resultaron afectados por el huracán, no requerirá la expedición de licencias urbanísticas en cualquiera de sus modalidades”.

Esto preocupa a la Veeduría Cívica de Providencia. En una carta dirigida el 4 de marzo al presidente Duque, manifestaron sus inquietudes: “Tanto la figura de Gerencia de la Reconstrucción (…), como ahora la modificación al Decreto 1077 de 2015 (…), demuestran la ineficacia y, sobre todo, el manejo político (…) del desastre en las islas. (…) ¿Por qué se expide esta nueva reglamentación de licencias urbanísticas después de más de tres meses del paso del huracán, pretendiendo restar competencias a la Alcaldía? ¿Qué se esconde detrás de esto? ¿Acaso es el desarrollo de megaproyectos? ¿La implementación de obras que ya han sido rechazadas por la comunidad?”, dice el documento.

Estos interrogantes han cobrado más sentido desde que la Armada anunció la “recuperación” de su Estación de Guardacostas y de Control de Tráfico Marino, una estación que no existía, y a la que se había opuesto la comunidad raizal en un protocolo de consulta previa de 2015, cuyo proceso sigue abierto, pero en suspenso por la pandemia.  

Antes del huracán las instalaciones de la Armada estaban en la Capitanía de Puerto, en el sector de Black Sand Bay, que son las que podrían “reconstruir”. Sin embargo, la Armada ha hecho uso de un terreno que adquirió junto a los predios de la cooperativa de pescadores Fish and Farm, y allí pretende levantar una edificación completamente nueva que, según los raizales, vulnera sus derechos. En ese lugar ya se instaló un muelle, lo que contrasta con la falta de conexión entre Providencia y Santa Catalina. Cuatro meses después del Iota, ha sido imposible reconstruir el puente que unía las dos islas. 

El 9 de marzo el Secretario de Planeación de Providencia y Santa Catalina, Gregg Huffington May, envió una carta al teniente de navío Mauricio Óscar Gil Cruz, donde pide suspender “de manera definitiva” cualquier construcción de obra nueva de la Armada. Las organizaciones de pescadores de las islas, agrupadas en una federación, también alzaron la voz. Acusan a la Armada de instalar un muelle flotante en el mismo lugar donde se encontraba el de la cooperativa Fish and Farm, y han exigido que se “desmilitaricen” las islas y que se respete el rechazo de la comunidad a la estación de Guardacosta. La Liga consultó la versión de la Armada, pero la jefa de prensa dijo que no había respuesta oficial diferente al comunicado donde se anunció la estación.

El otro “golpe” que denuncia la Autoridad Raizal llegó con el Decreto 243 del 8 de marzo, que expide normas sobre control de población en situación de desastres y calamidad pública en el Archipiélago de San Andrés. Este decreto prácticamente anula a la Oficina de Control de Circulación y Residencia (Occre).

Convertida en fortín político y cuestionada durante años, a este organismo se le conoce como “la segunda gobernación” por su poder, pues expide los permisos de residencia para los no raizales y tramita los permisos de trabajo de personas y empresas. En términos administrativos determina quién se va y quién se queda en las islas. La Occre nació con el Decreto 2762 de 1991 como un mecanismo contra el acelerado proceso migratorio del departamento, que puso en riesgo tanto a las comunidades raizales como al ecosistema. Solo en San Andrés (con una superficie de 27 kilómetros cuadrados), la densidad de población es de 2.573 habitantes por kilómetro cuadrado, frente a 44 de la Colombia continental.

La modificación del decreto de la Occre se da, según el gobierno, para acelerar la llegada a Providencia de los obreros que levantarán las casas. Se habla de unos 1.000, pero no hay claridad sobre la cifra precisa. Las funciones de entrada y salida de ese personal recaen ahora sobre la UNGRD, que no respondió sobre los criterios que regirán en este nuevo flujo. 

