El martes 12 de noviembre, a pocas semanas de iniciado el estallido social chileno, un carabinero disparó a quemarropa a Daniel Giraldo, un joven de 29 años que recibió 12 perdigones en la espalda. Las grabaciones registradas por la policía durante aquella marcha, que mostrarían al autor, siguen bajo llave aunque la Ley de Transparencia de Chile exige su liberación. No es el único caso donde la opacidad ha servido para encubrir la brutalidad policial en las protestas. Dos años después, y aún con perdigones en el cuerpo, Daniel continúa en la búsqueda de justicia a través de una ley que Carabineros intenta declarar inconstitucional.

La tarde del martes 12 de noviembre de 2019 Daniel Giraldo no planeaba salir a marchar. Las protestas llevaban casi un mes y ese día había miles de manifestantes en las calles: los sindicatos del país habían convocado a un paro nacional que incluso interrumpió el funcionamiento de puertos y carreteras. Durante las primeras semanas, Daniel, un joven de 29 años, solía ir a las manifestaciones con colegas del trabajo o amigos de la universidad. “Siempre de lejos, full pacífico”, recuerda. Él solía estar cerca: su departamento, universidad y oficina de trabajo estaban a pocas cuadras de la plaza Baquedano, epicentro de la revuelta social. Cruzar ese sector era el camino que siempre debía tomar para volver a casa, algo que Daniel no pensaba mucho así hubiera una protesta. Pero aquella tarde de primavera quería hacer algo distinto. “Ese día yo no quería ir a la marcha, quería salir a hacer ejercicio”, cuenta dos años después. Incluso recuerda que su novia le dijo que no fuera. Después de pensarlo un rato, se puso un pantalón de buzo, tomó su mochila y salió a la calle. Decidió cruzar hacia la marcha a ver qué pasaba.  

Las manifestaciones sociales multitudinarias emergieron en el país en octubre de 2019. El alza en el boleto de metro prendió un malestar generalizado por las deficiencias estructurales en salud, educación, pensiones y salarios que trajo una enorme desigualdad que los chilenos sufrían desde hace décadas. En las tardes, en la plaza Baquedano y sus inmediaciones, el ambiente era liviano, había música, baile y la gente se disfrazaba y hacía sonar cacerolas al grito de “¡dignidad!”. Pero cuando oscurecía, comenzaban enfrentamientos violentos con Carabineros. De un lado, encapuchados encendían barricadas y las piedras arrancadas de las aceras volaban como proyectiles esperando alcanzar a la policía. Del otro lado, carabineros lanzaban bombas lacrimógenas, disparaban perdigones y usaban vehículos lanzaaguas para dispersar a los manifestantes. Cuando Daniel salió de su casa, los piquetes policiales especializados en el control del orden público ya estaban desplegados por el centro de Santiago de Chile. Alrededor de la plaza Baquedano había incendios y barricadas. “Al poco rato hice muchos intentos de devolverme porque estaba súper pesado el ambiente”, dice. El tránsito estaba detenido y la acera cubierta de piedras grandes que habían sido arrojadas a la policía.

De pronto, se vio atrapado. 

Un grupo de jóvenes había hecho un escudo con tablas para cubrirse de los disparos de perdigones de Carabineros. Daniel no los conocía, pero estaba junto a ellos en una esquina, intentando protegerse tras una muralla, mientras apuntaba a la policía con un láser verde para cegarlos y dificultarles los disparos. Dice que a unos 15 metros de él había un carabinero que disparaba de forma generalizada. “Cuando empecé con el puntero láser, empezó a disparar mucho más rápido hacia donde yo estaba”, recuerda. De pronto, en cosa de segundos, el grupo de jóvenes retrocedió y Daniel quedó atrapado entre sus escudos y el piquete de Carabineros que se abalanzó rápidamente a su posición. 

