La coyuntura es apremiante: desde el trabajo del Sistema Integral de Justicia Transicional y la necesidad de aportar evidencia “de lo que nos pasó” —como no se cansa de repetir el Padre Francisco De Roux—, ha empezado a emerger un volumen enorme de información, un gigantesco y —en gran parte digital— archivo del conflicto y de la paz en Colombia.
No hablamos solo de los archivos institucionales, sino de muchos otros acervos de información tal vez más desordenados, pero no menos importantes sobre los años de la guerra: las oficinas de defensa de Derechos Humanos, ONG, asociaciones de víctimas, las mismas universidades y los investigadores que tienen toda clase de información pero que la tienen guardada en sus cajones y en sus discos duros.
En gran medida conocemos el contenido de esos archivos: sabemos que contienen nombres, testimonios, situaciones, números, cifras y mucha, muchísima oralidad.
Hay otros, sin embargo, de los que no sabemos tanto. Entre esos, los “archivos del ex DAS”, el tenebroso organismo de inteligencia y contrainteligencia del Estado que fue liquidado entre 2011 y 2014. Esos archivos han llamado la atención de magistrados de la Justicia Especial para la Paz, JEP.
Hoy, sin embargo, esos archivos son un conjunto disperso de fondos, resultado de la fragmentación que ocurrió en el momento en el que el Gobierno de Juan Manuel Santos ordenó suprimir y redistribuir las funciones institucionales del DAS en otros aparatos del Estado. Dos de sus fondos – el que se refiere a la vida administrativa interna del DAS y el que se refiere a las actividades de inteligencia – fueron a parar al Archivo General de la Nación (AGN), el lugar de destino natural y legal de todos los archivos “históricos” de las instituciones oficiales.
También hay un miedo eminente: no encontrar nada. Podríamos descubrir que esos archivos fueron depurados, editados, recortados, destruidos y manipulados.
Sin embargo, el marco legal construido para liquidar a la que fue la policía secreta colombiana no le ha entregado a los archivistas profesionales de la entidad la potestad de hacer su trabajo: organizar, describir, hacer público el acceso a los documentos que podrían ser testimonio de cómo funcionó la inteligencia y contrainteligencia colombiana durante las décadas de conflicto armado interno.
Por eso, en 2018, los magistrados de la JEP le ordenaron a la Dirección Nacional de Inteligencia (el organismo que reemplazó al Das) hacer un informe detallado sobre cómo ha sido la cadena de custodia de esos archivos desde su liquidación. Esto, luego de varias denuncias que hablan de depuraciones ilegales de los archivos y los reiterados impedimentos leguleyos para acceder a la información sensible que contiene ese archivo.
A pesar de todos los esfuerzos, los archivos del DAS siguen cerrados y nosotros sin certeza sobre qué información hay ahí.
Tenemos, eso sí, intuiciones muy claras de lo que podríamos encontrar: memorandos, informes de inteligencia, listas de líneas telefónicas (interceptadas ilegalmente), perfiles psicológicos secretos, muchos de ellos utilizados para perseguir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, políticos de oposición, periodistas, y defensores de derechos humanos. Pistas que dieron lugar al escándalo de las chuzadas del Das durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que reveló la revista Semana en 2009. Sabemos que hay una cantidad importante de víctimas del DAS, desde los falsos positivos hasta las chuzadas, y que en ese archivo podría haber pruebas empíricas que dan fe de las denuncias que ellas han hecho.
También hay un miedo eminente: no encontrar nada. Podríamos descubrir que esos archivos fueron depurados, editados, recortados, destruidos y manipulados. De hecho, no se sabe qué pasó con los archivos en los tres años en los que la información estuvo bajo la administración del mismo DAS antes de pasar a manos del Archivo General. La caja de Pandora de los archivos del DAS podría no tener ya nada importante dentro.
De aquí que la JEP haya dictado medidas cautelares, primero para proteger la conservación de los archivos del ex DAS, y luego para definir con criterio amplio y sin atropellos para las víctimas qué hacer con este delicado acervo documental. La JEP se ha impuesto un tiempo límite de meses para saber qué ocurrirá con ese archivo y, sobre todo, para definir si la información seguirá guardada en el Archivo General o si por fin podrá empezar a catalogarse.
Como historiadores, como investigadores y como sociedad civil, nos preocupa el destino de esos archivos. Y no nos faltan razones: los archivos no son una masa de información que se ha ido acumulando de manera “natural”. Son el resultado de negociaciones de poder, de la voluntad —a veces inconsciente, a veces predeterminada— de silenciar o magnificar el actuar de ciertos agentes o ideas. Son también, por supuesto, el resultado del azar, de la eficacia o de la incompetencia, del descuido y el error, de la pericia, el rigor y del cuidado de la memoria de los archivistas que se ocupan de la gestión de estos documentos.
Como historiadora me interesa saber cómo se preparan los análisis que se hacen de los datos, como si estuviera dentro de una cocina, porque sé que quién pone los ingredientes es quien decide qué se come. Los ingredientes, lo que compone un archivo, están a cargo de los archivistas que se encargan de la gestión de los datos.