Algunos funcionarios le contaron a La Liga que cuando trataron de plantear los riesgos de este nuevo decreto a la Gerente de la Reconstrucción, ella los calificó como “obstáculos” y les recordó que está “regalando casas”. Varios líderes raizales coinciden en que se trata de un decreto peligroso que bordea lo inconstitucional y anuncian demandas. 

Aunque en varias ocasiones lo ha exigido, hasta el pasado 19 de marzo la Autoridad Raizal seguía sin conocer el Plan de Atención Específico (PAE) para las islas; el mapa de la reconstrucción. Desde la UNGRD dijeron a La Liga inicialmente que “el Presidente lo socializaría pronto”, pero sin fecha concreta. Después publicaron un documento en su página web que sigue sin convencer a los raizales. “El PAE no existe. Solo asistimos a decretos que nos roban competencias. Lo que impera aquí es el control de Susana Correa y la zozobra y el desespero de la gente, que está al borde de un colapso”, dice el pastor Gordon May.

“Vemos con mucha preocupación la opacidad con la que se está gestionando  la política de reconstrucción de las islas. Los derechos de petición se responden con documentos desagregados que no constituyen una respuesta clara y completa para la comunidad. Esto resulta inquietante, porque la gestión por parte del gobierno se está haciendo a través de facultades especiales por la declaratoria de emergencia, lo que exige mayor transparencia y rigor, pues en medio está la vida y la integridad de los habitantes de Providencia que no se pueden dar el lujo de insistir o pedir más información porque no hay tiempo”,  dice Vivian Newman, directora de la organización Dejusticia. 

La presidenta de Findeter no considera arriesgado prometer 50 casas en abril, a pesar de las dificultades que plantean los casi 800 kilómetros que separan a Providencia del continente. Una de las apuestas de Findeter es el dragado del muelle, que permitirá ingresar barcos de mayor calado donde llegarán los materiales de construcción. Pero las intenciones de Sandra Gómez chocan con un hallazgo: la posible presencia en el fondo del océano de dos naufragios históricos que impiden esa obra hasta que no se compruebe su valor patrimonial, según le explicó a La Liga Víctor Pérez, coordinador del manejo arqueológico del dragado. “Tenemos mucha presión del gobierno, pero primero hay que hacer la investigación”, asegura.   

Jorge Norberto Gari Hooker, alcalde de Providencia por el partido Alianza Social Independiente (ASI), ahijado político del cuestionado exalcalde Bernardo Bent Williams (fue su secretario general entre 2016 y 2018) se negó a hablar sobre la reconstrucción, pero en una entrevista con El Tiempo agradeció a la Gerencia. Todo se ha dado, dijo, bajo un “proceso de concertación con la comunidad”. La Procuraduría investiga a Gari Hooker por presuntos sobrecostos en un contrato de 2020 para hacer frente a la covid-19. El ente de control también investiga los más de 6.000 contratos de prestación de servicios que se firmaron entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 en San Andrés y Providencia.

El gobernador elegido del Archipiélago, Everth Hawkins, fue suspendido y detenido en septiembre por posibles irregularidades en un contrato de publicidad relacionado con la pandemia. Antes de él, la exgobernadora Aury Socorro Guerrero Bowie (2012-2015) fue condenada a 13 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y cohecho. El político que la sucedió, Ronald Housni Jaller (2015-2018), recibió una pena de 15 años de cárcel por concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cohecho propio y peculado por apropiación.

Con los antecedentes de corrupción que planean sobre San Andrés y Providencia, y con los evidentes fallos en la reconstrucción, los isleños ven cómo se esfuman sus esperanzas de recuperar la vida que llevaban antes del huracán. “Un día vamos a mirar atrás y nos vamos a echar las manos a la cabeza cuando nos demos cuenta de lo que nos hicieron. No es justo que nos dejen tan solos; está claro que Providencia les quedó grande”, se lamenta una raizal. 

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