“Me echo para atrás, me tropiezo, no puedo avanzar, giro y encuentro la pared de escudos. Pienso en correr, pero el carabinero ya está casi encima. Agacho la cabeza, me protejo por lo menos la cara, porque estaba el tema de los ojos. Ahí quedó expuesta la espalda”, relata Daniel. Su preocupación por cuidar sus ojos estaba basada en  los casos que había visto en la prensa de víctimas de lesiones oculares provocadas por carabineros, que sumaban 180 sólo durante las primeras dos semanas de protestas. Cerca de las 19:50 horas, Daniel recibió un disparo que liberó 12 perdigones que se incrustaron en su zona lumbar y lo tumbaron al suelo. Arrodillado de dolor en medio de las piedras de la calle, se tocó la espalda y sintió el plástico de los perdigones. Retiró un pedazo de plástico de su espalda y al acercarlo a su rostro, vio sus manos llenas de sangre. Ningún carabinero se acercó a ayudarlo.

Otros manifestantes se acercaron rápidamente y lo llevaron en brazos hasta un puesto de primeros auxilios de la Cruz Roja a pocos metros donde le limpiaron las heridas. No había camillas disponibles, así que lo recostaron sobre una puerta y así, en medio de los gases y disparos que seguía lanzando la policía, lo llevaron a un centro médico de la Universidad de Chile. “Yo estaba boca abajo, no podía ni hablar del dolor, apretaba los ojos, la puerta, tenía ganas de morderla, no podía hacer nada”, dice conmovido. Daniel recuerda que cuando la Cruz Roja limpiaba sus heridas le dijeron que todavía tenía los perdigones adentro, que el disparo había sido a quemarropa.

Resquicios técnicos y respuestas falsas

Daniel estuvo cinco días hospitalizado con tratamiento médico y volvió una semana después al trabajo, con las heridas aún abiertas. Él estaba a cargo de los procesos de remuneraciones de una compañía. Luego de tres días, y al finalizar la gestión del pago a 500 trabajadores, le entregaron su carta de despido: el dueño de la empresa se enteró que había sido herido en las manifestaciones y no le gustó. Sin trabajo, dedicó ese tiempo a los controles médicos.

De los 12 perdigones, cinco habían entrado juntos, dejándole un hueco de dos centímetros de ancho en la espalda. Sentía tieso el cuerpo desde el cuello hasta la cintura y el dolor apenas le permitía levantar las piernas o respirar profundo. Las cosas más simples se transformaron en una tortura, como coger el metro porque no podía conducir. “Cuando veía a un guardia de seguridad o a alguien con uniforme, me empezaba a latir el corazón tipo Jumanji, pum pum pum pum, lo sentía en la cabeza, en todos lados”, relata con angustia. Fue al psiquiatra y le diagnosticaron estrés postraumático.

Un mes después del disparo, juntó fuerzas y acudió a la justicia. “Leí que tenía que ir a la comisaría más cercana, pero no lo iba a hacer. Créeme que no lo iba a hacer. Mi pensamiento era: o van a ser agresivos, o se van a burlar de mí, o me van a tomar detenido. La otra opción era ir a Fiscalía, cosa que hice y, aun así, lo hice con miedo y ansiedad”, explica con frustración. Daniel sentía temor de que lo discriminaran, algo que ya había experimentado después del disparo. “Siempre me preguntaban, ¿pero qué estabas haciendo en la marcha? Incluso mis compañeros, mis amigos, mi cuñado. Sentía una mezcla de vergüenza y dolor porque todos pensaban que estaba haciendo algo malo”, lamenta.

Sin saber la identidad del policía que le disparó, Daniel hizo una denuncia abierta en Fiscalía, dejando en sus manos la investigación. Pasó casi un año y nunca lo llamaron a declarar. En agosto de 2020, Daniel vio por televisión que un teniente de Carabineros estaba siendo formalizado ante la justicia como el presunto autor de los disparos que habían dejado ciego a un joven manifestante llamado Gustavo Gatica. Daniel quedó paralizado al ver el rostro del policía: estaba seguro de que era el mismo que le había disparado a él. En la marcha le había llamado la atención su altura y había observado con detenimiento su rostro, que quedaba visible bajo el escudo facial transparente que llevaba el carabinero. Se llamaba Claudio Crespo. 