El oficio los archivistas y los historiadores es importante, porque tienen el poder de intermediación sobre los datos. El archivista es ese personaje invisible que nunca sale de la cocina. No es el gran chef que ensambla un plato, pero es quien corta la cebolla con precisión. Si ese intermediario corta mal la cebolla —por error o por acción maliciosa— el plato final estará arruinado.
El problema, entonces, empieza con los protagonistas de esta historia: jueces, víctimas, archivistas, censores, contratistas, periodistas y opinión pública. Domina la desconfianza entre ellos, el secretismo, el principio de exclusión en el acceso a la información, la centralización del poder de control sobre los archivos, la virtual imposibilidad para la sociedad civil de conocer y participar de los procesos de gobernanza de estos archivos. Aún así, hay un compromiso por parte de la JEP y la Comisión de la Verdad con el esclarecimiento de la verdad judicial e histórica de los crímenes que el DAS cometió.
Necesitamos los archivos, sus registros y la confianza sobre lo que dicen. Para saber si alguien entró a la cocina, si alteró los ingredientes, y si dañó la receta.
En este clima de desconfianza no estaría mal introducir otros actores poderosos y cada vez más presentes en nuestras vidas: los computadores. Un actor no humano puede representar una salida a la desconfianza que enfrenta al Estado colombiano con una sociedad cada vez más dividida. Y de paso, haría infinitamente más difícil que alguien perverso pudiera alterar esos archivos.
Esto podría hacerse a través del Blockchain, una arquitectura tecnológica tan poderosa como complicada de entender —y explicar—. Una tecnología que nació como soporte de criptomonedas como el Bitcoin, pero que se ha expandido a áreas como la votación electrónica, el reconocimiento de títulos de educación, la identificación única de personas migrantes, los catastros de tierra o la trazabilidad de cadenas de producción de alimentos.
Internet está lleno de intentos por explicar qué es Blockchain y cómo funciona. Pero es suficiente con entender que la “cadena de bloque”, como se le conoce en español, es un libro de registro de transacciones. Un libro distribuido en una red compuesta de varios supercomputadores y cuyo control —a diferencia por ejemplo de los registros de una Notaría, de un juez o de la oficina de catastro—, está distribuido entre muchos usuarios/veedores. Estos, y no una institución centralizada, son quienes certifican colectivamente la autenticidad e integridad de la información que el libro de registro reporta. Pueden hacerlo no porque exhiban un certificado que los habilita, sino porque crean una red de confianza en la que todas las transacciones que se realizan sobre la cadena de bloques pueden ser verificadas por todos.
En este caso, cada bloque corresponde a un conjunto de documentos (digitales o digitalizados) del Archivo del ex DAS. La cadena de bloques asignaría, utilizando técnicas de criptografía, algo así como una huella digital a cada documento (un código hash, o mejor, un resumen matemático del contenido de un documento, que lo hace único). Así, si un documento que se encuentra en la cadena de bloques es modificado en lo más mínimo, su correspondiente hash también cambiará, causando que se invalide por completo toda la cadena de bloques.
El blockchain, si volvemos a la imagen de la cocina, tumba las paredes de para que allí estemos todos: historiadores, archivistas, jueces, periodistas. Podemos asomarnos, tomar notas sobre la procedencia de los ingredientes, sobre el paso a paso de las recetas y cotejarlas con todos los demás. La caída de las paredes de la cocina significa que sabemos qué está pasando ahí dentro. Si algún cocinero quiere escupir en la sopa no lo podrá hacer porque sabe que hay un sistema de vigilancia imposible de corromper.
Son varias las razones por las que el Blockchain resulta tan interesante a la hora de hablar de archivos como los del DAS. La primera es la de la responsabilidad de la cadena de custodia, la cual no dependerá de una autoridad a menudo caprichosa, sino de todos los que participen del sistema. Lo segundo es que protege a los registros de cualquier manipulación.
Usar esta tecnología no es una idea especialmente original. Después de estudios rigurosos sobre su aplicación en archivos y la ciencia de la información, el Blockchain se está usando en la Comisión de la Verdad de Canadá. También, el Instituto Raoul Wallenberg en Suecia ha abierto un capítulo dedicado a “Blockchain y derechos humanos”. En Colombia ya se está usando en el Vivelab de la Universidad Nacional y por expertos y empresas.
Es el momento ponerse en la vanguardia de la experimentación. Los archivos del Das pueden ser un piloto que luego se puede replicar a los archivos que integran todo el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición que creó el Acuerdo de Paz con las Farc.
Esto es clave sobre todo para la Comisión de la Verdad. Porque mientras la JEP busca una verdad judicial donde hay pruebas o no las hay, la Comisión de la Verdad tiene tres años para hacer un informe que recoja la verdad de los hechos que sucedieron en el marco del conflicto armado. Es un ejercicio interpretativo que necesita mostrar las bases empíricas sobre las cuales los comisionados basaron esas interpretaciones.
Por eso necesitamos los archivos, sus registros y la confianza sobre lo que dicen. Para saber si alguien entró a la cocina, si alteró los ingredientes, y si dañó la receta.