Daniel decidió pedir una audiencia con la fiscal a cargo de la investigación para decirle que había reconocido a su agresor. Lo contactaron dos abogados que trabajaban con ella, con los que tuvo una videollamada. Cuenta que se sorprendió cuando le dijeron “oye, nunca te habíamos llamado a declarar, no se sabe por qué. Se había solicitado pero nunca se hizo. Fallamos. Vamos a aprovechar esto para hacerte la declaración”. Desconcertado, Daniel declaró, pero decidió tomar las indagaciones en sus propias manos para encontrar pruebas de lo que decía. 

Fue entonces cuando, en su búsqueda de pruebas, vio las imágenes grabadas por cámaras corporales de Carabineros, unos aparatos parecidos a las cámaras GoPro que deben llevar adheridos a sus uniformes todos los policías que portan armas no letales. Los videos habían sido liberados por La Pública luego de acceder a ellos usando la Ley de Transparencia. Esta ley permite a cualquier persona pedir información que esté en manos del Estado, “cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento”. Es decir, las personas pueden pedir documentos, videos, audios y cualquier otro tipo de archivo, a ministerios, Fuerzas Armadas, municipalidades y otros órganos del Estado, sobre cualquier tema y sin explicar para qué los requieren. Las limitaciones al acceso están definidas por la misma ley y se refieren a la privacidad de las personas, la seguridad nacional y la protección de otros derechos, pero el principio que rige es que la información es pública y su reserva se considera excepcional.

Acceder a esas imágenes no fue fácil: a La Pública le tomó casi un año conseguir que Carabineros entregara los videos. La institución denegaba la información diciendo que estaba obligada por ley a proteger la privacidad de las personas y que no tenía la capacidad técnica para difuminar los rostros de quienes aparecían. Mentían: los registros públicos muestran que cuando compró las cámaras, Carabineros también adquirió un software que difumina rostros de forma automática. Con esos antecedentes, La Pública recurrió al Consejo para la Transparencia, un organismo autónomo encargado de dirimir si se debe o no dar acceso a información cuando alguna entidad pública se opone a entregarla. El Consejo para la Transparencia dictó un fallo ordenando a Carabineros entregar los videos.

En esas imágenes se registraba violencia excesiva contra manifestantes y violaciones a los derechos humanos como las que había sufrido Daniel. “Fue maravilloso, antes de ver esos videos yo pensaba que sólo fiscalía podía tener acceso”, relata. Esperanzado, en octubre del 2020 Daniel decidió ingresar una solicitud de acceso a información pública amparándose en la Ley de Transparencia. Quería acceder a los registros de las cámaras de todos los funcionarios policiales que aquel 12 de noviembre de 2019 estaban desplegados por las inmediaciones de plaza Baquedano.

Carabineros le denegó la solicitud de información, argumentando que era imposible recopilar todas esas imágenes y que debía ser más específico. Sin desistir, Daniel pidió a fiscalía una copia de la carpeta de investigación de su caso y allí encontró una lista de 23 nombres de funcionarios policiales que estaban realizando labores de control donde él se encontraba aquel 12 de noviembre. Con esa información, volvió a ingresar una solicitud muy específica, indicando que quería acceder a los registros audiovisuales de ese día grabados entre las 19:40 y las 20:10 horas por los funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y listó los 23 nombres. Pero Carabineros usó un tecnicismo para negar nuevamente las imágenes: dijo que las personas a las que Daniel mencionaba no eran dotación del  GOPE, sino de Fuerzas Especiales.

Inconforme con la negativa, Daniel pidió ayuda a La Pública para ingresar una nueva solicitud por Ley de Transparencia. “Sé que me pondrán mil y un limitaciones y esa es la ayuda que les solicito: el cómo, con quién y qué otras alternativas tengo para avanzar en mi caso”, les escribió en un correo.  Asesorado por La Pública, ingresó una nueva solicitud. Esta vez incorporó en la petición el respaldo del fallo del Consejo para la Transparencia que había ratificado que los videos policiales debían ser entregados y solicitó las imágenes grabadas ese día citando los mismos nombres que antes, pero indicando que eran policías de Fuerzas Especiales. Carabineros volvió a negar el acceso. Argumentó que las imágenes solicitadas eran parte de una investigación judicial y que no podían ser entregadas. Daniel las pidió a fiscalía, pero nunca obtuvo respuesta.

Finalmente, ingresó una última solicitud a Carabineros que también fue denegada. Esta vez, le dijeron que no existían imágenes. Según explicó Alex Bravo, carabinero jefe del operativo que cubrió la zona donde estaba Daniel, las dos cámaras corporales que llevaba su unidad ese día  no funcionaron. “No siempre era posible darles uso durante el servicio, producto de que sus baterías (…) mantenían una reducida autonomía de carga, descargándose incluso antes de llegar a intervenir”, explicó Bravo cuando se solicitaron las imágenes. “No recuerdo que se efectuaran grabaciones durante ese servicio”, remató.

La estrategia judicial

Daniel no fue el único que intentó acceder a grabaciones por Ley de Transparencia. El documentalista Felipe Munizaga ingresó ese mismo año dos solicitudes de acceso a información para pedir videos de las cámaras corporales de Carabineros. Su objetivo era incorporar las imágenes en su película sobre la revuelta social Ni culpables ni inocentes, que busca rescatar el relato de los y las presas de la revuelta social en Chile. Munizaga necesitaba más material sobre cómo fueron las detenciones de los manifestantes, “ya que en las historias hemos recogido testimonios de torturas, apremios ilegítimos, falsas detenciones y montajes”, asegura Felipe. Sin quererlo, terminó siendo parte de una inédita batalla judicial. 

Las solicitudes ingresadas por él y su equipo de documentalistas no sólo fueron denegadas por Carabineros, además la institución recurrió a la Corte de Apelaciones y al Tribunal Constitucional (TC), organismo encargado de revisar si las leyes aprobadas por el Congreso y las decisiones de las Cortes se ajustan a lo indicado por la Carta Magna. La Pública solicitó entrevista con Carabineros para consultar por qué llevó este caso de acceso a información al TC, pero la  institución rechazó la solicitud diciendo que no podía referirse al tema debido a que estaba judicializado.

Quien representa a Carabineros judicialmente es el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Este suele defender a organismos relacionados a las Fuerzas Armadas, la Defensa y la Seguridad frente al Consejo para la Transparencia cuando se les obliga a entregar información que no quieren liberar. De las 165 causas que el CDE está patrocinando actualmente contra el Consejo, en 118 defiende el secreto de documentos policiales o militares. El CDE no respondió a la solicitud de entrevista. 

En su presentación ante el TC del 7 de junio del 2021 por el caso de Munizaga, el CDE pidió que se declarase inconstitucional el artículo 5 de la Ley de Transparencia, el que indica que no sólo las resoluciones del Estado y sus fundamentos son públicos, sino que también toda información elaborada con presupuesto fiscal. La defensa de la policía chilena intenta argumentar que la Constitución sólo habla de “los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen”, y la Ley de Transparencia tendría artículos inconstitucionales al ampliar ese derecho a toda la información elaborada con presupuesto público. Bajo ese argumento, para la policía chilena el acceder a evidencias audiovisuales grabadas por sus funcionarios para exigir justicia es inconstitucional.

“Es lo que se conoce como el concepto extendido de información pública”, asegura Branislav Marelic, académico, abogado y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH). “La policía argumenta que la Constitución sería el techo y nada sobre eso podría ser público. Pero en realidad lo que hace la Constitución es establecer el mínimo”. Para el abogado –y para Daniel Giraldo, para los cientos de manifestantes heridos, los que perdieron la visión, las víctimas de violación, las familias de los fallecidos en las marchas–, las cámaras corporales de la policía son una herramienta que debe ponerse a disposición de la verdad. 

Junto a la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado, Branislav Marelic decidió patrocinar y representar la causa de Felipe Munizaga ante el TC. “Esas camaritas GoPro las tiene la administración y además fueron pagadas por una muy buena y transparente licitación pública, y por lo tanto es información pública. Tenemos una vulneración a los Derechos Humanos bastante recurrente y extendida, ¿por qué no las podemos usar para eso?”, reclama el abogado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado que el acceso a información relacionada a violaciones a Derechos Humanos continúa representando un enorme reto. Su informe menciona que existe una resistencia por parte de los organismos públicos para entregar aquello que solicitan las víctimas, como es el caso de Daniel y de las personas a las que Felipe entrevistó para su documental. “Esto también afecta los derechos a la verdad, la justicia y la reparación efectiva de tales violaciones y las garantías de no repetición”, explica la CIDH.

Felipe cree que el objetivo de Carabineros al recurrir al TC es bloquear el acceso a los videos y así ocultar información. “Claramente ellos saben que muchos de sus actuares en esos días fueron de chipe libre (sin restricción). Ellos no tuvieron consecuencias de sus actos y se manejaban casi como si estuvieran en una guerra. Todos y todas deberíamos conocer lo que pasó”. 

Un camino a la verdad

A un año del inicio de las manifestaciones del 2019, se habían presentado 2,520 querellas por violaciones a los derechos humanos y la fiscalía había formalizado a 5,084 personas por delitos relacionados a la protesta social. En ambos casos, las investigaciones judiciales se han nutrido de información aportada por organismos del Estado ampliamente cuestionados por su falta de transparencia. Tanto en el Ejército como en Carabineros, se han detectado millonarios casos de corrupción y se ha comprobado que sus funcionarios han manipulado evidencia clave para rastrear responsabilidades en casos de abuso, falseando partes policiales y declaraciones. Así ocurrió con el caso de Benjamín Huerta, quien recibió un disparo a quemarropa, fue golpeado por policías y retenido de forma ilegal por una hora. El responsable fue el capitán Hugo Navarro, quien esa noche dio la instrucción de escribir un parte policial con información falsa que buscaba justificar la detención de Benjamín, según reportó el sitio Documenta.

“Cuando existe la percepción, la desconfianza, o quizás la certeza, de que el Estado no está haciendo el trabajo, son los ciudadanos los que ocupan esta herramienta para generar evidencia —explica el abogado Branislav Marelic—. Pero el Estado debería empezar a gestionar esos videos y a publicarlos si corresponde”. En su opinión, en Chile la sociedad se está ocupando del acceso a la información pública para suplir algo que debería ser responsabilidad del Estado y no una carga para las víctimas.

Frente a esta limitante, muchos casos de abusos de derechos humanos ocurridos en las manifestaciones sociales han utilizado videos grabados por ciudadanos como evidencia clave contra la Policía. Así ocurrió con el primer juicio oral iniciado en octubre de 2021 por un caso de violación a los derechos humanos. El 21 de octubre de 2019, dos carabineros torturaron a un joven de 16 años según consta en un video que se transformó en viral. El Instituto Nacional de Derechos Humanos pidió 10 años de cárcel para los policías y su inhabilitación perpetua para ocupar “cargos en ámbitos educacionales, de salud o que involucren relaciones con menores de 18 años, adultos mayores o personas en situación de discapacidad”. Frente a la evidencia audiovisual, ambos carabineros reconocieron los hechos.

“Es obvio decir que esas cámaras corporales son nuestro instrumento de verdad adicional. Quizás durante la dictadura eran las fotocopias, eran los microfilms, pero ahora esas herramientas son nuestro camino a la verdad”, reflexiona el abogado Branislav Marelic.

A raíz de las protestas, en noviembre de 2019 comenzó un proceso que dotará a Chile de una nueva Constitución. Así se intentará dejar atrás el legado de la dictadura de Augusto Pinochet, hoy encarnado en la actual y aún vigente Constitución chilena que data de 1980.

El INDH tiene la misma opinión y accedió a grabaciones de cámaras corporales de Carabineros como parte de los procesos judiciales de las víctimas a las que representa. Una de ellas es Daniel Giraldo. Cuando estuvo hospitalizado en 2019, lo fueron a visitar a la clínica para pedirle más detalles del disparo y le dijeron que interpondrían una querella por su caso. Cuando Daniel denunció ante fiscalía, el INDH también se hizo parte de su causa.

El INDH tenía registros audiovisuales por otro proceso legal, pero como eran del mismo día en que dispararon a Daniel, se los facilitaron para que los revisara. En mayo de 2021 Daniel pudo ver los videos a los que nunca pudo acceder por Ley de Transparencia dadas las constantes denegaciones de Carabineros. Sintió un alivio inmenso cuando se identificó en las imágenes. “Fue bueno encontrar los videos y que señalen todo lo que yo digo. Hay uno en que salgo casi a 10 metros de carabineros, full pasivo, diciendo que se relajen porque había bomberos apagando un incendio”, relata emocionado.

Su mayor satisfacción vino cuando reconoció en las imágenes al carabinero que le disparó a quemarropa: el teniente Claudio Crespo, el mismo que había visto en las noticias por el caso de Gustavo Gatica cuando fue formalizado ante la justicia y le dieron prisión preventiva por el delito de apremios ilegítimos. Crespo estuvo 14 meses en la cárcel mientras se investigaba el caso y aún no ha sido condenado. Actualmente también enfrenta una acusación por el delito de detención ilegal y obstrucción a la investigación en la causa que defiende a una manifestante que recibió el impacto de 11 perdigones en la cara, lanzados con una escopeta antidisturbios que pertenecería a Crespo.

“Encontré un video donde sale la misma escena que yo digo, estaba Claudio Crespo pegado al árbol casi en el mismo lugar, en el mismo lado, haciendo el mismo procedimiento, disparando, y luego hacen la arremetida. Créeme que es como la misma escena pero unos minutos antes. Ya por lo menos tengo confirmación de que hacen el mismo procedimiento, sólo que no es exactamente en el mismo momento en que me dispararon”, explica Daniel con entusiasmo luego de ver las grabaciones que le compartió el INDH. 

En junio de 2021, el INDH hizo un informe detallado para fiscalía con capturas de pantalla de los videos donde aparecen Daniel y el teniente Crespo, para aportar antecedentes a su causa e informar que había reconocido a su agresor. Pero pese a que él identificó al policía que le disparó a quemarropa, este no ha sido sancionado ni formalizado por su caso.

Las heridas de Daniel sanaron en agosto de 2020. Sin embargo, al desinflamarse su espalda comenzó a sentir dos perdigones muy cerca de la piel.  “Me sentaba en una silla del McDonald’s y no me podía recostar, no podía agacharme porque a veces sentía que se movían y sentía que me iban a traspasar la médula ósea, algo raro. Me sentía muy limitado”, cuenta. En mayo de este año, una chica que había sido herida en los ojos en una manifestación le escribió por Instagram y le dijo que conocía a un médico que podía ayudarlo. Esperanzado, fue a su consulta y el doctor le retiró dos perdigones en dos horas. Daniel tiene una foto donde sostiene los perdigones de 8 milímetros cada uno en su mano. “Eso me ayudó mucho mentalmente. Cuando me los sacaron fue como que oh, ya no siento nada, puedo moverme, puedo recostarme, me sentía muy tranquilo”.

Daniel aún tiene 10 perdigones alojados en su espalda que no pueden extirparse por su ubicación cercana a la columna vertebral. A dos años de aquel disparo, y de identificar al policía que lo hirió, Daniel se siente desamparado porque aún no hay justicia. “Estoy en un círculo vicioso. Siento que subo, hago mucho, pero pierdo toda la esperanza y caigo. Estoy esperando que la Fiscalía resuelva, pero si hay que meter las manos de nuevo, lo voy a hacer”.

* Esta historia fue realizada por Paulette Desormeaux y Catalina Gaete, reporteras del medio chileno La Pública para AQUÍ MANDO YO, proyecto periodístico y académico liderado por Dromómanos en México, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Chile y Colombia, para entender los ataques a la democracia y las políticas autoritarias que afectan a la región.